Por Guillermo Mejía
Cada vez es más evidente la presencia del espectáculo en el que la imagen y los discursos vacíos llenan el espacio público donde las audiencias siguen atrapadas, aunque manifiesten su repudio a la política y dicen sentirse defraudadas por las opciones dominantes en la dicotomía derecha e izquierda.
En ese marco, los periodistas persiguen a los políticos y los políticos buscan la atención de los periodistas más allá de que los adulen o critiquen, a pesar que en el fondo se repelen, ya que en ambos casos se ven con desconfianza y si al caso llegan a un acuerdo es sobre la base de una ganancia mutua.
Así, no fueron gratuitos los saltos de sapito que dio el ahora candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), Hugo Martínez, durante el cierre de la campaña del partido, al igual que la adopción de una figura más sensata por parte de su contrincante Gerson Martínez.
Similar condición se encuentra en el proceso de elección de la candidatura en el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con los seudo debates que impulsaron hasta coronar al elegido Carlos Calleja frente a su par Javier Simán, no sin antes violentar la ley con una abusiva campaña electorera.
Y qué decir del posible candidato presidencial, todavía sin partido, Nayib Bukele que –muy al contrario de sus adversarios- ha incursionado haciendo uso del espacio cibernético para conectar especialmente con la juventud salvadoreña a quienes habla precisamente del fracaso de las opciones Arena-Fmln.
Según la Universidad Centroamericana (UCA), si bien Bukele “ha crecido en aceptación popular en la medida que Arena y el Frente han sumado desvaríos, incompetencias y abusos” aún tiene cuestiones que resolver, además tiene el problema de que, al parecer, “quiere quedar bien con todos, sin comprometerse con nada en concreto”. Para el caso, ¿qué son sus nuevas ideas?
En El libro “Política pop: De líderes populistas a telepresidentes”, de la argentina Adriana Amado, se nos advierte que “hasta el más revolucionario sucumbe a la seducción de verse en pantalla aclamado por multitudes y adulado en campañas publicitarias que repiten incansablemente que son los líderes que la patria necesita.”
Según la autora, América Latina ha sido propicia para los políticos populistas obsesionados por sus apariciones públicas “que diseminan una millonaria red de relaciones públicas sostenida con recursos estatales”. La comunicación es prioridad en el ejercicio del poder y en la búsqueda de gobernabilidad.
El líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique pero que jamás lo ignore, y que hable más de su imagen que de sus hechos. El caudillo obtiene del periodista repercusión y el periodista, del caudillo, temas de qué hablar. El periodista pop alardea de ser intérprete privilegiado de la voz de la gente igual que el caudillo pop se erige como vicario del pueblo.
No es difícil concluir que camino a las presidenciales de febrero de 2019 la ciudadanía salvadoreña se encuentra una vez más tentada por opciones populistas, sin nada concreto bajo el brazo, pero que sí saben sacarle jugo a las nuevas tecnologías para afianzar mentes y corazones. Esperemos el desenlace.
miércoles, mayo 30, 2018
miércoles, mayo 23, 2018
La sociedad del siglo XXI: Más que informada entretenida
Por Guillermo Mejía
Cuando florecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el periodismo goza de ventajas en tiempo y espacio gracias a esos acelerados avances, inconcebibles hace unas tres décadas, existe el riesgo que la sociedad se vuelva cada vez más indefensa ante la ausencia de verdadera información.
Es una de las advertencias de la veterana periodista española Rosa María Calaf, en declaraciones al periódico español Público, frente a la imposición de un modelo periodístico que dista de responder al derecho a la información, pilar de toda sociedad democrática, y que se decanta por el entretenimiento.
“Estamos en un momento de incertidumbre donde la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida, en realidad”, consideró la que fuera corresponsal de la Televisión Española. “Y eso es muy grave. La calidad de la información que recibes es tan aceleradamente deteriorada que puede construir una sociedad muy indefensa”, añadió.
Al preguntársele sobre el hecho que “los ciudadanos creen que saben”, respondió: “Claro, esa es la falacia. Porque si no sabes, intentas saber. Pero cuando ya te han convencido de que sabes todo, te das por satisfecho”.
“Crees que con tantas pantallas, Twitter y Facebook ya es suficiente. Primero, eso no es verdad. Y segundo, piensa con qué calidad recibes la información. La información es cada vez más sesgada, menos independiente y menos rigurosa. Y así la ciudadanía se forma opinión en base a errores o mentiras”.
“Una serie de parámetros extraordinariamente peligrosos porque con esa opinión tienes mucho riesgo de equivocarte y, en consecuencia, las decisiones que vayas a tomar van a afectar a ti, a tus hijos y a la construcción del mundo”.
Rosa María Calaf reivindicó al periodismo como “pilar fundamental de la construcción social y del modelo social” y, en ese sentido, le reclamó responsabilidad e insistió en que “una sociedad que no está bien informada corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones”, como el hecho que “acabas decidiendo en contra de tus intereses, pero a favor de los intereses de unos pocos”.
La galardonada periodista española, nacida en Barcelona, puso ejemplos como la relación de los europeos con el presidente estadounidense Donald Trump y la salida de los británicos de la Unión Europea donde los medios “han difundido una cantidad de mentiras tremendas y están haciendo un proceso de (en)cerrar a la gente en burbujas”.
