El control de las actuaciones políticas desde la ciudadanía

Por Guillermo Mejía

La declaratoria de inconstitucionalidad de las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que hizo la Asamblea Legislativa en 2006 y en 2012, a petición de integrantes de la sociedad civil es otra muestra contundente que desde la ciudadanía se pueden regular las actuaciones políticas ilegítimas y tramposas.

Con la decisión de los magistrados se dio respuesta a una demanda ciudadana por actos que están fuera de lo correcto, con lo que también la Sala de lo Constitucional inyectó oxígeno el precario Estado de Derecho, aunque en la Asamblea Legislativa algunos diputados consideraron que se intervino en sus facultades constitucionales.

La Asamblea Legislativa tiene que proceder a nuevas elecciones de magistrados en ambos casos, mientras la Sala de lo Constitucional también admitió un recurso, para declarar inconstitucional la elección del abogado Astor Escalante como Fiscal General de la República, parte del “combo legislativo” que cocinó la izquierda oficial con fracciones de la derecha legislativa.

Son apenas destellos de preocupación cívica donde ha existido una coincidencia generalizada en la ciudadanía sobre lo que debe y no debe ser la práctica política que, por supuesto, tiene que guardar coherencia entre discursos y hechos, cuestión que ha resultado ser una precariedad en la forma de hacer política instituida en la sociedad salvadoreña.

Esta forma espuria de hacer política tuvo su éxtasis en el aumento que aprobó la Asamblea Legislativa para los diputados jefes de comisiones, medida que desencadenó la indignación de la ciudadanía que protestó frente al palacio legislativo, a la vez que inundó de comentarios las redes sociales y los espacios mediáticos. Los diputados se echaron para atrás, algunos pidieron perdón.

La profesora española Victoria Camps, de la Universidad Autónoma de Barcelona, nos sugiere que en la sociedad contemporánea –donde lo mediático en la vida cotidiana es un hecho- uno de los actores políticos que deben asumir el compromiso con los ciudadanos son precisamente los medios de comunicación.

“El ciudadano necesita información para poder participar y cooperar. Necesita, además, voluntad de hacerlo. Pero también esa voluntad puede estar mediada –o manipulada- por la información mediática. No podemos, pues, dejar de analizar el sentido de la sociedad de la información y ver qué podemos esperar de ella en cuanto a la producción de conocimiento y acceso de los individuos al mismo”, asegura la catedrática.

Y eso amerita reflexión en la sociedad salvadoreña donde los medios de comunicación elaboran agendas temáticas y agendas de actores de corte privilegiado, muy ajenos a la ciudadanía y, aunque ahora hayan cuestionado las actuaciones políticas de la Asamblea Legislativa, antes guardaron silencio frente a prácticas espurias de la derecha similares a las que hoy critican.

Una prueba de cambio de rumbo en el país debe ser que esta lógica perversa de gobernar en cualquier instancia del poder establecido sea rechazada desde la ciudadanía, la clase política y el periodismo nacional a fin de asegurar una ciudadanización de la práctica política que muestre verdaderos servidores públicos y no a quienes se sirven de lo público.

Sin embargo, en esa tarea “el ciudadano ha de empeñarse en conseguir una información que sea fuente de conocimiento, conjurando para ello, como decíamos, las tiranías y la lógica que constriñen a la información mediática y la rebajan a una información mediocre. La mediacracia es una democracia mediocre”, afirma la profesora Victoria Camps.

La ciudadanía es, pues, una fuente invaluable de recuperación del Estado por ahora en manos de políticos inescrupulosos que –según la ocasión- también son reverenciados por el sistema mediático muy renuente a la democratización real de la sociedad y, por supuesto, de la comunicación en esta sociedad que aún se muestra huraña con el compromiso político.

Las instituciones secuestradas debe ser recuperadas por redes ciudadanas, por actores nuevos, por una nueva conciencia que sea ese espacio donde no seamos negados sino comprendidos, según el autor argentino Eduardo Balestena, trabajador social, al reflexionar en torno a la ética de las instituciones.

“Un espacio donde no sintamos que existe lo público y que lo público es cuestión de unos, sino que existe aquello que nos concierne y atañe a todos y que la palabra ‘público’ no alcanza a caracterizar”, agrega. Antes está el “nosotros y nuestras estrategias deparadas por la paciencia, el escepticismo y la esperanza en que al fin el imperativo ético sea lo que prevalezca”.