Tuesday, April 16, 2019

La comunicación alternativa frente a la incertidumbre

Por Guillermo Mejía

Las dos primeras décadas del siglo veintiuno nos dejan un mundo que nos mueve a la preocupación y, por supuesto, muchas preguntas, miedos, confusiones, indignación e inseguridad ante el futuro, particularmente en América Latina donde las posibilidades de construir democracia están en crisis.

Esa es la perspectiva del belga Humberto Vandenbulcke, asesor de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), que –ante los problemas que enfrentamos- cree oportuno el papel de la comunicación alternativa a fin de contextualizar los acontecimientos actuales, para avanzar en la creación de otro planeta.

“La comunicación alternativa debe combatir la degeneración de la democracia promoviendo el montaje de amplias mesas de debate público sobre temas cruciales relacionados a la vida, la sociedad, la naturaleza, desde las comunidades, desde las realidades concretas de la población”, afirma el experto.

Y agrega: “En ese ejercicio comunicativo se iría renovando el contrato social entre Gobierno y población. En nuestro plan de vuelo, los gobiernos que no construyen sus políticas públicas sobre una plataforma amplia de participación y de apoyo por la sociedad civil no pueden ser sostenibles”.

En ese sentido, Vandenbulcke ha presentado su libro “Comunicar la Esperanza: Camino al buen (con)vivir”, editado por ALER en 2017, donde narra una serie de prácticas alternativas basadas en este nuevo paradigma que cuenta con ricas experiencias en la transición hacia modos auténticos de vivir y convivir, tanto en lo personal, en sociedad y el globo.

En ese viaje, según el autor, transitamos hacia un mejor futuro y “al mando de la nave tenemos tres actores interrelacionados y en complicidad: la ciudadanía, la empresa y quienes gobiernan. La tarea común es modelar, con esfuerzos aunados, el camino hacia el futuro”.

“Los tres pilotos conciertan un pacto social ecológico, con el compromiso de soñar juntos propuestas que desplacen sistemas insostenibles. Pensar ciudades y cambios viables para la convivencia, impulsar una economía social y ecológica, y promover nuevos estilos de vivir, producir y consumir”, añade.

La acción política de los gobiernos será democrática y estará al servicio de ese gran proyecto, en diálogo con la población, direccionando las empresas e instalando normas y leyes como sustento de las múltiples iniciativas alternativas, en la consolidación de una economía social y ecológica.

“Todas las personas son llamadas a participar activamente en la transformación de la realidad. Los miedos y la desesperanza que arropan a la humanidad en este cambio de época, se combaten haciendo la pelea por la esperanza. La comunicación alternativa promueve la esperanza”, señala.

“La comunicación que acompaña y estimula la realización de ese proyecto de sociedad se hace con comunicadores/comunicadoras que cultivan la sensibilidad por la gente, los derechos humanos y del planeta. Son personas que optan por sumergirse con pasión en los procesos de cambio que restablecerán el equilibrio y la armonía en el mundo”, recalca.

Buen aporte del experto Humberto Vandenbulcke, en especial para la sociedad salvadoreña que estrenará gobierno el uno de junio: ¿Habrá cambio o será más de lo mismo?

Feliz Semana Santa, momento de reflexión y esparcimiento.

Tuesday, April 09, 2019

La bomba de tiempo de las miserables pensiones

Por Guillermo Mejía

Con mucha expectativa se ha visto la reciente marcha “No más AFP” en Chile, país del que los empresarios y políticos salvadoreños copiaron el nefasto sistema previsional privado que hace de las suyas de los fondos de los trabajadores para engordar sus ganancias, mientras condena al usuario a pensiones de miseria.

El sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fue impuesto en Chile, en 1980, por iniciativa del que fuera ministro de Trabajo y Previsión Social, José Piñera, hermano del actual presidente Sebastián Piñera, y en El Salvador la Asamblea aprobó la ley, pese al descontento popular, en 1996.

Como reseñó el periodista chileno Andrés Figueroa Cornejo en aquel momento era tan complicado el tema de que “ni siquiera el dictador (Augusto Pinochet) accedió a que la fórmula del economista liberal ortodoxo José Piñera se implementara en las Fuerzas Armadas por el temor de provocar descontento en la ‘familia militar’”.

