Tuesday, February 20, 2018

Las elecciones y los políticos, una esperanza inútil

Por Guillermo Mejía

Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.

Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.

Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.

Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.

Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.

En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.

El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.

La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.

Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.

El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.

“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.

En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.

Tuesday, January 23, 2018

El laberinto de los “tepesianos”

Por Guillermo Mejía

Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.

El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.

Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.

Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.

El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.

Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.

Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.

Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.

También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.

Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.

De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.

Tuesday, January 16, 2018

El Trump(udo) de la Casa Blanca

Por Guillermo Mejía

Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.

La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.

Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.

Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.

Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.

Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.

En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.

La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.

Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.

Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.

Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.

Tuesday, January 09, 2018

Un “déjà vu” electoral

Por Guillermo Mejía

Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.

A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.

Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.

Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.

La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.

Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.

Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.

Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.

Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.

Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.

Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.

Realmente, “déjà vu” electoral.

Wednesday, January 03, 2018

A propósito del inicio de la campaña electoral 2018

Por Guillermo Mejía

La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.

Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.

En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.

La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.

En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.

Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.

También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.

Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.

Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.

La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.

En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.

Wednesday, December 20, 2017

Los intereses corporativos ponen fin a la neutralidad en internet

Por Guillermo Mejía

La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.

Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.

El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.

Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.

“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.

En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.

Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.

El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.

“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.

En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.

A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.

La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.

Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.

Tuesday, December 12, 2017

Unos políticos que confían más en el marketing que en proponer soluciones

Por Guillermo Mejía

La aprobación de menos del 30 por ciento de los salvadoreños hacia el presidente Salvador Sánchez Cerén, según la última encuesta de LPG-Datos, pone en qué pensar no solo a la izquierda oficial, sino a la denominada “clase política” frente al desgaste que sufre ante el pesimismo, la falta de credibilidad y la ausencia de respuestas a los problemas que agobian a la ciudadanía.

Por lo que se ve, difícilmente levante cabeza la figura de Sánchez Cerén, y por supuesto su gestión, en lo que le queda del período presidencial más allá del cuento que hay que apostarle más al marketing político –por aquello de las imágenes y su impacto- que a entrarle en serio con un programa que represente los intereses de las mayorías desprotegidas.

Ante el cada vez evidente descalabro de la figura del mandatario salvadoreño por la inseguridad y la crisis económica, aderezados por la amenaza de que pronto los norteamericanos mandarán a la porra el permiso de trabajo temporal de casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos, hay funcionarios que creen que el problema radica en la publicidad.

“La manera de elevar el número de calificación de cualquier gobierno tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con los espacios de comunicación para poder dimensionar las obras del Estado. Este es un gobierno que menos publicidad le viene haciendo a sus obras”, afirmó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.

Si bien es cierto estamos en la era donde reinan las élites ocultas especializadas en imagen, marketing político, sondeos de opinión y estrategias de comunicación, sería de tarados creer que todo se resuelve por arte del marketing, sin compromisos serios y determinantes, máxime que el presente gobierno, al igual que el de Mauricio Funes, nunca dio un salto cualitativo frente al modelo dominante.

Al contrario, nos encontramos que muchas de las prácticas de sectores de poder, en especial que le achacaron a los pasados gobiernos de Arena, figuran en las formas de conducción que prevalecen en el actual gobierno del Fmln, como en el de su antecesor Mauricio Funes, por cierto el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito.

Terreno fértil para que figuras de publicidad y marketing político como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, haya ingresado con alto impacto, sobre todo en redes sociales y sectores juveniles, de cara a las elecciones presidenciales venideras, luego de su expulsión del Fmln.

“Por el momento todo parece ir por los buenos rieles para este especialista en publicidad, todo el sistema de propaganda ideológica se ha ido plegando a las exigencias de la publicidad, todo se ha vuelto mercancía y todo se vende envuelto y por la imagen que entregan buenas campañas publicitarias”, consideró Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia.

“Hoy Eugenio Chicas incriminaba a la ausencia de publicidad en favor de los logros del gobierno y de la actividad de su partido el abismal desprestigio que gozan ahora el gobierno y el partido oficial. Este rechazo del bipartidismo crea al mismo tiempo un vacío o mejor dicho un terreno que ocupar, este terreno es el que ahora acapara Nayib Bukele”, afirmó.

Según Abrego, el caudillo encarna las aspiraciones populares, estas no son ni siquiera enumeradas, se concentran en el rechazo al bipartidismo, al que se le imputan todos los males de nuestra sociedad. Nayib Bukele y sus “nuevas ideas” cumplen holgadamente los objetivos de ocultación de la verdadera crisis que atraviesa el país.

Como bien señala el alemán Jürgen Habermas, en su visión crítica de la opinión pública, el problema radica en que la sociedad se ve incapacitada para intervenir a fondo en el debate de los asuntos públicos, obviamente víctima de los nuevos señores feudales (del marketing y las relaciones públicas) que otorgan solo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni de generar propuestas.