Wednesday, September 30, 2020

Los medios públicos, una idea del cajón de los recuerdos

Por Guillermo Mejía

A las puertas de un nuevo noticiero en el Canal 10 de la televisión –autonombrado como medio de comunicación público (?)- se estila en las conversaciones de periodistas y las redes sociales una serie de interpretaciones, sobre todo negativas, en el marco de la confrontación del presidente Nayib Bukele con parte de la prensa nacional.

De manera escueta, se ha publicitado el inicio del Noticiero El Salvador, a partir del cinco de octubre, a través de Canal 10 que fue –es importante recordarlo- junto a la también estatal Radio El Salvador y una agencia de noticias parte del frustrado intento de construir un sistema de medios públicos que diera cabida a las expresiones ciudadanas.

Durante el gobierno de Mauricio Funes, bajo la bandera del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se creó el proyecto de ley que, como dicen en el pueblo, duerme el sueño de los justos ante la displicencia de las fracciones políticas en la Asamblea Legislativa que también enviaron al cajón de los recuerdos un proyecto de ley para la protección de los periodistas.

Pero lo trágico del caso es que la idea de los medios públicos incluso era rechazada al interior del propio gobierno de Funes, dado que –como estimó uno de los cercanos al presidente- era una idea muy revolucionaria para una sociedad como la salvadoreña, pues era abrirle los ojos y empoderar a los ciudadanos. Mejor una sociedad mansa e incluso mensa.

En la actual coyuntura, el nuevo noticiero del 10 seguramente servirá como punta de lanza a Nayib Bukele para luchar por la hegemonía comunicacional frente a una oferta hostil a su gobierno por algunos medios digitales, radios e incluso los principales periódicos nacionales que han implantado en el imaginario colectivo una imagen negativa ante algunas decisiones o acciones del presidente.

Hasta la Asamblea Legislativa –enfrentada al mandatario- incluso tiene una comisión especial para investigar los ataques del gobierno a los medios y a los periodistas, donde han desfilado varios colegas para contar sus experiencias frente a las medidas del gobierno. Resulta paradójico, empero, que esos diputados tienen engavetados esos proyectos de ley, sobre los medios públicos y la protección a los periodistas, que no estaría nada mal que se convirtieran en ley. Pero lo que pesa es la confrontación con Bukele no las leyes, máxime en un período pre electoral.

En definitiva, no hay que pedir peras al olmo. Ni los gobiernos anteriores ni el actual estuvieron o está interesado en construir medios públicos, mucho menos los políticos corporativos de la Asamblea Legislativa que, al igual que el gobierno de turno, tampoco les gusta la existencia de una prensa preguntona mucho menos una ciudadanía dispuesta a exigir cuentas cabales.

Expongo para la reflexión algunos criterios básicos sobre la necesidad de convertir los medios estatales a medios públicos a fin de potenciar la ciudadanización de la comunicación que, al igual que la ciudadanización de la política, abriría nuevas posibilidades para la acción colectiva en busca de hacer de la comunicación y la política otra cosa menos el mercado dominante.

En primer lugar, el especialista Marc Raboy recuerda tres acontecimientos que han configurado una nueva realidad de los medios de comunicación: “a. La explosión en capacidad de canales y la desaparición de las fronteras audiovisuales hechas realidad por las nuevas tecnologías; b. La desintegración del modelo estatal de radiotelevisión de servicio público, ocurrido tras el colapso del bloque socialista y la tendencia hacia la democratización en varios puntos del planeta; c. El rápido crecimiento en el mercado de los medios de comunicación y la aparición de sistemas mixtos en aquellos países donde existían monopolios estatales”.

En segundo lugar, la UNESCO ha definido con claridad el significado de la Radiotelevisión de Servicio Público (RSP), que conocemos como medios públicos, a partir de su rol en la sociedad: “Es la organización de difusión pública; se dirige a todos como a un ciudadano. Los difusores públicos estimulan el acceso y la participación en la vida pública”. A la vez, “la difusión pública se define como un punto de encuentro donde todos los ciudadanos son bienvenidos y considerados en un plano de igualdad. Constituye un herramienta de información y educación, accesible y dirigida a todos sin excepción, sin importar su condición social o económica”.

En tercer lugar, la ciudadanía tiene el derecho de verificar si los medios públicos están cumpliendo con su función social a partir de los siguientes factores: 1. Universalidad: La difusión pública debe estar al alcance de todos los ciudadanos a través de todo el país. 2. Diversidad: Los servicios ofrecidos por la difusión pública deberían diversificarse en al menos tres direcciones: los géneros de programas ofrecidos; las audiencias determinadas; y los temas discutidos. 3. Independencia: La difusión pública es un foro donde las ideas deben expresarse libremente, donde puedan circular la información, opiniones y críticas. 4. Diferenciación: El servicio ofrecido por la difusión pública debe distinguirse del que entregan otros servicios de difusión.

Pasar a medios públicos es un proceso intensivo, lleno de creatividad y compromiso social, es un proceso de largo plazo donde se pone en situación qué estamos entendiendo sobre información y comunicación en la sociedad contemporánea, y la necesaria asunción de responsabilidades de cara a la construcción de ciudadanía. Es de interés público, aunque genere temor en los políticos.

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