La izquierda vergonzante y la pulverización del cambio
Por Guillermo Mejía
La elección del Fiscal General de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia –con el golpe bajo al presidente del máximo tribunal, Belarmino Jaime- por parte de la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa representa una negación rotunda del anhelado “cambio político” que ofreció la cada vez más descolorida izquierda gobernante.
Con actuaciones del Ejecutivo que dejan mucho que desear y el silencio cómplice del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), pues, no hay mayor cosa que esperar en el cumplimiento del programa de gobierno que sedujo a miles de connacionales que confiaron en la promesa tras veinte años de estafa del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El caso de esta elección a la carrera, a tropezones, muestra una vez más la imposición de intereses particulares sobre los intereses nacionales propiciada por una alianza utilitarista de la izquierda gobernante con los partidos Gana y Concertación Nacional (CN), con lo que los vendedores de la promesa del cambio han sacado su rostro vergonzante.
Resultó de película ver al Frente votando por el ahora fiscal electo, Astor Escalante, que el ex presidente Elías Antonio Saca paseó en cargos públicos y que fue objeto de críticas de la izquierda por su inoperancia en diferentes instancias –entre ellas Seguridad y la misma Fiscalía General. En esta ocasión, el Frente lo consideró idóneo para el cargo. Ni más, ni menos.
Sin embargo, a leguas se percibió el negocio fraguado por las cúpulas de esos partidos que dentro de la Asamblea Legislativa montaron un espectáculo de mal gusto, con una camándula de entrevistas a los 47 postulantes a fin de justificar una decisión tomada con antelación que había sido denunciada por ser producto de chanchullos, que antes la izquierda rechazaba a los cuatro vientos.
La metamorfosis del Frente es patética, además de que resulta un insulto a la inteligencia el que pretendan justificar la validez de su proceder en que la derecha representada en el partido Arena hizo lo mismo con anterioridad o que la futura gobernabilidad dependía de esta elección apresurada. Pobreza de argumentos sacados de los pelos.
Para muchos críticos de estas decisiones, es grave que se siga apostando a la impunidad en el caso de la Fiscalía General, ya que es conocido el rosario de actos fraudulentos en gobiernos anteriores, además de la necesidad de estar alertas en el presente gobierno. Qué se puede esperar de Astor Escalante que llega bajo la bandera de Gana, el partido de Elías Antonio Saca.
Por otro lado, está la venganza de los políticos en contra del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, que junto a los otros magistrados de la Sala de lo Constitucional tuvieron los cojones de sentar bases de la ciudadanización de la política con resoluciones que han afectado en alguna medida a los secuestradores de la administración pública.
Un reciente editorial de la radio YSUCA señaló con mucha propiedad que: “En estos nombramientos hay dos preocupaciones, ambas deleznables. La primera, como bien definió el Presidente de la República, es una preocupación aritmética que está por encima de la ética. La próxima Asamblea tiene una mayoría legislativa de más difícil negociación para el partido en el Gobierno. Y por esa razón, lo que en otras ocasiones –cuando era Arena la que ponía la aritmética por encima de la ética- se veía como una aberración de la democracia, ahora se ve como un acto normal”.
“La Segunda es que a un buen número de diputados no les ha gustado el estilo libre y jurídicamente moderno de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Tuvieron miedo de cambiar a todos los magistrados de la Sala, pero han tomado venganza contra el actual Presidente de la Corte y de la Sala. La decisión de no reelegir a Belarmino Jaime es una vergüenza y habla muy mal de los diputados. Pero trasladarlo de la Sala de lo Constitucional, que es clave para la democracia, a otra de diferente influencia en la vida política es, según destacados juristas, anticonstitucional y, por tanto, gravemente ilegal”, agregó el editorial de la emisora jesuita.
Las actuaciones públicas de la izquierda gobernante en sus negocios con los partidos Gana y CN conllevan la negación rotunda de sus promesas de un cambio para la sociedad salvadoreña; es decir, una forma digna, justa y solidaria de hacer política frente a la nefasta herencia que ha representado para los ciudadanos pobreza, ignorancia y represión de su descontento.
La cúpula del Fmln debería hacer una profunda reflexión del descalabro a que están llevando al partido y a la esperanza de la gente que confió en sus propuestas bajo la figura de Mauricio Funes, que en 2009 logró reunir a diversas fuerzas ansiosas por la democratización de la sociedad salvadoreña y se rompió con los veinte años de Arena.
El Frente tiene el desafío y la obligación de recrear las condiciones en las elecciones del 2014. ¿Será que lo están tomando en serio o ya no aguantan?, ¿será que resulta más cómodo ver a los toros desde las gradas?, ¿será que es mejor acumular riqueza con los negocios gracias a la solidaridad internacional? Como es lógico, los venezolanos también se están dando cuenta.
La esperanza del cambio, como fue el eslogan de la izquierda gobernante, causó fuerte impresión en la derecha arenera que asumió su derrota por la infinidad de errores que cometieron en sus veinte años de gestión continua, pero también ha quedado estupefacta porque esperaban mayores desafíos del primer gobierno de izquierda en la historia del país.
Resulta, pues, una oportunidad pulverizada. Por eso deberían pedir perdón al pueblo salvadoreño y a los mártires de la lucha revolucionaria que significó en la guerra al menos 80 mil muertos, unos 8 mil desaparecidos y miles de desplazados y exiliados. Se han equivocado, tienen que corregir el camino, es más la militancia debería exigir una depuración de la cúpula del partido.
¿Y el aumento frustrado de los salarios a 20 diputados?, ¿y el perdón del Frente? Mejor que nos cuenten una de vaqueritos.
sábado, abril 28, 2012
lunes, abril 16, 2012
A propósito del factor Tony Saca
Por Guillermo Mejía
El diplomático salvadoreño Ernesto Rivas, ex embajador en Washington, en sus funciones como bloguero desde tiempo atrás viene cuestionando el quehacer de los políticos y en su última ruta ha lanzado sus denuncias en contra del ex presidente Elías Antonio Saca bajo el pretexto de que maniobra con su partido Gana, para lograr un segundo mandato presidencial en el 2014.
Las advertencias de Neto Rivas, como lo conocen, las basa en diferentes fuentes de consulta internas y externas que le aseguran que el proceder de Saca está salpicado por actos indebidos durante su gobierno y en la actualidad, al grado que pretende manipular las diferentes instancias estatales como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.
Para conocer las denuncias de Ernesto Rivas y promover la reflexión en torno a tan candente tema que no tiene espacios en el sistema mediático tradicional –las denuncias provocaron la expulsión de Rivas como columnista de La Prensa Gráfica recientemente- desde este espacio de información y opinión considero importante que conozcan el texto de Rivas aparecido el pasado 12 de abril.
------------------------------------------
No podemos permitir que eso ocurra II
Por Ernesto Rivas
Estoy consciente de que el tema del que trata este artículo es no solo delicado sino peligroso y que mi seguridad personal se vería amenazada a raíz de su publicación. Los tres hechos que el artículo revela están plenamente comprobados los primeros dos y el tercero es una cita textual de fuente experta fidedigna.
¿Por qué, entonces, si temo por mi seguridad personal, publico el artículo? Simplemente porque quiero a mi país y temo que si los perversos planes de los arquitectos del maquiavélico proyecto llegan a materializarse, los avances que hemos logrado hacia un país democrático se derrumbarían para darle paso a un gobierno dictatorial y corrupto como el que vivimos durante el quinquenio anterior.
Debo dejar claro también, que de sucederme algo responsabilizo a aquellos que están trabajando para lograr el regreso a ese siniestro estatus quo y sobre ellos debe caer el peso de la ley, si es que en este país hay ley.
En un pacto oscuro y de interés común, entre el FMLN y GANA, los dos partidos han alcanzado un acuerdo, por el cual, el diputado Sigifrido Reyes conservaría la presidencia del Órgano Legislativo, mientras que el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA, sería el nuevo Fiscal General de la republica.
A última hora se ha sabido que Gallegos no será elegido fiscal, pero que, en todo caso, quien resulte electo responderá al ex presidente Saca. Sin embargo, Gallegos dijo ayer en la radio la Chévere del grupo Samix de Saca, que él sí está interesado en ser electo fiscal general, pero a EDH le dijo lo contrario. Ese es Gallegos.
Todo esto puede ocurrir en la plenaria de este día.
Según el Dr. Belarmino Jaime, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General es el funcionario más poderoso del país, más poderoso que el mismo presidente.
Imaginémonos a Guillermo Gallegos como Fiscal General de la Republica; por confesión propia, el mismo Gallegos, ha dicho que se debe en cuerpo y alma, al ex-presidente Saca. Esto implicaría entonces, que cualquier causa criminal en contra del ex presidente, pasaría por las manos de Gallegos, y por lo tanto allí muere. Lo mismo ocurriría con cualquier otro fiscal dependiente de Saca.
A lo anterior, hay que sumar el hecho de que Saca, también tiene como magistrado, de la Corte de Cuentas, a su socio, José Andrés Rovira, quién actualmente es el presidente del partido GANA.
Y un descuido bastaría también, para que en otra de sus maniobras, Saca logre, que otro de los suyos, se convierta en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Además, en una maniobra harto peligrosa, ambos partidos, aliados a CN y PES, quieren cambiar de Sala a los Cuatro Magníficos Magistrados, a quienes el país debe el paso significativo que se ha dado en la democracia electoral, entre otras resoluciones trascendentales.
La ironía de todo esto, es el cinismo y la impunidad, con que Saca está moviendo sus piezas vitales, y colocándolas en cargos igualmente vitales, para lograr un blindaje, y protegerse así, de cargos criminales que pudieran estarse gestando en su contra, mientras va pavimentando su candidatura presidencial para el 2014.
Es lamentable también, que el FMLN, según fuentes confiables, se haya convertido en cómplice de esa pestilente maniobra, donde dicho pacto solo se explica, por la influencia que Saca ejerce actualmente sobre Casa Presidencial. Influencia que a estas alturas, y en un panorama mucho peor, de seguro ya trastocó hasta a la misma cúpula ortodoxa, facilitándole así a Saca, alcanzar su perverso objetivo.
¿Y por qué me refiero al hecho de la influencia que Saca ejerce sobre Casa Presidencial? Según contactos de inteligencia, al que su servidor ha tenido acceso, "La administración actual estadounidense, ya le ha expresado su preocupación al Presidente Funes, por la injerencia que el ex-presidente Saca, pueda estar teniendo en su gobierno". La preocupación, proviene de las "informaciones, que Los Estados Unidos ahora tienen, acerca de la corrupción" de Saca.
Y es que la embajada de Estados Unidos viene preocupada por las evidentes muestras de corrupción del ex presidente desde hace mucho tiempo. Recordamos sobre el caso el artículo de El Faro, La Embajada de Estados Unidos Dudaba de la Probidad del Ex Presidente Saca, publicado el 19 de septiembre de 2011, en el que cita varios cables divulgados por Wikileaks en los que el entonces encargado de negocios, Robert Blau cuestiona seriamente la probidad de Saca.
Una lectura de ese artículo explicaría, hasta cierto punto, la preocupación de la embajada al ver el evidente acercamiento entre el ex presidente y el Presidente Funes.
Recordemos un poco la metamorfosis de expulsión de Saca de ARENA.
El viernes 7 de diciembre de 2009, EDH publicó un revelador artículo titulado La Presidencia Gastó $219 Mlls. Más Que Presupuesto Aprobado . El artículo entraba en minucioso detalle sobre cómo, de 2004 a 2008, Casa Presidencial gastó $219 millones más en bienes y servicios que lo que le había aprobado la Asamblea, por medio de un procedimiento de ley que permitía que los fondos sobrantes de los presupuestos de los ministerios y otras dependencias estatales pasen a la partida de la Presidencia, de acuerdo con análisis de los presupuestos de los últimos cinco años. (Desde entonces esa disposición ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la CSJ que preside el Dr. Belarmino Jaime).
El artículo, documentado con gráficas y minucioso detalle, demostraba, fuera de cualquier duda, que durante la administración Saca hubo corrupción desbordada.
El lunes 7 de diciembre yo publiqué en el blog una nota que titulé Arena Pedirá Que Se Investigue A Saca, la que comenzaba diciendo:
En una reunión confidencial de urgencia que el presidente del COENA Cristiani, dirigentes areneros y asesores celebraron al medio día el viernes para tratar sobre las revelaciones hechas ese día por EDH, decidieron que Antonio Saca debe ser investigado y que de comprobar que lo que informó el periódico es cierto, sería expulsado del partido.
El 14 de diciembre, el COENA dispuso expulsar a Antonio Saca del partido. Entre las razones que condujeron a la expulsión del ex presidente del partido y del país el COENA dijo que (Saca) no es un digno representante ni correligionario del partido, pues se gastó un excedente de 219 millones de dólares durante su gestión en una campaña mediática a su favor, mientras la PNC carecía de recursos logísticos para combatir la delincuencia y en los hospitales faltaban medicinas.