Calaf lamentó lo que considera condiciones de precariedad en que trabajan los periodistas, una manera de control, porque “si tus redactores trabajan en situación de estrés y angustia el resultado tendrá peor calidad”, lo que lleva a dos conclusiones: Ningún respeto por la profesión y ninguna voluntad de excelencia informativa.
“Vender que la precariedad fue producto de la tecnología o de un momento económico es una cortina de humo. Lo que existe detrás es una voluntad de que las redacciones no hagan el periodismo que deben hacer, el riguroso y de investigación”, afirmó.
Los periodistas caen en la copia-pega y el hecho de publicar muchos temas, pero sin profundizar: “Eso es convertir al periodismo en una apariencia de información. Hacemos el papel de periodistas, pero no lo ejercemos, porque no tenemos ni recursos y, en muchos casos, ni la formación para ejercerlo”, sentenció.
Cuando florecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el periodismo goza de ventajas en tiempo y espacio gracias a esos acelerados avances, inconcebibles hace unas tres décadas, existe el riesgo que la sociedad se vuelva cada vez más indefensa ante la ausencia de verdadera información.
Es una de las advertencias de la veterana periodista española Rosa María Calaf, en declaraciones al periódico español Público, frente a la imposición de un modelo periodístico que dista de responder al derecho a la información, pilar de toda sociedad democrática, y que se decanta por el entretenimiento.
“Estamos en un momento de incertidumbre donde la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida, en realidad”, consideró la que fuera corresponsal de la Televisión Española. “Y eso es muy grave. La calidad de la información que recibes es tan aceleradamente deteriorada que puede construir una sociedad muy indefensa”, añadió.
Al preguntársele sobre el hecho que “los ciudadanos creen que saben”, respondió: “Claro, esa es la falacia. Porque si no sabes, intentas saber. Pero cuando ya te han convencido de que sabes todo, te das por satisfecho”.
“Crees que con tantas pantallas, Twitter y Facebook ya es suficiente. Primero, eso no es verdad. Y segundo, piensa con qué calidad recibes la información. La información es cada vez más sesgada, menos independiente y menos rigurosa. Y así la ciudadanía se forma opinión en base a errores o mentiras”.
“Una serie de parámetros extraordinariamente peligrosos porque con esa opinión tienes mucho riesgo de equivocarte y, en consecuencia, las decisiones que vayas a tomar van a afectar a ti, a tus hijos y a la construcción del mundo”.
Rosa María Calaf reivindicó al periodismo como “pilar fundamental de la construcción social y del modelo social” y, en ese sentido, le reclamó responsabilidad e insistió en que “una sociedad que no está bien informada corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones”, como el hecho que “acabas decidiendo en contra de tus intereses, pero a favor de los intereses de unos pocos”.
La galardonada periodista española, nacida en Barcelona, puso ejemplos como la relación de los europeos con el presidente estadounidense Donald Trump y la salida de los británicos de la Unión Europea donde los medios “han difundido una cantidad de mentiras tremendas y están haciendo un proceso de (en)cerrar a la gente en burbujas”.
Calaf lamentó lo que considera condiciones de precariedad en que trabajan los periodistas, una manera de control, porque “si tus redactores trabajan en situación de estrés y angustia el resultado tendrá peor calidad”, lo que lleva a dos conclusiones: Ningún respeto por la profesión y ninguna voluntad de excelencia informativa.
“Vender que la precariedad fue producto de la tecnología o de un momento económico es una cortina de humo. Lo que existe detrás es una voluntad de que las redacciones no hagan el periodismo que deben hacer, el riguroso y de investigación”, afirmó.
Los periodistas caen en la copia-pega y el hecho de publicar muchos temas, pero sin profundizar: “Eso es convertir al periodismo en una apariencia de información. Hacemos el papel de periodistas, pero no lo ejercemos, porque no tenemos ni recursos y, en muchos casos, ni la formación para ejercerlo”, sentenció.
miércoles, mayo 16, 2018
El despido de periodistas
Por Guillermo Mejía
Una serie de despidos de trabajadores de medios de comunicación social ha alertado a organizaciones de profesionales que incluso denuncian que, luego de consumarse los hechos, no se entregan las indemnizaciones conforme a la ley, además que se conoce de empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y afps.
Las denuncian provienen de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como del Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, quienes registran al menos 170 despidos entre el 15 de abril y el cuatro de mayo pasados, situación que, aunque no es nueva, preocupa.
Entre los casos denunciados se encuentran despidos en Telecorporación Salvadoreña (TCS), el canal Gentevé del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y el periódico La Prensa Gráfica donde se argumenta que obedece a problemas económicos y procesos de reestructuración empresarial.
“Para nosotras, estos nuevos despidos son de mucha preocupación pues es un claro indicador de la situación de inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos como gremio y las condiciones de vulnerabilidad que vivimos”, señaló el Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.
“Consideremos necesario enfatizar en que las mujeres periodistas y comunicadoras, además de esto, también estamos expuestas a otras vulneraciones a nuestros derechos”, agregó la organización.
Según las denuncias, se llega al colmo de que no se entregan las indemnizaciones a los despedidos como reza la ley, sino que tienen que acudir al ministerio de Trabajo e incluso a los tribunales correspondientes, generando todo tipo de costos, además de que existen empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y de las afps.
