La lucha histórica por el derecho a la información y la comunicación

Por Guillermo Mejía

Cuando se produce en la sociedad un enfrentamiento entre los políticos y los periodistas sobre el tratamiento informativo, especialmente en temáticas de importancia ciudadana como la política y la justicia, es necesario traer a la memoria la existencia de una lucha histórica por el derecho a la información y la comunicación.

Desde 1948 quedó plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su Artículo 19 y ratificado en 1963 por las mismas Naciones Unidas en lo que se considera “etapa universalista” de la lucha histórica que ha representado y representa para la humanidad jornadas inclusive teñidas con sangre de mártires.

Es trascendental, pues, el papel de los periodistas, para el traslado de la información y en abrir los espacios a fin de que los ciudadanos participen del diálogo conforme a sus derechos y obligaciones cívicas que presuponen las sociedades democráticas.

Frente al malestar de los políticos con los periodistas –para el caso el presidente electo Nayib Bukele que privilegia el uso de redes sociales frente a la necesidad de que hable directo con la prensa- es oportuno recordar las etapas principales que componen el esfuerzo político por el ejercicio de la libertad en materia de información y comunicación.

En primer lugar, la fase de la negación absolutista del derecho a la comunicación. Durante el “viejo régimen” fue el Estado absoluto el único sujeto libre para comunicar, el titular exclusivo y excluyente de las facultades del derecho a comunicar. Todo tipo de comunicación no estatal fue objeto de licencias, concesiones y censuras previas. El sujeto primordial estaba reducido a la condición de súbdito.

En segundo lugar, la fase de limitación burguesa que se divide en el preludio revolucionario, es decir, el asalto histórico al “viejo régimen” por parte de los revolucionarios que establecen la libertad de expresión y de opinión en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, en 1789; y el desenlace burgués, el que la burguesía, a partir de la ausencia del derecho a la comunicación en la legislación francesa de 1799, se erige como titular privilegiado del derecho a comunicar.

En tercer lugar, la fase de control intervencionista. Se da a partir de la Primera Guerra Mundial y los problemas económicos y sociales en los años veinte del siglo pasado con la intervención del Estado en algunas naciones y, por otro lado, la asunción de todos los poderes en otras. Desde una concepción totalitaria, el derecho a la comunicación sufre las consecuencias por cuanto los medios de comunicación son apetecidos como instrumentos de propaganda.

En cuarto lugar, la fase de reconocimiento normativo universal. Tras la Segunda Guerra Mundial, la reflexión democrática se proyecta sobre la comunicación social. Entramos entonces a la etapa del derecho a la información, la más importante etapa histórica en el derecho a la comunicación.

Por lo tanto, es necesario el compromiso de los políticos de participar del derecho de los ciudadanos a la información y la comunicación dando la cara en cuanto a los temas de interés público frente a sus acostumbradas estrategias de marketing político que buscan persuadir a los ciudadanos especialmente a través de las redes sociales.

En consonancia, también es pertinente que los colegas periodistas asuman el compromiso de servir la información y tender los puentes para que los ciudadanos participen de la comunicación conforme las normas éticas de la profesión periodística y sin caer –como en algunos casos- en agendas mediadas por intereses particulares.