Monday, November 28, 2011

La seguridad pública como estrategia mediática

Por Guillermo Mejía

Sintomático que el presidente Mauricio Funes antes de anunciar el cambio en la cartera de Justicia y Seguridad con el general en retiro David Munguía Payés por el ex comandante rebelde Manuel Melgar, se haya reunido con directores y editores de medios de comunicación social.

En la ocasión, el mandatario salvadoreño les expuso a los periodistas la nueva propuesta de seguridad pública en manos de un militar de carrera, algo que ha levantado polvo en sectores de izquierda, organismos de derechos humanos y académicos no así en el discurso mediático tradicional.

Funes no pudo dejar pasar la oportunidad, para pedir a los medios de comunicación social que hagan su parte ante la forma en que dieron cobertura al problema durante el período en que Melgar estuvo al frente de la institución. Ahora, la piedra en el zapato fue removida.

La oposición más contundente fue la de varios jefes y comisionados de la PNC que se reunieron con Funes para mostrar su preocupación y su disposición a renunciar si Munguía Payés era nombrado. La decisión estaba tomada y a los policías les dijeron que no iban a ser removidos, aunque podían irse.

Los entretelones del caso y los intereses que se juegan de cara al problema de la delincuencia y el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones que están ausentes de las agendas informativas y de opinión, porque el asunto siempre ha sido tratado como una guerra estadística.

Incluso Melgar y el mismo Presidente Funes pusieron el grito en el cielo cuando apareció el informe de las Naciones Unidas que establece que El Salvador se convirtió en años recientes en el país más violento del mundo, seguido de Honduras, señalamiento que sí fue utilizado en el discurso mediático tradicional.

Pero en la semana en que el gobierno inauguró el período de Munguía Payés siguió la danza macabra en el país. En cambio, en el discurso mediático tradicional la atención fue puesta en las expectativas del nombramiento, mientras los columnistas mostraron sus esperanzas.

Si se trata de ver el problema delincuencial desde una perspectiva más serena, reflexiva y de cara a la ciudadanía, habría que decir que la solución es sumamente compleja, dado los intereses en juego con un Estado permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. No hay sitio que no esté contaminado.

Resulta grave que ese discurso mediático tradicional soslaye esa realidad compleja, así como le hagan creer a la ciudadanía que volviendo a la tentación militarista se resolverá el problema, sin importar la experiencia bochornosa de la dictadura militar. Es más se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz.

Sin duda las opiniones de la ciudadanía que comparten su esperanza en que un militar haya llegado a Justicia y Seguridad, es lo menos que se puede esperar ante la ausencia de información en la sociedad y, por supuesto, el drama que se vive por la delincuencia sobre todo en los sectores más humildes.

Veremos el curso de los acontecimientos frente al cambio de estrategia mediática en este país que cada vez camina, al igual que otros, a convertirse en Estado gobernado por el crimen, mientras a muchos no les queda otra opción para sobrevivir que incorporarse. La injusticia estructural pesa así como el militarismo.










Monday, November 21, 2011

La seguridad, víctima de la antidemocracia

Por Guillermo Mejía

La renuncia del ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y la obsesión del Presidente Mauricio Funes por sustituirlo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, es la manzana de la discordia donde se entrelazan intereses que no tienen nada que ver con la profundización democrática.

La primera amenaza que aparece es el peligro de caer en la tentación militarista frente al grave problema de seguridad que vive la sociedad salvadoreña como si no pesan sesenta años de régimen militar que imposibilitaron los anhelos de libertad y, al contrario, hundieron al país en el eterno conflicto.

La segunda amenaza deriva de la cada vez más obvia penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado que condiciona su accionar, principalmente en la obtención de resultados en seguridad pública y el sistema judicial por la contaminación de estructuras claves.

La tercera amenaza se encuentra en la compra-venta de voluntades entre funcionarios de turno, políticos inescrupulosos y sectores de poder que desde todo punto de vista se nota que perderían mucho si los esfuerzos de investigación y combate al crimen fueron acompañados de voluntad política.

Un factor visible, aunque lo nieguen en el gobierno y en la embajada, es la administración norteamericana que también insiste en hacer prevalecer su concepción de seguridad que supedita cualquier esfuerzo a la seguridad de Estados Unidos como eje central.

