La justicia elástica

Por Guillermo Mejía

Algunos hechos de trascendencia ocurridos recientemente confirman una vez más lo precario de la aplicación de justicia como la ausencia de transparencia por parte de las autoridades correspondientes, lo que nos recuerda el camino tortuoso que hay que recorrer para arribar a una sociedad justa y democrática.

Son dos casos excepcionales: La resolución de la Corte Suprema de Justicia en pleno que falló a favor de la “libertad” de los nueve militares que han sido requeridos por la justicia española por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en medio de la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989, así como el envío de 22 efectivos militares a Afganistán.

En el caso de los militares sobre los que INTERPOL notificó su inmediata captura, bajo difusión roja, el fallo estima que no procede porque solamente es para su “localización”, ya que una detención se hace efectiva si a la par lleva una solicitud de extradición, argumento que contradice otro fallo de la misma Corte Suprema que sí hizo efectiva una extradición en días pasados.

La Radio YSUCA comentó que: “Este caso desnuda al pleno de la Corte Suprema de Justicia y deja en evidencia que esta no posee la competencia que le corresponde al más alto organismo del poder judicial. Esta Corte que avala la impunidad, que impide sistemáticamente que resplandezca la verdad y se haga justicia, es, además de una vergüenza nacional, un enorme obstáculo” para la institucionalidad y el Estado de derecho.

“No en vano tanto los Acuerdos de Paz y la Comisión de la Verdad, como una serie de estudios realizados por expertos en la materia han insistido en la urgente necesidad de reformar y hacer funcionar bien el sistema judicial para fortalecer la paz en El Salvador”, agregó la emisora conocida como la voz oficial de los jesuitas.

Para nadie es secreto el contexto en que se dio el fallo del pleno de la Corte Suprema, el significado que tiene en esta sociedad que aún se ve sometida a los caprichos de grupos de poder tradicionales que están enquistados en la misma institucionalidad del país y que, además, cuentan con un amplio aparato mediático que consideró a los militares como “prisioneros”.

Las preguntas elementales, que no se han escuchado en ese coro mediático, son: ¿Quién les proporcionó a los militares la información sobre la orden de detención?, ¿quién les facilitó a esos militares el hospedaje con comida y dormida dentro de las instalaciones del ex cuartel de la Guardia Nacional? El primero que debería responder es el presidente Mauricio Funes.

En esa misma línea se inscribe el caso de los 22 efectivos militares salvadoreños que partieron hacia Afganistán el domingo 28 de agosto, para participar en las maniobras militares dirigidas por la OTAN, decisión oficial controversial que recuerda el costo en vidas humanas que pagó El Salvador por su presencia en Irak.

Sumada a lo inútil que resulta que los efectivos militares vayan a tierra extraña a exponer sus vidas, aunque el gobierno diga que no participarán en actividades bélicas, se encuentra la falta de transparencia de las autoridades, ya que se conoció en los últimos días que esos militares fueron adiestrados por Estados Unidos, desde enero pasado.

“El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado… nos han dado un tremendo apoyo, tanto en la parte de nuestro adiestramiento, en nuestro transporte, en nuestro despliegue futuro, así como también en el sostenimiento y el apoyo logístico de nuestro efectivos”, dijo a la prensa local el ministro de la Defensa Nacional, David Munguía Payés.

El jefe militar entregó el pabellón nacional a los efectivos en ausencia del presidente Mauricio Funes. Algo sospechoso que mueve a interrogantes porque llegó al poder bajo la bandera del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), único partido político que se opuso al envío de militares a Afganistán, como también lo hizo en el caso de Irak.

Ambos casos, el de los militares que España desea extraditar como el del envío de los efectivos militares a Afganistán, dan pie para reflexionar sobre el ejercicio del poder, la práctica política y la necesidad de que la sociedad en general demande mayor coherencia, transparencia y compromiso en la lucha por una sociedad justa y democrática.