Tuesday, October 16, 2018

San Romero de América, la voz de los sin voz

Por Guillermo Mejía

Sentimos en el ambiente el impacto de la canonización del llamado popularmente San Romero de América o “el salvadoreño más universal”, pues es un hecho trascendental que tuvo que superar una carrera de obstáculos gracias a las fuerzas conservadoras reacias a la consagración del obispo mártir, asesinado por un francotirador, el 24 de marzo de 1980.

El reconocimiento del primer santo de El Salvador por el Vaticano tras gestiones del Papa Francisco, quien también eligió al obispo Gregorio Rosa Chávez como el primer Cardenal de la historia nacional, debemos entenderlo como un justo reconocimiento al trajinar de esa iglesia que no cerró los ojos ante la injusticia.

San Oscar Arnulfo Romero, nacido en Ciudad Barrios, San Miguel, en 1917, cuando fue asesinado por órdenes del mayor Roberto d’Aubuisson, líder emblemático de la derecha, el país estaba a las puertas de la guerra civil y su elevación a los altares se produce cuando aún no se logra una paz firme y duradera.

Casi cuarenta años pasaron desde aquella fatídica tarde que la bala asesina pretendió silenciar a “la voz de los sin voz”, pero al contrario lo inmortalizó y, como dicen los conocedores, ahora es tiempo de que –sin prejuicios- reconozcamos su obra diseminada en cartas pastorales, homilías, su diario personal, libros de autores, en fin una rica producción alrededor de su figura.

El sistema mediático ha sido inundado de materiales alrededor de la figura del “salvadoreño más universal”, inclusive los que en su tiempo lo difamaron y procuraron acallar su voz, sin lograrlo.

Por ejemplo, el poeta y escritor David Escobar Galindo escribió: “En El Salvador, allá a fines de los años 70 del siglo pasado, los relámpagos que anunciaban la conflagración fratricida iban en aumento. Monseñor Romero esgrimía un mensaje de protección a los indefensos, y eso lo ponía al centro de la conflictividad crepitante, porque las furias ideológicas andaban en busca de culpables”.

“Y un disparo dirigido al altar selló el destino de Monseñor. En ese justo momento, cuando la vida terrenal del mártir se extinguía en el lugar sagrado, un soplo de la Providencia inauguraba el nuevo momento en el que pasado, presente y futuro se enlazaban en el abrazo trascendental. Aquel disparo, activado rastreramente por el oído ciego, le abría un tragaluz infinito al más sublime de los destinos: el de la santidad que no tiene fronteras”, agregó.

Por su parte, el jesuita Rodolfo Cardenal, director del centro que lleva el nombre del santo, escribió: “La canonización de Mons. Romero ha despertado la expectativa de la unidad nacional. La aspiración es legítima, incluso necesaria y urgente, porque las barreras que dividen la sociedad salvadoreña se erigen insalvables”.

“Sin embargo, existe el peligro de caer en una unidad superficial de carácter nacionalista que, arrastrada por la emoción, imagina la unidad, mientras los muros que separan permanecen intactos. Mons. Romero denunció la división y señaló el camino para superarla. Un repaso rápido a sus homilías basta para poner realismo en los llamados a la unidad”, advirtió.

Como muestra, según Rodolfo Cardenal, Mons. Romero llamó “a todas las clases sociales [a tomar] como propia la causa del pobre”. La invitación no es “demagogia, no es una división que queremos hacer, una lucha de clases”, porque esa causa es la “causa de Cristo” (18 de noviembre de 1979). Pero la causa de Cristo, inevitablemente, provoca división, “porque no todos comprenden la profundidad de [la] justicia donde están las raíces de la paz y solo quisieran una predicación muelle, suavecita, que no ofenda y que predique una falsa paz” (9 de abril de 1978).

San Romero de América ya está en los altares, pero para el pueblo salvadoreño desde mucho antes ya era su santo. Que de una vez por todas se deje de instrumentalizar la imagen del humilde pastor salvadoreño.