No por gusto asistimos al empeño publicitario del gobierno de turno sobre el asocio de El Salvador con Estados Unidos y la presencia de representantes oficiales, para hacer lobby con funcionarios y personas clave de aquella nación donde se intenta vender la figura del ministro Munguía Payés.

Algo pasa en el partido oficial Fmln que se manifiesta en un nudo de contradicciones frente al problema. El ultimátum al partido y al gobierno dado por oficiales descontentos dentro de la Policía Nacional Civil que amenazaron con renunciar si Munguía Payés es impuesto dice mucho al respecto.

En ese marco, valdría la pena aclarar si realmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, nunca aceptó ser el sustituto de Manuel Melgar en Seguridad, tal como lo han asegurado en el gobierno y en el Fmln, o si bien solamente sirvió de trámite para legitimar a Munguía Payés. La deuda existe.

Como sucede en los temas de interés público, lástima que seguimos atrapados en una sociedad en la que las elites políticas y económicas hacen el negocio a su antojo frente a la sociedad civil que, carente de información y reflexión, es víctima de la inmovilidad y de la venta de sueños baratos como el militarismo.

En ese panorama sórdido deja mucho que desear el papel del sistema mediático en cuyas agendas prevalecen los actores de siempre que, más que aclararle a las audiencias el quid del asunto, hacen malabares para justificar la antidemocracia que sepulta el goce de los derechos ciudadanos.

Hacer Patria no significa el espejismo del cambio de gobernantes de turno que tras la venta de ilusiones siguen alimentando prácticas políticas del pasado y solidificando estructuras económicas injustas por esa red de intereses particulares que someten a los postergados de siempre.

La seguridad tiene que ser materia de agenda abierta donde a los funcionarios de turno se unan los diversos sectores que integran la sociedad a fin de consolidar una estrategia común, porque el problema no es de patrimonio exclusivo sino que demanda el concurso de todos. Pero, lo más seguro es oídos sordos.










Monday, November 14, 2011

Los periodistas en la ofensiva guerrillera del 89

Por Guillermo Mejía

-A los periodistas con aprecio y esperanza-

Sin duda lo primero que viene a la mente son las víctimas que dejó la vorágine, entre ellos unos treinta colegas periodistas que ofrendaron su vida en la cobertura del conflicto armado de doce años que concluyó con los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, en 1992.

El 11 de noviembre de 1989, noche de sábado, iniciaron los choques armados con la incorporación de combatientes del entonces rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) desde las zonas rurales sobre todo en el Norte, Sur y Este de la Zona Metropolitana de San Salvador.

Otros puntos del país, en especial San Miguel, Usulután y Zacatecoluca, también fueron escenarios de combates.

Desde antes, los periodistas habíamos recibido informaciones sobre lo que vendría ese día 11. La seguridad, en medio del temor, y el abastecimiento para la casa eran prioritarios, mientras nos preparábamos para la cobertura de la ofensiva denominada “Hasta el tope… Febe Elizabeth Velásquez vive…”.

La campaña militar recibió el nombre de la dirigente sindical que junto a otros nueve de sus compañeros murieron durante un atentado dinamitero a la sede de la federación de trabajadores Fenastras, ocurrido el 31 de octubre de ese año, donde resultaron heridos otros 30 sindicalistas.

Ese antecedente marcaba la tensión en medio de rumores y otros hechos de violencia que también habían impactado a los periodistas, pues el 18 de marzo, un día antes de las elecciones presidenciales, murió el fotoperiodista Roberto Navas y resultó herido Luis Galdámez, otro fotoperiodista, ambos de la Agencia Reuters.

Efectivos militares abrieron fuego contra los compañeros que se dirigían en moto por el Boulevard del Ejército Nacional. Y, a la mañana siguiente, en plena jornada electoral, también militares acribillaron a Mauricio Pineda, de Canal 12, y al holandés Cornel Lagroux, de IKON-TV. Ambos en el Oriente del país.

Desde el inicio de la guerra, en 1980, los periodistas actuamos bajo condiciones extremas. La cobertura informativa del conflicto armado era muy restringida por el conservadurismo de sectores de poder y de los medios locales. El trabajo era menos agobiante en la prensa internacional, aunque la tildaban de “vendepatria”.