“Desde este colectivo preocupa que cada vez es más evidente la precariedad en la que están laborando el gremio periodístico y afines a la comunicación. No hay estabilidad, no se respetan horarios ni prestaciones, pero sí se les exige indiscriminadamente”, afirmó el colectivo de mujeres que demanda la intervención de las autoridades respectivas.
Ante situaciones como las denunciadas, desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está la APES, se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
En esa misma dirección, considero que en el espacio mediático son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
Una serie de despidos de trabajadores de medios de comunicación social ha alertado a organizaciones de profesionales que incluso denuncian que, luego de consumarse los hechos, no se entregan las indemnizaciones conforme a la ley, además que se conoce de empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y afps.
Las denuncian provienen de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como del Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, quienes registran al menos 170 despidos entre el 15 de abril y el cuatro de mayo pasados, situación que, aunque no es nueva, preocupa.
Entre los casos denunciados se encuentran despidos en Telecorporación Salvadoreña (TCS), el canal Gentevé del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y el periódico La Prensa Gráfica donde se argumenta que obedece a problemas económicos y procesos de reestructuración empresarial.
“Para nosotras, estos nuevos despidos son de mucha preocupación pues es un claro indicador de la situación de inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos como gremio y las condiciones de vulnerabilidad que vivimos”, señaló el Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.
“Consideremos necesario enfatizar en que las mujeres periodistas y comunicadoras, además de esto, también estamos expuestas a otras vulneraciones a nuestros derechos”, agregó la organización.
Según las denuncias, se llega al colmo de que no se entregan las indemnizaciones a los despedidos como reza la ley, sino que tienen que acudir al ministerio de Trabajo e incluso a los tribunales correspondientes, generando todo tipo de costos, además de que existen empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y de las afps.
“Desde este colectivo preocupa que cada vez es más evidente la precariedad en la que están laborando el gremio periodístico y afines a la comunicación. No hay estabilidad, no se respetan horarios ni prestaciones, pero sí se les exige indiscriminadamente”, afirmó el colectivo de mujeres que demanda la intervención de las autoridades respectivas.
Ante situaciones como las denunciadas, desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está la APES, se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
En esa misma dirección, considero que en el espacio mediático son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
miércoles, mayo 09, 2018
Otra de Donald Trump contra Centroamérica
Por Guillermo Mejía
La verdad es que no se esperaba lo contrario con los hondureños receptores del Estatus de Protección Temporal (TPS) frente a la supremacía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló el programa afectando a unos 57 mil hermanos que tienen hasta enero de 2020 para regularizar su situación o abandonar la nación del norte.
Las últimas víctimas del zarpazo republicano fueron los 200 mil salvadoreños que tienen hasta septiembre de 2019, para solucionar su estadía o salir de Estados Unidos, luego que también haitianos y nicaragüenses sufrieron la suspensión de sus respectivos programas y han quedado en el limbo.
En cualquiera de los casos, una de las críticas hacia la administración norteamericana ha sido que se han basado en falsos supuestos como el que en estos países la situación ha mejorado sustancialmente, con lo que no hacen falta ya los programas, así como el hecho perverso –hacia Honduras y El Salvador, en particular- que son exportadores de “mareros” hacia el norte.
De todos es conocido que las reconocidas “maras” delincuenciales, ahora coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente nacieron en las calles estadounidenses.
Frente a una organizada caravana de refugiados centroamericanos que llegó hasta la frontera de Estados Unidos y, por goteo, ha tramitado asilo ante las autoridades respectivas, un frustrado Trump ha denunciado que “tenemos leyes escritas por personas que realmente no pueden amar a nuestro país”.
En sus rabietas, el mandatario estadounidense ha llegado al extremo de calificar las leyes migratorias gringas como “las peores” y dijo que es necesario que la inmigración debe estar basada en el mérito de los solicitantes, pues no pueden ser “escogidos de un cubo de basura” como en el caso de los “mareros” centroamericanos.
Hay que recordar que la animosidad hacia los migrantes hizo que en días pasados el presidente Trump se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que levantó voces en su contra dentro y fuera de Estados Unidos, aunque pesa más su primitivismo.
Según informaciones procedentes del norte, Jess Morales, dirigente de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, la cancelación del TPS a los hondureños es “una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia”.
De hecho, de acuerdo con Morales, la acción de Trump es “una muestra más de la agenda de supremacía blanca” que ataca a los migrantes “para hacer de Estados Unidos una nación blanca”.
Al igual que miles de salvadoreños, los hondureños también han advertido que, pese a la cancelación de los programas de permiso de trabajo, en ningún momento piensan regresar a sus respectivos países dado la violencia imperante y la crisis económica, motivos por los cuales se vieron obligados a emigrar.
Los gobiernos centroamericanos han lamentado las medidas tomadas por la administración norteamericana y, aunque difícil por las condiciones en que se subsiste, dicen tener las puertas abiertas al regreso de los compatriotas. Sin duda, lo mejor es resolver los problemas que nos afectan y por los que mucha gente se ve obligada a dejar su tierra.
