El ascenso de los militares en la seguridad pública

Por Guillermo Mejía

Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.

El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.

Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.

El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.

Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.

Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.

No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.

Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.

Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.

En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.

La comunicación: Otra deuda de los Acuerdos de Paz

Por Guillermo Mejía

Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.

El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.

Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:

En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.

En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.

En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.

Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.

En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:

La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.

Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.

El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.

Sociedad violenta a veinte años de la paz

Por Guillermo Mejía

La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.

El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.

El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.

Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.

Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.

La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.

En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.

No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.

En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.

Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.

Los Acuerdos de Paz en perspectiva

Por Guillermo Mejía

A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.

El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).

En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.

Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.

Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:

-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.

-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.

-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.

-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.

Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.

No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.

Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?

La desilusión centroamericana

Por Guillermo Mejía

En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.

Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.

Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.

República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.

En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.

En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.

A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.

El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.

Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.

Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.

Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.

Los centroamericanos tenemos la palabra.

Necesidad de encontrar rumbo

Por Guillermo Mejía

Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.

Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.

Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.

Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.

Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.

Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.

De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.

El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.

“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.

En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.

Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.

Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.

Demagogia y mezquindad

Por Guillermo Mejía

En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.

El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.

En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.

No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.

Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.

El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.

En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.

Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.

Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.

Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.

Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?