Los que compartíamos ambos espacios de prensa, con agencias de noticias, periódicos extranjeros, radios extranjeras, entre otros, y, a la vez, laborábamos en medios locales notábamos las diferencias. Es más, estar “protegido” para un periodista era tener una credencial de la prensa extranjera.

En ese sentido, la cobertura de la ofensiva final del 11 de noviembre no podía gozar de mayores garantías, dado el acoso militar y la desconfianza del gobierno de Alfredo Cristiani hacia los periodistas incómodos. Hubo despidos de medios locales y renuncias obligadas cuando llegó al poder en junio de 1989.

En esa oportunidad me encontraba en el Diario Latino –que luego se llamó Co-Latino- empresa que quedó bajo la conducción de los trabajadores en junio de 1989 y la dirección del colega Francisco Elías Valencia. Llegué expulsado de otros medios locales por la intolerancia reinante, aunque trabajaba también con la prensa extranjera.

Los temores en el cuerpo de prensa eran evidentes por las circunstancias especiales que pasaba la nación con el estallido armado en los alrededores de San Salvador, y para nosotros en el diario fue muy serio, ya que éramos un medio informativo que los militares y el gobierno ligaban con el Fmln.

El asesinato de los padres jesuitas y de sus dos colaboradoras el 16 de noviembre –en plena ofensiva- a manos de los militares es un recuerdo macabro de algo que no queremos volver a vivir. La noticia la recibimos con mucho pesar. Nadie estaba seguro, cualquier cosa podía suceder.

De esa forma, en esas situaciones límites profundamente difíciles, también recibimos la noticia del asesinato del colega Eloy Guevara, de la Agencia AFP, y del periodista inglés David Blundy, del Sunday Correspondent, en Soyapango y Mejicanos, respectivamente, víctimas de las balas en la cobertura noticiosa.

El secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, quedó atrapado junto a otras personas, incluidos un grupo de marines estadounidenses, cuando los guerrilleros se tomaron las instalaciones de la torre VIP del Hotel Sheraton, en la Colonia Escalón. Al final, se negoció la salida.

Una de las anécdotas que guardo es la decisión que tuvimos en el Latino con una foto de portada donde aparecía una tanqueta militar que había sido destrozada por el fuego rebelde en los altos de la Colonia Escalón. Los militares censuraron la foto, dijeron que no podía salir. Entonces, publicamos la portada con el lema “Censurada” en el espacio fotográfico en letras rojas. El impacto en los lectores fue inmediato, la prensa extranjera envió la noticia con la imagen de la portada. Un censor de los militares que veía lo que se iba a publicar jamás volvió a llegar.

La sociedad estaba bajo el Estado de Sitio y el Toque de Queda desde el 12 de noviembre en medio del combate y el Centro de Información Nacional (CIN) del gobierno nos advirtió a los periodistas que quedaba, por ende, suspendida la libertad de expresión y entregó una serie de “disposiciones”.

Entre los puntos estaba: “Consultar con la fuente oficial respectiva todo tipo de informaciones que se refiera a noticias sobre acciones de los grupos terroristas del FMLN y sus organizaciones de apoyo o cualquiera de índole político y militar”.

También: “No publicar comunicados del FMLN o cualquier otra organización de apoyo que pretenda divulgar sus actividades, ya que con ello se busca desorientar a la opinión pública, difundiendo informes alejados de la verdad”.

Y, a la vez: “Los medios de comunicación nacionales deberán abstenerse de publicar noticias o informaciones provenientes de agencias extranjeras o de países que mantienen una clara oposición al Gobierno y al pueblo salvadoreño”. Las disposiciones incluían la amenaza de usar la ley si se desobedecía.

El marco de libertad de prensa y de expresión condicionada por intereses políticos y corporativos es un mal crónico. Los esfuerzos de muchos periodistas desde finales de la década de los 70 y durante los 12 años de guerra civil fueron loables. La firma de la paz no significó del todo la superación de la intolerancia, falta mucho trabajo por hacer.

Desde esa perspectiva vemos el espejismo que se vivió durante el gobierno del Presidente Napoleón Duarte, entre 1984 y 1989, período en que se posibilitaron nuevos espacios de información y entrevistas que sirvieron a las empresas mediáticas para criticar al gobierno, pero nunca a los militares.

