Tuesday, September 05, 2017

El peligro de retornar a la locura del pasado

Por Guillermo Mejía

Las denuncias de periodistas y luchadores de derechos humanos sobre ejecuciones al estilo de los escuadrones de la muerte por parte de fuerzas policiales, merecen la mayor atención a fin de evitar que volvamos a la locura del pasado dado el fracaso de los planes de seguridad pública del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

En ese sentido, es oportuna la presencia de representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y del Servicio Social Pasionista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México, para denunciar al menos diez crímenes en menos de un año.

El representante legal del IDHUCA, Manuel Escalante, declaró a la prensa: “Al parecer estamos ante el resurgimiento de ejecuciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y desplazamiento forzado”.

Por lo tanto, “es urgente fortalecer al sistema judicial, a la Fiscalía y a los órganos de control del sistema de seguridad, para garantizar que no repitamos la locura de hace 30 años, ni la de hace 70 años. Todavía consideramos que estamos a tiempo”, sentenció.

En la misma ocasión, el director del IDHUCA, el jesuita José María Tojeira, puso como ejemplo el uso de un lenguaje guerrerista por parte de las autoridades que “facilita la violación de derechos humanos, detenciones ilegales, tratos crueles y degradantes e incluso desapariciones forzadas y tortura”.

En esta vorágine, que enluta a la misma Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, las denuncias sobre acciones ilegales desde la seguridad pública han valido también amenazas a periodistas que han documentado la existencia de estructuras paralelas, aunque las autoridades han negado que sean institucionales.

Si bien no resulta sencilla una salida al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico, hay que recordar la ilusión de los gobiernos de ARENA y los del FMLN de militarizar la seguridad pública que solo vino a profundizar el problema y, obviamente, hizo y ha hecho fracasar cada uno de los planes en contra de la delincuencia.

Resulta paradójico que un gobierno de izquierda haya seguido el mismo guión militarista y caído en la tentación de utilizar mayor violencia, con lo que se evidencia que poco o nada aprendieron los antiguos comandantes guerrilleros de que esa fórmula fracasada fue utilizada en contra de ellos y que solamente potenció la guerra civil.

“Es penoso que el gobierno del FMLN haya recurrido al escuadrón de la muerte para perseguir pandilleros, así como antes los militares lo usaron para exterminar guerrilleros. Es muy discutible que pueda someter a las pandillas con escuadrones de la muerte”, escribió el jesuita Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Y concluyó: “Qué valores cívicos, morales, culturales y patrióticos promoverá el Gobierno del FMLN con motivo de las celebraciones de la independencia de 1821. Sería interesante que los promotores de las festividades hicieran un esfuerzo por describirlos y por demostrar cómo esos valores cobran actualidad hoy en día. En este punto, el pasado no es relevante. ¿Cómo puede el Gobierno proclamar que El Salvador avanza ‘en convivencia y desarrollo’ cuando sus políticas represivas siembran rencores y muerte?”

Tuesday, August 29, 2017

La seguridad pública en el ojo del huracán

Por Guillermo Mejía

Las denuncias de la revista digital Factum sobre la existencia de un escuadrón en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha cometido tres homicidios, agresiones sexuales y extorsión en nombre de la lucha contra las pandillas, mantiene en el ojo del huracán a las cuestionadas políticas de seguridad pública.

Hay que recordar que entre los errores está que el actual gobierno siguió el fracasado “manodurismo” de las anteriores administraciones, a la vez que consintió la militarización de la seguridad pública y mantuvo en el gabinete al “padre de la tregua pandilleril”, el general David Munguía Payés.

Según las investigaciones periodísticas, el escuadrón, compuesto por cuatro policías y un civil, efectivos integrantes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), cometió los crímenes entre febrero y marzo del presente año, acciones que la dirección de la Policía Nacional Civil descartó que fueran institucionales.