Según el colega, “con las AFP, las y los trabajadores terminan con pensiones de hambre y que, en el mejor de los casos, mensualmente alcanza a un tercio del último sueldo obtenido como empleado activo. De cada trabajador es obligatoriamente retirado de manera automática un 13% de su salario, del cual un porcentaje significativo se juega en el casino especulativo bursátil”.

Las decisiones sobre los recursos de la gente son tomadas por los financieros, sin anestesia. “Especialistas de la salud mental, entre otras variables, han asociado el suicidio de las personas de la tercera edad a la depresión feroz causada por la miseria que sufren por los montos de sus pensiones”, advirtió Figueroa Cornejo.

La sindicalista chilena Orietta Fuenzalida, de la Coordinadora “No más AFP”, la reciente protesta popular en Santiago de Chile es “el hito inicial de 2019 que expresa nuestro rechazo a la propuesta previsional que el gobierno pretende realizar en el corto plazo y que favorece todavía más al capital en desmedro del trabajo”.

“Las organizaciones sociales aquí reunidas no permitiremos que la reforma de la extrema derecha prospere. El Estado y sus administraciones de turno, sistemáticamente buscan arrebatarnos los escasos derechos que nos quedan. Sin embargo, no cejaremos en el objetivo justo de conquistar una verdadera seguridad social para nuestro pueblo”, agregó.

En El Salvador las nuevas pensiones han dejado desnudo al sistema previsional, que ha tenido varios parches por intereses fiscales de los gobiernos de turno, al grado que muchos trabajadores en edad de retiro han desistido de la medida al darse cuenta que el monto de su pensión es una parte miserable de su salario.

La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” publicó un editorial donde denuncia el énfasis que se hace sobre que la crisis de las pensiones solamente es responsabilidad de los gobiernos de turno, desde Tony Saca al presente, por haber tomado los ahorros de los trabajadores para paliar sus problemas fiscales.

“Los que solo culpan al Estado han escondido antes y siguen escondiendo hoy que la sustitución del sistema público y de reparto por uno de ahorro privado constituye una estafa para los trabajadores y supone un enorme endeudamiento para el Estado. Tan grande que no se ha podido cuantificar con exactitud, pero algunos estudios lo estiman en 20 mil millones de dólares”, señaló la UCA.

Y añadió: “En contraste, de acuerdo a datos de la Superintendencia del Sistema Financiero, desde que se fundaron en 1998 hasta el año 2017, las AFP han ganado $1,748.2 millones. Así, los beneficios de las AFP en 2016 equivalieron al 53% de su patrimonio neto, el segundo mayor de la región. Por contrapartida, el fondo acumulado de pensiones de los trabajadores registró un rendimiento promedio anual del 2.6%, el más bajo entre todos los países de la región”.

Los chilenos mantienen la lucha contra el despojo, excelente ejemplo para los salvadoreños.

Tuesday, April 02, 2019

Los centroamericanos y las aspiraciones electorales de Donald Trump

Por Guillermo Mejía

Los países del Triángulo Norte centroamericano, El Salvador, Honduras y Guatemala, han vuelto a aparecer en el discurso amenazante del presidente estadounidense Donald Trump con el corte de la ayuda norteamericana a los respectivos gobiernos del área, en su esfuerzo por reelegirse en la Casa Blanca.

El Departamento de Estado confirmó la decisión de la administración Trump bajo el argumento de que los tres países no toman medidas, para evitar las reconocidas “caravanas de centroamericanos” que periódicamente parten en busca del “sueño americano” y que desacreditan las promesas del presidente estadounidense de terminar con la inmigración ilegal.

Coincidentemente, el pasado sábado partió otra “caravana de centroamericanos” desde San Salvador, compuesta por cerca de 100 compatriotas, mientras en México existen expectativas ante la posibilidad de que se esté gestando una mega-caravana de al menos 20 mil personas, lo que ha puesto en emergencia a las autoridades migratorias.

