Thursday, July 25, 2013

El Triángulo Norte: Un paraíso del crimen organizado

Por Guillermo Mejía

En los países del Triángulo Norte de Centroamérica –El Salvador, Honduras y Guatemala- existe el peligro que las estructuras de poder están siendo manipuladas por el crimen organizado y los gobiernos se han sometido yendo de “débiles y corruptos” a infuncionales comprometiendo así las respectivas soberanías nacionales.

Es una de las conclusiones a las que llegó el periodista e investigador estadounidense Douglas Farah, del IBI Consultants, que en días pasados presentó el informe “Triángulo Norte de Centroamérica: Tiempos de Confusión y Transición”, un controversial documento que persigue ilustrar la penetración de los cárteles de la droga en la región.

“Con grandes recursos a su disposición, la penetración de las autoridades del orden y la protección política de la que gozan, los grupos del crimen organizado transnacional han cambiado la correlación de fuerzas en la región y están en ascendencia”, señala Farah, “mientras por el otro lado, los tres gobiernos tienen poco recursos, están en retirada y son incapaces de resolver los asuntos serios de seguridad nacional que fortalecen la democracia y la seguridad ciudadana”.

Actualmente, si bien en El Salvador han bajado los índices de asesinatos entre las pandillas rivales por medio de una tregua poco convincente, en Guatemala y Honduras persisten otros niveles de violencia, especialmente en este último donde también se está experimentado con una medida similar a la tregua salvadoreña.

En el caso salvadoreño ya incluso se pasó por la manipulación del número de crímenes, que subió en días recientes, en medio de la cada vez más confusa –por enredada- postura del gobierno del Presidente Mauricio Funes frente a la tregua que tuvo que “reciclar” a su cuestionado ex ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, a ministro de Defensa.

Farah advierte que “con cada uno de los tres países ejecutando un rol específico, como nódulos de actividades ilícitas, el Triángulo Norte está emergiendo como una región en la que el Estado ya no es el centro del poder y está tan entrelazado y relacionado con actores de actividades ilícitas, que hasta el mismo Estado llega a convertirse en parte de la empresa criminal”.

Son palabras muy fuertes de Farah, corresponsal en la pasada guerra civil salvadoreña, que inclusive afirma que la cooptación, la corrupción y la intimidación son tales por parte del crimen organizado transnacional, especialmente de origen mexicano, que “han dejado a los tres débiles gobiernos enfrentando una crisis de legitimidad, autoridad y gobernabilidad democrática”.

A la par, cada vez es más común en la región centroamericana concluir que las políticas estadounidenses para contener el flagelo han fracasado al grado que “están más focalizados a la reducción de la violencia, y analizan que acomodarse a las estructuras del crimen organizado transnacional es políticamente correcto”. Los niveles de violencia, entonces, son negociables.

“Los bajos niveles de homicidios que muestran las estadísticas tiene su explicación no en el buen funcionamiento de los gobiernos, sino más que todo en las fluctuaciones y dinámicas que imponen los grupos del crimen transnacional”, dice Farah. Pone de ejemplos: 1. En Guatemala: la consolidación del control territorial de los Zetas en ciertas áreas lleva a la reducción de asesinatos; 2. En El Salvador: las negociaciones entre pandillas, y entre pandillas y gobierno incluyen también la reducción de crímenes.

Por otro lado, la presencia de los cárteles y las estructuras criminales locales ha significado que extensas franjas de territorio, los negocios legales y la infraestructura oficial han pasado a manos del crimen organizado y, efectivamente, “tomen el rol del Estado”. Hay regiones donde el narco ha adquirido terrenos y dan empleo, servicios médicos ocasionales, de educación, etcétera.

“Uno de los hallazgos más preocupantes, y poco estudiado en la región, son las informaciones de la adquisición de tierras en los países del Triángulo Norte. Según fuentes conocedoras del tema, en los tres países del Triángulo Norte, los dueños de entre el 25% y el 50% de la tierra, en cada país, son grupos del crimen organizado transnacional”, advierte Farah. Difícil que el Estado Ejerza soberanía en esos lugares.

Entre otros puntos claves del informe el periodista e investigador estadounidense, que trabajó en la agencia de noticias UPI y The Washington Post, pone los siguientes:

Primero: Hay factores sicológicos que ahora con importantes en la región. Uno de esos factores sicológicos tiene que ver con el sentimiento de que los gobiernos no pueden –o no van a hacer nada- para resolver los problemas básicos de la población. El otro factor tiene que ver con que la gente le gusta estar del lado ganador (los gringos han fracasado y los narcos están ganando).

Segundo: El control del corredor de Centroamérica por los cárteles mexicanos ha llevado a la “mexicanización” de la región, y la adaptación e imitación por parte de las estructuras locales del crimen de la cultura y hábitos de los grandes señores de la droga. A la orden están: los caballos de lujo, los vehículos de lujo, las propiedades de lujo, los narco-corridos y las mascotas exóticas.

Tercero: La situación en los tres países tenderá a empeorarse. Y está en manos de los tres países del Triángulo Norte el determinar sus propios destinos, pero los Estados Unidos también, como socio y con interés económico y de seguridad, deberá apoyarlos en combatir a los grupos del crimen organizado transnacional y procurar fortalecer sus estructuras democráticas.

