Tuesday, September 25, 2018

La ocultación mediática de la crisis de Costa Rica

Por Guillermo Mejía

Por la ausencia informativa acerca del enfrentamiento entre los trabajadores y las autoridades costarricenses frente a la amenaza de una reforma fiscal que deteriorará aún más la economía doméstica, con el incremento a los impuestos y los recortes a los gastos entre otras medidas, pareciera que el país hermano se encuentra tan lejos de los salvadoreños.

Resulta vergonzante que el sistema de comunicación colectiva nacional invisibilice la crisis tica que desembocó en una huelga que lleva más de dos semanas, en medio de negociaciones de trabajadores y autoridades para consensuar una reforma fiscal que no caiga sobre las espaldas de los de siempre.

“Este proyecto se negoció únicamente con los sectores económicos grandes y afecta a los sectores medios y pobres del país, mientras exime a los poderosos”, dijo el dirigente sindical Luis Chavarría a los periodistas que destacan una protesta que no se ha tenido en al menos 20 años. “Es un proyecto que empobrece más a la población costarricense”, añadió el sindicalista.

En efecto, la reforma fiscal que tiene que ser aprobada en la Asamblea Legislativa busca oxigenar la crisis que representa un déficit fiscal que será de 7.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2018, mientras se estima que el gasto de la deuda pública será del 53.5 por ciento para el año 2019.

Los trabajadores se fueron a la huelga general, porque consideran que las respuestas del gobierno del presidente Carlos Alvarado no son las adecuadas: solamente aportarán ingresos de 1.5 por ciento del PIB; los reajustes al Impuesto al valor Agregado (IVA) no traerán mayores ingresos, sino más bien mayores consecuencias sociales, ya que agudizarán la inequidad social.

Además, las medidas de austeridad salarial son una clara violación a los derechos laborales y también reducirán la capacidad adquisitiva de los trabajadores afectando el consumo privado y fomentando el desempleo; a la par, el recorte de los gastos implicaría afectar programas sociales, pensiones e inversión pública en infraestructura.

Y, por si fuera poco, una regla fiscal que permite eliminar políticas económicas soberanas a fin de aumentar la credibilidad ante los organismos financieros nacionales e internacionales, a lo que se suma que limitan la política pública expansiva y facilitan la privatización de hecho de los servicios públicos.

De ninguna manera podemos considerar que esa situación que enfrentan los hermanos costarricenses no sea de importancia para los salvadoreños, que también soportan una grave crisis socio-económica y de seguridad pública ante la que responden –muy a pesar de las adversidades- con abandonar el país.

No hace mucho, los políticos acordaron una reforma de pensiones que, en lugar de favorecer a los cotizantes, sólo vino a paliar la crisis en que está metido ese sistema que representa un robo de las cuotas de los contribuyentes por parte de las afpes. Oficialmente se llegó al descaro de vender esa estafa como un triunfo de los trabajadores.

En la actualidad, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén en el presupuesto para el año 2019 prevé recortes en los ramos de Educación, Justicia y Seguridad Pública, Agricultura y Turismo, además de la Fiscalía General de la República, situación que nos anuncia que las cosas irán peor, en un país que desde hace ratos dejó de ser rebelde.

Sin conocer a fondo la situación nacional, mucho menos la internacional –como el caso de la crisis de Costa Rica- los salvadoreños quedan a merced de los que hacen de las suyas desde el poder y los medios de comunicación social –como un brazo más- solamente espectacularizan los hechos, especialmente de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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