“Por instrucciones del secretario (Mike Pompeo) estamos cumpliendo con las órdenes del presidente y acabando los programas de asistencia exterior para los países del Triángulo Norte del año fiscal 2017 y 2018. Entablaremos conversaciones con el Congreso como parte de este proceso”, afirmaron fuentes del Departamento de Estado.

Trump, molesto, dijo “les estábamos dando 500 millones de dólares”. “Estábamos pagando enormes cantidades de dinero, y ya no, porque no han hecho nada por nosotros”, agregó. A la par, ha amenazado con cerrar la frontera sur si las autoridades mexicanas no cortan el paso a las “caravanas de centroamericanos”, con lo que cortarían también el tránsito comercial.

De la cantidad de asistencia norteamericana a los países del Triángulo Norte, El Salvador registra 58 millones de dólares en 2018, y 73 millones de dólares en 2017. El corte de la ayuda tiene que resolverlo el Congreso estadounidense con la aprobación de los representantes respectivos en una decisión no tan fácil para los deseos de Trump.

Las voces contrarias a las aspiraciones del gobierno no se han hecho esperar. El senador de Nueva Jersey, Bob Menéndez, calificó la decisión de Trump como un “anuncio temerario” y demandó el rechazo de los representantes demócratas y republicanos, ya que “la asistencia extranjera de Estados Unidos no es caridad; promueve nuestros intereses estratégicos y financia iniciativas que protegen a los ciudadanos estadounidenses”.

Por su parte, el presidente electo Nayib Bukele prefirió buscarle el lado amable a la decisión del mandatario norteamericano sobre la ayuda: “(…) esperamos que esta se reanude e incluso incremente al entrar el nuevo Gobierno. Hasta ahora, todos nuestros proyectos han sido acompañados y hay mucho entusiasmo por el cambio en nuestro país”, tuiteó.

“El 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos y solo aprovechamos un 17% del TLC. ¿Se imaginan si aprovechamos al menos un 50%? No habría desempleo. No habría necesidad de migrar. Y eso sin contar todos los demás mercados internacionales”, agregó en otro tuit.

Definitivamente, es una mirada contradictoria de Bukele a los esfuerzos electorales de Donald Trump de cara a los comicios presidenciales de noviembre de 2020, aunque muy en sintonía con la embajadora de Estados Unidos, Jean Manes, que se muestra complacida con el presidente electo. Son innumerables las muestras de simpatía de la representante de Trump en El Salvador.

Tuesday, March 26, 2019

La intolerancia a la crítica debe hacernos reflexionar

Por Guillermo Mejía

Del encuentro civilizado entre gobernantes y gobernados a través de una variedad de mecanismos, entre los cuales sobresale la generación de procesos de formación de opinión pública crítica, es que se pretende concretar el ejercicio del poder que se caracterice por consolidar el camino hacia una auténtica democracia.

Por eso, resulta preocupante que un artículo de opinión escrito por el académico Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana (UCA), titulado “¿Qué cabe esperar del nuevo Gobierno?” fuera “denunciado” en las redes sociales para que fuera censurado en una evidente muestra de intolerancia a la crítica.

“La UCA entró en Facebook en 2010. Hace unos días, por primera vez desde entonces, un sector descontento con un artículo de opinión invisibilizó el texto en esa red social denunciándolo en masa con motivos falsos”, tuiteó la entidad educativa al referirse al bochornoso caso que debería ser motivo de reflexión en la sociedad salvadoreña.

Serrano escribió: “El presidente electo, Nayib Bukele, no dio su primera conferencia pública en El Salvador, sino en Estados Unidos. El título de la misma fue “Una nueva era para El Salvador” y la impartió en uno de los centros de pensamiento más conservadores del mundo, la Fundación Heritage. Dentro del país, el futuro presidente no se ha reunido todavía, que se sepa, con sectores sociales, ni con empresarios, ni con organizaciones del movimiento social. Sus reuniones acá han incluido funcionarios del Gobierno del norte y de organismos financieros internacionales, y embajadores.”

Y agregó: “Como ya se ha dicho antes en este espacio, lo que prevalece en este periodo de transición es la incertidumbre sobre el tipo de gobierno que el país tendrá desde el próximo 1 de junio. Tenemos a un presidente electo del que no se sabe a ciencia cierta cómo gobernará. Mes y medio después de su elección, no ha anunciado a su equipo de transición, mucho menos ha dado indicios sobre su futuro gabinete. ¿Cómo será su gobierno? ¿Cuáles serán sus prioridades? Esto todavía es un misterio y, como tal, produce las más diversas especulaciones.”

