Responsabilidad versus privilegios

Por Guillermo Mejía

Por la manera en como la Asamblea Legislativa cocina la reforma al Art. 191 del Código Penal, que en su tercer inciso castiga la crítica periodística desfavorable, se podría caer en la tentación de privilegiar los derechos corporativos sobre los de la ciudadanía que es víctima de seudo productos periodísticos que lesionan su moral.

Desde los tratados de ética periodística, se establece que sobre el derecho de información y el derecho a emitir opiniones está el de la vida privada, la buena imagen y el honor, en suma el respeto a la dignidad humana, caso contrario se debe responder ante los tribunales correspondientes.

El Art. 6 de la Constitución reza: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan la ley, responderán por el delito que cometan”.

Por lo tanto, no hay que buscarle tres pies al gato. La politiquería de la mayoría de fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, junto al pensamiento patronal e ideológico de las empresas periodísticas que pretenden vendernos la ilusión que vivimos un ensueño democrático, nos trae a cuenta que uno de los males del periodismo es la impunidad.

En otras palabras, pretenden vendernos la idea que en este país automáticamente la prensa es responsable, se autorregula con eficiencia pensando en el bien común y está abierta a la variedad de discursos o relatos que emanan de la ciudadanía, algo inexistente en pleno Siglo XXI y tras un esfuerzo político que paró la guerra intestina en 1992.

Los periodistas consecuentes y la ciudadanía que aspira a vivir en una auténtica democracia, donde el sistema de medios de comunicación colectiva realmente esté al servicio de la gente, deben rechazar que se instauren “legalmente” privilegios para lo que violen la ley, como el cambiar penas por multas económicas. No es alentador, al contrario resulta pernicioso.

La sociedad salvadoreña necesita con urgencia que el Estado retome su papel educativo con los ciudadanos, tanto a nivel formal como a nivel informal, por ejemplo: la educación cívica en el aparato educativo, así como en las comunidades, a la par de una vigilancia adecuada sobre la infinidad de basura que se envía desde los llamados medios de comunicación.

La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el tercer inciso del Art. 191 por violentar los Arts. 2 y 6 de la Carta Magna se apegó a los derechos ciudadanos y se espera que los legisladores tomen conciencia y no violen lo que dice la ley primaria.

Si los diputados evaden su responsabilidad a simple vista se favorece al periodismo; es decir, al libre ejercicio de información y opinión, pero con excepciones de ese tipo no estamos construyendo una sociedad democrática que siente sus bases sobre las actuaciones responsables y donde se priorice el diálogo social como instrumento para resolver los problemas.

Más seguro para los periodistas en particular y la sociedad en general es que los trabajadores de la información y la comunicación sean protegidos por una ley especial del periodista que, entre otras cosas, procure el ejercicio de la libertad con responsabilidad, clarifique las fronteras entre periodismo y publicidad o propaganda, y establezca la cláusula de conciencia.

Ya no demos malos ejemplos a la sociedad, como ocurrió en días recientes en el caso de los militares que se refugiaron en el ex cuartel de la Guardia Nacional al ser requeridos por la justicia española por el asesinato de los padres jesuitas y sus dos colaboradoras. En ningún código está que los militares gozan de esos privilegios, aunque en esto el gobierno se hizo el oídos sordos.