Por Guillermo Mejía
Por razones conocidas presenciamos el fiel comportamiento de las bases a los llamados de las cúpulas partidarias, para la elección –en esta oportunidad- de candidatas a la vice presidencia de los partidos políticos Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y de Concertación Nacional (PCN).
El partido de izquierda puso a Karina Sosa, conocida por su labor como diputada al frente de gestiones para la comunidad salvadoreña en el exterior, y el de derecha a Carmen Aída Lazo, académica con ninguna experiencia política partidaria, sino más bien ofertada por la coalición del PCN, Arena y el PDC, como representante de la sociedad civil en la fórmula del candidato Carlos Calleja.
Si bien la anterior Sala de lo Constitucional ordenó a los partidos políticos celebrar elecciones internas, para escoger a sus candidatos, es del común denominador pensar en que toda propuesta, pues, debe ser resultado de una confrontación entre diversos postulantes para que las bases ejerzan su derecho de elección; sin embargo, las cúpulas las cocinan y las llevan, según ellas, para su ratificación.
En medio de la violencia cotidiana con su estela de muerte, la incertidumbre por el manejo inadecuado de los asuntos públicos, entre estos el vacío legal ante la falta de elección de la nueva Sala de lo Constitucional, las elecciones partidarias se volvieron el punto jocoso de la jornada.
Para el caso, no pasaron desapercibidas en las redes sociales. Por ejemplo, la activista Bessy Ríos escribió: “Este día en las internas del FMLN y el PCN con candidatas únicas... se desbordan los nervios, no (se) sabe el resultado, elecciones reñidas...funciona la democracia ¿quién creen que gane en cada partido? Estoy que me trueno los dedos #QueNervios”.
El académico y exguerrillero Roberto Cañas contestó “#quenervios en espera resultados elecci(o)nes primarias del fmln y pcn” y que el “Fmln realiza votaciones. La elección la hizo la cupula hace días.” Y remató: “Elección fmln es llegar a un comedor y preguntar: ¿Qu(é) hay de almuerzo? Y le contesten: puede elegir entre gallina o gallina.”
Se configura de nuevo la ausencia de voluntad en las dirigencias de los partidos políticos por corresponder al derecho de sus bases partidarias a elegir a sus candidatos, lo mismo que ocurre cuando se habla de la elección de las mismas dirigencias a pesar que –por moda o conveniencia- tienen a flor de labio palabras como participación y trasparencia.
Paradójicamente, fue la anterior y controversial Sala de lo Constitucional la que corrigió diversidad de entuertos, como en este caso, aunque esos cambios más que de forma tienen que ser de contenido, ya que, de lo contrario, seguiremos experimentando la instrumentalización de los derechos políticos por parte de dirigentes partidarios que se mueven por intereses particulares.
Para bien, el periodista Cristian Villalta escribió: “Considerando la historia salvadoreña del siglo pasado, nuestra campeona debería ser una sociedad civil robusta, independiente no solo del Estado, sino de la mediocre sociedad política que padecemos. Pero por proceso histórico, por incompetencia de la izquierda y por la siniestra confabulación Saca-Funes de hace algunos años, construir una instancia que desde el campo de lo público persiga el bien común sin ánimo lucrativo ni político partidario ha sido imposible.”
Y concluyó: “Ese es el vacío que impide en este momento establecer una agenda nacional que no se vea contaminada por las veleidades de la partidocracia o la mezquindad de los grupos económicos dominantes, tradicionales o de nuevo cuño. Sin importar si esas facciones del negocio de la política son formidables propagandistas, egregios seguidores de Goebbels o tiernos retoños de la posmodernidad, en su conjunto son un atentado para el avance de nuestra democracia, a ciencia y paciencia de todos los ciudadanos.”
martes, julio 24, 2018
martes, julio 17, 2018
La ciudadanía y la elección de la Sala de lo Constitucional
Por Guillermo Mejía
La escena es una ciudadanía ausente viendo desde la barda cómo los diputados moviéndose por intereses particulares, donde caben los del crimen organizado y de los corruptos, proceden a la elección de los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional que por nueve años tendrán en sus manos la aplicación de la ley.