La verdad es que no se esperaba lo contrario con los hondureños receptores del Estatus de Protección Temporal (TPS) frente a la supremacía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló el programa afectando a unos 57 mil hermanos que tienen hasta enero de 2020 para regularizar su situación o abandonar la nación del norte.
Las últimas víctimas del zarpazo republicano fueron los 200 mil salvadoreños que tienen hasta septiembre de 2019, para solucionar su estadía o salir de Estados Unidos, luego que también haitianos y nicaragüenses sufrieron la suspensión de sus respectivos programas y han quedado en el limbo.
En cualquiera de los casos, una de las críticas hacia la administración norteamericana ha sido que se han basado en falsos supuestos como el que en estos países la situación ha mejorado sustancialmente, con lo que no hacen falta ya los programas, así como el hecho perverso –hacia Honduras y El Salvador, en particular- que son exportadores de “mareros” hacia el norte.
De todos es conocido que las reconocidas “maras” delincuenciales, ahora coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente nacieron en las calles estadounidenses.
Frente a una organizada caravana de refugiados centroamericanos que llegó hasta la frontera de Estados Unidos y, por goteo, ha tramitado asilo ante las autoridades respectivas, un frustrado Trump ha denunciado que “tenemos leyes escritas por personas que realmente no pueden amar a nuestro país”.
En sus rabietas, el mandatario estadounidense ha llegado al extremo de calificar las leyes migratorias gringas como “las peores” y dijo que es necesario que la inmigración debe estar basada en el mérito de los solicitantes, pues no pueden ser “escogidos de un cubo de basura” como en el caso de los “mareros” centroamericanos.
Hay que recordar que la animosidad hacia los migrantes hizo que en días pasados el presidente Trump se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que levantó voces en su contra dentro y fuera de Estados Unidos, aunque pesa más su primitivismo.
Según informaciones procedentes del norte, Jess Morales, dirigente de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, la cancelación del TPS a los hondureños es “una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia”.
De hecho, de acuerdo con Morales, la acción de Trump es “una muestra más de la agenda de supremacía blanca” que ataca a los migrantes “para hacer de Estados Unidos una nación blanca”.
Al igual que miles de salvadoreños, los hondureños también han advertido que, pese a la cancelación de los programas de permiso de trabajo, en ningún momento piensan regresar a sus respectivos países dado la violencia imperante y la crisis económica, motivos por los cuales se vieron obligados a emigrar.
Los gobiernos centroamericanos han lamentado las medidas tomadas por la administración norteamericana y, aunque difícil por las condiciones en que se subsiste, dicen tener las puertas abiertas al regreso de los compatriotas. Sin duda, lo mejor es resolver los problemas que nos afectan y por los que mucha gente se ve obligada a dejar su tierra.
martes, mayo 01, 2018
Una reflexión en el día de los trabajadores
Por Guillermo Mejía
Cuando se celebra el día internacional de los trabajadores la situación nacional es deprimente, ya que persisten las condiciones laborales adversas con una crisis socio-económica que golpea a los hogares y una espiral de violencia que continúa su marcha macabra sin que en ninguna de las circunstancias se vislumbre una salida posible.
El panorama lo complementa la presencia de una fuerza laboral dispersa, unos en sintonía con el gobierno de turno, otros en franca oposición a los programas oficiales establecidos y una tercera parte –quizás la mayoría- en la búsqueda de parches al grave estado de su condición de vida con carestía e inseguridad.
Frente a las muestras de descontento ciudadano en Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos periodistas y comentaristas han puesto sobre el tapete de discusión el hecho de que en El Salvador no se experimenta ese descontento en las calles amén de que es un país remesero, a la vez que la sociedad salvadoreña aún se recobra del conflicto armado de fin de siglo.
Para el caso, el columnista Sigfredo Ramírez, de la Revista Séptimo Sentido, afirmó que, al contrario que en Nicaragua donde los jóvenes han rechazado la negligencia en el combate del incendio de una reserva biológica y la reforma de pensiones, “ninguna de esas dos encrucijadas ha llevado a los salvadoreños a las calles”.
“Tampoco la corrupción que ha puesto en la mira de la Fiscalía a tres expresidentes. Ni la inseguridad ciudadana que afecta prácticamente todos los ámbitos de la cotidianidad. Razones sobran pada salir a las calles a protestar, pero la indignación ya no carbura en El Salvador”, señaló Ramírez.
Y resulta escandaloso. Sólo en el caso de las pensiones, en El Salvador el parche a la crisis del modelo previsional, con aumento de las cotizaciones del trabajador, pero sin que eso se refleje en un mayor ahorro, además de que en cuatro años se espera un aumento en la edad de jubilación, no causó mayor conmoción e incluso el gobierno lo celebró como un triunfo de los trabajadores.
Precisamente, el detonante del descontento de los jóvenes nicas, que luego se generalizó por la represión, fue que el gobierno de Daniel Ortega siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso sin consultar a los trabajadores el aumento del siete por ciento en las cotizaciones de los empleados y la reducción del cinco por ciento en las pensiones.
Pero ya sea en las calles o en las urnas, como sucedió en El Salvador con el voto nulo o la ausencia de los votantes, la Universidad Centroamericana (UCA) ve que existe una efervescencia social en nuestra región en contra de la corrupción e incapacidad de los gobernantes para resolver los graves problemas que aquejan a la población.