Sin embargo, para nadie es secreto el guión en que el gobierno ha montado su lucha contra las pandillas que, además de profundizar la cantidad de asesinatos, por ejemplo los de policías y de efectivos militares, sobre algunas de las muertes ha quedado la duda de que hayan sido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las preocupaciones en torno a la violación de derechos humanos por parte de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada han levantado alarmas en sectores de la sociedad civil, puesto que precisamente fue uno de los detonantes de la guerra civil y que una de las apuestas por la paz fue la disolución de los antiguos cuerpos represivos.

El periodista salvadoreño Carlos Dada, ex director del periódico digital El Faro, escribió: “¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?”

Y remató: ¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con ellos y el ministro de gobernación ofreció $10 millones de dólares a esos pandilleros a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo?”

Las revelaciones de la revista digital Factum han provocado amenazas en contra de sus periodistas y editores, por parte de presuntos miembros de la PNC, al igual que en otras ocasiones les ha pasado a colegas del periódico digital El Faro. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene al tanto del caso.

El periodista Jorge Beltrán Luna, que sufrió un atentado por escribir sobre temas de seguridad pública, reflexionó: “El problema que muchos no alcanzamos a comprender es que si toleramos y aplaudimos el empleo de métodos ilegales de parte del Estado para combatir un problema que nos afecta, algún día el Estado podría usar esos métodos en contra de nosotros y, entonces, sí buscaremos a un periodista para que nos escuche y denuncie por nosotros, la fechoría de la cual uno de los nuestros haya sido víctima.”

Tuesday, August 15, 2017

Las prácticas políticas nauseabundas

Por Guillermo Mejía

Las recientes revelaciones de un testigo criteriado, perteneciente a las maras, durante el juicio que se sigue en torno a la tregua entre el gobierno del ex presidente Mauricio Funes y esas pandillas, ha causado una indignación generalizada principalmente hacia los partidos Arena y Fmln, acusados de pactar con la delincuencia.

Según Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo”, presentado por la Fiscalía General, entre Arena y Fmln habrían entregado unos 350 mil dólares a la Ms-13 y las dos facciones del Barrio-18, para facilitar elecciones, evitar sabotajes como recaudar votos, en lo que algunos ven acciones típicas de fraude electoral.

Además, reveló cómo producto de la tregua pandilleril se violentaron las leyes en una serie de actos arbitrarios facilitados por las autoridades judiciales.

Críticos del proceso judicial afirman que en el banquillo están personajes que fueron ejecutores de decisiones de alto nivel y que es notable la ausencia del ex presidente Mauricio Funes y el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés (quien en aquellas fechas era ministro de Justicia y Seguridad) en calidad de imputados.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” afirmó que “la hipocresía de Arena y el Fmln ha quedado, por enésima vez, en evidencia: mientras se mantiene un discurso en contra de la tregua y de todo acercamiento a las pandillas, emisarios de los partidos políticos negocian votos a cambio de dinero.”

Desde la cobertura periodística al sonado caso de la tregua, sea por omisión o por otros criterios, se ha obviado uno de los ángulos que ha pesado en la esfera internacional: Detrás del pacto ha estado el crimen organizado y el narcotráfico, al grado que, además de convertirse en actores políticos, las pandillas han evolucionado y cuentan con mayores recursos económicos, así como mejores armas.

El sombrío comportamiento de los políticos, en especial de los partidos Arena y Fmln, ha dado pie para que diversas voces se manifiesten sobre la nauseabunda partidocracia.

“El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas que no ofrecen ninguna propuesta convincente y, mientras tanto, los ciudadanos parece que nos hemos acomodado a la mediocridad de lo que hay: Dos partidos retrógrados y adormecidos por la falta de propuestas convincentes con liderazgos creíbles”, opinó la comunicadora salvadoreña Leda Romero, residente en Chile.

Por su parte, Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia, afirmó que nos encontramos ante un vacío político, “no existe un partido que pueda encarnar hoy por hoy las aspiraciones populares. No existe y no se ve a corto plazo, ni a mediano plazo la posibilidad de que surja. Esto significa que por el momento la tarea no es llamar a votar, tomar partido por uno o por el otro, pues el resultado, el que sea, será la agravación de lo que venimos padeciendo.”

