Monday, December 19, 2011

La desilusión centroamericana

Por Guillermo Mejía

En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.

Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.

Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.

República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.

En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.

En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.

A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.

El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.

Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.

Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.

Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.

Los centroamericanos tenemos la palabra.










Monday, December 12, 2011

Necesidad de encontrar rumbo

Por Guillermo Mejía

Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.

Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.

Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.

Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.

Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.

Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.

De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.

El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.

“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.

En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.

Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.

Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.










Monday, December 05, 2011

Demagogia y mezquindad

Por Guillermo Mejía

En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.

El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.

En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.

No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.

Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.

El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.

En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.

Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.

Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.

Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.

Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?