La urgencia del estatuto profesional del periodista salvadoreño

Por Guillermo Mejía

A partir de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el 3er. inciso del Art. 191 del Código Penal, la discusión en torno a la existencia o no de amenazas a la libertad de expresión y el derecho a la información abre las puertas, para que de una vez por todas se consagre el estatuto profesional del periodista salvadoreño.

Como sabemos, lo estima la resolución, los dueños, directores, editores o responsables de programas ya no tendrán cheque en blanco cuando asuman una condición no profesional que implique tener los “dados cargados” contra un ciudadano o una entidad en particular, porque la ley faculta pedir cuentas ante actos que dañen la dignidad de la persona.

Hasta ahora, diputados de las diversas fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, así como el gremio de periodistas han asumido que en busca de evitar cualquier mal entendido con respecto a los comunicadores se vuelve necesario crear una legislación que proteja a los periodistas, aunque vale aclarar que esa condición debe pasar por un filtro profesional.

Así se ha hecho en casos de sociedades complejas, por ejemplo en Europa, donde tienen que cumplirse ciertos requisitos de calidad, para asegurar que alguien es periodista; es decir, la profesionalidad se estima a partir del conocimiento técnico-humanístico del ejercicio, la clara disposición a respetar las reglas del juego limpio, que implica derechos y deberes, y la correspondencia con el interés ciudadano.

En los círculos periodísticos se concluye que, así como están las cosas, en general no es cierto que existan amenazas directas desde el Estado, porque la censura y autocensura en los medios de comunicación siempre han procedido de los mismos propietarios, directores y editores de esos medios, así como de los poderes fácticos, por ejemplo políticos o empresariales.

En ese sentido, y es obvio que de ahí se percibe la ausencia de la gente de a pie en la discusión pública, en El Salvador el ciudadano ni está educado, ni se siente representado cuando se habla del derecho a la información, el derecho de información y el derecho a la comunicación. La gente prioriza la búsqueda de la satisfacción de necesidades básicas. La información, como derecho, aun está ausente.

Desde otro escalón, tampoco podemos obviar del panorama la desprotección del periodista salvadoreño de cara a los intereses que se manifiestan en el ejercicio del poder y la presencia de esos poderes fácticos no democratizados y que, en pleno Siglo XXI, siguen considerando a la profesión periodística como de segundo nivel y al periodista (que puede ser cualquier necesitado) como peón.

En las sociedades complejas, a decir de los especialistas de la comunicación política y la opinión pública, ese periodista debe tener su condición de profesional, con sus estudios universitarios, sus créditos de formación en las áreas respectivas, y, algo impensable todavía en El Salvador, su derecho a la cláusula de conciencia a fin de evitar arbitrariedades de los supra poderes.

El académico español Niceto Blázquez asegura que: “Desde el punto de vista ético, lo que interesa de la cláusula de conciencia son la propia conciencia del periodista, sus ideas, sentimientos, creencias, opiniones y legítimas libertades personales. El derecho a la información se ocupa de la materialización de esos derechos naturales de la persona del informador mediante leyes positivas”.

Entonces, si de veras nos sentimos comprometidos con la ciudadanía y con el desarrollo adecuado del periodismo, no queda otra que hacer hincapié en la consecución del estatuto profesional del periodista salvadoreño. Más que amenazas y, como señalé la vez anterior, de temores infundados, ahora es el tiempo de procurar la erradicación de la mala praxis en nuestra profesión.

Seguro que el periodismo es una profesión de suma importancia para el avance de la democracia, la presencia del debate y el pluralismo, así como el desarrollo del pensamiento y el conocimiento en la sociedad. Por lo tanto, el problema no se reduce solo a los periodistas, los empresarios mediáticos y los editores, porque su condición es socio-política. Todos debemos estar representados en la discusión.

Ojala que no sea llamarada de tuza de los políticos, periodistas, sociedad civil, entre otros, y saquemos ventaja de una nueva posibilidad que se abre en el marco de la discusión montada, en especial desde lo mediático, y tengamos el estatuto profesional del periodista salvadoreño. De hecho, con ello nadie pierde, al contrario todos ganamos. Ojo colegas.