Según Abrego, la única salida viable a la crisis está al interior de la población, en su organización y trabajo tesonero: “Tenemos que salir de esa falsa alternativa, Arena o Fmln, ambos partidos están al servicio de la oligarquía y buscan gozar del dinero del Estado. Las crónicas de los diarios y televisiones están repletas de noticias sobre la corrupción pestilente.”

Como aderezo, una nueva alza de crímenes, al menos 68 entre viernes y domingo pasados, pone otra vez en tela de juicio los planes oficiales de seguridad, ya que la delincuencia demuestra que tiene condiciones para llevar la iniciativa, así como es un hecho que ejercen control territorial en el país.

Monday, July 24, 2017

Un presidente que demuestra ser más de lo mismo

Por Guillermo Mejía

Desde diversos sectores se esperaba que el presidente Salvador Sánchez Cerén mostrara dotes de estadista, para vetar los recientes decretos aprobados por la Asamblea Legislativa referente a las reformas a las pensiones y la controversial ley de extinción de dominio, en especial en esta última por el riesgo de que promueven mayor impunidad.

Sin embargo, el mandatario salvadoreño afirmó durante su acostumbrado encuentro sabatino que sus abogados ya revisaron ambas decretos y no encuentran violaciones a la Constitución de la República, con lo que asumió una conducta legalista –si es demostrable-, muy distante de una postura ético-moral a favor de sus gobernados.

Subir el techo de 45 al 50 por ciento de los fondos de los cotizantes que puede tomar prestados el gobierno, a bajo interés y en detrimento de los ahorrantes, para pagar a los que ya gozan de su pensión es lesivo y resulta una salida olímpica a un problema que todos sabemos que, es cierto fue creado en gobiernos areneros, merece una respuesta que tiene que ver con una reforma fiscal integral.

Asimismo, las reformas a la ley de extinción de dominio, aprobadas por los diputados de los partidos Fmln, Gana, dos del PCN y una de Arena, realmente desde antes fueron promovidas especialmente por Arena, Fmln, Gana y PCN, coincidentemente instituciones políticas donde algunos de sus ex funcionarios o en ejercicio están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.

“Nuestro equipo técnico ha analizado las reformas y no encontramos inconstitucionalidad; por lo tanto, las voy a sancionar. No existen vicios de inconstitucionalidad”, afirmó tácitamente Sánchez Cerén dando la espalda a una opinión dominante sobre la necesidad del veto presidencial a unas reformas que quitan los dientes a la ley que busca perseguir a los corruptos.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en una reciente postura editorial estimó que “el innegable sesgo antiético de esta actuación de los diputados vuelve obligatorio el veto del Presidente de la República. Y se verá si aún quedan defensores públicos de la decencia y de la igual ante la ley.”

La UCA sentenció que “gracias a la reforma, el trato a los políticos que le roben al Estado será diferente al que se le da a pandilleros, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Por ejemplo, para los pandilleros, la prescripción de la extinción de domino es de 30 años después de adquirido el bien, mientras que en el caso de los bienes obtenidos por delitos de cuello blanco será de solo 10”.

Como nos ilustra el profesor español Javier del Rey Morató, especialista en comunicación política, la democracia es un sistema en el que hay una tensión entre los hechos y los valores, tensión en la que no es infrecuente que triunfen los hechos, con sacrificio para los valores: “Ese sacrificio admite la posibilidad de juzgar la marcha de la democracia, en la medida en que se aleja y traiciona esos valores, o en la medida en que se acerca a ellos, desde la imperfección que se le supone a toda organización social de la convivencia”.

Por lo que se aprecia, pues, los demandantes de una postura de Sánchez Cerén más consecuente con principios que ha enarbolado su partido de izquierda se ven obligados a esperar otra oportunidad a ver si el presidente salvadoreño realmente muestra cualidades de un estadista, que es lo que necesitan los pueblos sufridos como el nuestro, más que un mandatario que resulta ser más de lo mismo.