Además el COENA argumentó que Saca había sido el “promotor de la separación de los doce diputados que posteriormente conformaron el movimiento Gana, asimismo porque durante las primarias incidió para la candidatura de Rodrigo Ávila en detrimento de Ana Vilma de Escobar y Luis Mario Rodríguez”.
Y ahora, el mismo Antonio Saca quiere volver a ser presidente.
Para finalizar y según declaración vertida para mi blog, el analista estadounidense, con especialidad en temas de seguridad y delincuencia transnacional en América Latina, con dos décadas de experiencia en El Salvador, Douglas Farah:
"Hay bastantes investigaciones bien documentadas, a nivel regional, en Los Estados Unidos y El Salvador, acerca de los lazos del ex presidente Saca, vinculándolo al crimen organizado transnacional".
Por Guillermo Mejía
El diplomático salvadoreño Ernesto Rivas, ex embajador en Washington, en sus funciones como bloguero desde tiempo atrás viene cuestionando el quehacer de los políticos y en su última ruta ha lanzado sus denuncias en contra del ex presidente Elías Antonio Saca bajo el pretexto de que maniobra con su partido Gana, para lograr un segundo mandato presidencial en el 2014.
Las advertencias de Neto Rivas, como lo conocen, las basa en diferentes fuentes de consulta internas y externas que le aseguran que el proceder de Saca está salpicado por actos indebidos durante su gobierno y en la actualidad, al grado que pretende manipular las diferentes instancias estatales como la Fiscalía General, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.
Para conocer las denuncias de Ernesto Rivas y promover la reflexión en torno a tan candente tema que no tiene espacios en el sistema mediático tradicional –las denuncias provocaron la expulsión de Rivas como columnista de La Prensa Gráfica recientemente- desde este espacio de información y opinión considero importante que conozcan el texto de Rivas aparecido el pasado 12 de abril.
------------------------------------------
No podemos permitir que eso ocurra II
Por Ernesto Rivas
Estoy consciente de que el tema del que trata este artículo es no solo delicado sino peligroso y que mi seguridad personal se vería amenazada a raíz de su publicación. Los tres hechos que el artículo revela están plenamente comprobados los primeros dos y el tercero es una cita textual de fuente experta fidedigna.
¿Por qué, entonces, si temo por mi seguridad personal, publico el artículo? Simplemente porque quiero a mi país y temo que si los perversos planes de los arquitectos del maquiavélico proyecto llegan a materializarse, los avances que hemos logrado hacia un país democrático se derrumbarían para darle paso a un gobierno dictatorial y corrupto como el que vivimos durante el quinquenio anterior.
Debo dejar claro también, que de sucederme algo responsabilizo a aquellos que están trabajando para lograr el regreso a ese siniestro estatus quo y sobre ellos debe caer el peso de la ley, si es que en este país hay ley.
En un pacto oscuro y de interés común, entre el FMLN y GANA, los dos partidos han alcanzado un acuerdo, por el cual, el diputado Sigifrido Reyes conservaría la presidencia del Órgano Legislativo, mientras que el diputado Guillermo Gallegos, del partido GANA, sería el nuevo Fiscal General de la republica.
A última hora se ha sabido que Gallegos no será elegido fiscal, pero que, en todo caso, quien resulte electo responderá al ex presidente Saca. Sin embargo, Gallegos dijo ayer en la radio la Chévere del grupo Samix de Saca, que él sí está interesado en ser electo fiscal general, pero a EDH le dijo lo contrario. Ese es Gallegos.
Todo esto puede ocurrir en la plenaria de este día.
Según el Dr. Belarmino Jaime, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General es el funcionario más poderoso del país, más poderoso que el mismo presidente.
Imaginémonos a Guillermo Gallegos como Fiscal General de la Republica; por confesión propia, el mismo Gallegos, ha dicho que se debe en cuerpo y alma, al ex-presidente Saca. Esto implicaría entonces, que cualquier causa criminal en contra del ex presidente, pasaría por las manos de Gallegos, y por lo tanto allí muere. Lo mismo ocurriría con cualquier otro fiscal dependiente de Saca.
A lo anterior, hay que sumar el hecho de que Saca, también tiene como magistrado, de la Corte de Cuentas, a su socio, José Andrés Rovira, quién actualmente es el presidente del partido GANA.
Y un descuido bastaría también, para que en otra de sus maniobras, Saca logre, que otro de los suyos, se convierta en el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Además, en una maniobra harto peligrosa, ambos partidos, aliados a CN y PES, quieren cambiar de Sala a los Cuatro Magníficos Magistrados, a quienes el país debe el paso significativo que se ha dado en la democracia electoral, entre otras resoluciones trascendentales.
La ironía de todo esto, es el cinismo y la impunidad, con que Saca está moviendo sus piezas vitales, y colocándolas en cargos igualmente vitales, para lograr un blindaje, y protegerse así, de cargos criminales que pudieran estarse gestando en su contra, mientras va pavimentando su candidatura presidencial para el 2014.
Es lamentable también, que el FMLN, según fuentes confiables, se haya convertido en cómplice de esa pestilente maniobra, donde dicho pacto solo se explica, por la influencia que Saca ejerce actualmente sobre Casa Presidencial. Influencia que a estas alturas, y en un panorama mucho peor, de seguro ya trastocó hasta a la misma cúpula ortodoxa, facilitándole así a Saca, alcanzar su perverso objetivo.
¿Y por qué me refiero al hecho de la influencia que Saca ejerce sobre Casa Presidencial? Según contactos de inteligencia, al que su servidor ha tenido acceso, "La administración actual estadounidense, ya le ha expresado su preocupación al Presidente Funes, por la injerencia que el ex-presidente Saca, pueda estar teniendo en su gobierno". La preocupación, proviene de las "informaciones, que Los Estados Unidos ahora tienen, acerca de la corrupción" de Saca.
Y es que la embajada de Estados Unidos viene preocupada por las evidentes muestras de corrupción del ex presidente desde hace mucho tiempo. Recordamos sobre el caso el artículo de El Faro, La Embajada de Estados Unidos Dudaba de la Probidad del Ex Presidente Saca, publicado el 19 de septiembre de 2011, en el que cita varios cables divulgados por Wikileaks en los que el entonces encargado de negocios, Robert Blau cuestiona seriamente la probidad de Saca.
Una lectura de ese artículo explicaría, hasta cierto punto, la preocupación de la embajada al ver el evidente acercamiento entre el ex presidente y el Presidente Funes.
Recordemos un poco la metamorfosis de expulsión de Saca de ARENA.
El viernes 7 de diciembre de 2009, EDH publicó un revelador artículo titulado La Presidencia Gastó $219 Mlls. Más Que Presupuesto Aprobado . El artículo entraba en minucioso detalle sobre cómo, de 2004 a 2008, Casa Presidencial gastó $219 millones más en bienes y servicios que lo que le había aprobado la Asamblea, por medio de un procedimiento de ley que permitía que los fondos sobrantes de los presupuestos de los ministerios y otras dependencias estatales pasen a la partida de la Presidencia, de acuerdo con análisis de los presupuestos de los últimos cinco años. (Desde entonces esa disposición ha sido declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la CSJ que preside el Dr. Belarmino Jaime).
El artículo, documentado con gráficas y minucioso detalle, demostraba, fuera de cualquier duda, que durante la administración Saca hubo corrupción desbordada.
El lunes 7 de diciembre yo publiqué en el blog una nota que titulé Arena Pedirá Que Se Investigue A Saca, la que comenzaba diciendo:
En una reunión confidencial de urgencia que el presidente del COENA Cristiani, dirigentes areneros y asesores celebraron al medio día el viernes para tratar sobre las revelaciones hechas ese día por EDH, decidieron que Antonio Saca debe ser investigado y que de comprobar que lo que informó el periódico es cierto, sería expulsado del partido.
El 14 de diciembre, el COENA dispuso expulsar a Antonio Saca del partido. Entre las razones que condujeron a la expulsión del ex presidente del partido y del país el COENA dijo que (Saca) no es un digno representante ni correligionario del partido, pues se gastó un excedente de 219 millones de dólares durante su gestión en una campaña mediática a su favor, mientras la PNC carecía de recursos logísticos para combatir la delincuencia y en los hospitales faltaban medicinas.
Además el COENA argumentó que Saca había sido el “promotor de la separación de los doce diputados que posteriormente conformaron el movimiento Gana, asimismo porque durante las primarias incidió para la candidatura de Rodrigo Ávila en detrimento de Ana Vilma de Escobar y Luis Mario Rodríguez”.
Y ahora, el mismo Antonio Saca quiere volver a ser presidente.
Para finalizar y según declaración vertida para mi blog, el analista estadounidense, con especialidad en temas de seguridad y delincuencia transnacional en América Latina, con dos décadas de experiencia en El Salvador, Douglas Farah:
"Hay bastantes investigaciones bien documentadas, a nivel regional, en Los Estados Unidos y El Salvador, acerca de los lazos del ex presidente Saca, vinculándolo al crimen organizado transnacional".
lunes, abril 09, 2012
El primer viaje de Rubén Darío a El Salvador
Por Guillermo Mejía
El poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) cuenta en su Autobiografía (DGP; 1962) su vida y peripecias desde su niñez, su pasión por las letras, los encuentros bohemios, sus amores, su legado literario, su labor diplomática. Su amistad con el escritor salvadoreño Francisco Gavidia cuyo encuentro significa “no sólo tener a un guía, sino a un inspirador”.
El “padre del Modernismo”, como se le conoce, es pieza importante junto a Gavidia de la historia literaria de El Salvador y de Hispanoamérica, refiere la nota de presentación de la edición de la Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Educación en la colección Biblioteca Popular dirigida por el escritor Trigueros de León.
Para el gusto y conocimiento de mis estimados lectores les presento a continuación el relato del primer viaje de Rubén Darío a tierras cuscatlecas cuando era un mozuelo flaco y peludo, inquieto, admirado por sus versos:
XII
Gobernaba este país entonces el doctor Rafael Zaldívar, hombre culto, hábil, tiránico para unos, bienhechor para otros, y a quien, habiendo sido mi benefactor y no siendo yo juez de historia, en este mundo, no debo sino alabanzas y agradecimientos. Llegar yo al puerto de La Libertad y poner un telegrama a su excelencia todo fue uno. Inmediatamente recibí una contestación halagadora del presidente, que se encontraba en una hacienda, en el cual telegrama era muy gentil conmigo y me anunciaba una audiencia en la capital. Llegué a la capital. Al cochero que me preguntó a qué hotal iba, le contesté sencillamente: “Al mejor.” El mejor, de cuyo nombre no puedo acordarme aunque quiero, lo tenía un barítono italiano, de apellido Petrilli, y era famoso por sus macarroni y moscato espumante y las bellas artistas que llegaban a cantar ópera y a recoger el pañuelo de un galante, generoso, infatigable sultán presidencial. A los pocos días recibí aviso de que el presidente me esperaba en la casa de gobierno. Mozo flaco y de larga cabellera, pretérita indumentaria y exhaustos bolsillos, me presenté ante el gobernante. Pasé entre los guardias y me encontré tímido y apocado delante del jefe de la República, que recibía de espaldas a la luz, para poder examinar bien a sus visitantes. Mi temor era grande y no encontraba palabras que decir. El presidente fue gentilísimo y me habló de mis versos y me ofreció su protección; mas cuando me preguntó qué era lo que yo deseaba, contesté, ¡oh, inefable Jerome Paturot!, con estas exactas e inolvidables palabras que hicieron sonreír al varón de poder: “-Quiero tener una buena posición social.” ¿Qué entendería yo por tener una posición social? Lo sospecho. El doctor Zaldívar, siempre sonriendo, me contestó bondadosamente: “-Eso depende de usted…” Me despedí. Cuando llegué al hotel, al poco rato, me dijeron que el director de policía deseaba verme. Noté en él y en el dueño del hotel un desusado cariño. Se me entregaron quinientos pesos plata, obsequio del presidente. ¡Quinientos pesos plata! Macarroni, moscato espumante, artistas bellas… Era aquello, en la imaginación del ardiente muchacho flaco y de cabellos largos, ensoñador y lleno de deseos, un buen comienzo para tener una buena posición social…
Al día siguiente, por la mañana, estaba yo rodeado de improbables poetas adolescentes, escritores en ciernes y aficionados a las musas. Ejercía de nabab. Los invité a almorzar. Macarroni, moscato espumante. El esplendor continuó hasta la tarde, y llegó la noche.
¿Qué pícaro Belcebú hizo en las altas horas que me levantase y fuese a tocar la puerta de la bella diva que recibía altos favores y que habitaba en el mismo hotel que yo? Nocturno efecto sensacional, desvarío y locura. Al día siguiente, estaba yo mohino y lleno de remordimientos. La cara del hostelero me indicaba cosas graves, y aunque yo hablara de mi amistad presidencial, es el caso que mis méritos estaban en baja. A los pocos días, los quinientos pesos se habían esfumado y recibí la visita del mismo director de policía que me los había traído. Dije yo: “-Viene con otros quinientos pesos”. “-Joven –con un aire serio y conminatorio-, aliste sus maletas y, de orden del señor presidente, sígame”. Le seguí como un corderito.
