La dignificación laboral en “tiempos del cambio”

Por Guillermo Mejía

El presidente Mauricio Funes se comprometió a respetar el Estado social de derecho cuando anduvo en busca de votos. La gente que confió en su promesa asumió con entusiasmo que, una vez en el cargo, el mandatario respetaría la ley. Ahora, en los empleados públicos, existe malestar ante el incumplimiento de leyes de escalafón que están aprobadas.

Los reclamos se escuchan, por ejemplo, en el ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura y la Universidad de El Salvador. Para muchos trabajadores, si se habla de cambio debe haber coherencia, por eso no hay lugar para falacias como las del ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén, quien dijo que los aumentos de salario no pueden sacrificar los uniformes y zapatos de los niños.

Las leyes de escalafón no son simples aumentos periódicos de salarios, sino que leyes de la República que tienen que ser cumplidas por las respectivas patronales. El gobierno, que dice comprometido con el respeto del Estado social de derecho, tiene la obligación moral y jurídica de corresponder con esos derechos conquistados.

Hay que recordar que ese recurso demagógico de Sánchez Cerén fue utilizado en los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) en menoscabo de los trabajadores que vienen soportando la impaciente espera del cambio. El Estado social de derecho implica el imperio de la ley y la extensión de los beneficios de la actividad económica a la sociedad entera.

Claro que hay que reconocer los efectos de la crisis económica internacional en lo local, elevados al ser nuestra economía dependiente con tratados comerciales injustos, relaciones obrero-patronales oprobiosas y una moral detestable en cuanto los poderosos se embolsan el máximo nivel de ganancia frente a condiciones socio-económicas cada vez más críticas de los que trabajan.

Con el agravante que quienes tienen más no tributan como deberían, mientras a los empleados les sacan la tajada de sus salarios. Una sociedad solidaria implica que los que detentan el poder económico asuman también los costos de la crisis y, en ese caso, una forma de soportar esos costos serían los respectivos aumentos salariales.

Pero, al contrario, en El Salvador está permeando cada vez más la flexibilidad laboral con todo lo que significa en la profundización de relaciones de trabajo injustas, el aprovechamiento de la fuerza laboral de la gente y su condena a quedar paralizada por la pérdida de sus empleos. La empresa privada, acostumbrada a no pagar a cabalidad sus impuestos, insiste en ese tipo de medidas impopulares.

Si por el lado del “gobierno del cambio” se irrespetan los derechos de los empleados públicos y por el de la empresa privada se pretende implementar ese tipo de medidas impopulares, pues es tiempo que despierte el movimiento social y se haga sentir con fuerza. El Estado social de derecho también legitima la lucha de los trabajadores.

Lo irónico sería que más allá del marketing político con la venta de la idea del “cambio” realmente se esconda en la estructura social una muestra de la filosofía gatopardista que hay que cambiar todo, para que no cambie nada. Y que la balanza siempre se cargue a favor del poder y en contra de nuestra gente.