Los periodistas que aprovechamos espacios en radio, prensa escrita y televisión asumimos el compromiso de trabajar por mayor acceso a la información y difusión de las diversas formas de entender lo que sucedía en el país, pero a la llegada del Presidente Alfredo Cristiani muchos de esos espacios quedaron truncados.

Las amenazas en la sociedad salvadoreña del siglo XXI, al igual que en otros países de la región, incluyen ahora al crimen organizado y al narcotráfico. La guerra social que se vive, en especial en los sectores populares, en vez de solucionarse se profundiza.

Por eso, los nuevos periodistas y muchos de los que somos de la generación de la guerra debemos estar concientes del papel de los informadores y comunicadores en esa realidad compleja que requiere también de mucha reflexión y pensamiento. No podemos quedar deslumbrados solamente con la tecnología.

Hay que hacer un esfuerzo en seguir caracterizando ese período. Por ejemplo, la forma en que los periodistas respondimos ante la represión y las mentalidades obtusas, así como el impacto de los cambios tecnológicos y la relación de los periodistas con la política. Necesitamos cultivar la memoria histórica.










Tuesday, November 08, 2011

El derecho a las nuevas tecnologías

Por Guillermo Mejía

Cuando nos referimos al derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) parece que hablamos de un mundo extraño, pues en la práctica se nos hace creer que ese derecho llega hasta la posibilidad que se tenga de consumo.

En conversaciones recientes con colegas periodistas se trajo a colación el tema precisamente en momentos en que se habla tanto del arribo –por supuesto, con desigualdades- de sociedades como la nuestra a la plataforma virtual donde se ejecutan y comparten una variedad de tareas.

La globalización implica esa necesidad operativa, aunque persisten las condiciones de falta de acceso, analfabetismo tecnológico y verticalidad de la información, entre otros problemas, con lo que cobran auge las críticas ante el evidente modelo injusto de información y comunicación en el mundo actual.

Al final, el problema recae en la forma en como está estructurada la sociedad, clasista y desigual, donde opera la lógica de que quien quiere prepararse para los “nuevos tiempos” tiene que hacer un sacrificio personal por educarse en el entorno, tener lo suficiente para comprar un ordenador y acceso a la red.

En ese contexto, se notan la ausencia de un verdadero Estado Social de Derecho que asuma la condición política de la ciudadanía y, a la vez, la ausencia de niveles de consciencia y organización de esa ciudadanía en la lucha por el derecho humano a la comunicación y a la información que es violado con suma frecuencia.

De antemano, por la misma falta de educación y asunción de responsabilidad, la discusión sobre el derecho a tener acceso a las TIC, en el marco de los derechos humanos, resulta un tema marginal en sociedades injustas y violentas donde la preocupación de la ciudadanía se centra en la crisis económica y la inseguridad.

Ahora bien, en la práctica de los individuos, así como la manera en que, por ejemplo, está configurada la rutina profesional del sistema mediático se ve como normal el simple acceso de las personas a la red, sin importar la manera en que la utilizan, o el hecho de que los medios se encuentran en la web.

Las nuevas tecnologías deben servir para crecer de forma integral, en educación, la comunicación con los demás, así como la integración de herramientas participativas que coadyuven al cambio social. No es la participación que pregona el sistema mediático y que llega hasta el hecho de que emitamos una opinión ante un producto periodístico o enviemos una imagen a la web.

El comunicólogo mexicano Javier Esteinou en un ensayo sobre la necesidad de que insistamos en un nuevo orden mundial de la información y la comunicación hace las siguientes propuestas:

Uno, que los países amplíen las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Se requiere emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información.

Dos, se debe abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales están justificadas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida a control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos humanos y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones.

Tres, los obstáculos y las restricciones que se deriven de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sean públicas o privadas, merecen analizarse con toda profundidad para encontrar sus vías democratizadoras.

Cuatro, se deben tomar medidas jurídicas eficaces para limitar la concentración y monopolización; conseguir que las empresas trasnacionales acaten los criterios y las condiciones específicas en la legislación y en las políticas de desarrollo nacional, entre otras medidas.

Es decir, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías va más allá del espejismo de “divertirnos” en la web, tener la mejor y veloz computadora o creer que todo lo resolvemos con el simple y vulgar consumo. Tendrá que llegar el momento en que la sociedad asuma con preocupación este tipo de temas de interés público.