A propósito de la Ley de Acceso a la Información Pública

Por Guillermo Mejía

Como derecho humano consagrado en la Declaración Universal, la información es un bien social que nos pertenece a todos los ciudadanos. Ningún Estado, gobierno, empresario mediático o periodista, entre tantos, se puede abrogar el derecho de manejar a su antojo ese bien que –en buena lid- nos permite educarnos, conocer del ambiente y exponer nuestros puntos de vista.

Por eso, debemos celebrar que los diputados salvadoreños hayan aprobado la Ley de Acceso a la Información Pública, aunque hay que aclarar bien los términos: la información que interesa –o debe interesar a la ciudadanía- no sólo se encuentra en los archivos estatales, sino que en cualquier banco de datos, inclusive de propiedad privada.

El requisito elemental es que esa información corresponda al interés público, situación que dista mucho de consagrarse en el país dado que somos una sociedad políticamente atrasada que aún no percibe en el ambiente la urgencia de que sea de acceso de la gente y transparentada a fin de que los ciudadanos se nutran de su entorno.

Pero algo es algo, dice el pueblo. Habría que afinar más el esfuerzo, para que en los próximos años se amplíen los criterios. Obviamente, por mucho que nos pongan ejemplos, el acceso a la información es un lujo hasta en las sociedades complejas como las norteamericanas y europeas, aunque hay que admitir que nos llevan ventaja.

El caso sonado de Wikileaks –donde hubo filtración de al menos 250.000 archivos confidenciales del gobierno estadounidense a medios de comunicación y de ahí algunos a la gente- ilustra cómo (y ya lo sabíamos, tampoco es sorpresa) se esconde esa información a los ciudadanos con lo que el gobierno y el sistema de medios quedan en una situación bochornosa.

Los periodistas, académicos, asociaciones profesionales y ciudadanía en general debemos estar ojo al Cristo para demandar la transparencia informativa en la sociedad salvadoreña. Que la información y la comunicación se vuelvan en la realidad concreta bien social que nos pertenece a todos y que no debe ser tratado al antojo por gobiernos y mercanchifles.

El primer gobierno de izquierda en El Salvador tiene tremendo reto ante la ciudadanía en cuanto a transparentar la información de interés público, vamos a constatar si así como el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) demandaba a los anteriores gobiernos apertura y transparencia tienen la honradez de dar el ejemplo.

Hacerlo sería una manera muy concreta de mostrar a la gente, y al mundo, que las cosas desde otra óptica política de veras es diferente. Dar el paso adecuado posibilitaría que, sin importar quien ocupe la silla presidencial en el nuevo período, ya no podría dar marcha atrás con la actitud de corresponder al derecho ciudadano a conocer lo público.

El presidente Mauricio Funes, que como periodista en ejercicio demandó la apertura de las fuentes oficiales, ahora tiene la oportunidad de abrir los espacios a los ciudadanos y a los periodistas en cumplimiento a la normativa. Ojala que no ponga obstáculos frente a la promulgación de la ley ni a su cumplimiento una vez publicada en el Diario Oficial.

Este esfuerzo sería mejor aprovechado por los ciudadanos con la concreción del recurso habeas data –por medio del cual cualquier persona puede demandar del Estado la entrega de información de interés público- así como el estatuto profesional del periodista a fin de que contemos con una figura jurídica que garantice nuestro trabajo profesional frente a la tentación de las represalias políticas o empresariales.

Pruebas no demagogia. Todos debemos estar vigilantes y no desperdiciar la oportunidad que la Ley de Acceso a la Información Pública nos otorga, pero metámosle más colmillos al recurso jurídico.