Hace falta que la sociedad salvadoreña se integre mediante los mecanismos ciudadanos a la discusión de esos asuntos de suma importancia para todos, porque lo que resuelva ese tribunal afectará a todos, y máxime tomando en cuenta la rica experiencia que heredó la anterior Sala de lo Constitucional.
Si nos pusiéramos a tono con los tiempos, esa elección debió ser la oportunidad para experimentar la ciudadanización de la justicia que, al igual que la política, requieren a gritos la participación en la amplia expresión del término ciudadanía tomando en cuenta la crisis del concepto en medio de los procesos globalizadores y la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.
Es de recordar que la ciudadanía salvadoreña traspasó las fronteras por la migración de su gente, al grado que se estima en al menos tres millones de salvadoreños alrededor del mundo, sostén de la economía familiar y que guardan contacto con el terruño mediante las posibilidades que nos da la red de Internet.
Los intereses de la ciudadanía extendida, en medio de la crisis de las categorías de tiempo y espacio en el nuevo escenario mundial, es la que debería primar cuando se trata de elegir representantes del pueblo. Como se debería romper también con la forma caduca de representación de los ciudadanos en el ejercicio del poder que sigue secuestrada por los partidos políticos.
Hace tres años, el escritor David Escobar Galindo afirmó que –por la cualificación de sentencias de la Sala de lo Constitucional que recién culmina su mandato- se convirtió desde 2009 “en la vía de salida para las necesidades de modernización del sistema político que no han querido ser atendidas por los responsables principales, que son los actores políticos en juego.”
Y agregó: “Se trata, desde luego, de una vía alterna, y por ende debe ser manejada con especial cuidado para no incurrir en ningún exceso. En esto, como en todo, lo que debe prevalecer es el avance con medida. Y el sistema en general tiene que asumir dicha lógica básica, en función de que el proceso nacional se vaya desenvolviendo con la mayor normalidad posible”.
El también articulista de La Prensa Gráfica hizo notar que en aquel momento ya se advertía el “crecimiento expansivo de la conciencia ciudadana sobre el rol que debe desempeñar la ciudadanía en el quehacer democrático”, aunque en el plano institucional había aún muchas reservas y resistencias a dichas aperturas por el poder establecido.
Mucha agua ha corrido desde aquella reflexión. Los reconocidos “cuatro fantásticos”, para unos, o los “cuatro jinetes del apocalipsis”, para otros, pues ya cumplieron su mandato. Unos suspiran tranquilos porque ya no podrán resolver casos especiales, como los de enriquecimiento ilícito de funcionarios de varios colores políticos, y otros añoran ese tipo de resoluciones que impactaron a la sociedad.
Un editorial de la Universidad Centroamericana (UCA) advirtió recientemente que “lo peor que puede pasar es que volvamos a tener una Sala pusilánime, obediente, que no dice ni dicta nada, y una Corte Suprema de Justicia capaz de interpretar una difusión roja de Interpol como aviso de localización”.
Y sentenció: “Los augurios no son buenos a juzgar por las declaraciones de uno de los cuatro magistrados, quien afirmó que en la Corte no hay voluntad para seguir conociendo casos de corrupción. Como sea, guste o no, se les apoye o no, terminan su función unos magistrados que supieron ser actores protagónicos del acontecer nacional”.
Pero, insisto, nos hace falta ciudadanizar la justicia y, por supuesto, la política.
La escena es una ciudadanía ausente viendo desde la barda cómo los diputados moviéndose por intereses particulares, donde caben los del crimen organizado y de los corruptos, proceden a la elección de los magistrados de la nueva Sala de lo Constitucional que por nueve años tendrán en sus manos la aplicación de la ley.