Me llevó a un colegio que dirigía cierto célebre escritor, el doctor Reyes. Oí que el terrible funcionario decía al director: “-Que no deje salir a este joven, que lo emplee en el colegio y que sea severo con él.” Dije para mí: “-Estoy perdido”. Pero el director era un hombre suave, insinuante, con habilidad indígena, culto y malicioso, y comprendió qué clase de soñador le llevaban. “Amiguito –me dijo-, no encontrará en mí severidad, sino amistad; pórtese bien; dará usted una clase de gramática. Eso sí, no saldrá usted a la calle, porque es orden estricta del señor presidente”. En efecto, comencé a hacer mi vida escolar, no sin causar desde luego en el establecimiento inusitadas revoluciones. Por ejemplo, me hice magnetizador entre los muchachos. Hacía misteriosos pases y decía palabras sibilinas, y lo peor del caso es que un día uno de los chicos se me durmió de veras y no lo podía despertar, hasta que a alguien se le ocurrió echarle un vaso de agua fría en la cabeza. El director me llamó y me dijo palabras reprensivas. No insistí, pero enseñé a recitar versos a todos los alumnos y era consultado para declaraciones y cartas de amor. En tal prisión estuve largos meses, hasta que un día, también por orden presidencial, fui sacado para algo que señaló en mi vida una fecha inolvidable: el estreno de mi primer frac y primera comunicación con el público.
El presidente había resuelto que fuese yo –la verdad es que ello era honroso y satisfactorio para mis pocos años- el que abriese oficialmente la velada que dio en celebración del Centenario de Bolívar. Escribí una oda, que, según lo que vagamente recuerdo, era bella, clásica, correcta, muy distinta, naturalmente, a toda mi producción en tiempos posteriores.
Aquí se produce en mi memoria una bruma que me impide todo recuerdo. Sólo sé que perdí el apoyo gubernamental. Que anduve a la diabla con mis amigos bohemios y que me enamoré ligera y líricamente de una muchacha que se llamaba Refugio, a la cual escribí, en cierta ocasión, esta inefable cuarteta, que tuvo desde luego alguna romántica recompensa:
Las que se llaman Fidelias
deben tener mucha fe;
tú, que te llamas Refugio,
Refugio, refúgiame.
Era una chica de catorce años, tímida y sonriente, gordita y sonrosada como una fruta. El caso fue simplemente poético y sin trascendencias. Poco tiempo después volví a mi tierra.
Por Guillermo Mejía
El poeta nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) cuenta en su Autobiografía (DGP; 1962) su vida y peripecias desde su niñez, su pasión por las letras, los encuentros bohemios, sus amores, su legado literario, su labor diplomática. Su amistad con el escritor salvadoreño Francisco Gavidia cuyo encuentro significa “no sólo tener a un guía, sino a un inspirador”.
El “padre del Modernismo”, como se le conoce, es pieza importante junto a Gavidia de la historia literaria de El Salvador y de Hispanoamérica, refiere la nota de presentación de la edición de la Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Educación en la colección Biblioteca Popular dirigida por el escritor Trigueros de León.
Para el gusto y conocimiento de mis estimados lectores les presento a continuación el relato del primer viaje de Rubén Darío a tierras cuscatlecas cuando era un mozuelo flaco y peludo, inquieto, admirado por sus versos:
XII
Gobernaba este país entonces el doctor Rafael Zaldívar, hombre culto, hábil, tiránico para unos, bienhechor para otros, y a quien, habiendo sido mi benefactor y no siendo yo juez de historia, en este mundo, no debo sino alabanzas y agradecimientos. Llegar yo al puerto de La Libertad y poner un telegrama a su excelencia todo fue uno. Inmediatamente recibí una contestación halagadora del presidente, que se encontraba en una hacienda, en el cual telegrama era muy gentil conmigo y me anunciaba una audiencia en la capital. Llegué a la capital. Al cochero que me preguntó a qué hotal iba, le contesté sencillamente: “Al mejor.” El mejor, de cuyo nombre no puedo acordarme aunque quiero, lo tenía un barítono italiano, de apellido Petrilli, y era famoso por sus macarroni y moscato espumante y las bellas artistas que llegaban a cantar ópera y a recoger el pañuelo de un galante, generoso, infatigable sultán presidencial. A los pocos días recibí aviso de que el presidente me esperaba en la casa de gobierno. Mozo flaco y de larga cabellera, pretérita indumentaria y exhaustos bolsillos, me presenté ante el gobernante. Pasé entre los guardias y me encontré tímido y apocado delante del jefe de la República, que recibía de espaldas a la luz, para poder examinar bien a sus visitantes. Mi temor era grande y no encontraba palabras que decir. El presidente fue gentilísimo y me habló de mis versos y me ofreció su protección; mas cuando me preguntó qué era lo que yo deseaba, contesté, ¡oh, inefable Jerome Paturot!, con estas exactas e inolvidables palabras que hicieron sonreír al varón de poder: “-Quiero tener una buena posición social.” ¿Qué entendería yo por tener una posición social? Lo sospecho. El doctor Zaldívar, siempre sonriendo, me contestó bondadosamente: “-Eso depende de usted…” Me despedí. Cuando llegué al hotel, al poco rato, me dijeron que el director de policía deseaba verme. Noté en él y en el dueño del hotel un desusado cariño. Se me entregaron quinientos pesos plata, obsequio del presidente. ¡Quinientos pesos plata! Macarroni, moscato espumante, artistas bellas… Era aquello, en la imaginación del ardiente muchacho flaco y de cabellos largos, ensoñador y lleno de deseos, un buen comienzo para tener una buena posición social…
Al día siguiente, por la mañana, estaba yo rodeado de improbables poetas adolescentes, escritores en ciernes y aficionados a las musas. Ejercía de nabab. Los invité a almorzar. Macarroni, moscato espumante. El esplendor continuó hasta la tarde, y llegó la noche.
¿Qué pícaro Belcebú hizo en las altas horas que me levantase y fuese a tocar la puerta de la bella diva que recibía altos favores y que habitaba en el mismo hotel que yo? Nocturno efecto sensacional, desvarío y locura. Al día siguiente, estaba yo mohino y lleno de remordimientos. La cara del hostelero me indicaba cosas graves, y aunque yo hablara de mi amistad presidencial, es el caso que mis méritos estaban en baja. A los pocos días, los quinientos pesos se habían esfumado y recibí la visita del mismo director de policía que me los había traído. Dije yo: “-Viene con otros quinientos pesos”. “-Joven –con un aire serio y conminatorio-, aliste sus maletas y, de orden del señor presidente, sígame”. Le seguí como un corderito.
Me llevó a un colegio que dirigía cierto célebre escritor, el doctor Reyes. Oí que el terrible funcionario decía al director: “-Que no deje salir a este joven, que lo emplee en el colegio y que sea severo con él.” Dije para mí: “-Estoy perdido”. Pero el director era un hombre suave, insinuante, con habilidad indígena, culto y malicioso, y comprendió qué clase de soñador le llevaban. “Amiguito –me dijo-, no encontrará en mí severidad, sino amistad; pórtese bien; dará usted una clase de gramática. Eso sí, no saldrá usted a la calle, porque es orden estricta del señor presidente”. En efecto, comencé a hacer mi vida escolar, no sin causar desde luego en el establecimiento inusitadas revoluciones. Por ejemplo, me hice magnetizador entre los muchachos. Hacía misteriosos pases y decía palabras sibilinas, y lo peor del caso es que un día uno de los chicos se me durmió de veras y no lo podía despertar, hasta que a alguien se le ocurrió echarle un vaso de agua fría en la cabeza. El director me llamó y me dijo palabras reprensivas. No insistí, pero enseñé a recitar versos a todos los alumnos y era consultado para declaraciones y cartas de amor. En tal prisión estuve largos meses, hasta que un día, también por orden presidencial, fui sacado para algo que señaló en mi vida una fecha inolvidable: el estreno de mi primer frac y primera comunicación con el público.
El presidente había resuelto que fuese yo –la verdad es que ello era honroso y satisfactorio para mis pocos años- el que abriese oficialmente la velada que dio en celebración del Centenario de Bolívar. Escribí una oda, que, según lo que vagamente recuerdo, era bella, clásica, correcta, muy distinta, naturalmente, a toda mi producción en tiempos posteriores.
Aquí se produce en mi memoria una bruma que me impide todo recuerdo. Sólo sé que perdí el apoyo gubernamental. Que anduve a la diabla con mis amigos bohemios y que me enamoré ligera y líricamente de una muchacha que se llamaba Refugio, a la cual escribí, en cierta ocasión, esta inefable cuarteta, que tuvo desde luego alguna romántica recompensa:
Las que se llaman Fidelias
deben tener mucha fe;
tú, que te llamas Refugio,
Refugio, refúgiame.
Era una chica de catorce años, tímida y sonriente, gordita y sonrosada como una fruta. El caso fue simplemente poético y sin trascendencias. Poco tiempo después volví a mi tierra.
jueves, marzo 29, 2012
Entre versiones increíbles y reality show (Del sonado pacto con las maras)
Por Guillermo Mejía
Al fin apareció el presidente Mauricio Funes, tras dos semanas de ausencia en medio de tensiones por la supuesta negociación del gobierno con las pandillas. Un enredo que llevó al ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, a contradicciones manifiestas que pretendieron ser aclaradas con la ayuda de un obispo castrense y un ex guerrillero arrepentido.
“Cuando se utiliza la palabra ‘supuesta negociación’ es porque se cree que ha habido una negociación, pero si el gobierno y ahora el presidente de la República reafirma que no ha habido negociación, para nosotros es un debate que debe quedar ya concluido”, expresó el mandatario en una esperada conferencia de prensa.
“El gobierno no ha negociado, ni piensa negociar con los líderes de pandillas, la Iglesia Católica ha intervenido, hemos respaldado esta intervención de la Iglesia Católica, reconocemos como gobierno el impacto positivo que ha tenido la intervención de la Iglesia Católica en lograr un entendimiento entre los principales líderes de pandillas”, agregó Funes.
Frente a las acusaciones de que el gobierno hizo concesiones, entre ellas el pago de sumas de dinero a los jefes de las pandillas, el mandatario señaló que “no es cierto, como publica un medio digital, que dimos 10 mil dólares a un líder de pandilla únicamente para que baje el nivel de operatividad, no es cierto. Que el periódico cita una fuente, bueno pues, la fuente lo engañó”.
A la vez, Funes afirmó que el traslado de líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 desde el penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, a otros penales solamente buscó facilidades para que estos “pudieran comunicarse con sus estructuras en el terreno y eso no se puede hacer desde el penal de máxima seguridad” y así que se hiciera efectivo el acuerdo.
La historia oficial, entonces, es que el obispo castrense Fabio Colindres y el ex guerrillero arrepentido Raúl Mijango fueron los artífices del pacto entre jefes pandilleros, sin la intervención del gobierno, aunque quedan más dudas que certezas por las versiones contradictorias que se sucedieron en las dos semanas en que no apareció el presidente Funes.
Pero la intervención del mandatario fue más allá, pues aprovechó las cámaras para “convocar a la construcción de un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad”, por lo que llamó a todos los sectores a participar en un programa social que le reste el vivero a las pandillas con la atención prioritaria a los jóvenes marginados.
“Me pongo al frente de la conducción de este proceso y a partir de los próximos días invitaremos a representantes de la empresa privada que han demostrado su voluntad de querer encontrarle una solución a este problema”, agregó Funes, “a representantes de partidos políticos, a representantes de las diferentes iglesias, de las organizaciones sociales y sindicatos, y de la academia (…)”
Al final, no hay ningún problema según el gobierno, es más las acusaciones que encendieron la mecha son de mentes calenturientas (de cuatro gatos, como dice el obispo castrense). La baja en los homicidios que estaban en un promedio de 14 diarios es un hecho, andan entre cuatro y cinco, y el tiempo disipará las dudas. Hay que esperar sentados, sin alboroto.
Llama la atención cómo de las versiones contradictorias se pasó a la ofensiva, en primera instancia con la intervención de Colindres y Mijango con el sonado pacto entre pandillas, a la participación directa de medios de comunicación como El Diario de Hoy donde un extranjero hizo una “nota periodística” con los pandilleros en tiempo récord, para descartar el supuesto negocio del gobierno.
A lo que se sumaron “actos religiosos” de Colindres con el Nuncio Apostólico, acompañados de Mijango, en los penales donde están recluidos los jefes pandilleros y en los que permitieron el acceso de periodistas, algunos de los cuales –con arreglo de las autoridades respectivas- hicieron entrevistas. Los reality show posteriores son de todos conocidos.
Un punto que debe ser considerado en esta especie de espectáculo mediático es la necesidad de recalcar las consecuencias que ha traído la militarización de la seguridad pública con la imposición del general Munguía Payés en el ministerio y del general Francisco Salinas en la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC).
Empero, el presidente Funes insistió en la constitucionalidad de los nombramientos y demandó de la Corte Suprema de Justicia que emita una resolución en consonancia con sus esfuerzos: “Dejen trabajar a los funcionarios de Seguridad Pública. Que no están viendo que bajo esta nueva administración es que se han bajado los homicidios, pues, déjenlos trabajar”.
