La práctica periodística más allá de temores infundados

Por Guillermo Mejía

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió en el caso de la inconstitucionalidad o validez de las reformas al Art. 191 del Código Penal. Con el veredicto, los dueños, directores, editores o responsables de programas ya no tendrán que esconderse en el manto de la impunidad cuando se cometa algún acto que lesione la dignidad de la persona.

Claro, como se esperaba, los empresarios mediáticos y el coro de politiqueros que se han visto favorecidos cuando lanzan campañas difamatorias, insultos, calumnias e injurias en nombre del ejercicio de la libertad, han puesto el grito en el cielo con acusaciones desproporcionadas de que desde el Estado se atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Sin embargo, ningún Estado, por supuesto ni gobierno, ni clase política, entre otros, que se diga serio puede dejar al libre albedrío el ejercicio de cualquier libertad, incluida la de expresión y el derecho a la información, por cuanto, tiene que corresponder con el respeto a los derechos de los demás, en especial, el de honor, intimidad e imagen.

Lo grave del asunto es que el origen de las reformas, que no pueden corresponder a una responsable y sana despenalización de la crítica periodística, está en el manoseo periodístico de ciertos medios (y de importancia) que ronda en la difamación, calumnia e injuria bajo el ropaje de crítica política. Además, en la negación del derecho de respuesta.

Recuerden allá por el 2004 cuando el ya desaparecido candidato de la izquierda, Schafik Hándal, fue difamado por un personaje oscuro –y de sobra conocida son los medios que prestaron sus espacios para ello. Las reformas llegaron luego de la demanda contra el susodicho personaje, con lo que quedó demostrada la estratagema tejida por sectores de la derecha en la Asamblea Legislativa.

Luego, también de todos conocido, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el empresario de las hamburguesas bajo el argumento que El Diario de Hoy lo había dañado en su integridad moral sin que le dieran derecho de respuesta. El periódico asumió que las reformas del Art. 191 le otorgaban garantías y de ahí el proceso que culminó en días pasados.

Por lo tanto, sería bueno que nuestra gente tome conciencia de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia en aras de que la prensa corresponda como debe ser ante la ciudadanía, desde una postura ético-moral que, además del respeto por los diversos actores del proceso, aprecie la apertura de sus espacios para la construcción de una auténtica democracia.

Seamos responsables, colegas periodistas. Seamos responsables, señores empresarios mediáticos. Seamos responsables, señores actores políticos, económicos y sociales. El periodismo salvadoreño necesita, con el concurso de la ciudadanía, una apertura mental y toma de conciencia y eso pasa por el compromiso con el respeto a la dignidad de la persona. Ni más, ni menos.

Pero, como siempre hay un pelo en la sopa, entre quienes aseguran que se ha violentado la libertad de expresión y el derecho a la información surgió también en estos días la demanda de que el presidente Mauricio Funes debe informar sobre la programación de Canal 10 de la televisión nacional, porque se han colado algunos documentales de corte izquierdista.

“El Canal 10 de televisión está presentando programas que no son educativos, ni culturizantes; porque, en la nueva realidad que vive el país presentar imágenes denigrantes de la Fuerza Armada, en los (sic) que se trata de justificar la violencia como un medio para poder lograr el poder político, demuestran caducidad ideológica y poca madurez”, reza una pieza de correspondencia fallida presentada por el partido Arena en el Legislativo.

“Estos programas abiertamente están inculcando odio e intolerancia entre los salvadoreños y en nada contribuyen a la reunificación de la sociedad. Además algunos de ellos promueven el Socialismo estatizante, atentando contra las libertades políticas y económicas”, agrega la pieza que no es otra cosa que una solicitud de censura propiciada por los autonombrados paladines de la libertad.

Por si fuera poco, la campaña contra el Canal 10 fue secundada por la autodenominada Asociación de Veteranos Militares de El Salvador “General Manuel José Arce” (ASVEM) que en un campo pagado protesta por lo que considera “(…) constantes ataques al honor y dignidad de la Fuerza Armada, realizados en los medios de comunicación del FMLN”.

“Estos programas contra nuestra institución fueron transmitidos en el Canal 10 (Televisión Educativa). Paradójicamente en los momentos en que el Señor Presidente de la República llama reiteradamente a la unidad nacional. Con este acto se busca difamar a la Fuerza Armada y parcializar la realidad histórica del país, contraviniendo el espíritu de los Acuerdos de Paz de 1992”, aseguran los veteranos entre quienes están lo de la famosa “Tandona”.

En círculos de prensa también han calado los temores infundados; por ejemplo, el periodista Rafael Domínguez, entrevistador de Canal 8, le advirtió al director de Canal 10, Romeo Lemus, que al ver el contenido de uno de los materiales “me pareció muy fuerte, que revive heridas del pasado, y, y, y sin contextualización”. Le señaló que había recibido correos de gente preocupada por el caso.

Lemus, que era el invitado, lució dubitativo, pero al final se conformó con decirle que hay que ver el caso en su real dimensión, aunque lamentó si hubo algún malentendido. Una de las frases que dijo fue la siguiente: “Pero sí creo que Canal 10 está, como medio de comunicación del Estado, (en) hacer un trabajo serio, a propiciar realmente un clima como el que tú estás diciendo, un clima de sanidad mental”.

Como se puede apreciar, está costando a la prensa salvadoreña –y a la sociedad en general, en especial a sectores conservadores- comprender el significado de la comunicación pública de cara a la ciudadanía, de cara también a la urgente necesidad de que existan reales espacios mediáticos que coadyuven a la democratización de esta sociedad desigual y generadora de injusticia.