Hace falta que la sociedad salvadoreña se integre mediante los mecanismos ciudadanos a la discusión de esos asuntos de suma importancia para todos, porque lo que resuelva ese tribunal afectará a todos, y máxime tomando en cuenta la rica experiencia que heredó la anterior Sala de lo Constitucional.
Si nos pusiéramos a tono con los tiempos, esa elección debió ser la oportunidad para experimentar la ciudadanización de la justicia que, al igual que la política, requieren a gritos la participación en la amplia expresión del término ciudadanía tomando en cuenta la crisis del concepto en medio de los procesos globalizadores y la irrupción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.
Es de recordar que la ciudadanía salvadoreña traspasó las fronteras por la migración de su gente, al grado que se estima en al menos tres millones de salvadoreños alrededor del mundo, sostén de la economía familiar y que guardan contacto con el terruño mediante las posibilidades que nos da la red de Internet.
Los intereses de la ciudadanía extendida, en medio de la crisis de las categorías de tiempo y espacio en el nuevo escenario mundial, es la que debería primar cuando se trata de elegir representantes del pueblo. Como se debería romper también con la forma caduca de representación de los ciudadanos en el ejercicio del poder que sigue secuestrada por los partidos políticos.
Hace tres años, el escritor David Escobar Galindo afirmó que –por la cualificación de sentencias de la Sala de lo Constitucional que recién culmina su mandato- se convirtió desde 2009 “en la vía de salida para las necesidades de modernización del sistema político que no han querido ser atendidas por los responsables principales, que son los actores políticos en juego.”
Y agregó: “Se trata, desde luego, de una vía alterna, y por ende debe ser manejada con especial cuidado para no incurrir en ningún exceso. En esto, como en todo, lo que debe prevalecer es el avance con medida. Y el sistema en general tiene que asumir dicha lógica básica, en función de que el proceso nacional se vaya desenvolviendo con la mayor normalidad posible”.
El también articulista de La Prensa Gráfica hizo notar que en aquel momento ya se advertía el “crecimiento expansivo de la conciencia ciudadana sobre el rol que debe desempeñar la ciudadanía en el quehacer democrático”, aunque en el plano institucional había aún muchas reservas y resistencias a dichas aperturas por el poder establecido.
Mucha agua ha corrido desde aquella reflexión. Los reconocidos “cuatro fantásticos”, para unos, o los “cuatro jinetes del apocalipsis”, para otros, pues ya cumplieron su mandato. Unos suspiran tranquilos porque ya no podrán resolver casos especiales, como los de enriquecimiento ilícito de funcionarios de varios colores políticos, y otros añoran ese tipo de resoluciones que impactaron a la sociedad.
Un editorial de la Universidad Centroamericana (UCA) advirtió recientemente que “lo peor que puede pasar es que volvamos a tener una Sala pusilánime, obediente, que no dice ni dicta nada, y una Corte Suprema de Justicia capaz de interpretar una difusión roja de Interpol como aviso de localización”.
Y sentenció: “Los augurios no son buenos a juzgar por las declaraciones de uno de los cuatro magistrados, quien afirmó que en la Corte no hay voluntad para seguir conociendo casos de corrupción. Como sea, guste o no, se les apoye o no, terminan su función unos magistrados que supieron ser actores protagónicos del acontecer nacional”.
Pero, insisto, nos hace falta ciudadanizar la justicia y, por supuesto, la política.
martes, julio 10, 2018
La pantalla nuestra de cada día
Por Guillermo Mejía
La pantalla ha convertido al ser humano en “homo screen” u “homo pantalicus” por su estrecha relación y dependencia que le ha imprimido, situación que la podemos observar en nuestras experiencias mediáticas y de nuestras relaciones y comunicaciones con los demás, al grado que es imposible imaginar un mundo sin pantallas.
