Tuesday, July 17, 2018

La ciudadanía y la elección de la Sala de lo Constitucional

Por Guillermo Mejía

La escena es una ciudadanía ausente viendo desde la barda cómo los diputados moviéndose por intereses particulares, donde caben los del crimen organizado y de los corruptos, proceden a la elección de los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional que por nueve años tendrán en sus manos la aplicación de la ley.

Hace falta que la sociedad salvadoreña se integre mediante los mecanismos ciudadanos a la discusión de esos asuntos de suma importancia para todos, porque lo que resuelva ese tribunal afectará a todos, y máxime tomando en cuenta la rica experiencia que heredó la anterior Sala de lo Constitucional.

Si nos pusiéramos a tono con los tiempos, esa elección debió ser la oportunidad para experimentar la ciudadanización de la justicia que, al igual que la política, requieren a gritos la participación en la amplia expresión del término ciudadanía tomando en cuenta la crisis del concepto en medio de los procesos globalizadores y la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

Es de recordar que la ciudadanía salvadoreña traspasó las fronteras por la migración de su gente, al grado que se estima en al menos tres millones de salvadoreños alrededor del mundo, sostén de la economía familiar y que guardan contacto con el terruño mediante las posibilidades que nos da la red de Internet.

Los intereses de la ciudadanía extendida, en medio de la crisis de las categorías de tiempo y espacio en el nuevo escenario mundial, es la que debería primar cuando se trata de elegir representantes del pueblo. Como se debería romper también con la forma caduca de representación de los ciudadanos en el ejercicio del poder que sigue secuestrada por los partidos políticos.

Hace tres años, el escritor David Escobar Galindo afirmó que –por la cualificación de sentencias de la Sala de lo Constitucional que recién culmina su mandato- se convirtió desde 2009 “en la vía de salida para las necesidades de modernización del sistema político que no han querido ser atendidas por los responsables principales, que son los actores políticos en juego.”

Y agregó: “Se trata, desde luego, de una vía alterna, y por ende debe ser manejada con especial cuidado para no incurrir en ningún exceso. En esto, como en todo, lo que debe prevalecer es el avance con medida. Y el sistema en general tiene que asumir dicha lógica básica, en función de que el proceso nacional se vaya desenvolviendo con la mayor normalidad posible”.

El también articulista de La Prensa Gráfica hizo notar que en aquel momento ya se advertía el “crecimiento expansivo de la conciencia ciudadana sobre el rol que debe desempeñar la ciudadanía en el quehacer democrático”, aunque en el plano institucional había aún muchas reservas y resistencias a dichas aperturas por el poder establecido.

Mucha agua ha corrido desde aquella reflexión. Los reconocidos “cuatro fantásticos”, para unos, o los “cuatro jinetes del apocalipsis”, para otros, pues ya cumplieron su mandato. Unos suspiran tranquilos porque ya no podrán resolver casos especiales, como los de enriquecimiento ilícito de funcionarios de varios colores políticos, y otros añoran ese tipo de resoluciones que impactaron a la sociedad.

Un editorial de la Universidad Centroamericana (UCA) advirtió recientemente que “lo peor que puede pasar es que volvamos a tener una Sala pusilánime, obediente, que no dice ni dicta nada, y una Corte Suprema de Justicia capaz de interpretar una difusión roja de Interpol como aviso de localización”.

Y sentenció: “Los augurios no son buenos a juzgar por las declaraciones de uno de los cuatro magistrados, quien afirmó que en la Corte no hay voluntad para seguir conociendo casos de corrupción. Como sea, guste o no, se les apoye o no, terminan su función unos magistrados que supieron ser actores protagónicos del acontecer nacional”.

Pero, insisto, nos hace falta ciudadanizar la justicia y, por supuesto, la política.

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