Tuesday, August 29, 2017

La seguridad pública en el ojo del huracán

Por Guillermo Mejía

Las denuncias de la revista digital Factum sobre la existencia de un escuadrón en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha cometido tres homicidios, agresiones sexuales y extorsión en nombre de la lucha contra las pandillas, mantiene en el ojo del huracán a las cuestionadas políticas de seguridad pública.

Hay que recordar que entre los errores está que el actual gobierno siguió el fracasado “manodurismo” de las anteriores administraciones, a la vez que consintió la militarización de la seguridad pública y mantuvo en el gabinete al “padre de la tregua pandilleril”, el general David Munguía Payés.

Según las investigaciones periodísticas, el escuadrón, compuesto por cuatro policías y un civil, efectivos integrantes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), cometió los crímenes entre febrero y marzo del presente año, acciones que la dirección de la Policía Nacional Civil descartó que fueran institucionales.

Sin embargo, para nadie es secreto el guión en que el gobierno ha montado su lucha contra las pandillas que, además de profundizar la cantidad de asesinatos, por ejemplo los de policías y de efectivos militares, sobre algunas de las muertes ha quedado la duda de que hayan sido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las preocupaciones en torno a la violación de derechos humanos por parte de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada han levantado alarmas en sectores de la sociedad civil, puesto que precisamente fue uno de los detonantes de la guerra civil y que una de las apuestas por la paz fue la disolución de los antiguos cuerpos represivos.

El periodista salvadoreño Carlos Dada, ex director del periódico digital El Faro, escribió: “¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?”

Y remató: ¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con ellos y el ministro de gobernación ofreció $10 millones de dólares a esos pandilleros a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo?”

Las revelaciones de la revista digital Factum han provocado amenazas en contra de sus periodistas y editores, por parte de presuntos miembros de la PNC, al igual que en otras ocasiones les ha pasado a colegas del periódico digital El Faro. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene al tanto del caso.

El periodista Jorge Beltrán Luna, que sufrió un atentado por escribir sobre temas de seguridad pública, reflexionó: “El problema que muchos no alcanzamos a comprender es que si toleramos y aplaudimos el empleo de métodos ilegales de parte del Estado para combatir un problema que nos afecta, algún día el Estado podría usar esos métodos en contra de nosotros y, entonces, sí buscaremos a un periodista para que nos escuche y denuncie por nosotros, la fechoría de la cual uno de los nuestros haya sido víctima.”

Tuesday, August 15, 2017

Las prácticas políticas nauseabundas

Por Guillermo Mejía

Las recientes revelaciones de un testigo criteriado, perteneciente a las maras, durante el juicio que se sigue en torno a la tregua entre el gobierno del ex presidente Mauricio Funes y esas pandillas, ha causado una indignación generalizada principalmente hacia los partidos Arena y Fmln, acusados de pactar con la delincuencia.

Según Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo”, presentado por la Fiscalía General, entre Arena y Fmln habrían entregado unos 350 mil dólares a la Ms-13 y las dos facciones del Barrio-18, para facilitar elecciones, evitar sabotajes como recaudar votos, en lo que algunos ven acciones típicas de fraude electoral.

Además, reveló cómo producto de la tregua pandilleril se violentaron las leyes en una serie de actos arbitrarios facilitados por las autoridades judiciales.

Críticos del proceso judicial afirman que en el banquillo están personajes que fueron ejecutores de decisiones de alto nivel y que es notable la ausencia del ex presidente Mauricio Funes y el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés (quien en aquellas fechas era ministro de Justicia y Seguridad) en calidad de imputados.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” afirmó que “la hipocresía de Arena y el Fmln ha quedado, por enésima vez, en evidencia: mientras se mantiene un discurso en contra de la tregua y de todo acercamiento a las pandillas, emisarios de los partidos políticos negocian votos a cambio de dinero.”

Desde la cobertura periodística al sonado caso de la tregua, sea por omisión o por otros criterios, se ha obviado uno de los ángulos que ha pesado en la esfera internacional: Detrás del pacto ha estado el crimen organizado y el narcotráfico, al grado que, además de convertirse en actores políticos, las pandillas han evolucionado y cuentan con mayores recursos económicos, así como mejores armas.

El sombrío comportamiento de los políticos, en especial de los partidos Arena y Fmln, ha dado pie para que diversas voces se manifiesten sobre la nauseabunda partidocracia.

“El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas que no ofrecen ninguna propuesta convincente y, mientras tanto, los ciudadanos parece que nos hemos acomodado a la mediocridad de lo que hay: Dos partidos retrógrados y adormecidos por la falta de propuestas convincentes con liderazgos creíbles”, opinó la comunicadora salvadoreña Leda Romero, residente en Chile.

Por su parte, Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia, afirmó que nos encontramos ante un vacío político, “no existe un partido que pueda encarnar hoy por hoy las aspiraciones populares. No existe y no se ve a corto plazo, ni a mediano plazo la posibilidad de que surja. Esto significa que por el momento la tarea no es llamar a votar, tomar partido por uno o por el otro, pues el resultado, el que sea, será la agravación de lo que venimos padeciendo.”

Según Abrego, la única salida viable a la crisis está al interior de la población, en su organización y trabajo tesonero: “Tenemos que salir de esa falsa alternativa, Arena o Fmln, ambos partidos están al servicio de la oligarquía y buscan gozar del dinero del Estado. Las crónicas de los diarios y televisiones están repletas de noticias sobre la corrupción pestilente.”

Como aderezo, una nueva alza de crímenes, al menos 68 entre viernes y domingo pasados, pone otra vez en tela de juicio los planes oficiales de seguridad, ya que la delincuencia demuestra que tiene condiciones para llevar la iniciativa, así como es un hecho que ejercen control territorial en el país.