Son los aportes del investigador y autor español Israel Márquez en el ensayo “‘Homo Screen´’: El humano pantallizado”, aparecido en la revista especializada en sociedad y nuevas tecnologías Telos, que hace énfasis en que nuestra era está dominada por pantallas, pantallas de diversos tipos y tamaños, pantallas públicas y privadas, pantallas verticales y horizontales, etcétera.
“Las pantallas se ha convertido en el dispositivo técnico que todos compartimos, y mediante el cual nos relacionamos, comunicamos y trabajamos. Las pantallas son hoy nuestro marco común, la puerta que abrimos diariamente para experimentar nuestra cotidianidad y acceder a distintos tiempos y lugares, pasados, presentes y futuros”, afirma el autor.
De esa forma, encontramos –junto a las pantallas de cine y la televisión- los modelos sobre los que hemos construido el concepto e imaginario de pantalla: pantallas de PC, pantallas de ordenadores portátiles, pantallas de videoconsolas portátiles, pantallas de teléfonos móviles, pantallas de reproductores de música portátiles, pantallas de tabletas, en fin.
“Esta multiplicación de pantallas ha cambiado profundamente el significado y alcance de esta palabra, pues una pantalla es hoy tanto la tradicional pantalla cinematográfica que miro cuando voy al cine, como la pantalla del tren en el que viajo, la pantalla de ordenador con el que trabajo, o la pantalla del teléfono móvil con la que escribo y me comunico con mis amigos”, explica Márquez.
En ese sentido, además de que la pantalla admite una pluralidad de significados, también admite una pluralidad de usos sin precedentes en su historia: Con la pantalla se puede ver una película o un programa de televisión, también jugar a un videojuego, escuchar música, hacer fotografías, grabar vídeos, escribir mensajes, realizar llamadas, difundir noticias, entre otras posibilidades.
“La pantalla del teléfono inteligente es hoy una auténtica pantalla-convergente en cuyo espacio tenemos a nuestra disposición todos los avances comunicativos de la historia del ser humano, dispuestos para ser activados y utilizados en cualquier momento”, afirma el investigador español.
Como la pantalla es ahora parte de nuestra identidad y de nuestro ser social, según Márquez, es oportuno señalar que se “está dando lugar a la emergencia de un nuevo tipo antropológico, una especie de ‘homo screen’ –si se nos permite la expresión- que tiene en el dispositivo pantalla un elemento fundamental de su ser y estar en el mundo”.
Así, si a lo largo de los siglos hemos conocido expresiones como ‘homo ludens’, ‘homo sacer’ u ‘homo faber’ –y otras más recientes como ‘homo videns’ u ‘homo sampler’-, “¿por qué no hablar, en este siglo XXI marcado por una explosión sin precedentes de pantallas, de un nuevo ‘homo screen’ u ‘homo pantalicus caracterizado por su estrecha relación y dependencia de la pantalla como parte integral de su vida cotidiana?”, se pregunta.
Recuerda que la “condición pantallológica” del ser humanos ha sido anticipada por diversos autores a lo largo del siglo XX, pero no ha sido hasta la generalización durante el nuevo milenio de las pantallas de ordenadores portátiles, tabletas y sobre todo de teléfonos inteligentes que la emergencia de este ‘homo screen’ se ha hecho plenamente visible en nuestras sociedades.
En conclusión, a decir del autor, “de tanto ver y manipular pantallas el ser humano he terminado ‘pantallizándose’, fundiendo sus manos, sus ojos y su cerebro (…) en esas pantallas móviles y estáticas, públicas y privadas, verticales y horizontales, por las que se mueve, incansable, durante su rutina diaria y su tránsito por este (y otros) mundos”.
La pantalla ha convertido al ser humano en “homo screen” u “homo pantalicus” por su estrecha relación y dependencia que le ha imprimido, situación que la podemos observar en nuestras experiencias mediáticas y de nuestras relaciones y comunicaciones con los demás, al grado que es imposible imaginar un mundo sin pantallas.
