Monday, January 30, 2012

La carga de conciencia sobre la migración forzada

Por Guillermo Mejía

De las innumerables deudas de la clase política y de sectores de poder económico sobresale la migración forzada de miles de compatriotas en busca del “sueño americano” –más bien pesadilla-, por no encontrar en estas tierras lo que justamente les corresponde como ciudadanos, realidad desconcertante que con el paso de los años sigue invisibilizada.

De eso precisamente abundó la semana pasada el sacerdote y activista pro-emigrantes mexicano, Alejandro Solalinde, en una jornada de conciencia que lo llevó a exponer en un foro de radios comunitarias, reuniones con expertos y entrevistas periodísticas, en especial en medios alternativos más que en la prensa tradicional.

Solalinde, que tiene su centro de ayuda en el Estado mexicano de Oaxaca, explicó en el espacio de análisis y reflexión “Temas” de Radio Nacional que más que éxodo o migración a secas el fenómeno hay que llamarlo “migroma-humano”, porque “al verlos a ellos nos vemos a nosotros mismos” y, por ende, es urgente que veamos lo que debemos de ser, no lo que somos.

El martirio de la migración hacia el Norte representa una tragedia, tanto para las víctimas como para la sociedad en general: “Los responsables de los países de origen… cómo es posible que no hagan nada, para crear buenas condiciones y retener a su mejor gente… cómo es posible que en los países de tránsito tampoco se den cuenta de la tragedia, de esa muerte lenta”, denunció.

“Y cómo es posible también que a los Estados Unidos, el principal país de destino, se les haya olvidado que es un país de emigrantes, que llegaron allí, ya se les olvidó que fueron exterminando a la gente poco a poco para quedarse ellos… se les olvidó que Estados Unidos siempre se ha alimentado de nuevas migraciones”, agregó el sacerdote mexicano.

Solalinde lamentó que, además de la injusticia estructural y el sistema neoliberal, la evasión de los salvadoreños se da por no existir “una reconciliación nacional” luego de la guerra civil, a la vez de no tener de parte de los gobiernos de turno “una mayor honradez para aprovechar todos los medios que se tengan para invertir en las personas, para invertir en las nuevas generaciones”.

Tan grave la situación que los compatriotas asumen los riesgos, porque la violencia social acá también significa muerte: “La emigración es una respuesta inmediata a una descomposición estructural y sistémica y, por lo tanto, tenemos que hacer algo… no componer el sistema y darle vida artificial, porque tienen que venir otros sistemas menos abusivos y depredadores”, señaló.

El sacerdote y activista mexicano denunció lo que llama “una nueva esclavitud” que representa a la trata de personas sin que importe su dignidad, porque lo que interesa es el número y que sean “buenos para el mercado, para tráfico de órganos… a las mujeres que vienen con sus niños (las separan) porque también a los niños se pueden vender”.

“Y las mujeres igual y, me da pena decirlo, pero las mujeres que son más preciadas por su físico, por su color, son las salvadoreñas… y desgraciadamente son las primeras que llevan para la prostitución y la trata, y que finalmente muchas de ellas estoy seguro han desaparecido… todo esto es una tragedia y se ha llegado a lo más bajo de la humanidad”, agregó indignado.

Solalinde apeló al compromiso de la iglesia a fin de revertir el problema: “La iglesia lo primero que debe (hacer) es incidencia política para que el gobierno haga lo suyo, también hacer un llamado a la iniciativa privada, no sólo tomarse el cafecito y el chocolate con ellos, sino cuestionarlos, profetizarles, motivarlos para que inviertan en la sociedad”.

“Pero no que inviertan para sacar el doble o el triple, que inviertan con sentido social, con un sentido de dar no solamente un trabajo de subsistencia para que medio vivan y se mueran de hambre, sino un trabajo digno con una paga justa remunerada para que tengan una vida digna… la iglesia puede hacer maravillas si ella los convence”, añadió.

Solamente en Estados Unidos hay cerca de tres millones de compatriotas que se suman a los que se fueron para otras tierras cercanas o distantes. La ironía es que para los gobiernos de turno y los sectores de poder económico realmente su importancia radica en los más de tres mil millones de dólares anuales en remesas que sirven para el consumo. El país es prácticamente improductivo.

Las reflexiones del sacerdote mexicano cayeron en buen momento por la profundización de la crisis económica y la violencia delincuencial en esta sociedad que no encuentra rumbo, que está ensayando fórmulas que en el pasado generaron mayor desencuentro y nos llevaron a la vorágine. Es más, en un período electoral donde se construye más imagen que propuestas políticas serias.













Wednesday, January 25, 2012

El ascenso de los militares en la seguridad pública

Por Guillermo Mejía

Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.

El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.

Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.

El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.

Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.

Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.

No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.

Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.

Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.

En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.












Monday, January 16, 2012

La comunicación: Otra deuda de los Acuerdos de Paz

Por Guillermo Mejía

Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.

El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.

Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:

En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.

En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.

En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.

Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.

En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:

La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.

Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.

El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.














Monday, January 09, 2012

Sociedad violenta a veinte años de la paz

Por Guillermo Mejía

La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.

El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.

Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.

Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.

La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.

En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.

No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.

En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.

Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.











Monday, January 02, 2012

Los Acuerdos de Paz en perspectiva

Por Guillermo Mejía

A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.

El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).

En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.

Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.

Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:

-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.

-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.

-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.

-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.

Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.

No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.

Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?