Monday, January 28, 2013

Transparencia y participación en una sociedad en crisis

Por Guillermo Mejía

La transparencia y la participación son dos paradigmas que han cobrado fuerza en la sociedad contemporánea, de ahí la estrategia de los políticos de asumir como propias ambas condiciones, aunque en la práctica cotidiana más que hechos concretos que aseguren su cumplimiento lo que encontramos son diversas formas de boicot a esas necesidades tan legítimas.

Como transparencia –y rendición de cuentas- entendemos la potestad que tiene la ciudadanía de exigir la forma en que sus gobernantes desarrollan sus funciones, a la vez que éstos tienen la obligación de responder a esa exigencia; mientras, que la participación significa el derecho que tiene la ciudadanía de involucrarse en la los procesos de desarrollo y las decisiones políticas.

Sin creer que vivimos en una sociedad democratizada, al menos vamos en camino y con tropezones, se percibe en el terreno que existe mucho bombo cuando nos referimos a la transparencia y rendición de cuentas, ya que –por ejemplo- el acceso a la información pública es precario y más que respuestas encontramos evasivas en quienes ejercen el poder.

Una cosa es publicitar los “logros” en las instituciones acreditadas sin que se aclaren los valladares en las respectivas gestiones y otra es hablar de cara a la nación, sin tapujos, para sopesar esos logros con sus respectivos contratiempos a fin de contrastar el discurso político del encanto y las promesas con la cruda realidad. Los periodistas deberían ser figura clave en ese proceso.

Muy al contrario, hay evidencias que muchos de los sujetos encargados de aceitar esa transparencia y rendición de cuentas en las instituciones han sido boicoteados por quienes las dirigen en menoscabo del derecho ciudadano y en consonancia con la mala costumbre de disfrazar información o de ocultarla –situación que ni es nueva, ni se ve que quiera ser cambiada.

Desde el gobierno central existe una entidad que precisamente se llama “transparencia”, pero más parece una oficina de publicidad y propaganda.

Qué oportuno sería que esa oficina y los diversos sectores –algunos lo han hecho- demandaran transparencia y, por ende, rendición de cuentas al gobierno del presidente Mauricio Funes y los subalternos correspondientes sobre el proceso de tregua entre pandillas que increíblemente hacen recaer en un ex dirigente guerrillero y en un capellán de la Fuerza Armada.

La incredulidad es tal que las mismas autoridades están conscientes que la mayor parte de la ciudadanía no avala la medida por diversas razones, una de ellas la oscuridad que la envuelve, mientras que de sus aliados gringos recibieron el gesto político desagradable de dudar de las intenciones de la tregua y alertar a sus ciudadanos por la peligrosidad de venir al país.

“Una tregua entre las dos principales bandas callejeras en 2012 contribuyó a un declive en la tasa de homicidios. Pero la sostenibilidad de este declive no está clara y la tregua ha tenido poco impacto en los robos, asaltos y otros crímenes violentos”, reza la alerta del Departamento de Estado norteamericano.

La queja incluye que 22 de sus ciudadanos han muerto desde 2010 y que solamente se han esclarecido cinco casos, mientras han sido robados 230 pasaportes de norteamericanos. Tanto el ministro de Seguridad y Justicia, general David Munguía Payés, como líderes de las pandillas han coincidido en señalar que Estados Unidos parte de datos desfasados (los líderes pandilleros se han comprometido también a respetar la vida de visitantes como gesto).

Cuando nos referimos a las condiciones en que se genera la participación ciudadana en los asuntos públicos nos damos cuenta que otra vez se repite la historia. Por ejemplo. la clase política salvadoreña aceptó a regañadientes la incorporación de la foto de los candidatos en las papeletas de votación en los comicios pasados.

En la actualidad, no quieren reconocer de inmediato la creación de concejos municipales plurales a fin de profundizar la democracia en el ejercicio del poder, mucho menos se incorpora de buena gana a las representaciones de la sociedad civil en la gestión pública si tienen una perspectiva crítica sobre el ejercicio del poder –otra cosa es que los llamen para que sirvan de coro.

El gobierno del presidente Mauricio Funes incluso ha publicitado un movimiento ciudadano, desde todas luces de carácter electoral, donde si bien es cierto hay representaciones de la sociedad civil –miembros de sindicatos y ex combatientes guerrilleros para el caso- el acarreo lo han hecho por medio de prebendas que desgraciadamente significan compra de voluntades.

No es participación, compatriotas, participación ciudadana es otra cosa, pasa por el empoderamiento de la ciudadanía a fin de que salga de su condición de simples electores de turno y pasen a la de forjadores de su futuro tomando en cuenta sus derechos y obligaciones ciudadanas. Transparencia y participación requieren que salgamos de la condición de borregos.













Tuesday, January 15, 2013

Reflexiones a 21 años de la firma de la paz

Por Guillermo Mejía

Una de las ironías y vergüenzas más grande al cumplirse 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra civil de 12 años, el 16 de enero de 1992, es la re-militarización de la sociedad salvadoreña bajo el primer gobierno de izquierda donde el partido oficial es ni más ni menos que la guerrilla que se alzó en armas para combatir la dictadura militar.