Son los aportes del investigador y autor español Israel Márquez en el ensayo “‘Homo Screen´’: El humano pantallizado”, aparecido en la revista especializada en sociedad y nuevas tecnologías Telos, que hace énfasis en que nuestra era está dominada por pantallas, pantallas de diversos tipos y tamaños, pantallas públicas y privadas, pantallas verticales y horizontales, etcétera.
“Las pantallas se ha convertido en el dispositivo técnico que todos compartimos, y mediante el cual nos relacionamos, comunicamos y trabajamos. Las pantallas son hoy nuestro marco común, la puerta que abrimos diariamente para experimentar nuestra cotidianidad y acceder a distintos tiempos y lugares, pasados, presentes y futuros”, afirma el autor.
De esa forma, encontramos –junto a las pantallas de cine y la televisión- los modelos sobre los que hemos construido el concepto e imaginario de pantalla: pantallas de PC, pantallas de ordenadores portátiles, pantallas de videoconsolas portátiles, pantallas de teléfonos móviles, pantallas de reproductores de música portátiles, pantallas de tabletas, en fin.
“Esta multiplicación de pantallas ha cambiado profundamente el significado y alcance de esta palabra, pues una pantalla es hoy tanto la tradicional pantalla cinematográfica que miro cuando voy al cine, como la pantalla del tren en el que viajo, la pantalla de ordenador con el que trabajo, o la pantalla del teléfono móvil con la que escribo y me comunico con mis amigos”, explica Márquez.
En ese sentido, además de que la pantalla admite una pluralidad de significados, también admite una pluralidad de usos sin precedentes en su historia: Con la pantalla se puede ver una película o un programa de televisión, también jugar a un videojuego, escuchar música, hacer fotografías, grabar vídeos, escribir mensajes, realizar llamadas, difundir noticias, entre otras posibilidades.
“La pantalla del teléfono inteligente es hoy una auténtica pantalla-convergente en cuyo espacio tenemos a nuestra disposición todos los avances comunicativos de la historia del ser humano, dispuestos para ser activados y utilizados en cualquier momento”, afirma el investigador español.
Como la pantalla es ahora parte de nuestra identidad y de nuestro ser social, según Márquez, es oportuno señalar que se “está dando lugar a la emergencia de un nuevo tipo antropológico, una especie de ‘homo screen’ –si se nos permite la expresión- que tiene en el dispositivo pantalla un elemento fundamental de su ser y estar en el mundo”.
Así, si a lo largo de los siglos hemos conocido expresiones como ‘homo ludens’, ‘homo sacer’ u ‘homo faber’ –y otras más recientes como ‘homo videns’ u ‘homo sampler’-, “¿por qué no hablar, en este siglo XXI marcado por una explosión sin precedentes de pantallas, de un nuevo ‘homo screen’ u ‘homo pantalicus caracterizado por su estrecha relación y dependencia de la pantalla como parte integral de su vida cotidiana?”, se pregunta.
Recuerda que la “condición pantallológica” del ser humanos ha sido anticipada por diversos autores a lo largo del siglo XX, pero no ha sido hasta la generalización durante el nuevo milenio de las pantallas de ordenadores portátiles, tabletas y sobre todo de teléfonos inteligentes que la emergencia de este ‘homo screen’ se ha hecho plenamente visible en nuestras sociedades.
En conclusión, a decir del autor, “de tanto ver y manipular pantallas el ser humano he terminado ‘pantallizándose’, fundiendo sus manos, sus ojos y su cerebro (…) en esas pantallas móviles y estáticas, públicas y privadas, verticales y horizontales, por las que se mueve, incansable, durante su rutina diaria y su tránsito por este (y otros) mundos”.
miércoles, junio 27, 2018
Centroamérica: Entre la inseguridad y los zarpazos de Donald Trump
Por Guillermo Mejía
Los inmigrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos en busca de refugio ante las condiciones de inseguridad y precariedad económica reinantes en sus países, como el caso de El Salvador, a pesar que no son bienvenidos y son arrestados junto a sus hijos.
