La corrupción y los abusos: Riesgos de militarizar la seguridad pública

Por Guillermo Mejía

Los pasos acelerados del gobierno de Mauricio Funes en la militarización de la seguridad pública a fin de contrarrestar la escalada de violencia social derivada del accionar de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, puede desembocar en la corrupción y los abusos de poder por parte de los elementos de la Fuerza Armada.

La tesis se hizo pública en el reciente foro-debate “Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, auspiciado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, en el que participaron el experto estadounidense en el tema crimen organizado transnacional, Douglas Farah, y el analista salvadoreño Salvador Samayoa.

“Una de las razones por la que los militares fueron vistos con respeto después de los Acuerdos de Paz es porque simplemente no hacían nada”, dijo de forma contundente Farah, quien fuera corresponsal en tiempos de la guerra civil en el país. “Estaban acuartelados, se comportaban sin abusos y a todo el mundo le gustaba eso”, agregó.

“Pero el camino más rápido de destruir todo eso es ponerlos ahora en las calles a combatir a las pandillas y a los traficantes de droga. Eso es lo que estamos viendo en México… sin duda cuando se expone a este tipo de operaciones que, aunque sean unos pocos, se corrompen y cometen abusos, y la imagen de la institución comienza a deteriorarse”, advirtió Farah.

El primer gobierno de izquierda sigue los pasos de México y, junto a Honduras y Guatemala, le apuesta al accionar de los efectivos militares en contradicción con los Acuerdos de Paz y la Constitución, por cuanto la seguridad pública debe estar en manos de civiles. El ministro de Justicia y Seguridad, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) son militares de baja.

A la vez, los mandos de la PNC han sufrido cambios drásticos y, muy al contrario de lo esperado, han sido ocupados por antiguos jefes que tuvieron su participación en anteriores gobiernos que no dejaron ningún éxito en las estrategias antidelincuenciales, al contrario profundizaron aún más la espiral de violencia que deja, al menos, 13 muertes diarias.

Otro de los indicios del cambio de perspectiva fue la separación del anterior jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ex comandante rebelde Douglas Santamaría, a lo que se unió el desmantelamiento de la inteligencia policial donde fueron reubicados unos 18 agentes especiales a fin de dejar el terreno limpio.

Por su parte, el analista Salvador Samayoa, que integró las filas del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), afirmó que si bien pueden haber áreas donde coordinen la policía y la Fuerza Armada en el combate antidelincuencial “yo no creo que es sano, creo que no es eficiente tampoco, utilizar a los militares en la seguridad pública”.

Samayoa aclaró que si bien no compartió las denuncias del Fmln sobre la militarización de la seguridad, el caso es que desde un tiempo atrás “se han producido otros movimientos” que indican “que se piensa en el gobierno que se necesita imprimir al menos un estilo de trabajo, una disciplina y una mentalidad más parecida a lo militar para manejar la policía y la seguridad pública”.

En ese sentido, “con el paso del tiempo, si se les deja demasiado tiempo… los van a corromper de nuevo, van a tener que… van a matar gente. El primero que maten, aunque sea un delincuente odioso, pero va a haber una reacción muy grande política y creo que no es buena idea realmente”, advirtió el analista salvadoreño.

Desde su perspectiva como experto en el tema crimen organizado transnacional, Farah explicó que tras 20 años de la firma de la paz el crimen y los homicidios cotidianos deben comprenderse a partir de que tanto en algunos sectores de derecha como de izquierda quedaron algunas estructuras militares intactas que no olvidaron la violencia.

Si bien –teóricamente- la estructura de la PNC quedó bien instalada para asegurar su papel constitucional, en la realidad “las fuerzas de seguridad inmediatamente abrieron canales de comunicación e inteligencia con sus antiguos operativos de las fuerzas de seguridad de ultraderecha y algunos del Fmln hicieron lo mismo”, dijo Farah.

“Entonces, inmediatamente, habían estructuras paralelas de los dos grupos dentro de la policía y, ustedes lo ven ahora, estas estructuras privadas paralelas tenían más capacidad de inteligencia en las puntas de sus dedos que el mismo gobierno y entonces básicamente ese fue el primer set para el comienzo de la escalada de violencia”, agregó.

Con la violencia en los países del Triángulo Norte “tenemos así a los zetas metidos en Guatemala, tenemos al cartel de Sinaloa bien profundamente enraizado en Honduras, mientras que en El Salvador con su economía dolarizada le sirve a estos grupos para sus actividades de los carteles”, señaló el experto estadounidense, por lo que urgió de una estrategia de combate común.

Por lo tanto, se tiene un cóctel de criminales que se entienden más allá de diferencias ideológicas junto al crecimiento de las pandillas, que les sirven a los carteles, y “ahora traer a los militares a hacer un trabajo de seguridad para el que no están preparados como la policía creo que, hasta un punto particular, no le va a ser de gran beneficio al país”, enfatizó Farah.