El Salvador-Honduras: El camino de la reivindicación ciudadana

Por Guillermo Mejía

En El Salvador se cumplen dos años del arribo de la izquierda al gobierno por primera vez en la historia contemporánea, mientras en Honduras se concluye que con el regreso del ex presidente Manuel Zelaya Rosales, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, y el reintegro de esa nación a la OEA se posibilita el fortalecimiento de opciones políticas ciudadanas.

El Presidente Mauricio Funes publicitó ante la sociedad que, como nunca antes en la vida republicana salvadoreña, se ha priorizado en la agenda social a partir de la asistencia a los más pobres mediante entrega de estipendios, útiles escolares, uniformes, asistencia en salud, entre otras medidas, que han venido a paliar la crisis económica.

Sin embargo, los sondeos de opinión pública establecen que los salvadoreños resienten esa crisis económica, que tiene raíces estructurales y se profundizó por la crisis financiera internacional, además de la inseguridad ciudadana que arrastra al menos 10 muertes violentas diarias en una danza macabra que, por cierto, tampoco se puede decir que es de dos años para acá.

Dimes y diretes han ocupado la plataforma mediática en el marco del segundo aniversario del autodenominado “gobierno del cambio” que, sin que uno se pase de vivo, vale la pena que desde una postura autocrítica el gobierno como el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), asuman los errores cometidos así como las deudas frente a la nación.

Eso sí, es tiempo que la sociedad salvadoreña reivindique su condición ciudadana y haga efectiva su demanda por lo que justamente le corresponde frente a los que ejercen el poder y de cara a las elites empresariales que se niegan a poner la cuota que les corresponde, para afianzar un Estado social de derecho cuyo centro de acción tiene que ser ese sujeto social.

Las resoluciones emanadas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referidas a ámbitos como partidos políticos, elecciones, libertad de expresión, entre otras, tienen que reconocerse como coadyuvante de primer orden a las luchas reivindicativas ciudadanas, a la par de las posturas críticas y propositivas de amplios sectores de la sociedad civil.

Por otro lado, es de destacar el retorno del ex presidente hondureño Manuel Zelaya Rosales, el “comandante vaquero”, tras casi dos años de exilio después que fue sacado en pijamas por la elite empresarial y los militares en una acción repudiada a nivel mundial y bochornosamente conocida como el “golpe de Estado del Siglo XXI”, que se creía impensable en nuestra región.

Ahora, con su reintegro como parte del Acuerdo de Cartagena, es de estar vigilantes en cuanto al compromiso adquirido por el gobierno de Porfirio Lobo frente a Zelaya Rosales y como testigos los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez Frías, y de Colombia, Juan Manuel Santos, y el hecho de que Honduras regresa a la OEA de donde fue expulsada luego del golpe militar.

El acuerdo establece la vigilancia al respeto a los derechos humanos que han sido violentados sistemáticamente con el asesinato y la persecución de la oposición contra el golpe, la prensa crítica, y diversos sectores sociales y políticos que se han agrupado en torno al Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

El quid del asunto es que ahora el Frente Nacional de Resistencia Popular puede decidirse por convertirse en partido político y participar en las próximas elecciones, situación que tiene que ser repensada de cara a los riesgos de que un frente amplio asuma esa opción que podría encorsetar al movimiento que es expresión de la oposición de izquierda, intelectual y gremial.

Como bien señalan los críticos del Acuerdo de Cartagena, una de las deudas que quedan es la impunidad de los responsables intelectuales y materiales del golpe de Estado, entre ellos el ex gobernante de facto Roberto Micheletti, que aún amenaza con que están listos para actuar si consideran que con Zelaya Rosales de regreso se sienten amenazados.

También en el caso de Honduras hay que valorar los retos que a partir de la nueva coyuntura política la sociedad y el Frente Nacional de Resistencia Popular, como instrumento legítimo de lucha, asumen de cara a la construcción de ciudadanía en los diversos campos, entre ellos la reforma constitucional a fin de que se abra el camino a la democracia participativa.