La comunicación: Otra deuda de los Acuerdos de Paz

Por Guillermo Mejía

Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.

El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.

Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:

En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.

En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.

En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.

Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.

En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:

La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.

Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.

El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.