El Salvador: El negocio de las frecuencias y la respuesta ciudadana
Por Guillermo Mejía
La parada en seco que le dio la Sala de lo Constitucional a la cuestionada subasta de frecuencias de radio y televisión, montada por la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), ha sido una victoria de la sociedad civil ante el abuso del poder de un gobierno que se trató de vender como garante del anhelado cambio.
No se necesita ser adivino para concluir que algo perverso se traían entre manos desde el nombramiento de Astor Escalante al frente de la Siget por parte del presidente Mauricio Funes, y el hecho que a días del traspaso de mando salieran con la venta de canales de radio y televisión; no en balde, los denunciantes vieron la sombra del ex presidente Elías Antonio Saca en el trasfondo.
Entidades como la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Universidad Centroamericana (UCA), entre otras, salieron al paso de la medida adoptada al grado que presentaron un escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Las onges recordaron a los magistrados que deben una resolución sobre una demanda que presentaron por la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Telecomunicaciones, específicamente los que regulan el procedimiento para la solicitud y concesión de frecuencias para la explotación del espectro radioeléctrico. Era necesario congelar la subasta mientras tanto.
La Sala respondió: “Este tribunal advierte que las disposiciones impugnadas pueden producir efectos irreparables como resultado de la prolongación de su vigencia, pues el espectro radioeléctrico que se pretende subastar es un recurso finito y, una vez concesionado podría producirse una barrera definitiva para la entrada de nuevos competidores”. Parada en seco.
Desde la sociedad civil se ha venido argumentando que El Salvador merece ser un Estado donde se reconozcan en la práctica los derechos humanos, entre estos el derecho a la comunicación que amerita ser protegido por medio de leyes que aseguren a la ciudadanía la democratización de la comunicación empezando por la justa asignación de las frecuencias radioeléctricas.
En ese sentido, desde hace más de dos años propusieron una ley de comunicación social que “tendría como propósito sentar las bases por la construcción de un modelo de comunicación transparente, pluralista, diverso y democrático, donde medios públicos, privados y comunitarios tengan iguales posibilidades de desarrollarse”.
La propuesta incluye cuatro aspectos: 1. La caracterización de los tres sectores de la radio y la televisión (público, privado y comunitario); 2. Una distribución equitativa del espectro radioeléctrico y un mecanismo democrático para la asignación de frecuencias; 3. La creación de una institución rectora de las políticas de comunicación social; y 4. Una defensoría de derechos de las audiencias.
Lo dramático del caso salvadoreño es que se tuvo un gobierno de izquierda –que concluye en menos de un mes- insensible frente a la democratización de las comunicaciones, que prometió sin cumplir la creación de un sistema de medios públicos, y que, al igual que los gobiernos de derecha, utilizó los recursos mediáticos del Estado para fines propagandísticos mientras aplicó la censura.
Por eso, es muy saludable esa toma de consciencia y participación política de la sociedad civil frente a la perversidad de un gobierno que vendió una imagen de esperanza. Incluso de algunos entes de la sociedad civil que todo este tiempo le han servido de coro al discurso oficial bajo el supuesto que representaba los intereses de la mayoría. Se cayeron las carátulas.
A la vez, es una llamada de atención hacia el gobierno del ex comandante Salvador Sánchez Cerén, que inicia el uno de junio. La democratización de la comunicación es insoslayable, ojala tenga gente adecuada para hacerle frente a los desafíos que implica comenzando con la reconstrucción de los medios del Estado cuyo centro de atención sean los ciudadanos.
Por cierto, fueron muy alentadoras las palabras del padre jesuita José María Tojeira, en su columna de opinión de La Prensa Gráfica de esta semana, donde criticó el secretismo de las cúpulas de los partidos Fmln y Arena sobre las conversaciones que mantienen de cara al próximo ejercicio de gobierno. Una nueva política requiere dar la cara a los ciudadanos, no esconderse.
“Dos partidos supuestamente tan distintos, que recurren con facilidad al secretismo, talvez no sean tan diferentes como se antojan en hacernos creer. Ambos han sido enemigos del acceso a la información pública, aunque con diferentes matices”, señala Tojeira, una lectura que debe hacer pensar a Sánchez Cerén para no parecerse a las estrellas de televisión que decepcionan como gobernantes.
“La felicidad personal puede lograrse de diversas maneras. Pero la felicidad social exige siempre una implicación ciudadana en la política. Podemos optar por favorecer con mayor énfasis la libertad o por remarcar la solidaridad, valores ambos indispensables en la construcción sociopolítica. Pero lo que no podemos es apagar las luces de esperanza con promesas falsas o con secretismos malolientes”, concluye Tojeira.
