Wednesday, October 10, 2018

Y la participación ciudadana... En la otra esquina

Por Guillermo Mejía

Recientemente, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén presentó un proyecto de Ley de Espectáculos Públicos, Cinematografía, Medios de Comunicación y Publicidad con el que pretende regular contenido relacionado con violencia, drogas, sexualidad y lenguaje inapropiado a los que regularmente está expuesta la ciudadanía.

Como siempre, esos consumidores que verían censurados los contenidos de la oferta mediática son los que menos conocen del tal proyecto de ley, pues no ha sido publicitado para su discusión pública –como debería ser- sino que está en manos de la Asamblea Legislativa, donde de entrada recibió la negativa de los diputados, menos los del partido oficial.

En otras palabras, el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) actuó, una vez más, como sus adversarios políticos que menosprecian el involucramiento de los ciudadanos en iniciativas que les afectarían de ser aprobadas, como en este caso que nada más y nada menos implica el derecho a la información.

Según han reseñado los medios, la Dirección de Espectáculos Públicos tendrá la capacidad de evaluar, clasificar y monitorear los contenidos mediáticos considerando categorías, franjas horarias, bloques horarios y tipos de contenidos. Además, habrá un oficial Consejo Consultivo Interinstitucional de Espectáculos Públicos que opinará sobre la materia.

Desde la derecha opositora como también de medios de comunicación social y gremios de radio, televisión y publicidad de inmediato se ha perfilado un discurso antagónico con la iniciativa gubernamental que viene a reforzar las posturas en contra de iniciativas de responsabilidad social en la región latinoamericana.

“Es una ley que va en contra de nuestras libertades. (…) y es un intento de parte del gobierno del Fmln de mantener el control sobre la población, algo que es propio de los regímenes dictatoriales, que buscan controlar qué información llega y qué se debe restringir el acceso a diferentes medios o programas”, advirtió a los periodistas el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.

Empero, para nadie es secreto que –siendo justos en la medida- sí es cierto que desde cantidad de esos espacios mediáticos se vulneran principios y valores de la ciudadanía, se espectacularizan las diversas formas violencia, se cosifica la imagen femenina y se utiliza un lenguaje inapropiado, especialmente en radio.

El problema se centra en quién propone las medidas y qué podría pasar si se le da un cheque en blanco. Como he señalado, este tipo de iniciativas tienen que ser motivo de discusión pública, donde participen los ciudadanos, porque implica el derecho a la información que es de todos y no puede quedar en manos de empresarios, editores y periodistas.

En ese sentido, el ex magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, asocia la iniciativa oficial con las respuestas del gobierno a las deficiencias formales identificadas en la sentencia sobre la inconstitucionalidad del reglamento de espectáculos públicos que regulaba una materia reservada a ley.

“Sin embargo, la iniciativa también es susceptible de análisis para determinar si se está cumpliendo con los estándares materiales o de contenido ordenados por la Ley Suprema sobre libertades de expresión e información, tal como han sido explicitados en la jurisprudencia de la Sala. La constitucionalidad de la regulación de tales derechos no se satisface solamente cumpliendo los requisitos formales, sino también los de contenido”, señaló González.

De todas formas, hace falta la participación ciudadana.

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