Tuesday, March 26, 2019

La intolerancia a la crítica debe hacernos reflexionar

Por Guillermo Mejía

Del encuentro civilizado entre gobernantes y gobernados a través de una variedad de mecanismos, entre los cuales sobresale la generación de procesos de formación de opinión pública crítica, es que se pretende concretar el ejercicio del poder que se caracterice por consolidar el camino hacia una auténtica democracia.

Por eso, resulta preocupante que un artículo de opinión escrito por el académico Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), titulado “¿Qué cabe esperar del nuevo Gobierno?” fuera “denunciado” en las redes sociales para que fuera censurado en una evidente muestra de intolerancia a la crítica.

“La UCA entró en Facebook en 2010. Hace unos días, por primera vez desde entonces, un sector descontento con un artículo de opinión invisibilizó el texto en esa red social denunciándolo en masa con motivos falsos”, tuiteó la entidad educativa al referirse al bochornoso caso que debería ser motivo de reflexión en la sociedad salvadoreña.

Serrano escribió: “El presidente electo, Nayib Bukele, no dio su primera conferencia pública en El Salvador, sino en Estados Unidos. El título de la misma fue “Una nueva era para El Salvador” y la impartió en uno de los centros de pensamiento más conservadores del mundo, la Fundación Heritage. Dentro del país, el futuro presidente no se ha reunido todavía, que se sepa, con sectores sociales, ni con empresarios, ni con organizaciones del movimiento social. Sus reuniones acá han incluido funcionarios del Gobierno del norte y de organismos financieros internacionales, y embajadores.”

Y agregó: “Como ya se ha dicho antes en este espacio, lo que prevalece en este periodo de transición es la incertidumbre sobre el tipo de gobierno que el país tendrá desde el próximo 1 de junio. Tenemos a un presidente electo del que no se sabe a ciencia cierta cómo gobernará. Mes y medio después de su elección, no ha anunciado a su equipo de transición, mucho menos ha dado indicios sobre su futuro gabinete. ¿Cómo será su gobierno? ¿Cuáles serán sus prioridades? Esto todavía es un misterio y, como tal, produce las más diversas especulaciones.”

Y quizás lo que motivó más el enojo de los seguidores de Bukele fue que sentenció: “A partir de lo poco que ha dicho hasta hoy, pareciera que tendremos un presidente inclinado, ideológicamente hablando, a la derecha, aunque antes haya dicho que su corazón estaba al lado izquierdo y después que no era de izquierda ni de derecha. Un presidente pro empresa privada, lo cual en sí mismo no es malo. Pero si la referencia es la Fundación Heritage, asistiremos a una profundización de los postulados neoliberales que han causado daños estructurales a nuestra economía y al que ni sus mismos fundadores defienden ya. Si la tónica de la campaña se mantiene, tendríamos a un presidente con una visión autoritaria, en la que lo único que vale es su palabra.”

Como se puede apreciar, las preguntas son válidas, el tono es mesurado, por lo que bien valdría para los políticos y sus seguidores recordar la alta cuota de sacrificio que significó la conquista histórica del derecho a la libertad de expresión y de opinión consagrado en la proclama de la Revolución Francesa, de 1789, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

También, es oportuno traer a cuenta los aportes del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, quien reivindica a los procesos de formación de opinión pública crítica con el soporte y fortalecimiento de la democracia, para lo que es necesario, por ejemplo, el diálogo racional de los gobernados sobre el ejercicio del poder. El periodismo es una herramienta adecuada para tal propósito.

Recordemos, comprometerse y trabajar en la consolidación de la democracia implica ir más allá de ser favoritos en las encuestas, de pagar por estrategias de marketing político y de utilizar las redes sociales con el accionar de los equipos de troles que hacen descargas emocionales dirigidas a la conquista de mentes y corazones receptivos de productos nocivos para la salud, tal cual comida chatarra.

Tuesday, March 19, 2019

Las erráticas políticas de seguridad pública en El Salvador

Por Guillermo Mejía

En los últimos quince años se han experimentado políticas de seguridad pública que han potenciado aún más la violencia social en lugar de superarla, debido a que ha prevalecido en los distintos gobiernos la tentación represiva en contra de las maras o pandillas en lugar de privilegiar una solución integral del problema.

La conclusión se extrae del estudio “Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018”, elaborado por la especialista Jeannette Aguilar y editado por la alemana Fundación Heinrich Boll-Stiftung, en enero pasado, donde se detallan los planes que tuvieron los respectivos gobiernos de Arena y del Fmln.

“La simplificación políticamente interesada que ha prevalecido en los distintos gobiernos sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad, ha llevado a que esta sea reducida a una de sus expresiones más visibles: las maras o pandillas, hacia quienes se ha enfocado casi unilateralmente la acción punitiva del Estado”, señala el estudio.

