Chantaje, cinismo y frustración

Por Guillermo Mejía

La denuncia del empresario de autobuses Catalino Miranda que detrás de los accidentes motorizados hay mano peluda, al igual que la ganga de que se les “ayude” para negociar lo que deben por multas policiales so pena de hacer inviable la sociedad llegó al colmo. Hasta ahora la respuesta oficial es que se les aplicará la ley. Veremos.

El costo de la irresponsabilidad da cuenta de al menos 20 muertos y casi 200 lesionados en varios hechos registrados en días recientes. El cinismo llegó al grado que la misma policía admite que los buseros conducen sin licencia, por vencimiento o decomiso, en un 80 por ciento de los casos, mientras deben al Estado una suma millonaria por esquelas.

Como es costumbre, los ciudadanos víctimas del atropello constante de los cafres han avalado la postura del gobierno en que, como dijo el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, se les acabará la ley de la selva o la fiesta. Al menos, la promesa y las acciones que hemos visto del fin de semana para acá siguen en pie. Otras 975 multas fueron impuestas en la jornada policial.

Para la gente resulta frustrante el comportamiento de los buseros que siempre han gozado de impunidad y prerrogativas de los gobiernos de turno dentro del clientelismo político y de trances de las autoridades u otros dirigentes de partidos con estos irresponsables, que tienen hasta representantes en la Asamblea Legislativa.

Al verle el lado amable, diremos que si se cumple con que se les acabará la fiesta será otra oportunidad del gobierno de Mauricio Funes y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) de apostarle al también frustrado –aunque anhelado- cambio, tal como establecieron en las promesas electorales.

Es una realidad incuestionable que con esas actitudes y comportamientos los cafres se han pasado del límite; es decir, lograron ganar la categoría de delincuentes motorizados, mientras las autoridades han pecado por omisión ante la existencia de una legislación al respecto y la tembladera que les ha dado para cumplir con lo previsto.

Sin duda que la problemática del transporte público tiene varias aristas y, por ende, así focalizado sólo resalta a quién hay que pedirle cuentas; sin embargo, hay muchas cuestiones que se tienen que poner en orden dentro de la casa, una de ellas también –como hemos dicho con anterioridad- se refiere a la necesidad de mayor tributación al fisco para corresponder con la crisis.

A la vez, está el problema de la inseguridad que ya no aguanta con el discurso de las autoridades policiales de que los crímenes han ido bajando de tanto en tanto cuando la sociedad tiene asegurado el “honor” de ser una de las más violentas del mundo, mucho más que la mexicana y la colombiana. Es innegable que en la vorágine el transporte ha puesto su cuota de sangre.

Y la verdad es que nadie se siente seguro con la forma en que pretenden atajar el problema, por cierto un problema que tampoco es nuevo, pero que amerita de parte del gobierno la mayor atención posible si no veamos que, junto a la crisis económica, galopa como el principal dolor de cabeza de los ciudadanos. Es frustrante.

Esperemos esta vez que las autoridades cumplan con lo que dijeron frente al chantaje de los buseros, porque la ley tiene que aplicarse parejo. Qué bueno sería para el país que la ciudadanía adoptara, a la vez, su papel como constructora de su futuro, cómo urge esa toma de conciencia y la acción política respectiva. Animo.