Tuesday, March 12, 2019

El derecho a la comunicación no es prioridad para Nayib Bukele

Por Guillermo Mejía

Con las señales que vamos recibiendo sobre lo que será el mandato presidencial del ex alcalde capitalino Nayib Bukele, el goce del derecho a la comunicación de los ciudadanos, violado y sin que hayan habido planes serios por reivindicarlo en los últimos gobiernos, seguirá durmiendo el sueño de los justos.

Desde la firma de la paz, en 1992, la derecha que gobernó por cuatro períodos nunca se acordó de ese derecho, lo mismo pasó en las dos presidencias de la izquierda; en la primera, incluso se frustró un proyecto de sistema de medios públicos que, además del olvido oficial, se engavetó en la Asamblea Legislativa.

Y no es para menos. Los políticos cuando asumen el ejercicio del poder caen a la cuenta que resulta muy espinoso tratar con una ciudadanía activa que, para el caso, se empodere desde el Estado para lograr la conversión de la Radio Nacional y el Canal 10 de nacionales a públicos.

El presidente Mauricio Funes, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), luego de tres años de ejercicio publicó “El camino del cambio en El Salvador”, en 2012, donde mencionó como una de sus deudas la construcción del sistema de medios públicos que hiciera realidad una programación inclusiva, de calidad y de servicio.

La cuestión no pasó a más. Durante la administración del actual presidente Salvador Sánchez Cerén se sepultó la idea de los medios públicos e incluso ha sido un mandatario que se ha caracterizado por su ausencia frente al derecho de la ciudadanía a conocer la opinión del presidente. El silencio sobre el tema incluye al período presidencial que se inaugurará en junio.

Es oportuno señalar que la construcción de un sistema de medios públicos no es fácil, máxime en una sociedad que es y ha sido víctima del autoritarismo, la imposición y la antidemocracia. Por eso, es loable el esfuerzo ciudadano y comunitario que demanda el derecho a la comunicación con medidas precisas como democratización del espectro radioeléctrico y la pauta publicitaria estatal.

A continuación señalo algunos criterios sobre el tránsito de lo gubernamental hacia lo público en materia de comunicación e información:

En primer lugar, el especialista Marc Raboy recuerda tres acontecimientos que han configurado una nueva realidad de los medios de comunicación: “a. La explosión en capacidad de canales y la desaparición de las fronteras audiovisuales hechas realidad por las nuevas tecnologías; b. La desintegración del modelo estatal de radiotelevisión de servicio público, ocurrido tras el colapso del bloque socialista y la tendencia hacia la democratización en varios puntos del planeta; c. El rápido crecimiento en el mercado de los medios de comunicación y la aparición de sistemas mixtos en aquellos países donde existían monopolios estatales”.

En segundo lugar, La UNESCO ha definido con claridad el significado de la Radiotelevisión de Servicio Público (RSP), que conocemos como medios públicos, a partir de su rol en la sociedad: “Es la organización de difusión pública; se dirige a todos como a un ciudadano. Los difusores públicos estimulan el acceso y la participación en la vida pública”. A la vez, “la difusión pública se define como un punto de encuentro donde todos los ciudadanos son bienvenidos y considerados en un plano de igualdad. Constituye un herramienta de información y educación, accesible y dirigida a todos sin excepción, sin importar su condición social o económica”.

Dentro del derecho a la comunicación, contar con medios públicos es un proceso intensivo, lleno de creatividad y compromiso social, es un proceso de largo plazo donde se pone en situación qué estamos entendiendo sobre comunicación e información en la sociedad contemporánea, así como la asunción de responsabilidades de cara a la construcción de ciudadanía crítica. Por lo que vemos, no está en la agenda presidencial de Nayib Bukele. Los ciudadanos tienen la palabra.

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