Tuesday, March 19, 2019

Las erráticas políticas de seguridad pública en El Salvador

Por Guillermo Mejía

En los últimos quince años se han experimentado políticas de seguridad pública que han potenciado aún más la violencia social en lugar de superarla, debido a que ha prevalecido en los distintos gobiernos la tentación represiva en contra de las maras o pandillas en lugar de privilegiar una solución integral del problema.

La conclusión se extrae del estudio “Las políticas de seguridad pública en El Salvador 2003-2018”, elaborado por la especialista Jeannette Aguilar y editado por la alemana Fundación Heinrich Boll-Stiftung, en enero pasado, donde se detallan los planes que tuvieron los respectivos gobiernos de Arena y del Fmln.

“La simplificación políticamente interesada que ha prevalecido en los distintos gobiernos sobre el fenómeno de la violencia y la criminalidad, ha llevado a que esta sea reducida a una de sus expresiones más visibles: las maras o pandillas, hacia quienes se ha enfocado casi unilateralmente la acción punitiva del Estado”, señala el estudio.

“La retórica oficial indistintamente del gobierno de turno, ha insistido en atribuir a la gran mayoría de hechos delictivos a las pandillas, sin que hasta hoy se cuente con información oficial consistente que respalde tales aseveraciones”, agrega. Al grado que han llegado a distorsionar la interpretación de las cifras para tal propósito.

En consecuencia, se ha carecido de un diagnóstico certero sobre el flagelo que sustente las intervenciones y el diseño de políticas públicas.

“En un país con una violencia crónica como El Salvador, la ausencia de procesos de planificación, implementación y evaluación de las políticas públicas del sector seguridad con base a evidencia, ha favorecido la evolución y complejización de las dinámicas criminales a lo largo de los años”, sentencia.

Por otro lado, los distintos gobiernos del período abordado han adoptado medidas de seguridad temporales, reactivas y excepcionales que han pasado a ser permanentes, porque se han generado en situaciones de emergencia y como respuesta al clamor popular desde una evidente improvisación del aparato estatal.

Se suma la participación del ejército nacional en tareas de seguridad pública a partir de las Manos Duras, desde 1993, que en las administraciones del Fmln ha crecido a niveles sin precedente durante la posguerra, según el estudio, llegando al extremo de militarizar la política pública se seguridad y, en particular, la respuesta del Estado al fenómeno social.

“La máxima expresión de la militarización de la respuesta institucional a las pandillas ha ocurrido durante las Medidas Extraordinarias de Seguridad en las que a batallones élites conformados por miembros de los comandos antiterroristas del ejército se les encomendó la función de neutralizar y limpiar los territorios de miembros de pandillas”, advierte.

Otro elemento destacado es la utilización de la política de seguridad como estrategias de política electoral, ya que los gobiernos y actores políticos se han servido de la violencia y las pandillas para conseguir réditos electorales y beneficios personales. Uno de los casos emblemáticos es la famosa “tregua entre pandillas” en el gobierno de Mauricio Funes.

Y, ante la complejidad del problema, “se han privilegiado estrategias efectivistas que generan resultados a corto plazo. Bajo esta lógica, la prevención y la persecución se han concebido como antagónicas, aunque en la retórica se admita la importancia de los enfoques integrales”, concluye el documento.

¿Qué hará el gobierno del presidente electo Nayib Bukele a partir del uno de junio? Está por verse: Sigue en las mismas o da un golpe de timón.

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