Si bien el presidente Donald Trump tuvo que retroceder en la separación forzada de padres e hijos, dado el rechazo tanto nacional como internacional a esa medida comparada con las adoptadas por los nazis en Alemania, en ningún momento significa que los pequeños no irán a la cárcel y, para el caso, 20 mil niños estarán recluidos en bases militares gringas.
La ola de indignación ha sido creciente debido a las denuncias de políticos como de medios de comunicación social que han puesto en escena las condiciones infrahumanas en que han estado los niños encarcelados, al grado que se supo de algunos que fueron golpeados, les pusieron grilletes y han estado confinados por tiempo indefinido.
Irónicamente, los menores que en muchos casos tuvieron que huir junto a sus padres por la violencia y acoso perpetrados por grupos delincuenciales –y hasta por agentes del Estado- han sufrido las consecuencias en territorio estadounidense al ser acusados de pertenecer o tener vínculos especialmente con las llamadas “maras”.
Esa situación empujo al mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, cuyo gobierno ha estado a la zaga del problema y bajo críticas por su falta de liderazgo, a que -antes del reculón de Donald Trump por las críticas recibidas- denunciara que “hay un sufrimiento enorme de todas las familias migrantes y Estados Unidos ha recibido la condena de la mayoría de países” por esa medida.
Empero, el círculo vicioso de la huida de salvadoreños, especialmente hacia Estados Unidos, continúa dado las condiciones de inseguridad que se viven en el país. Prueba de ello, son los 64 casos registrados de desplazamiento forzado por la violencia en los primeros tres meses de 2018, según la organización no gubernamental Cristosal.
De acuerdo con las estadísticas, los desplazamientos forzados por la violencia durante 2016 fueron 251 casos, mientras 360 casos en 2017. Un crecimiento del 43 por ciento de los casos al comparar ambos períodos, aunque el gobierno salvadoreño no acepta esa realidad vergonzosa que refleja el fracaso de sus políticas de seguridad pública.
Cabe recordar el discurso demagógico del gobierno que insistía en que los niños se veían obligados a partir en busca de la “reunificación familiar” cuando en realidad lo han hecho por la inseguridad, las amenazas, las extorsiones, las violaciones, es decir una camándula de vejámenes que sufren a manos de los grupos delincuenciales y en algunos casos por agentes del Estado.
“Al no reconocerse oficialmente el desplazamiento interno por violencia en El Salvador, no hay registros. No se encuentra lo que no se quiere buscar”, denunció la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, que demanda del ministerio de Educación las cifras de deserción escolar durante 2017 para ver el impacto.
Para la reflexión, el columnista norteamericano Shaun King recordó que de hecho esa abominable separación “ha sucedido millones de veces a lo largo de los años” en Estados Unidos: Los africanos forzados a la esclavitud eran separados de sus hijos, similar situación afrontaron los nativos norteamericanos. Muchos nunca volvieron a saber de sus pequeños.
No hay vuelta de hoja, es el poder de los supremacistas blancos.
Los inmigrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera sur de Estados Unidos en busca de refugio ante las condiciones de inseguridad y precariedad económica reinantes en sus países, como el caso de El Salvador, a pesar que no son bienvenidos y son arrestados junto a sus hijos.
Si bien el presidente Donald Trump tuvo que retroceder en la separación forzada de padres e hijos, dado el rechazo tanto nacional como internacional a esa medida comparada con las adoptadas por los nazis en Alemania, en ningún momento significa que los pequeños no irán a la cárcel y, para el caso, 20 mil niños estarán recluidos en bases militares gringas.
La ola de indignación ha sido creciente debido a las denuncias de políticos como de medios de comunicación social que han puesto en escena las condiciones infrahumanas en que han estado los niños encarcelados, al grado que se supo de algunos que fueron golpeados, les pusieron grilletes y han estado confinados por tiempo indefinido.
