Friday, July 24, 2020

La prensa no debe ser cortesana del poder

Por Guillermo Mejía

Los encontronazos entre algunos medios –y periodistas- y el gobierno del empresario Nayib Bukele, que se suman a la batalla de ciudadanos y troles en las redes sociales, nos debe llamar a la reflexión sobre el papel trascendental del derecho a la información y la comunicación en la sociedad salvadoreña.

Como sabemos, el motor de la sociedad es la contradicción y debemos ver con buenos ojos la existencia de espacios mediáticos que hurgan sobre la cosa pública, el ejercicio del poder y las verdaderas intenciones de los gobernantes.

Dentro de la democracia burguesa, como la nuestra, podemos hablar de una democracia mediática que abre el espacio a una especial e inédita legitimidad para los periodistas, basado en la distinción entre la atribución nominal del poder (el pueblo) y el ejercicio de ese poder (las élites elegidas por el pueblo).

Así nos lo señala el profesor español Javier del Rey Morató, que agrega: “El contribuyente y titular del poder y de la información se asoma a los medios de comunicación, desde los cuales los periodistas le ofrecen un relato sobre comportamientos y decisiones relacionadas con ese poder cuya titularidad ostenta”.

Para la consolidación de la democracia, ante la impronta autoritaria y despótica del ejercicio del poder que incluso nos llevó a la guerra, urge el papel crítico de la prensa más allá de sus líneas editoriales –en gran parte conservadoras- que, por supuesto, hay que demandarle responsabilidad ante los ciudadanos.

En una sociedad que se dice democrática, formalmente de corte liberal, una de las formas de constatar su fortaleza es la existencia de medios y periodistas comprometidos con la profundización de esa democracia que demanda diálogo social y plural. La herramienta idónea es el periodismo.

El profesor estadounidense William A. Hachten recuerda que el concepto de la prensa liberal –que fundamenta en gran medida la salvadoreña- es un producto derivado de la Ilustración y de la tradición liberal reflejada en pensadores como John Milton, John Locke y Thomas Jefferson, entre otros.

Y agrega: “Fundamentalmente, debe existir una diversidad de puntos de vista y fuentes noticiosas disponibles –“un mercado de ideas”-, en el cual el público pueda escoger lo que desea leer y creer. Ya que ninguna persona o autoridad, sea de naturaleza espiritual o temporal, tiene el monopolio de la verdad”.

En esa dirección, más allá de conquistar adeptos mediante las redes sociales, la robustez de Nayib Bukele debe basarse en respetar el derecho a la información, comprometerse con la transparencia y el acceso a la información pública, máxime cuando le achacan casos de corrupción. Así tendría sentido el eslogan “el dinero alcanza cuando nadie roba” que inspiró a sus seguidores y adeptos cansados de “más de los mismo” por la rapiña de Arena y FMLN.

En el último sondeo de opinión de la Universidad Centroamericana (UCA), si bien los consultados avalan la autorización de 3 mil millones de dólares al gobierno para atender la crisis por la pandemia, un 72.3 por ciento requiere que el presidente presente un informe detallado de los gastos.

En ese sentido, para estar en sintonía con ese anhelo ciudadano es necesario el papel crítico de medios y periodistas. Porque ellos “quedan en solitario como los únicos mediadores entre los que hacen la política y aquellos sobre los que se ejecuta esa política”, recuerda Javier del Rey Morató.

Si no existen medios y periodistas críticos, el ciudadano queda a merced de los placeres de quienes ejercen el poder. Los ciudadanos deben ser educados mediáticamente, para que descifren cuál es el verdadero papel del periodismo frente a la ofensiva de la propaganda y la publicidad que promueve el poder.

Ubicar al ciudadano para que salga de la atmósfera narcotizante de las redes sociales, tal como la promueven los gobiernos y grupos dominantes, y sí le encuentren el uso potencial que tienen para reivindicarse social, económica, política y culturalmente. Es decir, el uso alternativo para solidificar el cambio.

Para ilustrar el caso, vale la pena traer a colación un fragmento del ensayo del historiador salvadoreño Sajid Alfredo Herrera, titulado “Prensa y formación de un espacio público moderno: la Provincia/Estado del Salvador, 1810-1890” donde constatamos ese papel de la prensa, sin duda desde una postura política determinada:

“Un ejemplo del periódico como instrumento de fiscalización del desempeño gubernamental y denuncia de las políticas poco o nada trasparentes, lo encontramos en El Pabellón salvadoreño, publicado durante la administración del presidente Francisco Menéndez. El propietario del periódico, Carlos Bonilla, era uno de los miembros más prominentes del ‘partido republicano’, el cual había entrado en contienda política con el partido oficial de Menéndez para las elecciones de 1886. De hecho, El Pabellón era el vocero oficial de los republicanos. En un editorial de agosto de 1886, Bonilla criticaba las contratas hechas por el gobierno menendestista, fundamentalmente la del ferrocarril Sonsonate-Santa Ana, la cual calificaba como un misterio para la opinión ciudadana. Además, denunciaba el despilfarro de la hacienda pública, con sus graves costos sociales, pues se había pagado 5 millones de pesos por un proyecto que costaba 600 mil. Abogaba por la construcción del ferrocarril que conectaba con el Puerto de La Libertad por ser menos oneroso y con mayor utilidad para los departamentos centrales. Asimismo, le exigió al gobierno que forzara a la compañía de minas que funcionaba en Metapán el 10% de ganancias para el Estado y no el 5%”.

Son necesarias la reflexión y la apertura en quienes ejercen el poder. Es añejo aquello de vigilar, fiscalizar y ventilar la administración pública, más allá de que ahora existan mecanismos tecnológicos más avanzados, bajo el enfoque liberal de la prensa que aún es referente en la prensa nacional.

Papel vigente para unos, pero desfasado para otros frente a la alternativa participativa que busca la ciudadanización de la comunicación, para corresponder con el derecho a la información y la comunicación que no promueve la mayor parte de medios y periodistas salvadoreños.

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