Por Guillermo Mejía
La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.
Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.
El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.
Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.
“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.
En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.
Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.
El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.
“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.
En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.
A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.
La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.
Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.
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