Irónicamente, los menores que en muchos casos tuvieron que huir junto a sus padres por la violencia y acoso perpetrados por grupos delincuenciales –y hasta por agentes del Estado- han sufrido las consecuencias en territorio estadounidense al ser acusados de pertenecer o tener vínculos especialmente con las llamadas “maras”.
Esa situación empujo al mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, cuyo gobierno ha estado a la zaga del problema y bajo críticas por su falta de liderazgo, a que -antes del reculón de Donald Trump por las críticas recibidas- denunciara que “hay un sufrimiento enorme de todas las familias migrantes y Estados Unidos ha recibido la condena de la mayoría de países” por esa medida.
Empero, el círculo vicioso de la huida de salvadoreños, especialmente hacia Estados Unidos, continúa dado las condiciones de inseguridad que se viven en el país. Prueba de ello, son los 64 casos registrados de desplazamiento forzado por la violencia en los primeros tres meses de 2018, según la organización no gubernamental Cristosal.
De acuerdo con las estadísticas, los desplazamientos forzados por la violencia durante 2016 fueron 251 casos, mientras 360 casos en 2017. Un crecimiento del 43 por ciento de los casos al comparar ambos períodos, aunque el gobierno salvadoreño no acepta esa realidad vergonzosa que refleja el fracaso de sus políticas de seguridad pública.
Cabe recordar el discurso demagógico del gobierno que insistía en que los niños se veían obligados a partir en busca de la “reunificación familiar” cuando en realidad lo han hecho por la inseguridad, las amenazas, las extorsiones, las violaciones, es decir una camándula de vejámenes que sufren a manos de los grupos delincuenciales y en algunos casos por agentes del Estado.
“Al no reconocerse oficialmente el desplazamiento interno por violencia en El Salvador, no hay registros. No se encuentra lo que no se quiere buscar”, denunció la directora de programas de Cristosal, Celia Medrano, que demanda del ministerio de Educación las cifras de deserción escolar durante 2017 para ver el impacto.
Para la reflexión, el columnista norteamericano Shaun King recordó que de hecho esa abominable separación “ha sucedido millones de veces a lo largo de los años” en Estados Unidos: Los africanos forzados a la esclavitud eran separados de sus hijos, similar situación afrontaron los nativos norteamericanos. Muchos nunca volvieron a saber de sus pequeños.
No hay vuelta de hoja, es el poder de los supremacistas blancos.
martes, junio 12, 2018
Mauricio Funes: La “cruz a cuestas” del partido Fmln
Por Guillermo Mejía
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) traga grueso por las acusaciones de corrupción en contra del ex presidente Mauricio Funes, todavía sin recuperarse del revés electoral, la debacle en las encuestas de opinión, la crisis por la elección de su candidato presidencial y el riferrafe con Nayib Bukele que lo tilda de ser Arena 2.0
Desde varias instancias se ha demandado a la dirigencia del partido, así como al presidente Salvador Sánchez Cerén, que sienten postura en torno al sonado caso puesto en agenda por la Fiscalía General de la República sobre el desvío de más de 300 millones de dólares en el primer gobierno de izquierda de la historia salvadoreña.
“Nosotros estamos aquí solo observando, viendo que sea un debido proceso y no un hecho propagandístico que solo busque situar problemas que no son estratégicos del pueblo”, dijo la diputada del Fmln, Nidia Díaz, a elsalvador.com, al igual que el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cuando acusaron de corrupción al fallecido ex presidente Francisco Flores.
Sin embargo, la diputada cree necesario probar las acusaciones por peculado y lavado de dinero y activos en contra de Funes y una treintena de personas, incluida la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, de quien hay orden de captura.
Antes del destape de la operación “saqueo público” y que se supo de las primeras capturas, entre ellas la del empresario amigo de Funes, Miguel Menéndez, solo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que “se desligan como gobierno y como partido Fmln de los supuestos actos de corrupción” y que han apoyado a la Fiscalía con información.