Tuesday, July 18, 2017

La responsabilidad de gobernantes y periodistas más allá de cantos de sirena

Por Guillermo Mejía

Periodistas y editores de medios tradicionales han lanzado la alerta sobre la posible aprobación de una ley mordaza en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Vice-ministerio de Prevención Social, bajo la premisa de que la prensa debe contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz.

Salvo excepciones, no existe lugar donde los gobernantes de turno no busquen imponer controles a la información, elemento estratégico de la sociedad, al igual que como respuesta los periodistas y editores aducen que ellos sabe cómo hacer su trabajo, que no hay mejor ley que la que no existe, en suma dos posturas irreconciliables.

En el caso salvadoreño, en el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia se estipula el rol de los medios de comunicación a través del Artículo 30, donde contribuirán “procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos, para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información”.

Para asegurar el cumplimiento de la ley se integrará la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, adscrita al ramo de Justicia y Seguridad Pública, y será la encargada de ejecutar las políticas, planes, lineamientos, programas y acciones encaminadas al fin determinado, con las instancias que regula la ley.

A simple vista, se puede observar una especie de “arroz con mango”, ya que por un lado apelan a la autorregulación, es decir al papel de los medios de comunicación a partir de su propias consideraciones éticas de la información, y, por el otro lado, a la regulación por la presencia de mecanismos legales que aseguren el cumplimiento de la ley, que para los denunciantes abre una puerta a la mordaza.

El Subjefe de Información de La Prensa Gráfica, Luis Laínez, consideró en un comentario que: “Esto, en una palabra, es mordaza. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación si habrá un censor verificando que se cumpla, autorizado, además, de tomar ‘cualquier acción que sea indispensable y conveniente’?”

“Por decreto no puede haber paz y armonía. Y por decreto tampoco se puede crear un paraíso en la Tierra”, advirtió.

Para evitar este tipo de controversias, el colombiano Javier Darío Restrepo, veterano periodista y experto en ética, se decanta por la autorregulación de la profesión a través de códigos deontológicos que aseguren el cumplimiento de los preceptos, normas y principios, y apela a lo establecido por las Naciones Unidas en cuanto a que los gobiernos no tienen que regular a los periodistas.

En perspectiva, considero que el problema de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico no se resuelve solamente teniendo el favor de los medios de comunicación o cayendo en tentaciones de imponer mordazas, sino con actos firmes y consecuentes, de cara a la ciudadanía, situación que no ha estado a la altura ni en los gobiernos de Arena, ni en los del Fmln.

Tampoco se puede dejar de lado la falta de un periodismo honesto que realmente muestre a la ciudadanía los entretelones de esa inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, por encima de coyunturas políticas, especialmente pre-electorales y electorales, en función de intereses particulares y de grupos de poder.

En otras palabras, urge responsabilidad por parte de gobernantes y también de periodistas y editores más allá de cantos de sirena.

Wednesday, July 12, 2017

Una partidocracia en crisis

Por Guillermo Mejía

Si en los sectores de derecha se habían creado esperanzas de un triunfo conservador en las elecciones municipales y legislativas de 2018, y en las presidenciales de 2019, por el mal desempeño del gobierno de izquierda, las disputas al interior de Arena por la forma autoritaria de escoger sus candidatos han abierto interrogantes.

Hay que recordar que, de acuerdo a la última encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), si bien una mayoría considerable afirmó que no desea que vuelva a gobernar el Fmln, también esa importante porción de la ciudadanía estimó que tampoco desea que regrese Arena a conducir los destinos de los salvadoreños.

En medio de la crisis generalizada, potenciada por una economía alicaída y la inseguridad con su estela de muerte, El Salvador se presenta como el país menos viable a nivel centroamericano, con el agravante que si bien Guatemala y Honduras presentan similares problemas es obvio que mantienen perfiles económicos de mayor auge.

Arena sigue mostrando su carácter autoritario y clasista, pues por un lado su dirigencia partidaria no da apertura a nuevas caras –aunque en realidad no representen nuevos planteamientos- por otro lado, en la disputa aparecen como posibles candidatos presidenciales personajes del empresariado que controla el partido.