Wednesday, October 10, 2018

Y la participación ciudadana... En la otra esquina

Por Guillermo Mejía

Recientemente, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén presentó un proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad con el que pretende regular contenido relacionado con violencia, drogas, sexualidad y lenguaje inapropiado a los que regularmente está expuesta la ciudadanía.

Como siempre, esos consumidores que verían censurados los contenidos de la oferta mediática son los que menos conocen del tal proyecto de ley, pues no ha sido publicitado para su discusión pública –como debería ser- sino que está en manos de la Asamblea Legislativa, donde de entrada recibió la negativa de los diputados, menos los del partido oficial.

En otras palabras, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) actuó, una vez más, como sus adversarios políticos que menosprecian el involucramiento de los ciudadanos en iniciativas que les afectarían de ser aprobadas, como en este caso que nada más y nada menos implica el derecho a la información.

Según han reseñado los medios, la Dirección de Espectáculos Públicos tendrá la capacidad de evaluar, clasificar y monitorear los contenidos mediáticos considerando categorías, franjas horarias, bloques horarios y tipos de contenidos. Además, habrá un oficial Consejo Consultivo Interinstitucional de Espectáculos Públicos que opinará sobre la materia.

Desde la derecha opositora como también de medios de comunicación social y gremios de radio, televisión y publicidad de inmediato se ha perfilado un discurso antagónico con la iniciativa gubernamental que viene a reforzar las posturas en contra de iniciativas de responsabilidad social en la región latinoamericana.

“Es una ley que va en contra de nuestras libertades. (…) y es un intento de parte del gobierno del Fmln de mantener el control sobre la población, algo que es propio de los regímenes dictatoriales, que buscan controlar qué información llega y qué se debe restringir el acceso a diferentes medios o programas”, advirtió a los periodistas el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.

Empero, para nadie es secreto que –siendo justos en la medida- sí es cierto que desde cantidad de esos espacios mediáticos se vulneran principios y valores de la ciudadanía, se espectacularizan las diversas formas violencia, se cosifica la imagen femenina y se utiliza un lenguaje inapropiado, especialmente en radio.

El problema se centra en quién propone las medidas y qué podría pasar si se le da un cheque en blanco. Como he señalado, este tipo de iniciativas tienen que ser motivo de discusión pública, donde participen los ciudadanos, porque implica el derecho a la información que es de todos y no puede quedar en manos de empresarios, editores y periodistas.

En ese sentido, el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, asocia la iniciativa oficial con las respuestas del gobierno a las deficiencias formales identificadas en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del reglamento de espectáculos públicos que regulaba una materia reservada a ley.

“Sin embargo, la iniciativa también es susceptible de análisis para determinar si se está cumpliendo con los estándares materiales o de contenido ordenados por la Ley Suprema sobre libertades de expresión e información, tal como han sido explicitados en la jurisprudencia de la Sala. La constitucionalidad de la regulación de tales derechos no se satisface solamente cumpliendo los requisitos formales, sino también los de contenido”, señaló González.

De todas formas, hace falta la participación ciudadana.

Tuesday, October 02, 2018

Al inicio de la campaña hacia las elecciones presidenciales

Por Guillermo Mejía

Los candidatos y sus partidos están ya en abierta conquista del voto al iniciar la campaña electoral de acá hasta el 30 de enero próximo, para que tres días después se realicen los comicios presidenciales, en los que por primera vez no figuran como ganadoras las tradicionales fuerzas políticas que se han repartido el ejercicio del poder desde la firma de la paz.

La participación ciudadana en el proceso electoral no trasciende que sea objeto de encuestas de opinión, publicación de datos sobre candidatos e instituciones políticas, trasegadas promesas de los políticos y las condiciones de infraestructura básica para asistir al evento.

Esa limitaciones forman parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.

