El ascenso de los militares en la seguridad pública

Por Guillermo Mejía

Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.

El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.

Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.

El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.

Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.

Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.

No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.

Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.

Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.

En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.