El sinsabor que nos queda es que no están claras las aguas o, como dice la voz popular, están claras como la horchata. Y las cúpulas de los partidos, en especial del Fmln, Arena y Gana, que se repartieron el pastel de las elecciones donde sobresalió el ausentismo, ¿dónde están?, ¿por qué tan calladitas? Quizás todavía creen que somos pendejos. ¡Felices vacaciones, compatriotas!
Por Guillermo Mejía
Al fin apareció el presidente Mauricio Funes, tras dos semanas de ausencia en medio de tensiones por la supuesta negociación del gobierno con las pandillas. Un enredo que llevó al ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, a contradicciones manifiestas que pretendieron ser aclaradas con la ayuda de un obispo castrense y un ex guerrillero arrepentido.
“Cuando se utiliza la palabra ‘supuesta negociación’ es porque se cree que ha habido una negociación, pero si el gobierno y ahora el presidente de la República reafirma que no ha habido negociación, para nosotros es un debate que debe quedar ya concluido”, expresó el mandatario en una esperada conferencia de prensa.
“El gobierno no ha negociado, ni piensa negociar con los líderes de pandillas, la Iglesia Católica ha intervenido, hemos respaldado esta intervención de la Iglesia Católica, reconocemos como gobierno el impacto positivo que ha tenido la intervención de la Iglesia Católica en lograr un entendimiento entre los principales líderes de pandillas”, agregó Funes.
Frente a las acusaciones de que el gobierno hizo concesiones, entre ellas el pago de sumas de dinero a los jefes de las pandillas, el mandatario señaló que “no es cierto, como publica un medio digital, que dimos 10 mil dólares a un líder de pandilla únicamente para que baje el nivel de operatividad, no es cierto. Que el periódico cita una fuente, bueno pues, la fuente lo engañó”.
A la vez, Funes afirmó que el traslado de líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 desde el penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, a otros penales solamente buscó facilidades para que estos “pudieran comunicarse con sus estructuras en el terreno y eso no se puede hacer desde el penal de máxima seguridad” y así que se hiciera efectivo el acuerdo.
La historia oficial, entonces, es que el obispo castrense Fabio Colindres y el ex guerrillero arrepentido Raúl Mijango fueron los artífices del pacto entre jefes pandilleros, sin la intervención del gobierno, aunque quedan más dudas que certezas por las versiones contradictorias que se sucedieron en las dos semanas en que no apareció el presidente Funes.
Pero la intervención del mandatario fue más allá, pues aprovechó las cámaras para “convocar a la construcción de un acuerdo nacional que garantice la erradicación progresiva y definitiva de la violencia y la inseguridad”, por lo que llamó a todos los sectores a participar en un programa social que le reste el vivero a las pandillas con la atención prioritaria a los jóvenes marginados.
“Me pongo al frente de la conducción de este proceso y a partir de los próximos días invitaremos a representantes de la empresa privada que han demostrado su voluntad de querer encontrarle una solución a este problema”, agregó Funes, “a representantes de partidos políticos, a representantes de las diferentes iglesias, de las organizaciones sociales y sindicatos, y de la academia (…)”
Al final, no hay ningún problema según el gobierno, es más las acusaciones que encendieron la mecha son de mentes calenturientas (de cuatro gatos, como dice el obispo castrense). La baja en los homicidios que estaban en un promedio de 14 diarios es un hecho, andan entre cuatro y cinco, y el tiempo disipará las dudas. Hay que esperar sentados, sin alboroto.
Llama la atención cómo de las versiones contradictorias se pasó a la ofensiva, en primera instancia con la intervención de Colindres y Mijango con el sonado pacto entre pandillas, a la participación directa de medios de comunicación como El Diario de Hoy donde un extranjero hizo una “nota periodística” con los pandilleros en tiempo récord, para descartar el supuesto negocio del gobierno.
A lo que se sumaron “actos religiosos” de Colindres con el Nuncio Apostólico, acompañados de Mijango, en los penales donde están recluidos los jefes pandilleros y en los que permitieron el acceso de periodistas, algunos de los cuales –con arreglo de las autoridades respectivas- hicieron entrevistas. Los reality show posteriores son de todos conocidos.
Un punto que debe ser considerado en esta especie de espectáculo mediático es la necesidad de recalcar las consecuencias que ha traído la militarización de la seguridad pública con la imposición del general Munguía Payés en el ministerio y del general Francisco Salinas en la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC).
Empero, el presidente Funes insistió en la constitucionalidad de los nombramientos y demandó de la Corte Suprema de Justicia que emita una resolución en consonancia con sus esfuerzos: “Dejen trabajar a los funcionarios de Seguridad Pública. Que no están viendo que bajo esta nueva administración es que se han bajado los homicidios, pues, déjenlos trabajar”.
El sinsabor que nos queda es que no están claras las aguas o, como dice la voz popular, están claras como la horchata. Y las cúpulas de los partidos, en especial del Fmln, Arena y Gana, que se repartieron el pastel de las elecciones donde sobresalió el ausentismo, ¿dónde están?, ¿por qué tan calladitas? Quizás todavía creen que somos pendejos. ¡Felices vacaciones, compatriotas!
miércoles, marzo 21, 2012
El general atrapado en su laberinto (Del sonado pacto con las maras)
Por Guillermo Mejía
Cuando se remueve la escoria más apesta, dice un refrán popular muy sabio -claro, las palabras las he suavizado por respeto. La cuestión en torno a las posibles negociaciones con prebendas entre líderes pandilleros y personeros de la seguridad pública a fin de bajar la tasa de homicidios se convirtió en un laberinto sin salida.
De veras que no convencen las explicaciones del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, máxime que no respondió de inmediato a las interrogantes de periodistas y ciudadanos una vez conocida una nota elaborada por el medio digital El Faro que sostiene el trance a partir de filtraciones que fueron corroboradas por pandilleros.
Resulta un hecho inusual que se mueva a más de 30 reos del penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, hacia penales de menor seguridad, sobre todo por “razones humanitarias” en un esfuerzo de diálogo en que dicen participaron el obispo castrense, Fabio Colindres, y el ex rebelde disidente del partido Fmln, Raúl Mijango.
El punto, según Colindres y Mijango, es que los líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 se pusieron de acuerdo en un proceso donde sirvieron aunque no recuerdan quiénes son esos líderes ni las fechas de los encuentros solamente que iniciaron las pláticas en meses pasados. Esta es la última versión de tantas que han salido de manera oficial (por cierto, contradictorias).
Hay mucho secreto a voces. Se sabe que pláticas entre líderes pandilleros y las autoridades respectivas siempre han existido, el problema se centra en el hecho de que no hay transparencia de cara a la ciudadanía sobre esos procesos que ponen en entredicho a las autoridades por caer en medidas de fácil cuestionamiento.
Como han señalado algunos comentaristas en medios audiovisuales, en lugar de que se busque la verdad –como debe ser en materia de comunicación- también se cae en una especie de coro mediático donde se pretende dar por válida la versión oficial por encima de lo demás sin pruebas ni discusión, además de que se vende la ilusión de que hay que celebrar la baja de homicidios.
El diálogo como herramienta de entendimiento social tiene sus reglas, no se puede instrumentalizar. Es más, en este caso de un día para otro cambian discursos y actores del proceso sin que quede claro el asunto, vale recordar cuando el actual gobierno destituyó al cura español Antonio Rodríguez de una comisión especial por leer un comunicado de las maras.
Rodríguez, que fue tildado como “vocero de las maras” en la crisis por un paro pandillero del transporte en años recientes, dijo a los periodistas que desde las autoridades respectivas “se ha construido una verdad… pero no se nos ha dicho la verdad…” Y la cosa es que tiene mucha razón. Lo patético es que en aquella ocasión el gobierno dijo que jamás negociaría con delincuentes.
El bloguero y diplomático salvadoreño Ernesto Rivas G. comentó en su espacio virtual que el traslado de los presos “(…) y premiarlos con beneficios que van desde contacto personal, dinero en efectivo y seguramente permitirles el uso de celulares, a cambio de que ordenen un alto o una suspensión de los homicidios es no solo aberrante sino que altamente peligroso”.
“Esta política les da carta abierta a las pandillas, los narcotraficantes y lavadores de dinero, para que se muevan a sus anchas. ¿Es esa la manera de controlar el crimen y la violencia? ¿Es eso lo que persigue la ‘mesa de la esperanza’?”, advirtió en otro párrafo de su comentario.
Rivas G. recordó que eso da la razón a los críticos de la militarización de la seguridad pública por violentar la Constitución, entre estos “los pocos amigos que El Salvador tiene en el Congreso de Estados Unidos” que mostraron su preocupación al presidente Mauricio Funes e incluye “un mensaje no tan sutil que el legislador Leahy le hizo llegar a través de la Primera Dama”.
De algo quizás pueden estar tranquilos el anterior ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, y el ex director de la policía, Carlos Ascensio, que no se vieron atrapados en el laberinto sin salida que agobia a las actuales autoridades de la seguridad pública entre estas, por supuesto, el general David Munguía Payés.
Por Guillermo Mejía
Cuando se remueve la escoria más apesta, dice un refrán popular muy sabio -claro, las palabras las he suavizado por respeto. La cuestión en torno a las posibles negociaciones con prebendas entre líderes pandilleros y personeros de la seguridad pública a fin de bajar la tasa de homicidios se convirtió en un laberinto sin salida.
De veras que no convencen las explicaciones del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, máxime que no respondió de inmediato a las interrogantes de periodistas y ciudadanos una vez conocida una nota elaborada por el medio digital El Faro que sostiene el trance a partir de filtraciones que fueron corroboradas por pandilleros.
Resulta un hecho inusual que se mueva a más de 30 reos del penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, hacia penales de menor seguridad, sobre todo por “razones humanitarias” en un esfuerzo de diálogo en que dicen participaron el obispo castrense, Fabio Colindres, y el ex rebelde disidente del partido Fmln, Raúl Mijango.
El punto, según Colindres y Mijango, es que los líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 se pusieron de acuerdo en un proceso donde sirvieron aunque no recuerdan quiénes son esos líderes ni las fechas de los encuentros solamente que iniciaron las pláticas en meses pasados. Esta es la última versión de tantas que han salido de manera oficial (por cierto, contradictorias).
Hay mucho secreto a voces. Se sabe que pláticas entre líderes pandilleros y las autoridades respectivas siempre han existido, el problema se centra en el hecho de que no hay transparencia de cara a la ciudadanía sobre esos procesos que ponen en entredicho a las autoridades por caer en medidas de fácil cuestionamiento.
Como han señalado algunos comentaristas en medios audiovisuales, en lugar de que se busque la verdad –como debe ser en materia de comunicación- también se cae en una especie de coro mediático donde se pretende dar por válida la versión oficial por encima de lo demás sin pruebas ni discusión, además de que se vende la ilusión de que hay que celebrar la baja de homicidios.
El diálogo como herramienta de entendimiento social tiene sus reglas, no se puede instrumentalizar. Es más, en este caso de un día para otro cambian discursos y actores del proceso sin que quede claro el asunto, vale recordar cuando el actual gobierno destituyó al cura español Antonio Rodríguez de una comisión especial por leer un comunicado de las maras.
Rodríguez, que fue tildado como “vocero de las maras” en la crisis por un paro pandillero del transporte en años recientes, dijo a los periodistas que desde las autoridades respectivas “se ha construido una verdad… pero no se nos ha dicho la verdad…” Y la cosa es que tiene mucha razón. Lo patético es que en aquella ocasión el gobierno dijo que jamás negociaría con delincuentes.
El bloguero y diplomático salvadoreño Ernesto Rivas G. comentó en su espacio virtual que el traslado de los presos “(…) y premiarlos con beneficios que van desde contacto personal, dinero en efectivo y seguramente permitirles el uso de celulares, a cambio de que ordenen un alto o una suspensión de los homicidios es no solo aberrante sino que altamente peligroso”.
“Esta política les da carta abierta a las pandillas, los narcotraficantes y lavadores de dinero, para que se muevan a sus anchas. ¿Es esa la manera de controlar el crimen y la violencia? ¿Es eso lo que persigue la ‘mesa de la esperanza’?”, advirtió en otro párrafo de su comentario.
Rivas G. recordó que eso da la razón a los críticos de la militarización de la seguridad pública por violentar la Constitución, entre estos “los pocos amigos que El Salvador tiene en el Congreso de Estados Unidos” que mostraron su preocupación al presidente Mauricio Funes e incluye “un mensaje no tan sutil que el legislador Leahy le hizo llegar a través de la Primera Dama”.
De algo quizás pueden estar tranquilos el anterior ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, y el ex director de la policía, Carlos Ascensio, que no se vieron atrapados en el laberinto sin salida que agobia a las actuales autoridades de la seguridad pública entre estas, por supuesto, el general David Munguía Payés.
martes, marzo 13, 2012
La construcción democrática desde las bases
Por Guillermo Mejía
La jornada electoral para escoger alcaldes y diputados del pasado domingo 11 de marzo dejó resultados sorprendentes, sobre todo para la izquierda, aunque esperados en alguna medida. El costo que pagó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) es lógico en cuanto es el partido oficial a lo que se agregan algunos desatinos en su comportamiento político.
