Tuesday, January 23, 2018

El laberinto de los “tepesianos”

Por Guillermo Mejía

Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.

Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.

Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.

El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.

Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.

Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.

Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.

También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.

Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.

De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.

Tuesday, January 16, 2018

El Trump(udo) de la Casa Blanca

Por Guillermo Mejía

Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.

La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.

Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.

Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.

Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.

Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.

En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.

La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.

Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.

Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.

Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.

Tuesday, January 09, 2018

Un “déjà vu” electoral

Por Guillermo Mejía

Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.

A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.

Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.

Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.

La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.

Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.

Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.

Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.

Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.

Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.

Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.

Realmente, “déjà vu” electoral.

Wednesday, January 03, 2018

A propósito del inicio de la campaña electoral 2018

Por Guillermo Mejía

La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.

Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.

En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.

La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.

En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.

Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.

También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.

Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.

Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.

La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.

En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.