Y quizás lo que motivó más el enojo de los seguidores de Bukele fue que sentenció: “A partir de lo poco que ha dicho hasta hoy, pareciera que tendremos un presidente inclinado, ideológicamente hablando, a la derecha, aunque antes haya dicho que su corazón estaba al lado izquierdo y después que no era de izquierda ni de derecha. Un presidente pro empresa privada, lo cual en sí mismo no es malo. Pero si la referencia es la Fundación Heritage, asistiremos a una profundización de los postulados neoliberales que han causado daños estructurales a nuestra economía y al que ni sus mismos fundadores defienden ya. Si la tónica de la campaña se mantiene, tendríamos a un presidente con una visión autoritaria, en la que lo único que vale es su palabra.”

Como se puede apreciar, las preguntas son válidas, el tono es mesurado, por lo que bien valdría para los políticos y sus seguidores recordar la alta cuota de sacrificio que significó la conquista histórica del derecho a la libertad de expresión y de opinión consagrado en la proclama de la Revolución Francesa, de 1789, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948.

También, es oportuno traer a cuenta los aportes del filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas, heredero de la Escuela de Frankfurt, quien reivindica a los procesos de formación de opinión pública crítica con el soporte y fortalecimiento de la democracia, para lo que es necesario, por ejemplo, el diálogo racional de los gobernados sobre el ejercicio del poder. El periodismo es una herramienta adecuada para tal propósito.

Recordemos, comprometerse y trabajar en la consolidación de la democracia implica ir más allá de ser favoritos en las encuestas, de pagar por estrategias de marketing político y de utilizar las redes sociales con el accionar de los equipos de troles que hacen descargas emocionales dirigidas a la conquista de mentes y corazones receptivos de productos nocivos para la salud, tal cual comida chatarra.

Tuesday, March 19, 2019

Las erráticas políticas de seguridad pública en El Salvador

Por Guillermo Mejía

En los últimos quince años se han experimentado políticas de seguridad pública que han potenciado aún más la violencia social en lugar de superarla, debido a que ha prevalecido en los distintos gobiernos la tentación represiva en contra de las maras o pandillas en lugar de privilegiar una solución integral del problema.

La conclusión se extrae del estudio “Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018”, elaborado por la especialista Jeannette Aguilar y editado por la alemana Fundación Heinrich Boll-Stiftung, en enero pasado, donde se detallan los planes que tuvieron los respectivos gobiernos de Arena y del Fmln.

“La simplificación políticamente interesada que ha prevalecido en los distintos gobiernos sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad, ha llevado a que esta sea reducida a una de sus expresiones más visibles: las maras o pandillas, hacia quienes se ha enfocado casi unilateralmente la acción punitiva del Estado”, señala el estudio.

“La retórica oficial indistintamente del gobierno de turno, ha insistido en atribuir a la gran mayoría de hechos delictivos a las pandillas, sin que hasta hoy se cuente con información oficial consistente que respalde tales aseveraciones”, agrega. Al grado que han llegado a distorsionar la interpretación de las cifras para tal propósito.

En consecuencia, se ha carecido de un diagnóstico certero sobre el flagelo que sustente las intervenciones y el diseño de políticas públicas.

“En un país con una violencia crónica como El Salvador, la ausencia de procesos de planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas del sector seguridad con base a evidencia, ha favorecido la evolución y complejización de las dinámicas criminales a lo largo de los años”, sentencia.

Por otro lado, los distintos gobiernos del período abordado han adoptado medidas de seguridad temporales, reactivas y excepcionales que han pasado a ser permanentes, porque se han generado en situaciones de emergencia y como respuesta al clamor popular desde una evidente improvisación del aparato estatal.

Se suma la participación del ejército nacional en tareas de seguridad pública a partir de las Manos Duras, desde 1993, que en las administraciones del Fmln ha crecido a niveles sin precedente durante la posguerra, según el estudio, llegando al extremo de militarizar la política pública se seguridad y, en particular, la respuesta del Estado al fenómeno social.

