Tuesday, April 10, 2018

Políticos que tropiezan con la misma piedra

Por Guillermo Mejía

La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.

Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.

De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.

El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.

Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.

Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.

El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.

“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.

Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.

La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.

Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.

Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.

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