miércoles, abril 25, 2018

La lucha por un estatuto profesional del periodista

Por Guillermo Mejía

Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.

Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.

Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.

Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.

“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.

En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.

El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.

Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.

miércoles, abril 18, 2018

La participación ciudadana frente a falsos debates

Por Guillermo Mejía

Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.

Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.

La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.

Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.

Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.

La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.

Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.

En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.

“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.

Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.

El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.

martes, abril 10, 2018

Políticos que tropiezan con la misma piedra

Por Guillermo Mejía

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.

Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.

De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.

El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.

Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.

Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.

El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.

“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.

Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.

La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.

Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.

Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.

martes, abril 03, 2018

La violencia obscena de cada día

Por Guillermo Mejía

El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.

“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.

Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.

“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.

De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.

La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.

La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.

“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.

Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.

“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.

Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.