“La retórica oficial indistintamente del gobierno de turno, ha insistido en atribuir a la gran mayoría de hechos delictivos a las pandillas, sin que hasta hoy se cuente con información oficial consistente que respalde tales aseveraciones”, agrega. Al grado que han llegado a distorsionar la interpretación de las cifras para tal propósito.

En consecuencia, se ha carecido de un diagnóstico certero sobre el flagelo que sustente las intervenciones y el diseño de políticas públicas.

“En un país con una violencia crónica como El Salvador, la ausencia de procesos de planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas del sector seguridad con base a evidencia, ha favorecido la evolución y complejización de las dinámicas criminales a lo largo de los años”, sentencia.

Por otro lado, los distintos gobiernos del período abordado han adoptado medidas de seguridad temporales, reactivas y excepcionales que han pasado a ser permanentes, porque se han generado en situaciones de emergencia y como respuesta al clamor popular desde una evidente improvisación del aparato estatal.

Se suma la participación del ejército nacional en tareas de seguridad pública a partir de las Manos Duras, desde 1993, que en las administraciones del Fmln ha crecido a niveles sin precedente durante la posguerra, según el estudio, llegando al extremo de militarizar la política pública se seguridad y, en particular, la respuesta del Estado al fenómeno social.

“La máxima expresión de la militarización de la respuesta institucional a las pandillas ha ocurrido durante las Medidas Extraordinarias de Seguridad en las que a batallones élites conformados por miembros de los comandos antiterroristas del ejército se les encomendó la función de neutralizar y limpiar los territorios de miembros de pandillas”, advierte.

Otro elemento destacado es la utilización de la política de seguridad como estrategias de política electoral, ya que los gobiernos y actores políticos se han servido de la violencia y las pandillas para conseguir réditos electorales y beneficios personales. Uno de los casos emblemáticos es la famosa “tregua entre pandillas” en el gobierno de Mauricio Funes.

Y, ante la complejidad del problema, “se han privilegiado estrategias efectivistas que generan resultados a corto plazo. Bajo esta lógica, la prevención y la persecución se han concebido como antagónicas, aunque en la retórica se admita la importancia de los enfoques integrales”, concluye el documento.

¿Qué hará el gobierno del presidente electo Nayib Bukele a partir del uno de junio? Está por verse: Sigue en las mismas o da un golpe de timón.

Tuesday, March 12, 2019

El derecho a la comunicación no es prioridad para Nayib Bukele

Por Guillermo Mejía

Con las señales que vamos recibiendo sobre lo que será el mandato presidencial del ex alcalde capitalino Nayib Bukele, el goce del derecho a la comunicación de los ciudadanos, violado y sin que hayan habido planes serios por reivindicarlo en los últimos gobiernos, seguirá durmiendo el sueño de los justos.

Desde la firma de la paz, en 1992, la derecha que gobernó por cuatro períodos nunca se acordó de ese derecho, lo mismo pasó en las dos presidencias de la izquierda; en la primera, incluso se frustró un proyecto de sistema de medios públicos que, además del olvido oficial, se engavetó en la Asamblea Legislativa.

Y no es para menos. Los políticos cuando asumen el ejercicio del poder caen a la cuenta que resulta muy espinoso tratar con una ciudadanía activa que, para el caso, se empodere desde el Estado para lograr la conversión de la Radio Nacional y el Canal 10 de nacionales a públicos.

El presidente Mauricio Funes, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), luego de tres años de ejercicio publicó “El camino del cambio en El Salvador”, en 2012, donde mencionó como una de sus deudas la construcción del sistema de medios públicos que hiciera realidad una programación inclusiva, de calidad y de servicio.

La cuestión no pasó a más. Durante la administración del actual presidente Salvador Sánchez Cerén se sepultó la idea de los medios públicos e incluso ha sido un mandatario que se ha caracterizado por su ausencia frente al derecho de la ciudadanía a conocer la opinión del presidente. El silencio sobre el tema incluye al período presidencial que se inaugurará en junio.

Es oportuno señalar que la construcción de un sistema de medios públicos no es fácil, máxime en una sociedad que es y ha sido víctima del autoritarismo, la imposición y la antidemocracia. Por eso, es loable el esfuerzo ciudadano y comunitario que demanda el derecho a la comunicación con medidas precisas como democratización del espectro radioeléctrico y la pauta publicitaria estatal.

A continuación señalo algunos criterios sobre el tránsito de lo gubernamental hacia lo público en materia de comunicación e información:

En primer lugar, el especialista Marc Raboy recuerda tres acontecimientos que han configurado una nueva realidad de los medios de comunicación: “a. La explosión en capacidad de canales y la desaparición de las fronteras audiovisuales hechas realidad por las nuevas tecnologías; b. La desintegración del modelo estatal de radiotelevisión de servicio público, ocurrido tras el colapso del bloque socialista y la tendencia hacia la democratización en varios puntos del planeta; c. El rápido crecimiento en el mercado de los medios de comunicación y la aparición de sistemas mixtos en aquellos países donde existían monopolios estatales”.