La nueva Asamblea Legislativa no sufrirá mayores cambios con respecto a la correlación de fuerzas, por cuanto si bien Arena salió con ventaja, el Fmln sacó su parte, mientras el partido Gana –que ha significado negocio para la izquierda legislativa- logró pasar el examen con la conquista de once escaños.
Obvio que sacar el número clave de diputados no le funcionó a la izquierda gobernante, que tiene que seguir dependiendo de acuerdos con el partido del ex presidente Elías Antonio Saca, al igual que necesita pactar con el Concertación Nacional (CN), ex PCN, que logró seis escaños que lo vuelven atractivo en las transacciones políticas. A la derecha tampoco le resulta fácil.
De esa manera, en poco le ayudará a la ciudadanía la forma en que quedó integrada la Asamblea Legislativa, ya que con menos o con más de los mismos políticos asistimos a una situación grave en aspectos económicos y una atmósfera de inseguridad que nos coloca como uno de los países más violentos del mundo.
Esa situación que mantiene a la sociedad en crisis, aunque El Salvador no es el único que pasa por malos momentos, es un dolor de cabeza del gobierno de turno, así como lo fue de los anteriores con el agravante que en los 20 años bajo la conducción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se destapó y toleró la delincuencia.
Claro que en esta oportunidad el descrédito de la clase política, los abandonos del gobierno de Mauricio Funes con sectores que creyeron en él y lo potenciaron y el acomodamiento del partido Fmln en priorizar lo electoral sobre otros aspectos claves como la organización de las bases en función del cambio social, desilusionaron a muchos en la izquierda.
En ese sentido, no se puede dejar de señalar el desencanto de los ciudadanos que participaron a medias en estos comicios, situación que realmente ha sido constante en otros procesos electorales y sería oportuno que la clase política –y en especial la izquierda- reflexione sobre las causas del ausentismo. Las promesas incumplidas y el pesimismo se hicieron sentir el 11 de marzo.
Los resultados adversos del Fmln en municipios considerados propios, por ejemplo Soyapango, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa y San Salvador, entre otros, son prueba fáctica de ese desencanto de las bases que se ausentaron en gran medida y que, si bien fueron capitalizados por la derecha no es cierto que fuese por mérito propio. La derecha también está en crisis.
La dirigencia del Fmln y las bases tienen el reto de hacer una revisión de los resultados de cara a los próximos procesos electorales, pero con el compromiso de hacer una autocrítica por los desatinos en su comportamiento político, como el abandono de la organización popular y su ausencia en la construcción de una agenda ciudadana para la transformación social.
La izquierda tiene que cambiar de rumbo, no se puede conformar en seguir siendo electorera, especulando resultados cada tres o cinco años para que los dirigentes y sus allegados sigan en puestos públicos, la gente urge de cambios verdaderos que le aseguren participación democrática, acceso a servicios de salud y educación, en fin a una vida con justicia y dignidad.
La dirigencia del Frente –basta escuchar a Medardo González y Norma Guevara- se muestra divorciada de muchos temas de interés popular, es reacia a cambios muy sentidos en el quehacer político, en fin se muestra esclerótica, atrofiada, en un mundo que demanda participación de las bases en la construcción democrática. El partido necesita una buena lustrada, ojala entiendan.
Por Guillermo Mejía
La jornada electoral para escoger alcaldes y diputados del pasado domingo 11 de marzo dejó resultados sorprendentes, sobre todo para la izquierda, aunque esperados en alguna medida. El costo que pagó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) es lógico en cuanto es el partido oficial a lo que se agregan algunos desatinos en su comportamiento político.
La nueva Asamblea Legislativa no sufrirá mayores cambios con respecto a la correlación de fuerzas, por cuanto si bien Arena salió con ventaja, el Fmln sacó su parte, mientras el partido Gana –que ha significado negocio para la izquierda legislativa- logró pasar el examen con la conquista de once escaños.
Obvio que sacar el número clave de diputados no le funcionó a la izquierda gobernante, que tiene que seguir dependiendo de acuerdos con el partido del ex presidente Elías Antonio Saca, al igual que necesita pactar con el Concertación Nacional (CN), ex PCN, que logró seis escaños que lo vuelven atractivo en las transacciones políticas. A la derecha tampoco le resulta fácil.
De esa manera, en poco le ayudará a la ciudadanía la forma en que quedó integrada la Asamblea Legislativa, ya que con menos o con más de los mismos políticos asistimos a una situación grave en aspectos económicos y una atmósfera de inseguridad que nos coloca como uno de los países más violentos del mundo.
Esa situación que mantiene a la sociedad en crisis, aunque El Salvador no es el único que pasa por malos momentos, es un dolor de cabeza del gobierno de turno, así como lo fue de los anteriores con el agravante que en los 20 años bajo la conducción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se destapó y toleró la delincuencia.
Claro que en esta oportunidad el descrédito de la clase política, los abandonos del gobierno de Mauricio Funes con sectores que creyeron en él y lo potenciaron y el acomodamiento del partido Fmln en priorizar lo electoral sobre otros aspectos claves como la organización de las bases en función del cambio social, desilusionaron a muchos en la izquierda.
En ese sentido, no se puede dejar de señalar el desencanto de los ciudadanos que participaron a medias en estos comicios, situación que realmente ha sido constante en otros procesos electorales y sería oportuno que la clase política –y en especial la izquierda- reflexione sobre las causas del ausentismo. Las promesas incumplidas y el pesimismo se hicieron sentir el 11 de marzo.
Los resultados adversos del Fmln en municipios considerados propios, por ejemplo Soyapango, Mejicanos, Ayutuxtepeque, Apopa y San Salvador, entre otros, son prueba fáctica de ese desencanto de las bases que se ausentaron en gran medida y que, si bien fueron capitalizados por la derecha no es cierto que fuese por mérito propio. La derecha también está en crisis.
La dirigencia del Fmln y las bases tienen el reto de hacer una revisión de los resultados de cara a los próximos procesos electorales, pero con el compromiso de hacer una autocrítica por los desatinos en su comportamiento político, como el abandono de la organización popular y su ausencia en la construcción de una agenda ciudadana para la transformación social.
La izquierda tiene que cambiar de rumbo, no se puede conformar en seguir siendo electorera, especulando resultados cada tres o cinco años para que los dirigentes y sus allegados sigan en puestos públicos, la gente urge de cambios verdaderos que le aseguren participación democrática, acceso a servicios de salud y educación, en fin a una vida con justicia y dignidad.
La dirigencia del Frente –basta escuchar a Medardo González y Norma Guevara- se muestra divorciada de muchos temas de interés popular, es reacia a cambios muy sentidos en el quehacer político, en fin se muestra esclerótica, atrofiada, en un mundo que demanda participación de las bases en la construcción democrática. El partido necesita una buena lustrada, ojala entiendan.
lunes, febrero 27, 2012
El dolor y el sufrimiento humano como negocio mediático
Por Guillermo Mejía
El incendio que consumió parte de la granja-penal de Comayagua, Honduras, y que dejó al menos 361 reos muertos en días recientes ha sido motivo de controversia debido a que los medios de comunicación locales y extranjeros revivieron el dilema ético en torno al derecho a la información, el respeto a la dignidad de las personas y la mercantilización de las noticias.
El afán de la información como negocio hizo que la Agencia de Noticias Reuters enviara a sus clientes cinco fotografías que no correspondían al siniestro sino a otro incendio que se produjo en el año 2004, todo por la angustia de los foto-periodistas y editores de sacar la primicia a como diera lugar sin tomar en cuenta las normas éticas profesionales.
Según se conoció en círculos de prensa, un foto-periodista hondureño contratado por la agencia de noticias para retratar el incidente no estuvo en el tiempo preciso y decidió sin miramientos enviar a los editores las cinco fotografías del otro incendio con lo que abusó de la confianza de los editores a quienes también evidenció por su falta de rigor periodístico.
“Atención editores, Reuters ha tenido conocimiento de que estas fotografías no fueron tomadas en el incendio de la cárcel como así se afirmaba, ya que corresponden a un incidente anterior. Por favor, eliminen estas imágenes de sus sistemas. Lamentamos los inconvenientes”, comunicó la agencia de noticias posteriormente.
Sin embargo, el daño estaba hecho. Varios medios de comunicación publicaron en sus portadas –incluida la red de Internet- las fotografías.
Un foto-periodista salvadoreño que cubrió el incendio de la granja-penal para la prensa extranjera y que prefirió omitir su identidad, me comentó al respecto que si bien ese embuste es un caso sonado, también le causó mucha indignación y tristeza el evidente espectáculo mediático montado por la mercantilización periodística, en especial con el sufrimiento de los familiares de las víctimas.
Según el colega, los periodistas llegaron al extremo de sugerir a los familiares de las víctimas que “actuaran” a fin de lograr las mejores escenas, luego enviaron sus materiales y lograron impactar en los medios y, por supuesto, en los receptores. El denunciante dijo sentirse mal al ver cómo el interés comercial socava el deber ser del periodismo.
Todos sabemos que esa situación se repite a diario en la lógica mercantil de la información dentro de la sociedad de masas, que bajo el pretexto de informar espectaculariza los hechos cotidianos a fin de lograr mayores audiencias y ganancias. Estos casos se reproducen en especial en situaciones de dolor y sufrimiento, algo repudiable desde una perspectiva ético-moral.
En tal sentido, la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, reflexiona en torno al hecho de que si bien no se puede esconder la realidad “también es cierto que existe una tendencia generalizada por parte de los editores de los medios a considerar el drama humano intenso como un importante atributo o característica de las noticias”.
“A veces, los informadores seleccionan situaciones de sufrimiento y dolor, no por el interés informativo que tales noticias tienen para el público, sino porque son imágenes que provocan un fuerte impacto emocional, además de gozar de un poder extremo para atraer la atención de los receptores. Y eso para el medio de comunicación es económicamente rentable”, advierte.
La catedrática López Talavera nos recuerda la manera de informar en esos casos:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles las partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, asegura la profesora española.
Al final, muchos de los colegas que dieron cobertura al incendio de la granja-penal salieron con la suya, los editores dieron un respiro frente a la demanda informativa en tiempo real y los empresarios periodísticos continuaron el negocio. Como siempre, las víctimas y sus familiares volvieron a ser invisibles. Y el culpable del siniestro fue un cigarro encendido, ¿creen eso?
Por Guillermo Mejía
El incendio que consumió parte de la granja-penal de Comayagua, Honduras, y que dejó al menos 361 reos muertos en días recientes ha sido motivo de controversia debido a que los medios de comunicación locales y extranjeros revivieron el dilema ético en torno al derecho a la información, el respeto a la dignidad de las personas y la mercantilización de las noticias.
El afán de la información como negocio hizo que la Agencia de Noticias Reuters enviara a sus clientes cinco fotografías que no correspondían al siniestro sino a otro incendio que se produjo en el año 2004, todo por la angustia de los foto-periodistas y editores de sacar la primicia a como diera lugar sin tomar en cuenta las normas éticas profesionales.
Según se conoció en círculos de prensa, un foto-periodista hondureño contratado por la agencia de noticias para retratar el incidente no estuvo en el tiempo preciso y decidió sin miramientos enviar a los editores las cinco fotografías del otro incendio con lo que abusó de la confianza de los editores a quienes también evidenció por su falta de rigor periodístico.
“Atención editores, Reuters ha tenido conocimiento de que estas fotografías no fueron tomadas en el incendio de la cárcel como así se afirmaba, ya que corresponden a un incidente anterior. Por favor, eliminen estas imágenes de sus sistemas. Lamentamos los inconvenientes”, comunicó la agencia de noticias posteriormente.
Sin embargo, el daño estaba hecho. Varios medios de comunicación publicaron en sus portadas –incluida la red de Internet- las fotografías.
Un foto-periodista salvadoreño que cubrió el incendio de la granja-penal para la prensa extranjera y que prefirió omitir su identidad, me comentó al respecto que si bien ese embuste es un caso sonado, también le causó mucha indignación y tristeza el evidente espectáculo mediático montado por la mercantilización periodística, en especial con el sufrimiento de los familiares de las víctimas.
Según el colega, los periodistas llegaron al extremo de sugerir a los familiares de las víctimas que “actuaran” a fin de lograr las mejores escenas, luego enviaron sus materiales y lograron impactar en los medios y, por supuesto, en los receptores. El denunciante dijo sentirse mal al ver cómo el interés comercial socava el deber ser del periodismo.
Todos sabemos que esa situación se repite a diario en la lógica mercantil de la información dentro de la sociedad de masas, que bajo el pretexto de informar espectaculariza los hechos cotidianos a fin de lograr mayores audiencias y ganancias. Estos casos se reproducen en especial en situaciones de dolor y sufrimiento, algo repudiable desde una perspectiva ético-moral.
