La fiscalización ciudadana

Por Guillermo Mejía

Desde tiempo atrás –no mucho por cierto en nuestros países- se ha llegado a la conclusión de que en la democracia liberal en que subsistimos es sumamente importante la fiscalización ciudadana de cara al ejercicio de los políticos.

Si viviéramos, por ejemplo en un régimen que se definiera por ser fiel representante del centralismo democrático, pues de poco valdría tal aseveración, por cuanto se entiende que el régimen coopta a la sociedad civil.

Pero, entrando en materia, en el esquema en que nos desenvolvemos –muy débil por cierto- esa sociedad civil es categorizada como la representación de la actividad social voluntaria (que se realiza bajo ninguna obligación impuesta por el Estado).

Tal como lo asevera Michael Walzer, en su “The idea of Civil Society”, se define como “el espacio de asociación humana sin coerción política y también como el conjunto de cadenas o redes de relación –formadas para el bien de la familia, la creencia, el interés y la ideología- que llena este espacio”.

Por eso es importante que entendamos, una vez por todas, la importancia de los movimientos que se agrupan en torno a esa sociedad civil. Allí encontramos a ecologistas, periodistas, estudiosos de las diversas materias, empresarios, en fin una constelación de intereses que deben ubicarse, necesariamente y pese a sus propuestas propias, afuera de las representaciones partidarias.

En ese marco, resulta pobre, bochornoso, vergonzoso, que personas particulares con intereses políticos predeterminados, por ejemplo de los partidos tradicionales, vengan a cuestionar el esfuerzo de los entes de esa sociedad civil que se pretenden fortalecer.

Ahí encontramos, por definición, a quienes defienden los derechos de la niñez, de la tercera edad, de las prostitutas, de los estudiantes, de los maestros, etcétera, que no están pensando en que llegue a la presidencia de la República un representante partidario. En ese esfuerzo ciudadano, al fin y cuentas, sale sobrando quién llegue a ocupar la silla presidencial, lo importante es que esos movimientos civiles, y que pretenden ser democráticos, lo que buscan es que los políticos correspondan a los derechos ciudadanos.

Pensar diferente, bajo consignas políticas partidarias, significa ser reacios al cambio. Es decir, comprobado una vez más, reaccionarios frente a las necesidades urgentes de la ciudadanía que amerita una responsabilidad social de los administradores de turno que, lamentablemente, lo que han demostrado en tanto tiempo es lo contrario. Si no veamos el uso y abuso que han hecho en nombre del ejercicio del poder.

Históricamente, la sociedad civil la heredamos de los romanos que hablaban de societas civilis. Pero lo más importante, en este marco, se da cuando se concibe a la sociedad civil en separación del Estado. Como señalan diversos autores, significó ver a esa sociedad como un espacio social y sicológico en el que el individuo, por sí mismo o asociado con otros, podría ver los actos de los políticos en ejercicio desde una perspectiva fiscalizadora.

“La separación del Estado y la sociedad en el pensamiento político liberal confeccionó una justificación teórica poderosa para limitar los poderes del Estado frente a sus ciudadanos. En el pensamiento liberal la sociedad ocupa una posición de superioridad moral en sus relaciones con el Estado. El Estado es meramente la extensión y el sirviente de la sociedad”, afirma Charles F. Bahmueller, del Center for Civic Education, en Calabazas, California.

Ante eso, y frente a la ignorancia reinante, cómo me puedo explicar que cualquier hijo de vecino, que ostente un mínimo o máximo de poder en la esfera estatal, se de el lujo de menospreciarme pese a que como ciudadano tengo mis derechos y, lo que no sucede en nuestra realidad, también tengo que pelearlos a capa y espada porque como ciudadano me corresponden.

Por eso insisto en que es importante en que desarrollemos nuestro proyecto como sociedad civil. Si alguien está encantado con el actual ejercicio de los políticos también es su derecho inalienable. Nosotros no nos podemos conformar con tan poco, es necesario que levantemos nuestra bandera ciudadana y reclamemos nuestros derechos. Nuestros deberes, obviamente, tenemos que cumplirlos.

Una sociedad civil organizada –no cooptada por algún partido político- es un arma especial que no podemos desaprovechar. El cambio tiene que ser generado desde esa instancia civil, la política tiene que respetarnos y no existe mejor forma de hacerlo si en cada decisión que piense tomar o tome, en primer lugar tiene que corresponder con los derechos inalienables que nos corresponden como ciudadanos.

Saltar hacia otra estadio correspondería cristializar lo que el dirigente izquierdista italiano Antonio Gramsci consideró como transitar de una sociedad política con sociedad civil hacia una sociedad civil sin sociedad política, o sea la autodirección de los ciudadanos.

Esa concepción gramsciana fue más allá tanto del liberalismo como de la izquierda estatalista, dado que hizo visible los nexos estatales en la sociedad civil; es decir, que en ésta se genera y se prolonga el poder del Estado.

"La seperación tajante es rechazada por esta visión gramsciana que coloca la imbricación entre ambas esferas, que sólo se rompe transitoriamente en momentos de crisis orgánicas, para restablecerse posteriormente, a no ser cuando se pueda lograr revolucionariamente una plena emancipación de lo estrictamente estatal", afirma el antropólogo mexicano Jorge Alonso.

Demos vida, ejerzamos nuestros derechos ciudadanos.