Por cierto, esos informe de Farah le han agenciado muchos enemigos en grupos de poder y esferas oficiales donde consideran que tiene una imaginación muy fértil. ¿Será o no será?












Tuesday, July 16, 2013

De políticos en campaña y sueños de mordaza

Por Guillermo Mejía

El Presidente Mauricio Funes no tuvo otra salida que vetar el Decreto No. 412 de la Asamblea Legislativa –conocido en los corrillos como “decreto Saca”- porque conlleva inconstitucionalidades, entre otras lesiona las libertades de información y de expresión, aunque consideró que en el fondo la idea legislativa tiene buenas intenciones.

“Hicimos un análisis en la Secretaría Jurídica y llegamos a la conclusión de que, aunque la intención es buena, pero tal como está formulado contiene por lo menos tres vacíos que son sinónimos de inconstitucionalidad…lo que más nos preocupa es, en primer lugar, que existe una especie de censura previa, que eso lo prohíbe la Constitución”, señaló el mandatario salvadoreño.

“¿Por qué digo que la intención es buena? Porque la intención es evitar las difamaciones, evitar las calumnias, pero muchos de esos delitos ya están contenidos en la normativa jurídica y, por lo tanto, está demás ponerlos en una normativa especial y de carácter transitorio”, agregó Funes al tiempo que aconsejó a los diputados redactar otra versión que no contraríe la Carta Magna.

El decreto vetado, en su Art. 1, dice: “A partir de la entrada de este decreto, queda prohibido, previo y durante la campaña electoral, realizar propaganda, publicidad o eventos proselitistas, qué por cualquier medio de comunicación desprestigien a las personas, especialmente cuando se realicen en contra de quien públicamente se haya postulado, como aspirante a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, aunque su candidatura aún no se encuentre inscrita”.

La multa por violentar esa ley sería de cinco mil a veinticinco mil dólares y el Tribunal Supremo Electoral el encargado de tramitar la imposición de la misma.

Como estamos en una campaña electoral adelantada, aunque a todas luces ilegal, al sólo aparecer la medida aprobada en la Asamblea Legislativa se le achacó a las necesidades de los candidatos presidenciales, en especial las del ex presidente Elías Antonio Saca que en boca de muchos tiene “cuentas pendientes” por actuaciones ilegales en su período de gobierno. De ahí “decreto Saca”.

El analista Salvador Samayoa, uno de los críticos, escribió: “El decreto N° 412, al que hemos llamado "excreto legislativo" para no utilizar palabras soeces, fue aprobado (…) como si fuera un asunto de urgencia extrema. Como su contenido es una clara y grave amenaza a la libertad de información y a la libertad de expresión, es necesario registrar que el adefesio fue aprobado con los votos de 31 diputados del FMLN, 11 diputados de GANA, 1 del PDC , 7 del PCN y los 5 desertores de ARENA.”

Según él, la medida “es pura y simple intimidación a los ciudadanos y a los medios de prensa. Es una variante de ‘ley mordaza’, una censura que viola de manera grotesca libertades y derechos fundamentales consagrados de forma explícita e inequívoca en la Constitución”, además de la utilización política del Tribunal Supremo Electoral en menoscabo del proceso electoral.

Samayoa consideró que “el decreto no tiene defensa posible: en primer lugar, el Código Penal tipifica y sanciona los delitos de calumnia, difamación e injuria; en segundo lugar, la censura está prohibida en la legislación; tercero, es inconstitucional porque crea una categoría de ciudadanos –los candidatos- con ámbitos de protección privilegiada.”

De manera contundente Samayoa afirmó: “Desde un punto de vista político, asusta e indigna la facilidad con la que el FMLN y los tres partidos que conforman UNIDAD, han estado dispuestos a imponerle una mordaza al resto de la sociedad, pero lo que no se entiende es cómo no se han dado cuenta de que con este decreto redundante, innecesario, chapucero y antidemocrático han hecho ver a sus respectivos candidatos inseguros, temerosos, a la defensiva, como aceptando de antemano que necesitan protección especial; que tienen el techo de vidrio y que cualquier piedra les puede romper el edificio de su campaña.”

Y, para ponerle la tapa al pomo, arremetió a la conducta del FMLN: “¿Porqué hacen sus diputados cosas tan absurdas como estas? ¿ya se hicieron cómplices de la corrupción? ¿Es que ya nadie piensa en ese partido? ¿O será que a algunos en la fracción de la Asamblea no les importa el daño que le hacen a la candidatura de Leonel?”

La gravedad del caso es que los políticos han instrumentalizado una realidad inocultable que tiene que llevar al razonamiento a los periodistas, editores y dueños de los medios de comunicación, ya que sí es cierto que en muchas ocasiones se utiliza la desinformación y la propaganda para contaminar el periodismo, máxime en tiempos electorales.

Sin embargo, como está claro también en esta ocasión, no se vale que por intereses particulares y espurios –de partidos y candidatos de reputación cuestionable- se pretenda violentar derechos constitucionales, en especial los de información y expresión, lo que mueve a la toma de conciencia del gremio periodístico y la sociedad en general. Despierta pueblo salvadoreño.