Monday, April 05, 2010

La soberanía del receptor en la construcción de la democracia

Por Guillermo Mejía

El derecho a la comunicación nos recuerda que la soberanía reside en el individuo como sujeto primordial de ese derecho. Desde ahí se incluye al periodista como ser humano, en primer lugar, y como designado por la sociedad para informar desde ésta, sobre ésta y para ésta, en segundo lugar, sin menoscabo de garantizar la construcción de la democracia.

Como etapa previa, el derecho a la información también reside en ese ser según el Art. 19 de la Declaración Universal, remozado en 1963 como “el derecho humano a la información”, que incluye “el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Pero el ejercicio del derecho a la información, etapa anterior del derecho a la comunicación, no está exento de responsabilidades, como el respeto al derecho a la vida, a la dignidad de la persona, a la privacidad. A eso se suma que los Estados también contemplaron sujetarlo a la protección de la “seguridad nacional, el orden público o a la salud o la moral públicas” (además de los citados).

Puestas así las cosas, sería más que beneficioso para la sociedad salvadoreña que los medios de comunicación dejaran de hacer trampas con respecto a la controversia suscitada entre los editores de La Prensa Gráfica y la jueza Segunda de Menores luego de la publicación de la identidad del menor infractor señalado como autor de la muerte de un alumno de bachillerato.

Uno de los editores escribe en La Prensa Gráfica que sus productos están sujetos a la elaboración cuidadosa y responsable, qué bueno que así sea además es su deber, pero –y cita el caso: “Ya encontrar la información y corroborarla da suficiente trabajo como para que aparezcan nuevas trabas, como la multa con que la jueza Segunda de Menores analiza para castigar a este periódico (…)”

Victimizarse de esa manera, máxime frente al público, además de inadecuado es un atentado contra la educación cívica de la gente, porque se le pretende tomar el pelo. La falta en que incurrió el periódico está estipulada en la Ley del Menor Infractor, no es problema individual de la jueza. Claro que había formas para publicar el suceso guardando la identidad del sujeto implicado, el diario no las usó.

Tal como fue hecha la publicación, da pie para preguntarse si –además de la carga publicitaria del periódico con su pavoneo- estuvo la decisión de los editores por demostrar con su falta que esa ley no es adecuada en las circunstancias especiales por la que atraviesa el país y, por ende, el sistema judicial no da una. Sí, pero se violó la ley. Sería mejor asumir, no disfrazar.

Lo cívico es sumamente importante para la sociedad, como el papel que tienen los medios de comunicación en la educación de las personas mucho más allá de los procesos de enseñanza aprendizaje en las aulas. La gente consume lo mediático, ahora apuntalado con el uso de las nuevas tecnologías e Internet. Los periodistas tenemos que asumir los retos.

Las quejas y lamentos de periodistas y editores contrasta con la resignada postura que adoptan cuando en la sociedad salvadoreña nos cae el veinte sobre la violenta, pésima y vulgar programación de algunos medios audiovisuales y el descaro de disfrazar eso con hacer “comunicación”. El experto colombiano Javier Darío Restrepo llama a esa condición “cretinización” de las audiencias.

La ausencia de lo cívico incluye la otra forma de vendernos el miedo en cápsulas gel. La sonada campaña de la llegada del Socialismo del Siglo XXI para coartar las libertades, de expresión, opinión e información, como que en El Salvador somos la panacea en cuanto al derecho a la comunicación, sin asumir que aún vivimos en un Estado en el que demandar ese derecho humano es subversión.

Una sociedad víctima de la manipulación ideológica, la mercantilización del derecho a la comunicación y que, el colmo de los colmos, aún los medios de difusión y sus editores consideran ser los titulares de ese derecho. Todavía en El Salvador somos víctimas del pensamiento mercantilista de los que usurparon el derecho a la expresión y opinión conquistados por la Revolución Francesa, en 1789.

La sociedad civil y sus diversas expresiones, incluidos nosotros como periodistas, debemos tomar conciencia sobre la gravedad del problema del derecho a la comunicación en el país. Es tiempo que también el Estado asuma el papel que le corresponde. Es tiempo de hacer valer la soberanía del receptor para la construcción democrática.

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