En otras ocasiones me he referido a la catedrática colombiana Ana María Miralles, quien afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’”.

Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.

Sin embargo, ese tipo de planteamientos difícilmente pasa o pasará por la cabeza de dirigentes partidarios o por los candidatos presidenciales Hugo Martínez, del Fmln; Carlos Calleja, de Arena; Nayib Bukele, de Gana; o Josué Alvarado, de Vamos. Aunque para estar en sintonía con los nuevos tiempos estos candidatos son proclives a hablar de derechos ciudadanos.

El columnista Jorge Barraza, opinó días atrás que: “A unos cuantos meses de la elecciones presidenciales, las promesas de los candidatos ya se escuchan en medios de comunicación y redes sociales. Con promesas de cambio, los partidos políticos han venido engañando a la población elección tras elección. La actual contienda electoral tiende a ser más de lo mismo”.

Según Barraza, Hugo Martínez promete continuar con las mismas medidas gubernamentales en seguridad pública y economía. Carlos Calleja no dice cómo combatirá la inseguridad y sus estrategias económicas están dirigidas al círculo empresarial del cual él y su familia forman parte. Nayib Bukele tiene vagas estrategias económicas y en prevención de la violencia.

Por su parte, el columnista Cristian Villalta, dice que es como ir al dentista: “Ustedes también, a menos que pertenezcan a la minoría de salvadoreños que se ve directamente beneficiado por la victoria de un candidato a través de un empleo en la administración pública, de participar en el saqueo al erario o del montaje de una empresa ad hoc para ganar licitaciones”.

“En esa sensación desagradable que ha marcado nuestros últimos ejercicios electorales, la de estar participando en un bingo en el que solo puedes ganarte una paliza o una burla, coinciden dos realidades: la pobreza generalizada de los cuadros partidarios y la mediocre producción intelectual de los partidos políticos”, agregó.

¿Alguien espera un cambio?, lo dudo.

Tuesday, September 25, 2018

La ocultación mediática de la crisis de Costa Rica

Por Guillermo Mejía

Por la ausencia informativa acerca del enfrentamiento entre los trabajadores y las autoridades costarricenses frente a la amenaza de una reforma fiscal que deteriorará aún más la economía doméstica, con el incremento a los impuestos y los recortes a los gastos entre otras medidas, pareciera que el país hermano se encuentra tan lejos de los salvadoreños.

Resulta vergonzante que el sistema de comunicación colectiva nacional invisibilice la crisis tica que desembocó en una huelga que lleva más de dos semanas, en medio de negociaciones de trabajadores y autoridades para consensuar una reforma fiscal que no caiga sobre las espaldas de los de siempre.

“Este proyecto se negoció únicamente con los sectores económicos grandes y afecta a los sectores medios y pobres del país, mientras exime a los poderosos”, dijo el dirigente sindical Luis Chavarría a los periodistas que destacan una protesta que no se ha tenido en al menos 20 años. “Es un proyecto que empobrece más a la población costarricense”, añadió el sindicalista.

En efecto, la reforma fiscal que tiene que ser aprobada en la Asamblea Legislativa busca oxigenar la crisis que representa un déficit fiscal que será de 7.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, mientras se estima que el gasto de la deuda pública será del 53.5 por ciento para el año 2019.

Los trabajadores se fueron a la huelga general, porque consideran que las respuestas del gobierno del presidente Carlos Alvarado no son las adecuadas: solamente aportarán ingresos de 1.5 por ciento del PIB; los reajustes al Impuesto al valor Agregado (IVA) no traerán mayores ingresos, sino más bien mayores consecuencias sociales, ya que agudizarán la inequidad social.

Además, las medidas de austeridad salarial son una clara violación a los derechos laborales y también reducirán la capacidad adquisitiva de los trabajadores afectando el consumo privado y fomentando el desempleo; a la par, el recorte de los gastos implicaría afectar programas sociales, pensiones e inversión pública en infraestructura.