“A la base de la corrupción está el ejercicio patrimonialista de la política, es decir, el uso –legal o ilegal- de los recursos públicos para beneficio personal y del grupo inmediato”, advirtió la UCA. “Este tipo de política es el que se ha practicado en los países centroamericanos desde siempre y lo que explica la desconfianza ciudadana en los partidos políticos”, agregó.
Sin embargo, los jesuitas consideran que si bien hay descontento social no existe rumbo definido: “El reto de las sociedades del istmo es impulsar una manera de hacer política que apueste no por caudillos, sino por procesos de inclusión y participación que garanticen que toda acción del Estado beneficie a las mayorías”, sentenciaron.
Cuando se celebra el día internacional de los trabajadores la situación nacional es deprimente, ya que persisten las condiciones laborales adversas con una crisis socio-económica que golpea a los hogares y una espiral de violencia que continúa su marcha macabra sin que en ninguna de las circunstancias se vislumbre una salida posible.
El panorama lo complementa la presencia de una fuerza laboral dispersa, unos en sintonía con el gobierno de turno, otros en franca oposición a los programas oficiales establecidos y una tercera parte –quizás la mayoría- en la búsqueda de parches al grave estado de su condición de vida con carestía e inseguridad.
Frente a las muestras de descontento ciudadano en Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos periodistas y comentaristas han puesto sobre el tapete de discusión el hecho de que en El Salvador no se experimenta ese descontento en las calles amén de que es un país remesero, a la vez que la sociedad salvadoreña aún se recobra del conflicto armado de fin de siglo.
Para el caso, el columnista Sigfredo Ramírez, de la Revista Séptimo Sentido, afirmó que, al contrario que en Nicaragua donde los jóvenes han rechazado la negligencia en el combate del incendio de una reserva biológica y la reforma de pensiones, “ninguna de esas dos encrucijadas ha llevado a los salvadoreños a las calles”.
“Tampoco la corrupción que ha puesto en la mira de la Fiscalía a tres expresidentes. Ni la inseguridad ciudadana que afecta prácticamente todos los ámbitos de la cotidianidad. Razones sobran pada salir a las calles a protestar, pero la indignación ya no carbura en El Salvador”, señaló Ramírez.
Y resulta escandaloso. Sólo en el caso de las pensiones, en El Salvador el parche a la crisis del modelo previsional, con aumento de las cotizaciones del trabajador, pero sin que eso se refleje en un mayor ahorro, además de que en cuatro años se espera un aumento en la edad de jubilación, no causó mayor conmoción e incluso el gobierno lo celebró como un triunfo de los trabajadores.
Precisamente, el detonante del descontento de los jóvenes nicas, que luego se generalizó por la represión, fue que el gobierno de Daniel Ortega siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso sin consultar a los trabajadores el aumento del siete por ciento en las cotizaciones de los empleados y la reducción del cinco por ciento en las pensiones.
Pero ya sea en las calles o en las urnas, como sucedió en El Salvador con el voto nulo o la ausencia de los votantes, la Universidad Centroamericana (UCA) ve que existe una efervescencia social en nuestra región en contra de la corrupción e incapacidad de los gobernantes para resolver los graves problemas que aquejan a la población.
“A la base de la corrupción está el ejercicio patrimonialista de la política, es decir, el uso –legal o ilegal- de los recursos públicos para beneficio personal y del grupo inmediato”, advirtió la UCA. “Este tipo de política es el que se ha practicado en los países centroamericanos desde siempre y lo que explica la desconfianza ciudadana en los partidos políticos”, agregó.
Sin embargo, los jesuitas consideran que si bien hay descontento social no existe rumbo definido: “El reto de las sociedades del istmo es impulsar una manera de hacer política que apueste no por caudillos, sino por procesos de inclusión y participación que garanticen que toda acción del Estado beneficie a las mayorías”, sentenciaron.
miércoles, abril 25, 2018
La lucha por un estatuto profesional del periodista
Por Guillermo Mejía
Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.
Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.
Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.
“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.
En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.
El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.
Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.
Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.
“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.
En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.
El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
miércoles, abril 18, 2018
La participación ciudadana frente a falsos debates
Por Guillermo Mejía
Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.
Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.
La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.
La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.
El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.
Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.
Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.
La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.
La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.
El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.
martes, abril 10, 2018
Políticos que tropiezan con la misma piedra
Por Guillermo Mejía
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.
Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.
De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.
El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.
Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.
Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.
El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.
“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.
Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.
La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.
Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.
Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.
De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.
El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.
Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.
Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.
El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.
“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.
Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.
La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.
Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.
martes, abril 03, 2018
La violencia obscena de cada día
Por Guillermo Mejía
El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.
“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.
“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.
De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.
La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.
La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.
Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.
“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.
Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.
El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.
“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.
“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.
De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.
La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.
La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.
Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.
“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.
Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.
miércoles, marzo 28, 2018
El papel del periodista en la cobertura de la corrupción
Por Guillermo Mejía
En el tratamiento de temas de corrupción el periodista no puede convertirse en juez o en un superhéroe que representa la cruzada por la honestidad, sino en un creador de conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad en que se respeta la dignidad y los derechos con el respaldo de toda la sociedad.
