Transparencia y participación en una sociedad en crisis

Por Guillermo Mejía

La transparencia y la participación son dos paradigmas que han cobrado fuerza en la sociedad contemporánea, de ahí la estrategia de los políticos de asumir como propias ambas condiciones, aunque en la práctica cotidiana más que hechos concretos que aseguren su cumplimiento lo que encontramos son diversas formas de boicot a esas necesidades tan legítimas.

Como transparencia –y rendición de cuentas- entendemos la potestad que tiene la ciudadanía de exigir la forma en que sus gobernantes desarrollan sus funciones, a la vez que éstos tienen la obligación de responder a esa exigencia; mientras, que la participación significa el derecho que tiene la ciudadanía de involucrarse en la los procesos de desarrollo y las decisiones políticas.

Sin creer que vivimos en una sociedad democratizada, al menos vamos en camino y con tropezones, se percibe en el terreno que existe mucho bombo cuando nos referimos a la transparencia y rendición de cuentas, ya que –por ejemplo- el acceso a la información pública es precario y más que respuestas encontramos evasivas en quienes ejercen el poder.

Una cosa es publicitar los “logros” en las instituciones acreditadas sin que se aclaren los valladares en las respectivas gestiones y otra es hablar de cara a la nación, sin tapujos, para sopesar esos logros con sus respectivos contratiempos a fin de contrastar el discurso político del encanto y las promesas con la cruda realidad. Los periodistas deberían ser figura clave en ese proceso.

Muy al contrario, hay evidencias que muchos de los sujetos encargados de aceitar esa transparencia y rendición de cuentas en las instituciones han sido boicoteados por quienes las dirigen en menoscabo del derecho ciudadano y en consonancia con la mala costumbre de disfrazar información o de ocultarla –situación que ni es nueva, ni se ve que quiera ser cambiada.

Desde el gobierno central existe una entidad que precisamente se llama “transparencia”, pero más parece una oficina de publicidad y propaganda.

Qué oportuno sería que esa oficina y los diversos sectores –algunos lo han hecho- demandaran transparencia y, por ende, rendición de cuentas al gobierno del presidente Mauricio Funes y los subalternos correspondientes sobre el proceso de tregua entre pandillas que increíblemente hacen recaer en un ex dirigente guerrillero y en un capellán de la Fuerza Armada.

La incredulidad es tal que las mismas autoridades están conscientes que la mayor parte de la ciudadanía no avala la medida por diversas razones, una de ellas la oscuridad que la envuelve, mientras que de sus aliados gringos recibieron el gesto político desagradable de dudar de las intenciones de la tregua y alertar a sus ciudadanos por la peligrosidad de venir al país.

“Una tregua entre las dos principales bandas callejeras en 2012 contribuyó a un declive en la tasa de homicidios. Pero la sostenibilidad de este declive no está clara y la tregua ha tenido poco impacto en los robos, asaltos y otros crímenes violentos”, reza la alerta del Departamento de Estado norteamericano.

La queja incluye que 22 de sus ciudadanos han muerto desde 2010 y que solamente se han esclarecido cinco casos, mientras han sido robados 230 pasaportes de norteamericanos. Tanto el ministro de Seguridad y Justicia, general David Munguía Payés, como líderes de las pandillas han coincidido en señalar que Estados Unidos parte de datos desfasados (los líderes pandilleros se han comprometido también a respetar la vida de visitantes como gesto).

Cuando nos referimos a las condiciones en que se genera la participación ciudadana en los asuntos públicos nos damos cuenta que otra vez se repite la historia. Por ejemplo. la clase política salvadoreña aceptó a regañadientes la incorporación de la foto de los candidatos en las papeletas de votación en los comicios pasados.

En la actualidad, no quieren reconocer de inmediato la creación de concejos municipales plurales a fin de profundizar la democracia en el ejercicio del poder, mucho menos se incorpora de buena gana a las representaciones de la sociedad civil en la gestión pública si tienen una perspectiva crítica sobre el ejercicio del poder –otra cosa es que los llamen para que sirvan de coro.

El gobierno del presidente Mauricio Funes incluso ha publicitado un movimiento ciudadano, desde todas luces de carácter electoral, donde si bien es cierto hay representaciones de la sociedad civil –miembros de sindicatos y ex combatientes guerrilleros para el caso- el acarreo lo han hecho por medio de prebendas que desgraciadamente significan compra de voluntades.

No es participación, compatriotas, participación ciudadana es otra cosa, pasa por el empoderamiento de la ciudadanía a fin de que salga de su condición de simples electores de turno y pasen a la de forjadores de su futuro tomando en cuenta sus derechos y obligaciones ciudadanas. Transparencia y participación requieren que salgamos de la condición de borregos.