Con sus propias especificidades, similares problemas se presentan al interior del partido Fmln donde el ejercicio político de escoger a sus candidatos no tiene nada que envidiarle a la derecha. Además de que presentan listas de ungidos por parte de la dirigencia de izquierda, cuentan con personajes que no tienen contrincantes sino que son impuestos por “consenso”, es decir impera el dedazo.

Uno de los puntos dramáticos de la izquierda es que son escasas sus propuestas frente a las elecciones presidenciales, dado el descrédito de muchos de sus dirigentes o la falta de consenso frente a figuras más potables, al grado que dependen de personajes externos al partido, como el caso del alcalde capitalino Nayib Bukele, a quien incluso tienen que aguantarle rabietas.

Recientemente, sostenía uno de los opinantes cotidianos de programas de radio y televisión que la única diferencia que encontraba entre los problemas que enfrenta Arena y el Fmln es que en los primeros es más fácil que afloren contradicciones, porque los que buscan sus candidaturas tienen solvencia económica, situación que los vuelve más independientes de la cúpula del partido. Mientras, en el Fmln, al contrario, la dependencia económica, el hecho que tienen que sobrevivir a partir de una candidatura o un puesto en alguna instancia del Estado, les obliga a guardar silencio aunque no estén conformes con las decisiones de la cúpula de un partido que, al igual que Arena, es autoritario.

Para ambas agrupaciones políticas, tan importantes pero sumidas en crisis, el otro escenario que no pueden desconocer, y de una u otra forma tienen que darle respuesta, es la inobjetable variable interviniente que representan las “maras” como actores políticos a partir de que ejercen control territorial y que, en otros procesos electorales, han tenido muchísimo que ver.

Llama la atención el hecho que personajes tanto de Arena como del Fmln que en otras ocasiones han dialogado e incluso llegado a acuerdos con las “maras” vuelvan a aparecer como candidatos a diputados y alcaldes. Aunque realmente no es una novedad, ya que por mucho que se ha dicho al respecto algunos de ellos aún tienen su lugar asegurado en las mismas instancias o en el gobierno de turno.

La ausencia es de la ciudadanía que no trasciende de su apatía y malestar frente al quehacer de los políticos, es decir desmovilizada y sin esperanzas, a lo que se suma una precaria cobertura mediática de tan elementales acontecimientos que significa falta de ejercicio profesional en la búsqueda de crear consciencia crítica o compromiso político-partidario que va en desmedro de un periodismo honesto.

Tuesday, July 04, 2017

La ciudadanización de los procesos electorales

Por Guillermo Mejía

Los dirigentes de los partidos políticos se muestran conformes con el remedo de consulta de sus bases militantes para la elección de candidatos a alcaldes y diputados de cara a las elecciones de 2018. Si esas bases partidarias, en particular, y la sociedad en general, fueran verdaderamente exigentes tendríamos procesos electorales democráticos y transparentes.

Las candidaturas –de dedo- se componen de quienes gozan del visto bueno de las cúpulas partidarias, se llega al descaro de llevar a personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde Salvador Ruano, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.

En ese marco, la ciudadanía solamente sirve de pretexto más que de sujeto activo de un proceso que le corresponde por derecho en cuanto vive en una sociedad que se perfila como democrática y en constante cambio, luego de haber pasado doce años de conflicto armado y que mutó a una guerra social con su estela de muerte y desplazamiento.

Resulta común, pues, que las cúpulas partidarias preparan con antelación sus listas de escogidos, algunos de los cuales llevan años incrustados en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías municipales, se las pasan a sus bases militantes y de esa forma justifican los requerimientos de ley conforme a lo que establece el Tribunal Supremo Electoral.

Contrario sería que la población salvadoreña ciudadanizara los procesos electorales, tal como se estima en las democracias modernas a fin de hacer partícipe de dichos procesos a las bases militantes y ciudadanía en general. Se correspondería con aquello de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.

Para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe activamente en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.

Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implicaría que los partidos políticos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.

Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña; es decir, trascender de las cancioncitas o las camisetas al debate ciudadano.

La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.

En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.