Esas son las conclusiones del experto en ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, durante su intervención en la Universidad de Chiclayo, en el Perú, donde habló sobre la corrupción como desafío para la prensa latinoamericana en momentos en que esa lacra desmorona los ya desprestigiados sistemas políticos de la región.
“La corrupción para nosotros puede ser un tema de denuncia que nos convierte, a la vez, en jueces y brillantes defensores de la honestidad, algo así como superhéroes… como veremos ni la una ni la otra son las respuestas que la prensa debe darle a este mal social de la corrupción”, dijo Restrepo.
Según el maestro, los periodistas deben ir más allá del simple registro noticioso, pues son responsables del potencial educativo y de la influencia que tienen sobre la sociedad; es decir, tienen una permanente creación de conciencia de las personas por medio de la información. Aunque, hay que decirlo, mucha prensa solamente le interesa crear consumidores acríticos.
“Limitarnos a contar la historia de cada día es un pobre objetivo profesional y una vergonzosa manera de apreciar esta profesión”, sentenció. “¿Acaso lo que se espera de la prensa y lo que ella puede hacer es solamente entrevistar y reportar, pero no influir?, ¿nos hemos convencido, acaso, de que no podemos cambiar algo en materia de corrupción?”, preguntó.
Sin embargo, aclaró que el periodista no debe caer en la instrumentalización por parte de políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a sus contrarios, quienes, a su vez, se defienden de la misma manera, de modo que a la gente sólo le queda concluir frustrada que todos son corruptos y no hay nada que hacer en la sociedad.
“Convertir la corrupción en arma de los políticos para atacar a los contrarios es una forma de banalización que condena a la sociedad a convivir y aceptar como rutina cultural las prácticas de los ladrones y estafadores… esta es una forma de legitimación”, afirmó Restrepo, lamentablemente la prensa ha sido un actor cómplice.
La sociedad necesita que los periodistas indaguen en el pasado de los casos de corrupción, el papel de la institucionalidad, los controles, el sistema de contratación, la participación ciudadana frente a esos hechos en el antes y el ahora de los eventos, en fin, hasta plantear el futuro del hecho de corrupción.
“El futuro del hecho, a su vez, provee temas y subtemas: ¿de seguir como están los controles y las obras públicas a qué se expone la ciudadanía? En manejo de los dineros públicos, en calidad de las obras y, sobre todo, en el impacto de la confianza pública. Debe incluirse una visión futurista sobre las consecuencias de ese deterioro progresivo de la confianza pública que previene la corrupción”, remarcó.
Por otro lado, lamentó que el proceso de asimilación de la corrupción se intensifica en los consumidores especialmente con la información digital que es muestra de información condensada bajo titulares que pretende resumir hechos sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes, y sin mayores esfuerzos para analizar ni para hacer una mirada crítica.
“He descrito una generalizada incapacidad crítica como consecuencia de la mala utilización de una ambiciosa tecnología. Utilizada torpemente crea una ciudadanía vulnerable a la corrupción, porque la incapacita para el pensamiento crítico, para dudar y hacerse preguntas”, advirtió Restrepo.
“A medida que la tecnología reemplace nuestras capacidades: la memoria, el análisis, la investigación, crecerá una sociedad inerme ante la ofensiva de los corruptos”, sentenció el maestro colombiano.
En el tratamiento de temas de corrupción el periodista no puede convertirse en juez o en un superhéroe que representa la cruzada por la honestidad, sino en un creador de conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad en que se respeta la dignidad y los derechos con el respaldo de toda la sociedad.
Esas son las conclusiones del experto en ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, durante su intervención en la Universidad de Chiclayo, en el Perú, donde habló sobre la corrupción como desafío para la prensa latinoamericana en momentos en que esa lacra desmorona los ya desprestigiados sistemas políticos de la región.
“La corrupción para nosotros puede ser un tema de denuncia que nos convierte, a la vez, en jueces y brillantes defensores de la honestidad, algo así como superhéroes… como veremos ni la una ni la otra son las respuestas que la prensa debe darle a este mal social de la corrupción”, dijo Restrepo.
Según el maestro, los periodistas deben ir más allá del simple registro noticioso, pues son responsables del potencial educativo y de la influencia que tienen sobre la sociedad; es decir, tienen una permanente creación de conciencia de las personas por medio de la información. Aunque, hay que decirlo, mucha prensa solamente le interesa crear consumidores acríticos.
“Limitarnos a contar la historia de cada día es un pobre objetivo profesional y una vergonzosa manera de apreciar esta profesión”, sentenció. “¿Acaso lo que se espera de la prensa y lo que ella puede hacer es solamente entrevistar y reportar, pero no influir?, ¿nos hemos convencido, acaso, de que no podemos cambiar algo en materia de corrupción?”, preguntó.
Sin embargo, aclaró que el periodista no debe caer en la instrumentalización por parte de políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a sus contrarios, quienes, a su vez, se defienden de la misma manera, de modo que a la gente sólo le queda concluir frustrada que todos son corruptos y no hay nada que hacer en la sociedad.
“Convertir la corrupción en arma de los políticos para atacar a los contrarios es una forma de banalización que condena a la sociedad a convivir y aceptar como rutina cultural las prácticas de los ladrones y estafadores… esta es una forma de legitimación”, afirmó Restrepo, lamentablemente la prensa ha sido un actor cómplice.