Y, por si fuera poco, una regla fiscal que permite eliminar políticas económicas soberanas a fin de aumentar la credibilidad ante los organismos financieros nacionales e internacionales, a lo que se suma que limitan la política pública expansiva y facilitan la privatización de hecho de los servicios públicos.

De ninguna manera podemos considerar que esa situación que enfrentan los hermanos costarricenses no sea de importancia para los salvadoreños, que también soportan una grave crisis socio-económica y de seguridad pública ante la que responden –muy a pesar de las adversidades- con abandonar el país.

No hace mucho, los políticos acordaron una reforma de pensiones que, en lugar de favorecer a los cotizantes, sólo vino a paliar la crisis en que está metido ese sistema que representa un robo de las cuotas de los contribuyentes por parte de las afpes. Oficialmente se llegó al descaro de vender esa estafa como un triunfo de los trabajadores.

En la actualidad, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén en el presupuesto para el año 2019 prevé recortes en los ramos de Educación, Justicia y Seguridad Pública, Agricultura y Turismo, además de la Fiscalía General de la República, situación que nos anuncia que las cosas irán peor, en un país que desde hace ratos dejó de ser rebelde.

Sin conocer a fondo la situación nacional, mucho menos la internacional –como el caso de la crisis de Costa Rica- los salvadoreños quedan a merced de los que hacen de las suyas desde el poder y los medios de comunicación social –como un brazo más- solamente espectacularizan los hechos, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Wednesday, September 19, 2018

Los periodistas y las elecciones presidenciales

Por Guillermo Mejía

A poco de arrancar la campaña de las elecciones presidenciales de febrero próximo, sería oportuno que los medios de comunicación social ya no se presten a la acostumbrada espectacularización del proceso electoral y se comprometan mejor con promover la discusión de los problemas que afligen a los salvadoreños.

Precisamente, entre el dos de octubre y el 30 de enero de 2019, los candidatos tendrán la ocasión de dirigirse al conglomerado, aunque de hecho los hemos visto en campaña, directa o camuflada, tanto dando declaraciones, presencia en el terreno o en los espacios mediáticos que comulgan con sus banderas.

Para nadie es secreto cómo medios escritos, radiales o televisivos han propiciado los discursos especialmente de Carlos Calleja, del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena); Hugo Martínez, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln); y Nayib Bukele, de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Hay que agregar la utilización de redes sociales, páginas web, etcétera.

Empero, más que medios de comunicación social que solamente prestan micrófono y, en algunos casos, llegan al extremo de convertirse en cajas de resonancia de la propaganda política de los candidatos presidenciales y sus partidos, es tiempo de que asuman una postura consecuente con los intereses de la sociedad.

Nos recuerdan los colegas Bill Kovach y Tom Rosenstiel en su libro “Los elementos del periodismo” que “más que vender contenido a los clientes, los periodistas construyen una relación con sus lectores, oyentes o espectadores basada en sus valores, en sus juicios, autoridad, valor, profesionalidad y compromiso con la comunidad”.

“En definitiva, el periodismo establece una relación con sus clientes muy distinta a la que cualquier otra empresa de la economía de consumo tradicional, y en algunos aspectos mucho más compleja. Se trata de una relación triangular. El lector, oyente o el espectador no es un cliente que compra bienes o servicios. El anunciante sí lo es. Sin embargo, el cliente/anunciante tiene que subordinarse en ese triángulo al tercer vértice del mismo, el ciudadano”, advierten los autores.

En consecuencia, la ciudadanía salvadoreña tiene que ser respetada en su derecho a la información por parte de dueños, editores y periodistas de cara a las elecciones presidenciales de 2019. Los candidatos y sus partidos, a la vez, tienen que respetar la autonomía del trabajo periodístico a fin de estar en sintonía con la profundización de la democracia.