En tal sentido, la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, reflexiona en torno al hecho de que si bien no se puede esconder la realidad “también es cierto que existe una tendencia generalizada por parte de los editores de los medios a considerar el drama humano intenso como un importante atributo o característica de las noticias”.
“A veces, los informadores seleccionan situaciones de sufrimiento y dolor, no por el interés informativo que tales noticias tienen para el público, sino porque son imágenes que provocan un fuerte impacto emocional, además de gozar de un poder extremo para atraer la atención de los receptores. Y eso para el medio de comunicación es económicamente rentable”, advierte.
La catedrática López Talavera nos recuerda la manera de informar en esos casos:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles las partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, asegura la profesora española.
Al final, muchos de los colegas que dieron cobertura al incendio de la granja-penal salieron con la suya, los editores dieron un respiro frente a la demanda informativa en tiempo real y los empresarios periodísticos continuaron el negocio. Como siempre, las víctimas y sus familiares volvieron a ser invisibles. Y el culpable del siniestro fue un cigarro encendido, ¿creen eso?
martes, febrero 14, 2012
La corrupción y los abusos: Riesgos de militarizar la seguridad pública
Por Guillermo Mejía
Los pasos acelerados del gobierno de Mauricio Funes en la militarización de la seguridad pública a fin de contrarrestar la escalada de violencia social derivada del accionar de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, puede desembocar en la corrupción y los abusos de poder por parte de los elementos de la Fuerza Armada.
La tesis se hizo pública en el reciente foro-debate “Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, auspiciado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, en el que participaron el experto estadounidense en el tema crimen organizado transnacional, Douglas Farah, y el analista salvadoreño Salvador Samayoa.
“Una de las razones por la que los militares fueron vistos con respeto después de los Acuerdos de Paz es porque simplemente no hacían nada”, dijo de forma contundente Farah, quien fuera corresponsal en tiempos de la guerra civil en el país. “Estaban acuartelados, se comportaban sin abusos y a todo el mundo le gustaba eso”, agregó.
“Pero el camino más rápido de destruir todo eso es ponerlos ahora en las calles a combatir a las pandillas y a los traficantes de droga. Eso es lo que estamos viendo en México… sin duda cuando se expone a este tipo de operaciones que, aunque sean unos pocos, se corrompen y cometen abusos, y la imagen de la institución comienza a deteriorarse”, advirtió Farah.
El primer gobierno de izquierda sigue los pasos de México y, junto a Honduras y Guatemala, le apuesta al accionar de los efectivos militares en contradicción con los Acuerdos de Paz y la Constitución, por cuanto la seguridad pública debe estar en manos de civiles. El ministro de Justicia y Seguridad, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) son militares de baja.
A la vez, los mandos de la PNC han sufrido cambios drásticos y, muy al contrario de lo esperado, han sido ocupados por antiguos jefes que tuvieron su participación en anteriores gobiernos que no dejaron ningún éxito en las estrategias antidelincuenciales, al contrario profundizaron aún más la espiral de violencia que deja, al menos, 13 muertes diarias.
Otro de los indicios del cambio de perspectiva fue la separación del anterior jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ex comandante rebelde Douglas Santamaría, a lo que se unió el desmantelamiento de la inteligencia policial donde fueron reubicados unos 18 agentes especiales a fin de dejar el terreno limpio.
Por su parte, el analista Salvador Samayoa, que integró las filas del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), afirmó que si bien pueden haber áreas donde coordinen la policía y la Fuerza Armada en el combate antidelincuencial “yo no creo que es sano, creo que no es eficiente tampoco, utilizar a los militares en la seguridad pública”.
Samayoa aclaró que si bien no compartió las denuncias del Fmln sobre la militarización de la seguridad, el caso es que desde un tiempo atrás “se han producido otros movimientos” que indican “que se piensa en el gobierno que se necesita imprimir al menos un estilo de trabajo, una disciplina y una mentalidad más parecida a lo militar para manejar la policía y la seguridad pública”.
En ese sentido, “con el paso del tiempo, si se les deja demasiado tiempo… los van a corromper de nuevo, van a tener que… van a matar gente. El primero que maten, aunque sea un delincuente odioso, pero va a haber una reacción muy grande política y creo que no es buena idea realmente”, advirtió el analista salvadoreño.
Desde su perspectiva como experto en el tema crimen organizado transnacional, Farah explicó que tras 20 años de la firma de la paz el crimen y los homicidios cotidianos deben comprenderse a partir de que tanto en algunos sectores de derecha como de izquierda quedaron algunas estructuras militares intactas que no olvidaron la violencia.
Si bien –teóricamente- la estructura de la PNC quedó bien instalada para asegurar su papel constitucional, en la realidad “las fuerzas de seguridad inmediatamente abrieron canales de comunicación e inteligencia con sus antiguos operativos de las fuerzas de seguridad de ultraderecha y algunos del Fmln hicieron lo mismo”, dijo Farah.
“Entonces, inmediatamente, habían estructuras paralelas de los dos grupos dentro de la policía y, ustedes lo ven ahora, estas estructuras privadas paralelas tenían más capacidad de inteligencia en las puntas de sus dedos que el mismo gobierno y entonces básicamente ese fue el primer set para el comienzo de la escalada de violencia”, agregó.
Con la violencia en los países del Triángulo Norte “tenemos así a los zetas metidos en Guatemala, tenemos al cartel de Sinaloa bien profundamente enraizado en Honduras, mientras que en El Salvador con su economía dolarizada le sirve a estos grupos para sus actividades de los carteles”, señaló el experto estadounidense, por lo que urgió de una estrategia de combate común.
Por lo tanto, se tiene un cóctel de criminales que se entienden más allá de diferencias ideológicas junto al crecimiento de las pandillas, que les sirven a los carteles, y “ahora traer a los militares a hacer un trabajo de seguridad para el que no están preparados como la policía creo que, hasta un punto particular, no le va a ser de gran beneficio al país”, enfatizó Farah.
Por Guillermo Mejía
Los pasos acelerados del gobierno de Mauricio Funes en la militarización de la seguridad pública a fin de contrarrestar la escalada de violencia social derivada del accionar de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, puede desembocar en la corrupción y los abusos de poder por parte de los elementos de la Fuerza Armada.
La tesis se hizo pública en el reciente foro-debate “Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, auspiciado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, en el que participaron el experto estadounidense en el tema crimen organizado transnacional, Douglas Farah, y el analista salvadoreño Salvador Samayoa.
“Una de las razones por la que los militares fueron vistos con respeto después de los Acuerdos de Paz es porque simplemente no hacían nada”, dijo de forma contundente Farah, quien fuera corresponsal en tiempos de la guerra civil en el país. “Estaban acuartelados, se comportaban sin abusos y a todo el mundo le gustaba eso”, agregó.
“Pero el camino más rápido de destruir todo eso es ponerlos ahora en las calles a combatir a las pandillas y a los traficantes de droga. Eso es lo que estamos viendo en México… sin duda cuando se expone a este tipo de operaciones que, aunque sean unos pocos, se corrompen y cometen abusos, y la imagen de la institución comienza a deteriorarse”, advirtió Farah.
El primer gobierno de izquierda sigue los pasos de México y, junto a Honduras y Guatemala, le apuesta al accionar de los efectivos militares en contradicción con los Acuerdos de Paz y la Constitución, por cuanto la seguridad pública debe estar en manos de civiles. El ministro de Justicia y Seguridad, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) son militares de baja.
A la vez, los mandos de la PNC han sufrido cambios drásticos y, muy al contrario de lo esperado, han sido ocupados por antiguos jefes que tuvieron su participación en anteriores gobiernos que no dejaron ningún éxito en las estrategias antidelincuenciales, al contrario profundizaron aún más la espiral de violencia que deja, al menos, 13 muertes diarias.
Otro de los indicios del cambio de perspectiva fue la separación del anterior jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ex comandante rebelde Douglas Santamaría, a lo que se unió el desmantelamiento de la inteligencia policial donde fueron reubicados unos 18 agentes especiales a fin de dejar el terreno limpio.
Por su parte, el analista Salvador Samayoa, que integró las filas del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), afirmó que si bien pueden haber áreas donde coordinen la policía y la Fuerza Armada en el combate antidelincuencial “yo no creo que es sano, creo que no es eficiente tampoco, utilizar a los militares en la seguridad pública”.
Samayoa aclaró que si bien no compartió las denuncias del Fmln sobre la militarización de la seguridad, el caso es que desde un tiempo atrás “se han producido otros movimientos” que indican “que se piensa en el gobierno que se necesita imprimir al menos un estilo de trabajo, una disciplina y una mentalidad más parecida a lo militar para manejar la policía y la seguridad pública”.
En ese sentido, “con el paso del tiempo, si se les deja demasiado tiempo… los van a corromper de nuevo, van a tener que… van a matar gente. El primero que maten, aunque sea un delincuente odioso, pero va a haber una reacción muy grande política y creo que no es buena idea realmente”, advirtió el analista salvadoreño.
Desde su perspectiva como experto en el tema crimen organizado transnacional, Farah explicó que tras 20 años de la firma de la paz el crimen y los homicidios cotidianos deben comprenderse a partir de que tanto en algunos sectores de derecha como de izquierda quedaron algunas estructuras militares intactas que no olvidaron la violencia.
Si bien –teóricamente- la estructura de la PNC quedó bien instalada para asegurar su papel constitucional, en la realidad “las fuerzas de seguridad inmediatamente abrieron canales de comunicación e inteligencia con sus antiguos operativos de las fuerzas de seguridad de ultraderecha y algunos del Fmln hicieron lo mismo”, dijo Farah.
“Entonces, inmediatamente, habían estructuras paralelas de los dos grupos dentro de la policía y, ustedes lo ven ahora, estas estructuras privadas paralelas tenían más capacidad de inteligencia en las puntas de sus dedos que el mismo gobierno y entonces básicamente ese fue el primer set para el comienzo de la escalada de violencia”, agregó.
Con la violencia en los países del Triángulo Norte “tenemos así a los zetas metidos en Guatemala, tenemos al cartel de Sinaloa bien profundamente enraizado en Honduras, mientras que en El Salvador con su economía dolarizada le sirve a estos grupos para sus actividades de los carteles”, señaló el experto estadounidense, por lo que urgió de una estrategia de combate común.
Por lo tanto, se tiene un cóctel de criminales que se entienden más allá de diferencias ideológicas junto al crecimiento de las pandillas, que les sirven a los carteles, y “ahora traer a los militares a hacer un trabajo de seguridad para el que no están preparados como la policía creo que, hasta un punto particular, no le va a ser de gran beneficio al país”, enfatizó Farah.
lunes, febrero 06, 2012
La participación ciudadana como eje del proceso electoral
Por Guillermo Mejía
La participación ciudadana en el proceso electoral que vivimos de cara a los comicios de alcaldes y diputados del 11 de marzo próximo no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir al evento.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; sin embargo, solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Si bien no se pueden negar cambios en los procesos electorales desde el fin de la guerra civil –acordémonos de la cultura del fraude- aún falta una perspectiva cívica con esa participación que vaya más allá de los sondeos de opinión, de las decisiones verticales de las cúpulas partidarias y de la concentración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en manos de los mismos políticos.
Son tan precarias las condiciones para arribar a la democratización de las elecciones que hasta ahora se ensayará el voto residencial en una parte del territorio nacional, se contará con un insignificante número de candidatos independientes de los partidos políticos y aparecerá la fotografía de los candidatos, aunque también la bandera del partido -algo contradictorio.
Considerando que la política se observa y reconoce a través del sistema mediático, por eso es tan importante asumir los retos de la comunicación política, una forma conciente desde la comunicación colectiva conlleva una perspectiva ciudadana que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública.
La autora y catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano; es decir, adelantar estrategias de pedagogía política que si bien no pasan solamente por lo medios de comunicación, encuentran en ellos uno de sus principales escenarios”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente –como es la tradición- encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras realmente significa sentar las bases de un foro mediático.
“Es más que una técnica: encierra toda una filosofía que pretende recobrar el sentido del proceso electoral y de paso recordar que más que electores se debe hablar de ciudadanos que pueden construir una agenda temática alrededor de la cual los candidatos se pronuncien para conectarse con los intereses y necesidades” del pueblo y hacer sus propuestas, señala Miralles.
La acción política de los periodistas no significa que se está desplazando a los políticos de por sí, sino que se trata de hacer más viable la democracia en las actuales sociedades de masas, ya que se ponen a los medios de comunicación a disposición del diálogo social con la puesta en escena de tres agendas: la de los políticos, la de los medios y la de la ciudadanía.
Para aclarar el punto, la profesora colombiana explica que los sondeos de opinión –tan comunes en los procesos electorales- deben realmente servir, para la construcción de la agenda ciudadana, o sea ir más allá del enfoque tradicional que los utiliza sólo para medir los índices de popularidad de los candidatos. La agenda ciudadana debe servir para escoger a los candidatos.
“La campaña ocuparía solamente un espacio del espectro y probablemente podría ser entendido como mecanismo de difusión y no de construcción de ideas. Lo problemático de poner como centro del cubrimiento electoral los temas de campaña, es que la opinión pública está cediendo la iniciativa a quienes compiten por un puesto y con ello se les da el control del proceso”, advierte.
