El derecho a la información

Por Guillermo Mejía

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, establece en su Art. 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Muchos de los que participamos del fenómeno comunicativo, ya sea como periodistas, relacionistas, propagandistas, publicistas, académicos, entre otros, estamos familiarizados con ese concepto jurídico que otorga a cualquier ciudadano la titularidad del derecho a la información, sin importar edad, raza, bienes, condición, nacionalidad o profesión.

Ahora bien, y al revisar el caso centroamericano, aún ese derecho se ve limitado por una conjugación de variables -autoritarismo, ignorancia, desprecio, etc.- por lo que resulta incómodo a la mayoría de medios de comunicación, así como a sectores que ostentan poder económico y político, tener que dar cuentas a la ciudadanía.

¿Cómo podrán asumir de la noche a la mañana, las empresas periodísticas, que todas las personas tienen la facultad de investigar, la facultad de difundir y la facultad de recibir información?, ¿cómo podrán asumir los que ostentan poder y que se sirven de la cosa pública que están obligados a responder por sus actuaciones?

Piensen un momento sobre la obligación que tienen esos medios de respetar a sus audiencias y dejar una vez por todas de manosear la información, incluso respetarlas en su editorial y, a cambio de las frecuentes invenciones y calumnias, consignar datos, ideas, argumentos. Es más, que hicieran posible la pluralidad.

De ahí la pregunta, ¿por qué en estos países no se ha avanzado después de más de medio siglo de firmada esa Declaración Universal? El problema radica en que los empresarios de la prensa, en particular, y muchos periodistas, en general, aún persisten en la libertad de expresión y la libertad de información, esencialmente, para sí.

Y esa concepción instrumental es la que caducó a partir de la etapa universalista de la información, la etapa de los derechos humanos. En la pobre defensa que hacen los medios de difusión se escucha hablar de una libertad básicamente de empresa, de la prensa como entidad privada, sin que aparezca el verdadero titular.

Se llega al grado de afirmar, como defendiera en su oportunidad Eduardo Ulibarri, director del diario La Nación, de Costa Rica, que la libertad del ciudadano frente a los medios de difusión estriba en “la libertad de decidir” qué radio, televisión, diario o revista desea consumir en el mercado, si no le parece ninguno pues que no se haga bolas. Lógico, a lo que apela Ulibarri es a la “democracia del zaping”: podemos cambiar, porque con seguridad todos repiten el mismo discurso.

Contraria a esa postura mercantilista, el periodista y académico español Tito Drago demanda de la ciudadanía y los periodistas luchar porque “exista la pluralidad -que haya muchas voces, que los medios no estén controlados ni por el sector público ni por el privado, que defendamos cualquier política antimonopolio- y que nos opongamos a la manipulación, que podamos dar y recibir información”.

La información pertenece a los ciudadanos, no es patrimonio de empresarios o periodistas. El cumplimiento del derecho a la información implica hacer justicia en el acto de informar, aplicarse en el hecho que, más que un poder de los empresarios o periodistas, la información es un derecho y un deber. Un profesional de las comunicaciones actúa en virtud de un mandato general, social y tácito de la ciudadanía y no de alguna consigna.

Pero, ¿cómo lograr el cumplimiento del derecho a la información? En cuanto a los medios de difusión hay dos posturas encontradas: por un lado, como se da en la actualidad en estos países, dejar hacer según sus propios criterios profesionales, es decir mediante la autorregulación; por el otro lado, poner a disposición de la sociedad la regulación jurídica para que esos medios de difusión sean responsables de cara a la ley.

Tal como se practica el periodismo en estas sociedades, amerita hacer una revisión adecuada y regular aquellas partes del derecho a la información que simplemente no se pueden cumplir sin contar con un instrumento jurídico, especialmente en cuanto a la impunidad periodística, el tráfico de influencias y, obviamente, asegurar para los mismos periodistas -como a la ciudadanía- el combate certero de la corrupción.

Está comprobado el papel vital que cumple el procurador de los derechos de los consumidores de los medios, en algunos casos conocido como del lector, en la sociedad. Los centroamericanos necesitamos con urgencia que se legisle en función de contar con este personaje. Los medios también deberían apostarle y crear su propio ombudsman.

El editor y académico mexicano Raúl Trejo Delarbre afirma que “los medios, en fin, son demasiado importantes para dejarlos sin reglamentaciones modernas y completas. No se trata con ello de restringir libertad alguna, sino de garantizar la libertad de la sociedad para ser algo más que receptora de los medios más influyentes”.

“La mejor defensa de la libertad de expresión”, agrega, “la hacen los periodistas que mantienen un desempeño profesional, que ofrecen y comentan hechos y no rumores, que no confunden los acontecimientos públicos con los privados, que no requieren del escándalo para ganar lectores o televidentes”.

En ese sentido, asegurar el ejercicio del derecho a la información pasa por despolitizar la agenda de los medios de difusión. Los periodistas debemos lograr que la carga, especialmente política y económica, sea regulada de cara a que no solamente existen los sectores de poder como parte central de la información, sino que se escuchen otras voces.

Frente a la toma del espacio por los políticos tradicionales y sus protegidos hay que poner en escena temas de importancia ciudadana como: el combate a la pobreza, educación, defensa de los derechos humanos, cultura, fortalecimiento de la sociedad civil, asistencia a discapacitados, tercera edad, niños, mujeres, etc., y especiales como ecología, laborales, academia.

Por eso, en el libro “Ética para periodistas” (TM editores, 1998), María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo afirman que el derecho a la información “(...) no es un producto de la democracia sino una condición indispensable para que haya democracia; es el punto de partida para que haya civilización”.

Eso da pie para pensar que en la región hay que hacer bastante, para que se cumpla el derecho a la información. En las actuales circunstancias, la concentración del poder económico, en abierta componenda con el poder político, hacen imposible tener acceso a medios de difusión que se comprometan con los ciudadanos.

Tampoco podemos entender como cumplimiento de ese derecho el que se someta a la población a una especie de “rueda de caballitos” de los políticos, algunos sinvergüenzas reconocidos, a través de la mayoría de canales de televisión y radios noticiosas del área. La verdad es que no hay mayor aporte, aunque sí espectáculo dador de prestigio y dinero a los empresarios.

En la era de las comunicaciones, cuando es indispensable el papel del periodista como mediador, todavía estamos en deuda. Pero los centroamericanos, en general y por diversos motivos, también todavía creen en el periodista. Entonces, ¿para quién trabaja ese periodista?, es la interrogante a partir del derecho a la información.