De políticos en campaña y sueños de mordaza

Por Guillermo Mejía

El Presidente Mauricio Funes no tuvo otra salida que vetar el Decreto No. 412 de la Asamblea Legislativa –conocido en los corrillos como “decreto Saca”- porque conlleva inconstitucionalidades, entre otras lesiona las libertades de información y de expresión, aunque consideró que en el fondo la idea legislativa tiene buenas intenciones.

“Hicimos un análisis en la Secretaría Jurídica y llegamos a la conclusión de que, aunque la intención es buena, pero tal como está formulado contiene por lo menos tres vacíos que son sinónimos de inconstitucionalidad…lo que más nos preocupa es, en primer lugar, que existe una especie de censura previa, que eso lo prohíbe la Constitución”, señaló el mandatario salvadoreño.

“¿Por qué digo que la intención es buena? Porque la intención es evitar las difamaciones, evitar las calumnias, pero muchos de esos delitos ya están contenidos en la normativa jurídica y, por lo tanto, está demás ponerlos en una normativa especial y de carácter transitorio”, agregó Funes al tiempo que aconsejó a los diputados redactar otra versión que no contraríe la Carta Magna.

El decreto vetado, en su Art. 1, dice: “A partir de la entrada de este decreto, queda prohibido, previo y durante la campaña electoral, realizar propaganda, publicidad o eventos proselitistas, qué por cualquier medio de comunicación desprestigien a las personas, especialmente cuando se realicen en contra de quien públicamente se haya postulado, como aspirante a la Presidencia o Vicepresidencia de la República, aunque su candidatura aún no se encuentre inscrita”.

La multa por violentar esa ley sería de cinco mil a veinticinco mil dólares y el Tribunal Supremo Electoral el encargado de tramitar la imposición de la misma.

Como estamos en una campaña electoral adelantada, aunque a todas luces ilegal, al sólo aparecer la medida aprobada en la Asamblea Legislativa se le achacó a las necesidades de los candidatos presidenciales, en especial las del ex presidente Elías Antonio Saca que en boca de muchos tiene “cuentas pendientes” por actuaciones ilegales en su período de gobierno. De ahí “decreto Saca”.

El analista Salvador Samayoa, uno de los críticos, escribió: “El decreto N° 412, al que hemos llamado "excreto legislativo" para no utilizar palabras soeces, fue aprobado (…) como si fuera un asunto de urgencia extrema. Como su contenido es una clara y grave amenaza a la libertad de información y a la libertad de expresión, es necesario registrar que el adefesio fue aprobado con los votos de 31 diputados del FMLN, 11 diputados de GANA, 1 del PDC , 7 del PCN y los 5 desertores de ARENA.”

Según él, la medida “es pura y simple intimidación a los ciudadanos y a los medios de prensa. Es una variante de ‘ley mordaza’, una censura que viola de manera grotesca libertades y derechos fundamentales consagrados de forma explícita e inequívoca en la Constitución”, además de la utilización política del Tribunal Supremo Electoral en menoscabo del proceso electoral.

Samayoa consideró que “el decreto no tiene defensa posible: en primer lugar, el Código Penal tipifica y sanciona los delitos de calumnia, difamación e injuria; en segundo lugar, la censura está prohibida en la legislación; tercero, es inconstitucional porque crea una categoría de ciudadanos –los candidatos- con ámbitos de protección privilegiada.”

De manera contundente Samayoa afirmó: “Desde un punto de vista político, asusta e indigna la facilidad con la que el FMLN y los tres partidos que conforman UNIDAD, han estado dispuestos a imponerle una mordaza al resto de la sociedad, pero lo que no se entiende es cómo no se han dado cuenta de que con este decreto redundante, innecesario, chapucero y antidemocrático han hecho ver a sus respectivos candidatos inseguros, temerosos, a la defensiva, como aceptando de antemano que necesitan protección especial; que tienen el techo de vidrio y que cualquier piedra les puede romper el edificio de su campaña.”

Y, para ponerle la tapa al pomo, arremetió a la conducta del FMLN: “¿Porqué hacen sus diputados cosas tan absurdas como estas? ¿ya se hicieron cómplices de la corrupción? ¿Es que ya nadie piensa en ese partido? ¿O será que a algunos en la fracción de la Asamblea no les importa el daño que le hacen a la candidatura de Leonel?”

La gravedad del caso es que los políticos han instrumentalizado una realidad inocultable que tiene que llevar al razonamiento a los periodistas, editores y dueños de los medios de comunicación, ya que sí es cierto que en muchas ocasiones se utiliza la desinformación y la propaganda para contaminar el periodismo, máxime en tiempos electorales.

Sin embargo, como está claro también en esta ocasión, no se vale que por intereses particulares y espurios –de partidos y candidatos de reputación cuestionable- se pretenda violentar derechos constitucionales, en especial los de información y expresión, lo que mueve a la toma de conciencia del gremio periodístico y la sociedad en general. Despierta pueblo salvadoreño.