La información trabajada con suma responsabilidad, el abordaje a profundidad de temas que aclaren el panorama para los ciudadanos y las respuestas oportunas a situaciones comprometedoras por parte de los que buscan la silla presidencial son tareas prioritarias de los encargados de brindar la información a la ciudadanía.

Los electores necesitan que se les hable de los crónicos problemas de inseguridad y la crisis económica, y qué proponen los candidatos presidenciales. A la vez, del compromiso con los esfuerzos contra la corrupción y el crimen organizado, máxime que representan a partidos políticos que han tenido o tienen vínculos con esos males. Ni Arena, ni el Fmln se escapan, muchos menos Gana.

Y, por supuesto, que en el trabajo periodístico urge que se incorpore la perspectiva ciudadana. Hay que pasar paulatinamente de la marginación del elector –a quien solo se le demanda el voto- a que sea partícipe de la construcción de su futuro, en otras palabras a que políticos y medios de comunicación social asuman su compromiso con la ciudadanía.

Tuesday, September 11, 2018

El anónimo contra Donald Trump

Por Guillermo Mejía

La crisis que vive la sociedad estadounidense con Donald Trump es tal que, si bien existen espacios tradicionales como alternativos para proyectar una visión crítica del ejercicio del poder, el influyente The New York Times tuvo que publicar una columna anónima para exponer algunos malestares al interior de la administración norteamericana.

Como regla del ejercicio periodístico, se considera el uso de fuentes anónimas en condiciones extremas como el hecho de que la persona tema por su vida o también represalias al divulgar una información que realmente sea de suma importancia para la sociedad. Por supuesto, una información con fuentes identificables goza de credibilidad.

En el artículo “Soy parte de la resistencia dentro del gobierno de Trump”, el quejoso dice: “La raíz del problema es la falta de moral del presidente. Cualquier persona que trabaje con él sabe que no está anclado a ningún principio básico discernible que guíe la forma en que toma decisiones”.

“Aunque fue electo como republicano, el presidente muestra poca afinidad hacia los ideales adoptados desde hace mucho tiempo por los conservadores: libertad de pensamiento, libertad de mercado y personas libres. En el mejor de los casos, ha invocado esos ideales en ambientes controlados; en el peor, los ha atacado directamente”, agregó.

“Además de la mercadotecnia masiva que hace a la noción de que la prensa es el ‘enemigo del pueblo’, los impulsos del presidente Trump generalmente están en contra del comercio y de la democracia”, sentenció.

El Times “tomó la decisión inusual de publicar una columna de opinión anónima” a petición del autor a quien identifica como un funcionario de alto rango en el gobierno de Trump y que podría perder el empleo si es identificado. “Creemos que publicar este ensayo sin firma es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”, advirtió el rotativo.

De inmediato, el presidente estadounidense se lanzó contra el “traidor” dentro de sus filas y también contra The New York Times, periódico que a diario es centro de sus ataques, además de exigir al fiscal general, Jeff Sessions, que investigue al autor del artículo, porque considera que es un tema de seguridad nacional.

Altos funcionarios del gobierno de Trump, incluidos el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Defensa, Jim Mattis; y el secretario de Estado, Mike Pompeo, negaron la autoría de la columna de opinión, situación que para el periodista estadounidense David Brooks “subraya el nivel de desconfianza y paranoia presidencial que ha marcado este gobierno”.

Sobre el caso, es interesante el análisis del periodista Julio Petrarca, defensor de lectores del periódico El Perfil, de Argentina, para quien “una de las premisas básicas para que un artículo de opinión tenga validez y merezca ser publicado es que contenga información y no solo la mera condición de texto con fuerte impacto sobre la opinión pública”.

Pone como ejemplos los afamados casos Watergate, por el que tuvo que renunciar el presidente Richard Nixon, y las acciones ilegítimas de varios gobiernos en relación con la guerra de Vietnam, donde se hizo uso de fuentes anónimas para los respectivos destapes periodísticos. Sin embargo, encuentra diferencias sustanciales en el caso de la columna de opinión de The New York Times.