La sociedad necesita que los periodistas indaguen en el pasado de los casos de corrupción, el papel de la institucionalidad, los controles, el sistema de contratación, la participación ciudadana frente a esos hechos en el antes y el ahora de los eventos, en fin, hasta plantear el futuro del hecho de corrupción.
“El futuro del hecho, a su vez, provee temas y subtemas: ¿de seguir como están los controles y las obras públicas a qué se expone la ciudadanía? En manejo de los dineros públicos, en calidad de las obras y, sobre todo, en el impacto de la confianza pública. Debe incluirse una visión futurista sobre las consecuencias de ese deterioro progresivo de la confianza pública que previene la corrupción”, remarcó.
Por otro lado, lamentó que el proceso de asimilación de la corrupción se intensifica en los consumidores especialmente con la información digital que es muestra de información condensada bajo titulares que pretende resumir hechos sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes, y sin mayores esfuerzos para analizar ni para hacer una mirada crítica.
“He descrito una generalizada incapacidad crítica como consecuencia de la mala utilización de una ambiciosa tecnología. Utilizada torpemente crea una ciudadanía vulnerable a la corrupción, porque la incapacita para el pensamiento crítico, para dudar y hacerse preguntas”, advirtió Restrepo.
“A medida que la tecnología reemplace nuestras capacidades: la memoria, el análisis, la investigación, crecerá una sociedad inerme ante la ofensiva de los corruptos”, sentenció el maestro colombiano.
martes, marzo 20, 2018
Por una ciudadanía activa en las elecciones presidenciales de 2019
Por Guillermo Mejía
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
martes, marzo 13, 2018
Los caminos del Fmln: Reivindicarse o seguir en la politiquería
Por Guillermo Mejía
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
martes, marzo 06, 2018
Las elecciones del desencanto, la desconfianza y el castigo
Por Guillermo Mejía
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
martes, febrero 20, 2018
Las elecciones y los políticos, una esperanza inútil
Por Guillermo Mejía
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
martes, enero 23, 2018
El laberinto de los “tepesianos”
Por Guillermo Mejía
Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.
Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.
Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.
El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.
Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.
Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.
Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.
También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.
Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.
De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.
Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.
Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.
Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.
El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.
Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.
Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.
Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.
También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.
Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.
De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.
martes, enero 16, 2018
El Trump(udo) de la Casa Blanca
Por Guillermo Mejía
Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.
La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.
Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.
Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.
Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.
Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.
En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.
La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.
Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.
Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.
Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.
La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.
Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.
Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.
Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.
Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.
En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.
La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.
Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.
Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.
martes, enero 09, 2018
Un “déjà vu” electoral
Por Guillermo Mejía
Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.
A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.
Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.
Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.
La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.
Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.
Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.
Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.
Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.
Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.
Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.
Realmente, “déjà vu” electoral.
Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.
A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.
Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.
Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.
La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.
Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.
Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.
Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.
Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.
Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.
Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.
Realmente, “déjà vu” electoral.
miércoles, enero 03, 2018
A propósito del inicio de la campaña electoral 2018
Por Guillermo Mejía
La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.
Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.
La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.
En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.
Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.
Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.
La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.
En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.
Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
miércoles, diciembre 20, 2017
Los intereses corporativos ponen fin a la neutralidad en internet
Por Guillermo Mejía
La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.
Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.
El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.
Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.
“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.
En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.
Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.
El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.
“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.
En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.
A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.
La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.
Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.
La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.
Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.
El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.
Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.
“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.
En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.
Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.
El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.
“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.
En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.
A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.
La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.
Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.
martes, diciembre 12, 2017
Unos políticos que confían más en el marketing que en proponer soluciones
Por Guillermo Mejía
La aprobación de menos del 30 por ciento de los salvadoreños hacia el presidente Salvador Sánchez Cerén, según la última encuesta de LPG-Datos, pone en qué pensar no solo a la izquierda oficial, sino a la denominada “clase política” frente al desgaste que sufre ante el pesimismo, la falta de credibilidad y la ausencia de respuestas a los problemas que agobian a la ciudadanía.
Por lo que se ve, difícilmente levante cabeza la figura de Sánchez Cerén, y por supuesto su gestión, en lo que le queda del período presidencial más allá del cuento que hay que apostarle más al marketing político –por aquello de las imágenes y su impacto- que a entrarle en serio con un programa que represente los intereses de las mayorías desprotegidas.
Ante el cada vez evidente descalabro de la figura del mandatario salvadoreño por la inseguridad y la crisis económica, aderezados por la amenaza de que pronto los norteamericanos mandarán a la porra el permiso de trabajo temporal de casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos, hay funcionarios que creen que el problema radica en la publicidad.
“La manera de elevar el número de calificación de cualquier gobierno tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con los espacios de comunicación para poder dimensionar las obras del Estado. Este es un gobierno que menos publicidad le viene haciendo a sus obras”, afirmó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
Si bien es cierto estamos en la era donde reinan las élites ocultas especializadas en imagen, marketing político, sondeos de opinión y estrategias de comunicación, sería de tarados creer que todo se resuelve por arte del marketing, sin compromisos serios y determinantes, máxime que el presente gobierno, al igual que el de Mauricio Funes, nunca dio un salto cualitativo frente al modelo dominante.