En resumen, el proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y también la de los medios de comunicación que no son simples testigos de dicho proceso electoral. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia.
Por Guillermo Mejía
La participación ciudadana en el proceso electoral que vivimos de cara a los comicios de alcaldes y diputados del 11 de marzo próximo no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir al evento.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; sin embargo, solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Si bien no se pueden negar cambios en los procesos electorales desde el fin de la guerra civil –acordémonos de la cultura del fraude- aún falta una perspectiva cívica con esa participación que vaya más allá de los sondeos de opinión, de las decisiones verticales de las cúpulas partidarias y de la concentración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en manos de los mismos políticos.
Son tan precarias las condiciones para arribar a la democratización de las elecciones que hasta ahora se ensayará el voto residencial en una parte del territorio nacional, se contará con un insignificante número de candidatos independientes de los partidos políticos y aparecerá la fotografía de los candidatos, aunque también la bandera del partido -algo contradictorio.
Considerando que la política se observa y reconoce a través del sistema mediático, por eso es tan importante asumir los retos de la comunicación política, una forma conciente desde la comunicación colectiva conlleva una perspectiva ciudadana que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública.
La autora y catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano; es decir, adelantar estrategias de pedagogía política que si bien no pasan solamente por lo medios de comunicación, encuentran en ellos uno de sus principales escenarios”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente –como es la tradición- encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras realmente significa sentar las bases de un foro mediático.
“Es más que una técnica: encierra toda una filosofía que pretende recobrar el sentido del proceso electoral y de paso recordar que más que electores se debe hablar de ciudadanos que pueden construir una agenda temática alrededor de la cual los candidatos se pronuncien para conectarse con los intereses y necesidades” del pueblo y hacer sus propuestas, señala Miralles.
La acción política de los periodistas no significa que se está desplazando a los políticos de por sí, sino que se trata de hacer más viable la democracia en las actuales sociedades de masas, ya que se ponen a los medios de comunicación a disposición del diálogo social con la puesta en escena de tres agendas: la de los políticos, la de los medios y la de la ciudadanía.
Para aclarar el punto, la profesora colombiana explica que los sondeos de opinión –tan comunes en los procesos electorales- deben realmente servir, para la construcción de la agenda ciudadana, o sea ir más allá del enfoque tradicional que los utiliza sólo para medir los índices de popularidad de los candidatos. La agenda ciudadana debe servir para escoger a los candidatos.
“La campaña ocuparía solamente un espacio del espectro y probablemente podría ser entendido como mecanismo de difusión y no de construcción de ideas. Lo problemático de poner como centro del cubrimiento electoral los temas de campaña, es que la opinión pública está cediendo la iniciativa a quienes compiten por un puesto y con ello se les da el control del proceso”, advierte.
En resumen, el proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y también la de los medios de comunicación que no son simples testigos de dicho proceso electoral. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia.
lunes, enero 30, 2012
La carga de conciencia sobre la migración forzada
Por Guillermo Mejía
De las innumerables deudas de la clase política y de sectores de poder económico sobresale la migración forzada de miles de compatriotas en busca del “sueño americano” –más bien pesadilla-, por no encontrar en estas tierras lo que justamente les corresponde como ciudadanos, realidad desconcertante que con el paso de los años sigue invisibilizada.
De eso precisamente abundó la semana pasada el sacerdote y activista pro-emigrantes mexicano, Alejandro Solalinde, en una jornada de conciencia que lo llevó a exponer en un foro de radios comunitarias, reuniones con expertos y entrevistas periodísticas, en especial en medios alternativos más que en la prensa tradicional.
Solalinde, que tiene su centro de ayuda en el Estado mexicano de Oaxaca, explicó en el espacio de análisis y reflexión “Temas” de Radio Nacional que más que éxodo o migración a secas el fenómeno hay que llamarlo “migroma-humano”, porque “al verlos a ellos nos vemos a nosotros mismos” y, por ende, es urgente que veamos lo que debemos de ser, no lo que somos.
El martirio de la migración hacia el Norte representa una tragedia, tanto para las víctimas como para la sociedad en general: “Los responsables de los países de origen… cómo es posible que no hagan nada, para crear buenas condiciones y retener a su mejor gente… cómo es posible que en los países de tránsito tampoco se den cuenta de la tragedia, de esa muerte lenta”, denunció.
“Y cómo es posible también que a los Estados Unidos, el principal país de destino, se les haya olvidado que es un país de emigrantes, que llegaron allí, ya se les olvidó que fueron exterminando a la gente poco a poco para quedarse ellos… se les olvidó que Estados Unidos siempre se ha alimentado de nuevas migraciones”, agregó el sacerdote mexicano.
Solalinde lamentó que, además de la injusticia estructural y el sistema neoliberal, la evasión de los salvadoreños se da por no existir “una reconciliación nacional” luego de la guerra civil, a la vez de no tener de parte de los gobiernos de turno “una mayor honradez para aprovechar todos los medios que se tengan para invertir en las personas, para invertir en las nuevas generaciones”.
Tan grave la situación que los compatriotas asumen los riesgos, porque la violencia social acá también significa muerte: “La emigración es una respuesta inmediata a una descomposición estructural y sistémica y, por lo tanto, tenemos que hacer algo… no componer el sistema y darle vida artificial, porque tienen que venir otros sistemas menos abusivos y depredadores”, señaló.
El sacerdote y activista mexicano denunció lo que llama “una nueva esclavitud” que representa a la trata de personas sin que importe su dignidad, porque lo que interesa es el número y que sean “buenos para el mercado, para tráfico de órganos… a las mujeres que vienen con sus niños (las separan) porque también a los niños se pueden vender”.
“Y las mujeres igual y, me da pena decirlo, pero las mujeres que son más preciadas por su físico, por su color, son las salvadoreñas… y desgraciadamente son las primeras que llevan para la prostitución y la trata, y que finalmente muchas de ellas estoy seguro han desaparecido… todo esto es una tragedia y se ha llegado a lo más bajo de la humanidad”, agregó indignado.
Solalinde apeló al compromiso de la iglesia a fin de revertir el problema: “La iglesia lo primero que debe (hacer) es incidencia política para que el gobierno haga lo suyo, también hacer un llamado a la iniciativa privada, no sólo tomarse el cafecito y el chocolate con ellos, sino cuestionarlos, profetizarles, motivarlos para que inviertan en la sociedad”.
“Pero no que inviertan para sacar el doble o el triple, que inviertan con sentido social, con un sentido de dar no solamente un trabajo de subsistencia para que medio vivan y se mueran de hambre, sino un trabajo digno con una paga justa remunerada para que tengan una vida digna… la iglesia puede hacer maravillas si ella los convence”, añadió.
Solamente en Estados Unidos hay cerca de tres millones de compatriotas que se suman a los que se fueron para otras tierras cercanas o distantes. La ironía es que para los gobiernos de turno y los sectores de poder económico realmente su importancia radica en los más de tres mil millones de dólares anuales en remesas que sirven para el consumo. El país es prácticamente improductivo.
Las reflexiones del sacerdote mexicano cayeron en buen momento por la profundización de la crisis económica y la violencia delincuencial en esta sociedad que no encuentra rumbo, que está ensayando fórmulas que en el pasado generaron mayor desencuentro y nos llevaron a la vorágine. Es más, en un período electoral donde se construye más imagen que propuestas políticas serias.
Por Guillermo Mejía
De las innumerables deudas de la clase política y de sectores de poder económico sobresale la migración forzada de miles de compatriotas en busca del “sueño americano” –más bien pesadilla-, por no encontrar en estas tierras lo que justamente les corresponde como ciudadanos, realidad desconcertante que con el paso de los años sigue invisibilizada.
De eso precisamente abundó la semana pasada el sacerdote y activista pro-emigrantes mexicano, Alejandro Solalinde, en una jornada de conciencia que lo llevó a exponer en un foro de radios comunitarias, reuniones con expertos y entrevistas periodísticas, en especial en medios alternativos más que en la prensa tradicional.
Solalinde, que tiene su centro de ayuda en el Estado mexicano de Oaxaca, explicó en el espacio de análisis y reflexión “Temas” de Radio Nacional que más que éxodo o migración a secas el fenómeno hay que llamarlo “migroma-humano”, porque “al verlos a ellos nos vemos a nosotros mismos” y, por ende, es urgente que veamos lo que debemos de ser, no lo que somos.
El martirio de la migración hacia el Norte representa una tragedia, tanto para las víctimas como para la sociedad en general: “Los responsables de los países de origen… cómo es posible que no hagan nada, para crear buenas condiciones y retener a su mejor gente… cómo es posible que en los países de tránsito tampoco se den cuenta de la tragedia, de esa muerte lenta”, denunció.
“Y cómo es posible también que a los Estados Unidos, el principal país de destino, se les haya olvidado que es un país de emigrantes, que llegaron allí, ya se les olvidó que fueron exterminando a la gente poco a poco para quedarse ellos… se les olvidó que Estados Unidos siempre se ha alimentado de nuevas migraciones”, agregó el sacerdote mexicano.
Solalinde lamentó que, además de la injusticia estructural y el sistema neoliberal, la evasión de los salvadoreños se da por no existir “una reconciliación nacional” luego de la guerra civil, a la vez de no tener de parte de los gobiernos de turno “una mayor honradez para aprovechar todos los medios que se tengan para invertir en las personas, para invertir en las nuevas generaciones”.
Tan grave la situación que los compatriotas asumen los riesgos, porque la violencia social acá también significa muerte: “La emigración es una respuesta inmediata a una descomposición estructural y sistémica y, por lo tanto, tenemos que hacer algo… no componer el sistema y darle vida artificial, porque tienen que venir otros sistemas menos abusivos y depredadores”, señaló.
El sacerdote y activista mexicano denunció lo que llama “una nueva esclavitud” que representa a la trata de personas sin que importe su dignidad, porque lo que interesa es el número y que sean “buenos para el mercado, para tráfico de órganos… a las mujeres que vienen con sus niños (las separan) porque también a los niños se pueden vender”.
“Y las mujeres igual y, me da pena decirlo, pero las mujeres que son más preciadas por su físico, por su color, son las salvadoreñas… y desgraciadamente son las primeras que llevan para la prostitución y la trata, y que finalmente muchas de ellas estoy seguro han desaparecido… todo esto es una tragedia y se ha llegado a lo más bajo de la humanidad”, agregó indignado.
Solalinde apeló al compromiso de la iglesia a fin de revertir el problema: “La iglesia lo primero que debe (hacer) es incidencia política para que el gobierno haga lo suyo, también hacer un llamado a la iniciativa privada, no sólo tomarse el cafecito y el chocolate con ellos, sino cuestionarlos, profetizarles, motivarlos para que inviertan en la sociedad”.
“Pero no que inviertan para sacar el doble o el triple, que inviertan con sentido social, con un sentido de dar no solamente un trabajo de subsistencia para que medio vivan y se mueran de hambre, sino un trabajo digno con una paga justa remunerada para que tengan una vida digna… la iglesia puede hacer maravillas si ella los convence”, añadió.
Solamente en Estados Unidos hay cerca de tres millones de compatriotas que se suman a los que se fueron para otras tierras cercanas o distantes. La ironía es que para los gobiernos de turno y los sectores de poder económico realmente su importancia radica en los más de tres mil millones de dólares anuales en remesas que sirven para el consumo. El país es prácticamente improductivo.
Las reflexiones del sacerdote mexicano cayeron en buen momento por la profundización de la crisis económica y la violencia delincuencial en esta sociedad que no encuentra rumbo, que está ensayando fórmulas que en el pasado generaron mayor desencuentro y nos llevaron a la vorágine. Es más, en un período electoral donde se construye más imagen que propuestas políticas serias.
miércoles, enero 25, 2012
El ascenso de los militares en la seguridad pública
Por Guillermo Mejía
Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.
El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.
Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.
El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.
Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.
Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.
No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.
Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.
Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.
En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.
Por Guillermo Mejía
Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.
El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.
Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.
El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.
Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.
Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.
No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.
Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.
Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.
En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.
lunes, enero 16, 2012
La comunicación: Otra deuda de los Acuerdos de Paz
Por Guillermo Mejía
Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.
El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.
Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:
En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.
En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.
En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.
Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.
En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:
La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.
Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.
El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.
Por Guillermo Mejía
Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.
El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.
Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:
En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.
En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.
En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.
Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.
En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:
La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.
Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.
El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.
lunes, enero 09, 2012
Sociedad violenta a veinte años de la paz
Por Guillermo Mejía
La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.
El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.
Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.
Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.
La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.
En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.
No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.
En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.
Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.
Por Guillermo Mejía
La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.
El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.
Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.
Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.
La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.
En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.
No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.
En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.
Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.
lunes, enero 02, 2012
Los Acuerdos de Paz en perspectiva
Por Guillermo Mejía
A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.
El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).
En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.
Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.
Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:
-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.
-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.
-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.
-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.
Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.
No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.
Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?
Por Guillermo Mejía
A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.
El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).
En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.
Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.
Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:
-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.