“La máxima expresión de la militarización de la respuesta institucional a las pandillas ha ocurrido durante las Medidas Extraordinarias de Seguridad en las que a batallones élites conformados por miembros de los comandos antiterroristas del ejército se les encomendó la función de neutralizar y limpiar los territorios de miembros de pandillas”, advierte.

Otro elemento destacado es la utilización de la política de seguridad como estrategias de política electoral, ya que los gobiernos y actores políticos se han servido de la violencia y las pandillas para conseguir réditos electorales y beneficios personales. Uno de los casos emblemáticos es la famosa “tregua entre pandillas” en el gobierno de Mauricio Funes.

Y, ante la complejidad del problema, “se han privilegiado estrategias efectivistas que generan resultados a corto plazo. Bajo esta lógica, la prevención y la persecución se han concebido como antagónicas, aunque en la retórica se admita la importancia de los enfoques integrales”, concluye el documento.

¿Qué hará el gobierno del presidente electo Nayib Bukele a partir del uno de junio? Está por verse: Sigue en las mismas o da un golpe de timón.

Tuesday, March 12, 2019

El derecho a la comunicación no es prioridad para Nayib Bukele

Por Guillermo Mejía

Con las señales que vamos recibiendo sobre lo que será el mandato presidencial del ex alcalde capitalino Nayib Bukele, el goce del derecho a la comunicación de los ciudadanos, violado y sin que hayan habido planes serios por reivindicarlo en los últimos gobiernos, seguirá durmiendo el sueño de los justos.

Desde la firma de la paz, en 1992, la derecha que gobernó por cuatro períodos nunca se acordó de ese derecho, lo mismo pasó en las dos presidencias de la izquierda; en la primera, incluso se frustró un proyecto de sistema de medios públicos que, además del olvido oficial, se engavetó en la Asamblea Legislativa.

Y no es para menos. Los políticos cuando asumen el ejercicio del poder caen a la cuenta que resulta muy espinoso tratar con una ciudadanía activa que, para el caso, se empodere desde el Estado para lograr la conversión de la Radio Nacional y el Canal 10 de nacionales a públicos.

El presidente Mauricio Funes, del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), luego de tres años de ejercicio publicó “El camino del cambio en El Salvador”, en 2012, donde mencionó como una de sus deudas la construcción del sistema de medios públicos que hiciera realidad una programación inclusiva, de calidad y de servicio.

La cuestión no pasó a más. Durante la administración del actual presidente Salvador Sánchez Cerén se sepultó la idea de los medios públicos e incluso ha sido un mandatario que se ha caracterizado por su ausencia frente al derecho de la ciudadanía a conocer la opinión del presidente. El silencio sobre el tema incluye al período presidencial que se inaugurará en junio.

Es oportuno señalar que la construcción de un sistema de medios públicos no es fácil, máxime en una sociedad que es y ha sido víctima del autoritarismo, la imposición y la antidemocracia. Por eso, es loable el esfuerzo ciudadano y comunitario que demanda el derecho a la comunicación con medidas precisas como democratización del espectro radioeléctrico y la pauta publicitaria estatal.

A continuación señalo algunos criterios sobre el tránsito de lo gubernamental hacia lo público en materia de comunicación e información:

En primer lugar, el especialista Marc Raboy recuerda tres acontecimientos que han configurado una nueva realidad de los medios de comunicación: “a. La explosión en capacidad de canales y la desaparición de las fronteras audiovisuales hechas realidad por las nuevas tecnologías; b. La desintegración del modelo estatal de radiotelevisión de servicio público, ocurrido tras el colapso del bloque socialista y la tendencia hacia la democratización en varios puntos del planeta; c. El rápido crecimiento en el mercado de los medios de comunicación y la aparición de sistemas mixtos en aquellos países donde existían monopolios estatales”.