En segundo lugar, La UNESCO ha definido con claridad el significado de la Radiotelevisión de Servicio Público (RSP), que conocemos como medios públicos, a partir de su rol en la sociedad: “Es la organización de difusión pública; se dirige a todos como a un ciudadano. Los difusores públicos estimulan el acceso y la participación en la vida pública”. A la vez, “la difusión pública se define como un punto de encuentro donde todos los ciudadanos son bienvenidos y considerados en un plano de igualdad. Constituye un herramienta de información y educación, accesible y dirigida a todos sin excepción, sin importar su condición social o económica”.

Dentro del derecho a la comunicación, contar con medios públicos es un proceso intensivo, lleno de creatividad y compromiso social, es un proceso de largo plazo donde se pone en situación qué estamos entendiendo sobre comunicación e información en la sociedad contemporánea, así como la asunción de responsabilidades de cara a la construcción de ciudadanía crítica. Por lo que vemos, no está en la agenda presidencial de Nayib Bukele. Los ciudadanos tienen la palabra.

Tuesday, March 05, 2019

La rapiña política y el TPS gringo

Por Guillermo Mejía

En el camino hacia las elecciones de diputados y alcaldes del año 2021, los políticos se apresuran a ganar mentes y corazones a través de espectaculares medidas de carácter populista, en esa línea se han advertido las maniobras que han ejecutado para agenciarse la prórroga al Estatuto de Protección Temporal de los salvadoreños en Estados Unidos, TPS.

Ni lentos, ni perezosos integrantes de los partidos políticos, en especial Arena y el Fmln, además de gente vinculada al presidente electo, Nayib Bukele, han aparecido en escena para más que celebrar la acción que responde a una decisión jurídica interna de los norteamericanos, al grado que incluso más de un oportunista la adjudicó al reciente triunfo golondrino.

A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos notificó que todos los documentos de empleo de salvadoreños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses mantienen vigencia hasta el dos de enero de 2020. Con esa medida, queda sin efecto el término del programa en septiembre.

Los políticos criollos pretenden incorporar al imaginario colectivo que ellos han trabajado ante las autoridades gringas para mantener el TPS, lógicamente por los daños que sufrirían casi 200 mil salvadoreños que gozan del permiso y sus familias, además de que muchos de los recursos que generan palian las necesidades económicas en el país vía remesas.

Sin embargo, hay que recordar que el recule de las acciones migratorias de la administración Trump se debe a la demanda interpuesta por organizaciones cívicas en un tribunal del Estado de California a nombre de la inmigrante Crista Ramos contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en marzo de 2018.

En su alegato, los demandantes expusieron que el TPS había sido una decisión prorrogada, tanto por republicanos como por demócratas, desde que se aprobó en 2001, año de los fatídicos terremotos en El Salvador. A la vez, que su cancelación causaría graves daños económicos en Estados Unidos como en el país.

Punto clave de la gestión fue que las organizaciones cívicas advirtieron al tribunal californiano que la decisión de la Administración Trump era inconstitucional, porque se instala dentro de la agenda de la supremacía blanca antiinmigrante que abanderó el presidente desde la campaña electoral que culminó con su llegada a la Casa Blanca.

Vale traer a la memoria la lucha de los “tepesianos” junto a las organizaciones cívicas en Estados Unidos, por cuanto la ofensiva de Trump incluyó que en la búsqueda de expulsar a los inmigrantes llamó a El Salvador, Haití y otros países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”.

Al contrario que el actual gobierno, que siempre mantuvo un perfil bajo frente a su homólogo estadounidense e incluso le contradijo sus políticas ante otros países como Cuba y Venezuela, el ahora presidente electo Nayib Bukele ya confirmó su disposición a profundizar sus relaciones con el que considera su principal socio. Las fotos con la embajadora Jean Manes lo atestiguan.

Bukele le dijo a la agencia de noticias AP: “Con actos del partido del gobierno con pancartas Yankee Go Home, o quemando banderas de Estados Unidos, es muy difí¬cil tratar de negociar una salida, pero si les demostramos las señales correctas, yo creo que podemos negociar una salida para el problema en común que tenemos con el TPS”.

Los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, se han comprometido con las autoridades estadounidenses a evitar más caravanas de emigrantes a cambio de mayor asistencia, mientras al gobierno de México le doblaron el brazo y ha tenido que aceptar la permanencia de centroamericanos que tramitaron asilo en Estados Unidos.