Al contrario, nos encontramos que muchas de las prácticas de sectores de poder, en especial que le achacaron a los pasados gobiernos de Arena, figuran en las formas de conducción que prevalecen en el actual gobierno del Fmln, como en el de su antecesor Mauricio Funes, por cierto el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito.
Terreno fértil para que figuras de publicidad y marketing político como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, haya ingresado con alto impacto, sobre todo en redes sociales y sectores juveniles, de cara a las elecciones presidenciales venideras, luego de su expulsión del Fmln.
“Por el momento todo parece ir por los buenos rieles para este especialista en publicidad, todo el sistema de propaganda ideológica se ha ido plegando a las exigencias de la publicidad, todo se ha vuelto mercancía y todo se vende envuelto y por la imagen que entregan buenas campañas publicitarias”, consideró Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia.
“Hoy Eugenio Chicas incriminaba a la ausencia de publicidad en favor de los logros del gobierno y de la actividad de su partido el abismal desprestigio que gozan ahora el gobierno y el partido oficial. Este rechazo del bipartidismo crea al mismo tiempo un vacío o mejor dicho un terreno que ocupar, este terreno es el que ahora acapara Nayib Bukele”, afirmó.
Según Abrego, el caudillo encarna las aspiraciones populares, estas no son ni siquiera enumeradas, se concentran en el rechazo al bipartidismo, al que se le imputan todos los males de nuestra sociedad. Nayib Bukele y sus “nuevas ideas” cumplen holgadamente los objetivos de ocultación de la verdadera crisis que atraviesa el país.
Como bien señala el alemán Jürgen Habermas, en su visión crítica de la opinión pública, el problema radica en que la sociedad se ve incapacitada para intervenir a fondo en el debate de los asuntos públicos, obviamente víctima de los nuevos señores feudales (del marketing y las relaciones públicas) que otorgan solo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni de generar propuestas.
La aprobación de menos del 30 por ciento de los salvadoreños hacia el presidente Salvador Sánchez Cerén, según la última encuesta de LPG-Datos, pone en qué pensar no solo a la izquierda oficial, sino a la denominada “clase política” frente al desgaste que sufre ante el pesimismo, la falta de credibilidad y la ausencia de respuestas a los problemas que agobian a la ciudadanía.
Por lo que se ve, difícilmente levante cabeza la figura de Sánchez Cerén, y por supuesto su gestión, en lo que le queda del período presidencial más allá del cuento que hay que apostarle más al marketing político –por aquello de las imágenes y su impacto- que a entrarle en serio con un programa que represente los intereses de las mayorías desprotegidas.
Ante el cada vez evidente descalabro de la figura del mandatario salvadoreño por la inseguridad y la crisis económica, aderezados por la amenaza de que pronto los norteamericanos mandarán a la porra el permiso de trabajo temporal de casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos, hay funcionarios que creen que el problema radica en la publicidad.
“La manera de elevar el número de calificación de cualquier gobierno tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con los espacios de comunicación para poder dimensionar las obras del Estado. Este es un gobierno que menos publicidad le viene haciendo a sus obras”, afirmó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
Si bien es cierto estamos en la era donde reinan las élites ocultas especializadas en imagen, marketing político, sondeos de opinión y estrategias de comunicación, sería de tarados creer que todo se resuelve por arte del marketing, sin compromisos serios y determinantes, máxime que el presente gobierno, al igual que el de Mauricio Funes, nunca dio un salto cualitativo frente al modelo dominante.
Al contrario, nos encontramos que muchas de las prácticas de sectores de poder, en especial que le achacaron a los pasados gobiernos de Arena, figuran en las formas de conducción que prevalecen en el actual gobierno del Fmln, como en el de su antecesor Mauricio Funes, por cierto el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito.
Terreno fértil para que figuras de publicidad y marketing político como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, haya ingresado con alto impacto, sobre todo en redes sociales y sectores juveniles, de cara a las elecciones presidenciales venideras, luego de su expulsión del Fmln.
“Por el momento todo parece ir por los buenos rieles para este especialista en publicidad, todo el sistema de propaganda ideológica se ha ido plegando a las exigencias de la publicidad, todo se ha vuelto mercancía y todo se vende envuelto y por la imagen que entregan buenas campañas publicitarias”, consideró Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia.
“Hoy Eugenio Chicas incriminaba a la ausencia de publicidad en favor de los logros del gobierno y de la actividad de su partido el abismal desprestigio que gozan ahora el gobierno y el partido oficial. Este rechazo del bipartidismo crea al mismo tiempo un vacío o mejor dicho un terreno que ocupar, este terreno es el que ahora acapara Nayib Bukele”, afirmó.
Según Abrego, el caudillo encarna las aspiraciones populares, estas no son ni siquiera enumeradas, se concentran en el rechazo al bipartidismo, al que se le imputan todos los males de nuestra sociedad. Nayib Bukele y sus “nuevas ideas” cumplen holgadamente los objetivos de ocultación de la verdadera crisis que atraviesa el país.
Como bien señala el alemán Jürgen Habermas, en su visión crítica de la opinión pública, el problema radica en que la sociedad se ve incapacitada para intervenir a fondo en el debate de los asuntos públicos, obviamente víctima de los nuevos señores feudales (del marketing y las relaciones públicas) que otorgan solo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni de generar propuestas.
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