En la dirigencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) algunos aseguran que el presidente Mauricio Funes no les consultó sobre esa nefasta decisión, aunque otras voces de la misma dirección del partido señalan que sí fue del conocimiento de algunos de ellos, principalmente de quienes conducen las empresas de la cúpula, como Alba Petróleo.

El punto es que, pese a la oposición de muchos sectores, siguen los militares en la conducción, por ejemplo, del ministerio de Justicia y Seguridad, con el general David Munguía Payés, y la Policía Nacional Civil (PNC), con el general Francisco Salinas, en evidente violación al espíritu de los Acuerdos de Paz que pararon el conflicto militar que causó unas 75 mil muertes.

Durante un foro organizado para conmemorar el XXIII Aniversario del asesinato de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, acaecido el 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andréu Oliva, advirtió que la re-militarización de la cartera de Justicia y Seguridad y la PNC incluso representa retrocesos importantes en el combate al crimen organizado.

Oliva puso en evidencia: “El regreso a puestos operativos de miembros de la policía que tenían expedientes de investigación abiertos señalados por los informes por su vinculación al crimen organizado, la destitución o traslado de personal policial que había informado responsabilidades graves del crimen organizado, el control del centro de información policial, la inteligencia militar y el Organismo de Inteligencia del Estado por miembros del ejército”.

“Estas medidas parecen indicar que la política actual de seguridad se rige por la premisa ‘si no puedes contra tu enemigo únete o alíate con él y al menos tendrás un cierto control del mismo’”; por lo tanto, la actitud de las autoridades locales respecto al crimen organizado solo puede definirse como pasiva y encubridora, pero parece lógica que sea así por el alto nivel de infiltración que tiene el crimen organizado en las instituciones estatales como en diversos niveles de la sociedad”, denunció Oliva.

La ciudadanía observa la oscuridad que encierra la supuesta tregua entre las pandillas cuya paternidad no se la adjudica el gobierno de Mauricio Funes, sino que se la achaca a dos “facilitadores” –un ex guerrillero y un capellán de la Fuerza Armada- frente al mar de contradicciones en que cae el general David Munguía Payés cuando se refiere al asunto.

¿Quién saca la ganancia?, es la pregunta. Algunos especialistas no descartan la posibilidad que en ese enredo ha metido mano el crimen organizado y la tregua entre pandillas es solo un distractor para facilitar un corredor logístico para el paso de la droga en el país; por lo tanto, existe el peligro que la violencia se institucionalice y las mafias copen el Estado.

Por otro lado, al hacer un balance sobre los 21 años de la firma de la paz, la directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), María Silvia Guillén, afirmó que aún son pequeños los avances en la democratización de la sociedad salvadoreña, ya que no sólo se trata de procesos electorales y desenvolvimiento de las instituciones, sino que de la calidad de vida de los ciudadanos.

“Tenemos que llegar a concluir que mientras un gobierno no asuma el compromiso de llevar cambios estructurales a la vida de la población aquí vamos a vivir en condiciones en las cuales no va a haber grandes cambios para la vida de la población”, dijo Guillén, “el cambio de los gobiernos de Arena a un gobierno del Fmln, bajo las circunstancias que sean, ha traído pequeños cambios a la vida de los salvadoreños especialmente los más pobres, pero que no han tocado la realidad estructural de la necesidad de la gente”.

A la par, la impunidad sigue galopante. “Como que la persecución del delito sigue siendo en este país una estela de impunidad que tiene como una causa directa toda la impunidad que todavía se mantiene de los crímenes de la guerra. Aquí en este momento todavía no se ha juzgado, no se ha mencionado, no se ha conocido la verdad de quiénes fueron los criminales durante la guerra”.

Guillén recordó que todos los problemas estructurales que estaban a la base de las causas del conflicto “se dejaron sin tocar”, porque “era tocar los intereses de la oligarquía de este país y hasta ahí no iban a llegar los acuerdos” y luego –por eso mismo- fracasó el Foro de Concertación Económico-Social y se instaló el proyecto neoliberal causante de la miseria de la población.

La directora de Fespad se pronunció por la lucha social, para lograr los cambios estructurales que requiere la sociedad salvadoreña, porque “ningún gobierno va a tocar cuestiones estructurales si no es por presión social”, el gobierno de turno, ni otro que llegue, no lo hará.

“Creo que debemos de reaccionar y seguir construyendo lucha social”, reiteró. El Salvador necesita trascender de los discursos de aniversario, que se pongan en evidencia los acuerdos bajo la mesa de los políticos perversos que siguen esquilmando al Estado, además a los que cambiaron sus ideales de lucha por intereses mercantilistas. La re-militarización de la sociedad es una de las ironías y vergüenzas más grande a 21 años de la firma de la paz.