En segundo lugar, La UNESCO ha definido con claridad el significado de la Radiotelevisión de Servicio Público (RSP), que conocemos como medios públicos, a partir de su rol en la sociedad: “Es la organización de difusión pública; se dirige a todos como a un ciudadano. Los difusores públicos estimulan el acceso y la participación en la vida pública”. A la vez, “la difusión pública se define como un punto de encuentro donde todos los ciudadanos son bienvenidos y considerados en un plano de igualdad. Constituye un herramienta de información y educación, accesible y dirigida a todos sin excepción, sin importar su condición social o económica”.

Dentro del derecho a la comunicación, contar con medios públicos es un proceso intensivo, lleno de creatividad y compromiso social, es un proceso de largo plazo donde se pone en situación qué estamos entendiendo sobre comunicación e información en la sociedad contemporánea, así como la asunción de responsabilidades de cara a la construcción de ciudadanía crítica. Por lo que vemos, no está en la agenda presidencial de Nayib Bukele. Los ciudadanos tienen la palabra.

Tuesday, March 05, 2019

La rapiña política y el TPS gringo

Por Guillermo Mejía

En el camino hacia las elecciones de diputados y alcaldes del año 2021, los políticos se apresuran a ganar mentes y corazones a través de espectaculares medidas de carácter populista, en esa línea se han advertido las maniobras que han ejecutado para agenciarse la prórroga al Estatuto de Protección Temporal de los salvadoreños en Estados Unidos, TPS.

Ni lentos, ni perezosos integrantes de los partidos políticos, en especial Arena y el Fmln, además de gente vinculada al presidente electo, Nayib Bukele, han aparecido en escena para más que celebrar la acción que responde a una decisión jurídica interna de los norteamericanos, al grado que incluso más de un oportunista la adjudicó al reciente triunfo golondrino.

A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos notificó que todos los documentos de empleo de salvadoreños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses mantienen vigencia hasta el dos de enero de 2020. Con esa medida, queda sin efecto el término del programa en septiembre.

Los políticos criollos pretenden incorporar al imaginario colectivo que ellos han trabajado ante las autoridades gringas para mantener el TPS, lógicamente por los daños que sufrirían casi 200 mil salvadoreños que gozan del permiso y sus familias, además de que muchos de los recursos que generan palian las necesidades económicas en el país vía remesas.

Sin embargo, hay que recordar que el recule de las acciones migratorias de la administración Trump se debe a la demanda interpuesta por organizaciones cívicas en un tribunal del Estado de California a nombre de la inmigrante Crista Ramos contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en marzo de 2018.

En su alegato, los demandantes expusieron que el TPS había sido una decisión prorrogada, tanto por republicanos como por demócratas, desde que se aprobó en 2001, año de los fatídicos terremotos en El Salvador. A la vez, que su cancelación causaría graves daños económicos en Estados Unidos como en el país.

Punto clave de la gestión fue que las organizaciones cívicas advirtieron al tribunal californiano que la decisión de la Administración Trump era inconstitucional, porque se instala dentro de la agenda de la supremacía blanca antiinmigrante que abanderó el presidente desde la campaña electoral que culminó con su llegada a la Casa Blanca.

Vale traer a la memoria la lucha de los “tepesianos” junto a las organizaciones cívicas en Estados Unidos, por cuanto la ofensiva de Trump incluyó que en la búsqueda de expulsar a los inmigrantes llamó a El Salvador, Haití y otros países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”.

Al contrario que el actual gobierno, que siempre mantuvo un perfil bajo frente a su homólogo estadounidense e incluso le contradijo sus políticas ante otros países como Cuba y Venezuela, el ahora presidente electo Nayib Bukele ya confirmó su disposición a profundizar sus relaciones con el que considera su principal socio. Las fotos con la embajadora Jean Manes lo atestiguan.

Bukele le dijo a la agencia de noticias AP: “Con actos del partido del gobierno con pancartas Yankee Go Home, o quemando banderas de Estados Unidos, es muy difí¬cil tratar de negociar una salida, pero si les demostramos las señales correctas, yo creo que podemos negociar una salida para el problema en común que tenemos con el TPS”.

Los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, se han comprometido con las autoridades estadounidenses a evitar más caravanas de emigrantes a cambio de mayor asistencia, mientras al gobierno de México le doblaron el brazo y ha tenido que aceptar la permanencia de centroamericanos que tramitaron asilo en Estados Unidos.