-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.
-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.
-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.
Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.
No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.
Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?
lunes, diciembre 19, 2011
La desilusión centroamericana
Por Guillermo Mejía
En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.
Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.
Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.
República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.
En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.
En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.
A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.
El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.
Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.
Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.
Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.
Los centroamericanos tenemos la palabra.
Por Guillermo Mejía
En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.
Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.
Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.
República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.
En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.
En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.
A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.
El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.
Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.
Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.
Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.
Los centroamericanos tenemos la palabra.
lunes, diciembre 12, 2011
Necesidad de encontrar rumbo
Por Guillermo Mejía
Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.
Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.
Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.
Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.
Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.
Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.
De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.
“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.
En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.
Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.
Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.
Por Guillermo Mejía
Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.
Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.
Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.
Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.
Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.
Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.
De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.
“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.
En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.
Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.
Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.
lunes, diciembre 05, 2011
Demagogia y mezquindad
Por Guillermo Mejía
En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.
El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.
En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.
No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.
Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.
El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.
En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.
Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.
Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.
Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.
Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?
Por Guillermo Mejía
En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.
El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.
En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.
No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.
Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.
El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.
En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.
Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.
Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.
Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.
Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?
lunes, noviembre 28, 2011
La seguridad pública como estrategia mediática
Por Guillermo Mejía
Sintomático que el presidente Mauricio Funes antes de anunciar el cambio en la cartera de Justicia y Seguridad con el general en retiro David Munguía Payés por el ex comandante rebelde Manuel Melgar, se haya reunido con directores y editores de medios de comunicación social.
En la ocasión, el mandatario salvadoreño les expuso a los periodistas la nueva propuesta de seguridad pública en manos de un militar de carrera, algo que ha levantado polvo en sectores de izquierda, organismos de derechos humanos y académicos no así en el discurso mediático tradicional.
Funes no pudo dejar pasar la oportunidad, para pedir a los medios de comunicación social que hagan su parte ante la forma en que dieron cobertura al problema durante el período en que Melgar estuvo al frente de la institución. Ahora, la piedra en el zapato fue removida.
La oposición más contundente fue la de varios jefes y comisionados de la PNC que se reunieron con Funes para mostrar su preocupación y su disposición a renunciar si Munguía Payés era nombrado. La decisión estaba tomada y a los policías les dijeron que no iban a ser removidos, aunque podían irse.
Los entretelones del caso y los intereses que se juegan de cara al problema de la delincuencia y el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones que están ausentes de las agendas informativas y de opinión, porque el asunto siempre ha sido tratado como una guerra estadística.
Incluso Melgar y el mismo Presidente Funes pusieron el grito en el cielo cuando apareció el informe de las Naciones Unidas que establece que El Salvador se convirtió en años recientes en el país más violento del mundo, seguido de Honduras, señalamiento que sí fue utilizado en el discurso mediático tradicional.
Pero en la semana en que el gobierno inauguró el período de Munguía Payés siguió la danza macabra en el país. En cambio, en el discurso mediático tradicional la atención fue puesta en las expectativas del nombramiento, mientras los columnistas mostraron sus esperanzas.
Si se trata de ver el problema delincuencial desde una perspectiva más serena, reflexiva y de cara a la ciudadanía, habría que decir que la solución es sumamente compleja, dado los intereses en juego con un Estado permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. No hay sitio que no esté contaminado.
Resulta grave que ese discurso mediático tradicional soslaye esa realidad compleja, así como le hagan creer a la ciudadanía que volviendo a la tentación militarista se resolverá el problema, sin importar la experiencia bochornosa de la dictadura militar. Es más se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz.
Sin duda las opiniones de la ciudadanía que comparten su esperanza en que un militar haya llegado a Justicia y Seguridad, es lo menos que se puede esperar ante la ausencia de información en la sociedad y, por supuesto, el drama que se vive por la delincuencia sobre todo en los sectores más humildes.
Veremos el curso de los acontecimientos frente al cambio de estrategia mediática en este país que cada vez camina, al igual que otros, a convertirse en Estado gobernado por el crimen, mientras a muchos no les queda otra opción para sobrevivir que incorporarse. La injusticia estructural pesa así como el militarismo.
Por Guillermo Mejía
Sintomático que el presidente Mauricio Funes antes de anunciar el cambio en la cartera de Justicia y Seguridad con el general en retiro David Munguía Payés por el ex comandante rebelde Manuel Melgar, se haya reunido con directores y editores de medios de comunicación social.
En la ocasión, el mandatario salvadoreño les expuso a los periodistas la nueva propuesta de seguridad pública en manos de un militar de carrera, algo que ha levantado polvo en sectores de izquierda, organismos de derechos humanos y académicos no así en el discurso mediático tradicional.
Funes no pudo dejar pasar la oportunidad, para pedir a los medios de comunicación social que hagan su parte ante la forma en que dieron cobertura al problema durante el período en que Melgar estuvo al frente de la institución. Ahora, la piedra en el zapato fue removida.
La oposición más contundente fue la de varios jefes y comisionados de la PNC que se reunieron con Funes para mostrar su preocupación y su disposición a renunciar si Munguía Payés era nombrado. La decisión estaba tomada y a los policías les dijeron que no iban a ser removidos, aunque podían irse.
Los entretelones del caso y los intereses que se juegan de cara al problema de la delincuencia y el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones que están ausentes de las agendas informativas y de opinión, porque el asunto siempre ha sido tratado como una guerra estadística.
Incluso Melgar y el mismo Presidente Funes pusieron el grito en el cielo cuando apareció el informe de las Naciones Unidas que establece que El Salvador se convirtió en años recientes en el país más violento del mundo, seguido de Honduras, señalamiento que sí fue utilizado en el discurso mediático tradicional.
Pero en la semana en que el gobierno inauguró el período de Munguía Payés siguió la danza macabra en el país. En cambio, en el discurso mediático tradicional la atención fue puesta en las expectativas del nombramiento, mientras los columnistas mostraron sus esperanzas.
Si se trata de ver el problema delincuencial desde una perspectiva más serena, reflexiva y de cara a la ciudadanía, habría que decir que la solución es sumamente compleja, dado los intereses en juego con un Estado permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. No hay sitio que no esté contaminado.
Resulta grave que ese discurso mediático tradicional soslaye esa realidad compleja, así como le hagan creer a la ciudadanía que volviendo a la tentación militarista se resolverá el problema, sin importar la experiencia bochornosa de la dictadura militar. Es más se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz.
Sin duda las opiniones de la ciudadanía que comparten su esperanza en que un militar haya llegado a Justicia y Seguridad, es lo menos que se puede esperar ante la ausencia de información en la sociedad y, por supuesto, el drama que se vive por la delincuencia sobre todo en los sectores más humildes.
Veremos el curso de los acontecimientos frente al cambio de estrategia mediática en este país que cada vez camina, al igual que otros, a convertirse en Estado gobernado por el crimen, mientras a muchos no les queda otra opción para sobrevivir que incorporarse. La injusticia estructural pesa así como el militarismo.
lunes, noviembre 21, 2011
La seguridad, víctima de la antidemocracia
Por Guillermo Mejía
La renuncia del ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y la obsesión del Presidente Mauricio Funes por sustituirlo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, es la manzana de la discordia donde se entrelazan intereses que no tienen nada que ver con la profundización democrática.
La primera amenaza que aparece es el peligro de caer en la tentación militarista frente al grave problema de seguridad que vive la sociedad salvadoreña como si no pesan sesenta años de régimen militar que imposibilitaron los anhelos de libertad y, al contrario, hundieron al país en el eterno conflicto.
La segunda amenaza deriva de la cada vez más obvia penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado que condiciona su accionar, principalmente en la obtención de resultados en seguridad pública y el sistema judicial por la contaminación de estructuras claves.
La tercera amenaza se encuentra en la compra-venta de voluntades entre funcionarios de turno, políticos inescrupulosos y sectores de poder que desde todo punto de vista se nota que perderían mucho si los esfuerzos de investigación y combate al crimen fueron acompañados de voluntad política.
Un factor visible, aunque lo nieguen en el gobierno y en la embajada, es la administración norteamericana que también insiste en hacer prevalecer su concepción de seguridad que supedita cualquier esfuerzo a la seguridad de Estados Unidos como eje central.
No por gusto asistimos al empeño publicitario del gobierno de turno sobre el asocio de El Salvador con Estados Unidos y la presencia de representantes oficiales, para hacer lobby con funcionarios y personas clave de aquella nación donde se intenta vender la figura del ministro Munguía Payés.
Algo pasa en el partido oficial Fmln que se manifiesta en un nudo de contradicciones frente al problema. El ultimátum al partido y al gobierno dado por oficiales descontentos dentro de la Policía Nacional Civil que amenazaron con renunciar si Munguía Payés es impuesto dice mucho al respecto.
En ese marco, valdría la pena aclarar si realmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, nunca aceptó ser el sustituto de Manuel Melgar en Seguridad, tal como lo han asegurado en el gobierno y en el Fmln, o si bien solamente sirvió de trámite para legitimar a Munguía Payés. La deuda existe.
Como sucede en los temas de interés público, lástima que seguimos atrapados en una sociedad en la que las elites políticas y económicas hacen el negocio a su antojo frente a la sociedad civil que, carente de información y reflexión, es víctima de la inmovilidad y de la venta de sueños baratos como el militarismo.
En ese panorama sórdido deja mucho que desear el papel del sistema mediático en cuyas agendas prevalecen los actores de siempre que, más que aclararle a las audiencias el quid del asunto, hacen malabares para justificar la antidemocracia que sepulta el goce de los derechos ciudadanos.
Hacer Patria no significa el espejismo del cambio de gobernantes de turno que tras la venta de ilusiones siguen alimentando prácticas políticas del pasado y solidificando estructuras económicas injustas por esa red de intereses particulares que someten a los postergados de siempre.
La seguridad tiene que ser materia de agenda abierta donde a los funcionarios de turno se unan los diversos sectores que integran la sociedad a fin de consolidar una estrategia común, porque el problema no es de patrimonio exclusivo sino que demanda el concurso de todos. Pero, lo más seguro es oídos sordos.
Por Guillermo Mejía
La renuncia del ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y la obsesión del Presidente Mauricio Funes por sustituirlo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, es la manzana de la discordia donde se entrelazan intereses que no tienen nada que ver con la profundización democrática.
La primera amenaza que aparece es el peligro de caer en la tentación militarista frente al grave problema de seguridad que vive la sociedad salvadoreña como si no pesan sesenta años de régimen militar que imposibilitaron los anhelos de libertad y, al contrario, hundieron al país en el eterno conflicto.
La segunda amenaza deriva de la cada vez más obvia penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado que condiciona su accionar, principalmente en la obtención de resultados en seguridad pública y el sistema judicial por la contaminación de estructuras claves.
La tercera amenaza se encuentra en la compra-venta de voluntades entre funcionarios de turno, políticos inescrupulosos y sectores de poder que desde todo punto de vista se nota que perderían mucho si los esfuerzos de investigación y combate al crimen fueron acompañados de voluntad política.
Un factor visible, aunque lo nieguen en el gobierno y en la embajada, es la administración norteamericana que también insiste en hacer prevalecer su concepción de seguridad que supedita cualquier esfuerzo a la seguridad de Estados Unidos como eje central.
No por gusto asistimos al empeño publicitario del gobierno de turno sobre el asocio de El Salvador con Estados Unidos y la presencia de representantes oficiales, para hacer lobby con funcionarios y personas clave de aquella nación donde se intenta vender la figura del ministro Munguía Payés.
Algo pasa en el partido oficial Fmln que se manifiesta en un nudo de contradicciones frente al problema. El ultimátum al partido y al gobierno dado por oficiales descontentos dentro de la Policía Nacional Civil que amenazaron con renunciar si Munguía Payés es impuesto dice mucho al respecto.
En ese marco, valdría la pena aclarar si realmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, nunca aceptó ser el sustituto de Manuel Melgar en Seguridad, tal como lo han asegurado en el gobierno y en el Fmln, o si bien solamente sirvió de trámite para legitimar a Munguía Payés. La deuda existe.
Como sucede en los temas de interés público, lástima que seguimos atrapados en una sociedad en la que las elites políticas y económicas hacen el negocio a su antojo frente a la sociedad civil que, carente de información y reflexión, es víctima de la inmovilidad y de la venta de sueños baratos como el militarismo.
En ese panorama sórdido deja mucho que desear el papel del sistema mediático en cuyas agendas prevalecen los actores de siempre que, más que aclararle a las audiencias el quid del asunto, hacen malabares para justificar la antidemocracia que sepulta el goce de los derechos ciudadanos.
Hacer Patria no significa el espejismo del cambio de gobernantes de turno que tras la venta de ilusiones siguen alimentando prácticas políticas del pasado y solidificando estructuras económicas injustas por esa red de intereses particulares que someten a los postergados de siempre.
La seguridad tiene que ser materia de agenda abierta donde a los funcionarios de turno se unan los diversos sectores que integran la sociedad a fin de consolidar una estrategia común, porque el problema no es de patrimonio exclusivo sino que demanda el concurso de todos. Pero, lo más seguro es oídos sordos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)