El general atrapado en su laberinto (Del sonado pacto con las maras)

Por Guillermo Mejía

Cuando se remueve la escoria más apesta, dice un refrán popular muy sabio -claro, las palabras las he suavizado por respeto. La cuestión en torno a las posibles negociaciones con prebendas entre líderes pandilleros y personeros de la seguridad pública a fin de bajar la tasa de homicidios se convirtió en un laberinto sin salida.

De veras que no convencen las explicaciones del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, máxime que no respondió de inmediato a las interrogantes de periodistas y ciudadanos una vez conocida una nota elaborada por el medio digital El Faro que sostiene el trance a partir de filtraciones que fueron corroboradas por pandilleros.

Resulta un hecho inusual que se mueva a más de 30 reos del penal de máxima seguridad, conocido como Zacatraz, hacia penales de menor seguridad, sobre todo por “razones humanitarias” en un esfuerzo de diálogo en que dicen participaron el obispo castrense, Fabio Colindres, y el ex rebelde disidente del partido Fmln, Raúl Mijango.

El punto, según Colindres y Mijango, es que los líderes de la Mara Salvatrucha y la Mara 18 se pusieron de acuerdo en un proceso donde sirvieron aunque no recuerdan quiénes son esos líderes ni las fechas de los encuentros solamente que iniciaron las pláticas en meses pasados. Esta es la última versión de tantas que han salido de manera oficial (por cierto, contradictorias).

Hay mucho secreto a voces. Se sabe que pláticas entre líderes pandilleros y las autoridades respectivas siempre han existido, el problema se centra en el hecho de que no hay transparencia de cara a la ciudadanía sobre esos procesos que ponen en entredicho a las autoridades por caer en medidas de fácil cuestionamiento.

Como han señalado algunos comentaristas en medios audiovisuales, en lugar de que se busque la verdad –como debe ser en materia de comunicación- también se cae en una especie de coro mediático donde se pretende dar por válida la versión oficial por encima de lo demás sin pruebas ni discusión, además de que se vende la ilusión de que hay que celebrar la baja de homicidios.

El diálogo como herramienta de entendimiento social tiene sus reglas, no se puede instrumentalizar. Es más, en este caso de un día para otro cambian discursos y actores del proceso sin que quede claro el asunto, vale recordar cuando el actual gobierno destituyó al cura español Antonio Rodríguez de una comisión especial por leer un comunicado de las maras.

Rodríguez, que fue tildado como “vocero de las maras” en la crisis por un paro pandillero del transporte en años recientes, dijo a los periodistas que desde las autoridades respectivas “se ha construido una verdad… pero no se nos ha dicho la verdad…” Y la cosa es que tiene mucha razón. Lo patético es que en aquella ocasión el gobierno dijo que jamás negociaría con delincuentes.

El bloguero y diplomático salvadoreño Ernesto Rivas G. comentó en su espacio virtual que el traslado de los presos “(…) y premiarlos con beneficios que van desde contacto personal, dinero en efectivo y seguramente permitirles el uso de celulares, a cambio de que ordenen un alto o una suspensión de los homicidios es no solo aberrante sino que altamente peligroso”.

“Esta política les da carta abierta a las pandillas, los narcotraficantes y lavadores de dinero, para que se muevan a sus anchas. ¿Es esa la manera de controlar el crimen y la violencia? ¿Es eso lo que persigue la ‘mesa de la esperanza’?”, advirtió en otro párrafo de su comentario.

Rivas G. recordó que eso da la razón a los críticos de la militarización de la seguridad pública por violentar la Constitución, entre estos “los pocos amigos que El Salvador tiene en el Congreso de Estados Unidos” que mostraron su preocupación al presidente Mauricio Funes e incluye “un mensaje no tan sutil que el legislador Leahy le hizo llegar a través de la Primera Dama”.

De algo quizás pueden estar tranquilos el anterior ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, y el ex director de la policía, Carlos Ascensio, que no se vieron atrapados en el laberinto sin salida que agobia a las actuales autoridades de la seguridad pública entre estas, por supuesto, el general David Munguía Payés.