“Este caso es diferente, y por lo tanto pasible de un análisis cuanto menos severo desde el punto de vista de la ética periodística. ¿Cuánto dice el autor del artículo acerca de hechos concretos, traducibles en el lenguaje de la información?”, pregunta Petrarca. Ahí es donde ubica una de las debilidades del texto que bien valdría un análisis serio por parte de los periodistas más allá del malestar que nos causa Donald Trump.

Tuesday, September 04, 2018

Elecciones presidenciales: Los señores de la guerra a segundo plano

Por Guillermo Mejía

Por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno del derechista Alfredo Cristiani y el rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), en Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, ninguna de esas fuerzas políticas que han dominado el espectro político se perfila como favorita en las elecciones presidenciales de 2019.

El lugar lo ocupa el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) con su candidato a última hora y por arreglos no muy transparentes, el ex alcalde capitalino Nayib Bukele, expulsado de las filas del Fmln en medio de un agarrón firma culebrón televisivo, que supera a sus principales contrincantes, Carlos Calleja y Hugo Martínez.

Paradójico, pues el reconocido partido bisagra Gana, nacido de la descomposición de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que derivó de la expulsión del ex presidente Tony Saca, ladrón confeso en espera de sentencia judicial, se perfila como favorito aunque más por la figura del ex alcalde Bukele que por méritos propios.

Según la última encuesta de LPG Datos, el partido Gana aparece con el 21.9 por ciento del electorado con un crecimiento significativo, ya que en febrero pasado apenas su caudal fue de 2.7 por ciento. Le sigue el partido Arena con el 17.6 por ciento, pero con una caída de casi 10 puntos de lo que fue su caudal hace seis meses; y en un lejano tercer lugar el partido Fmln con 8.6 por ciento del electorado.

Sin embargo, es significativo que el 51.6 por ciento de los salvadoreños se reparte entre los que no siguen a ninguno de los contendientes, cree que el voto es secreto, no sabe o no responde a la pregunta formulada. De acá a febrero próximo, cuando se celebren los comicios presidenciales, muchas cosas pasarán.

Por lo que se aprecia de las informales campañas que comenzaron con desplazamientos territoriales de candidatos, algunos anuncios y la incansable presencia partidaria en redes sociales, donde se juntan las más variadas ocurrencias, las narrativas resultan más de lo mismo de promesas fallidas frente a problemas que se han vuelto crónicos en la sociedad salvadoreña.

La única novedad parece ser que tanto Bukele, de Gana, como Calleja, de Arena, andan ofreciendo que quitarán la partida secreta de la administración pública, que ha salido a bailar con los casos de corrupción de los ex presidentes Tony Saca, de Arena, y Mauricio Funes, del Fmln, y que, según la Fiscalía General, tienen sobre sus espaldas el saqueo de más de 600 millones de dólares al Estado.

Por algo, tanto los gobiernos de Arena como los del Fmln, cada cual según la ocasión, han sufrido (y sufren) cuando la ciudadanía apela al derecho de acceso a la información pública.

El politólogo Marlon Hernández-Anzora escribió en un matutino local: “Mientras el Fmln fue oposición, su apoyo a este derecho fue incondicional. Pero una vez convertidos en gobierno, lo que antes fue una bandera de lucha se reveló como una especie de amenaza a su gestión de gobierno”.

“Por su parte”, agregó, “una vez fuera del Ejecutivo, Arena y sus sectores allegados la convirtieron en uno de sus principales estandartes electorales. En resumen: los que antes sí, hoy ya no, y viceversa”.

Por eso y mucho más, como el desengaño ciudadano con presidentes sacados de la televisión, es que tanto a Arena como al Fmln el electorado les viene “cantando las golondrinas”. Y en esta ocasión figura un celeste “golondrino” a quien también tienen que cuadrarle las cuentas por aquello de la transparencia y el acceso a la información pública.