Por Guillermo Mejía
En el camino hacia las elecciones de diputados y alcaldes del año 2021, los políticos se apresuran a ganar mentes y corazones a través de espectaculares medidas de carácter populista, en esa línea se han advertido las maniobras que han ejecutado para agenciarse la prórroga al Estatuto de Protección Temporal de los salvadoreños en Estados Unidos, TPS.
Ni lentos, ni perezosos integrantes de los partidos políticos, en especial Arena y el Fmln, además de gente vinculada al presidente electo, Nayib Bukele, han aparecido en escena para más que celebrar la acción que responde a una decisión jurídica interna de los norteamericanos, al grado que incluso más de un oportunista la adjudicó al reciente triunfo golondrino.
A finales del mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos notificó que todos los documentos de empleo de salvadoreños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses mantienen vigencia hasta el dos de enero de 2020. Con esa medida, queda sin efecto el término del programa en septiembre.
Los políticos criollos pretenden incorporar al imaginario colectivo que ellos han trabajado ante las autoridades gringas para mantener el TPS, lógicamente por los daños que sufrirían casi 200 mil salvadoreños que gozan del permiso y sus familias, además de que muchos de los recursos que generan palian las necesidades económicas en el país vía remesas.
Sin embargo, hay que recordar que el recule de las acciones migratorias de la administración Trump se debe a la demanda interpuesta por organizaciones cívicas en un tribunal del Estado de California a nombre de la inmigrante Crista Ramos contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en marzo de 2018.
En su alegato, los demandantes expusieron que el TPS había sido una decisión prorrogada, tanto por republicanos como por demócratas, desde que se aprobó en 2001, año de los fatídicos terremotos en El Salvador. A la vez, que su cancelación causaría graves daños económicos en Estados Unidos como en el país.
Punto clave de la gestión fue que las organizaciones cívicas advirtieron al tribunal californiano que la decisión de la Administración Trump era inconstitucional, porque se instala dentro de la agenda de la supremacía blanca antiinmigrante que abanderó el presidente desde la campaña electoral que culminó con su llegada a la Casa Blanca.
Vale traer a la memoria la lucha de los “tepesianos” junto a las organizaciones cívicas en Estados Unidos, por cuanto la ofensiva de Trump incluyó que en la búsqueda de expulsar a los inmigrantes llamó a El Salvador, Haití y otros países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”.
Al contrario que el actual gobierno, que siempre mantuvo un perfil bajo frente a su homólogo estadounidense e incluso le contradijo sus políticas ante otros países como Cuba y Venezuela, el ahora presidente electo Nayib Bukele ya confirmó su disposición a profundizar sus relaciones con el que considera su principal socio. Las fotos con la embajadora Jean Manes lo atestiguan.
Bukele le dijo a la agencia de noticias AP: “Con actos del partido del gobierno con pancartas Yankee Go Home, o quemando banderas de Estados Unidos, es muy difí¬cil tratar de negociar una salida, pero si les demostramos las señales correctas, yo creo que podemos negociar una salida para el problema en común que tenemos con el TPS”.
Los países del Triángulo Norte, El Salvador, Honduras y Guatemala, se han comprometido con las autoridades estadounidenses a evitar más caravanas de emigrantes a cambio de mayor asistencia, mientras al gobierno de México le doblaron el brazo y ha tenido que aceptar la permanencia de centroamericanos que tramitaron asilo en Estados Unidos.
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