El papel de los medios más allá del proceso electoral

Por Guillermo Mejía

Sería muy limitado en cuanto al papel de los medios en el proceso electoral que la sociedad se conformara con tan solo la ejecución del foro –más que debate- llevado a cabo en días pasados, donde los candidatos presidenciales expusieron algunas ideas, o que un periódico nacional haya adquirido un drone (vehículo aéreo no tripulado) para su cobertura informativa.

Plasmar por parte de los colegas periodistas o palpar, por parte de las audiencias, los entretelones de la cuestión electoral y el desarrollo del proceso requiere del cumplimiento de objetivos conducentes tanto a la democratización de las comunicaciones como de la profundización del proceso instaurado luego de la firma de la paz hace 22 años.

Sería redundante insistir en esa serie de objetivos –ya lo he hecho en artículos anteriores en este espacio- pero quizás cabe señalar, por ejemplo, la necesaria presencia de la ciudadanía a lo largo del proceso como actora fundamental frente a los políticos, a la vez de que tengamos medios periodísticos pluralistas y críticos más que sirvientes de intereses particulares.

Aunque sea parte de la cobertura informativa tradicional el seguimiento (sin mayor crítica) de los resultados de las encuestas electorales, a lo que se suma la entrega de ese tipo de productos bajo patrocinio de los mismos medios, es irresponsable la ausencia premeditada de la perspectiva ciudadana en esos procesos.

Igual de irresponsable resulta la instrumentalización de los medios de comunicación en función de plataformas, figuras o intereses partidarios o de grupos de poder en cualquier dirección, que redunda –en muchos casos- en la difamación, la injuria y la calumnia en nombre del ejercicio de la libertad de información y opinión.

En ese sentido, es reprochable la forma en que se tratan temas serios y de suma importancia para el conglomerado que, al contrario, debería tener la mayor información posible, como en el caso de la crisis económica y los problemas de la seguridad pública, o el silencio cómplice en temas como la corrupción y el narcotráfico.

Considero oportuno traer a cuenta las reflexiones de los autores Andrea Cristancho y Ricardo Iglesias, académica y abogado, respectivamente, en el libro “Comunicación, información y poder en El Salvador: Claves para la democratización” (El Salvador; 2013) sobre las acciones de los medios de comunicación en pro de la calidad de la democracia.

Nos recuerdan los autores citados que en cuanto a “calidad de la democracia” se debe hacer énfasis en los aspectos cualitativos del sistema y de participación ciudadana en el orden público, más que en sus aspectos cuantitativos, formales o procedimentales (que es la parte que más interesa a los políticos de cara a sus fines).

Cristancho e Iglesias proponen, tomando en cuenta también los aportes de otros especialistas, las siguientes acciones de los medios de comunicación en pro de la calidad de la democracia:

-Decisión electoral: 1. Brindar información integral sobre las plataformas de los partidos políticos y los grandes problemas nacionales durante la coyuntura electoral; 2. Vigilar el proceso electoral y denunciar anomalías del sistema; 3. Vigilar el desempeño de las y los funcionarios electos.

-Participación: 1. Abrir espacios donde las y los ciudadanos pueden hacer públicas sus opiniones o denuncias; 2. Asumir una política editorial de estímulo a la participación ciudadana; 3. Asumir una política de contenidos que combatan los estereotipos de discriminación o exclusión a grupos determinados.

-Respuesta a la voluntad popular: 1. Dar seguimiento a las exigencias de la ciudadanía a las y los funcionarios; 2. Evaluar las respuestas estatales a las exigencias ciudadanas.

-Responsabilidad: 1. Abrir espacios para que ciudadanos exijan cuentas a las y los funcionarios públicos; 2. Utilizar mecanismos como la justicia constitucional o la ley de acceso a la información pública como instrumentos de fiscalización de las instituciones estatales.

-Soberanía: 1. Abrir espacios a la ciudadanía para evaluar el ejercicio de la soberanía estatal, interna o externa; 2. Asumir la defensa del estado de derecho y de los derechos humanos como objetivos del medio; 3. Evaluar la ejecución de las políticas públicas y dar seguimiento a la independencia de las autoridades estatales frente a fuerzas que no son responsables ante el electorado.

Por supuesto, se requiere mucho compromiso de parte de los medios, así como de la ciudadanía que debe pasar a ser actora dentro de los procesos políticos y comunicativos, más que simple espectadora –como lo es en la actualidad. Sin dejar de lado, el papel de las autoridades estatales en crear las condiciones necesarias que viabilicen esos procesos de cara a la ciudadanía.