El ex presidente Funes, asilado en Nicaragua con parte de su familia, ha negado los cargos.
Empero, el periodista Efrén Lemus, de El Faro, conversó con dos personas que participaron en la toma de declaración de un testigo protegido, a quien describe con ex presentador de televisión y empresario del círculo cercano de Funes, que desde febrero pasado colabora con las autoridades.
“El empresario contó que durante el gobierno de Saca (2004-2009), él mismo entregó cuotas entre los seis y 23, 000 dólares a periodistas y directores de medios de comunicación, para asegurar una buena imagen del gobierno. Los pagos se hicieron con dinero en efectivo”, escribió Lemus.
“Según el testigo, la llegada de un nuevo presidente de la República, Mauricio Funes (2009-2014), no modificó la forma en que trabajaba la estructura. Él siguió recibiendo fondos de los mismos empleados de Casa Presidencial. El dinero que recibió en efectivo fue depositado en cuentas bancarias de sus empresas para hacer una triangulación que terminó en compras de propiedades o inversiones registradas a nombre de familiares y amigos del expresidente Funes.”
“Y también siguió pagando efectivo a periodistas y directores de medios. El testigo aseguró que Funes no solo sabía de estos movimientos, sino que participaba en la toma de decisiones de cómo se repartía y entregaba el dinero, aunque nunca se involucró directamente en hacerlo.”, agregó el periodista en su investigación.
De ser culpables, Funes, algunos de sus familiares, amigos y funcionarios será -además del presidente del primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña- el mandatario de izquierda que prometió terminar la corruptela del partido derechista Arena, aunque salió soplado. Y es la “cruz a cuestas” del partido oficial Fmln.
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) traga grueso por las acusaciones de corrupción en contra del ex presidente Mauricio Funes, todavía sin recuperarse del revés electoral, la debacle en las encuestas de opinión, la crisis por la elección de su candidato presidencial y el riferrafe con Nayib Bukele que lo tilda de ser Arena 2.0
Desde varias instancias se ha demandado a la dirigencia del partido, así como al presidente Salvador Sánchez Cerén, que sienten postura en torno al sonado caso puesto en agenda por la Fiscalía General de la República sobre el desvío de más de 300 millones de dólares en el primer gobierno de izquierda de la historia salvadoreña.
“Nosotros estamos aquí solo observando, viendo que sea un debido proceso y no un hecho propagandístico que solo busque situar problemas que no son estratégicos del pueblo”, dijo la diputada del Fmln, Nidia Díaz, a elsalvador.com, al igual que el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) cuando acusaron de corrupción al fallecido ex presidente Francisco Flores.
Sin embargo, la diputada cree necesario probar las acusaciones por peculado y lavado de dinero y activos en contra de Funes y una treintena de personas, incluida la ex primera dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, de quien hay orden de captura.
Antes del destape de la operación “saqueo público” y que se supo de las primeras capturas, entre ellas la del empresario amigo de Funes, Miguel Menéndez, solo el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo que “se desligan como gobierno y como partido Fmln de los supuestos actos de corrupción” y que han apoyado a la Fiscalía con información.
El ex presidente Funes, asilado en Nicaragua con parte de su familia, ha negado los cargos.
Empero, el periodista Efrén Lemus, de El Faro, conversó con dos personas que participaron en la toma de declaración de un testigo protegido, a quien describe con ex presentador de televisión y empresario del círculo cercano de Funes, que desde febrero pasado colabora con las autoridades.
“El empresario contó que durante el gobierno de Saca (2004-2009), él mismo entregó cuotas entre los seis y 23, 000 dólares a periodistas y directores de medios de comunicación, para asegurar una buena imagen del gobierno. Los pagos se hicieron con dinero en efectivo”, escribió Lemus.
“Según el testigo, la llegada de un nuevo presidente de la República, Mauricio Funes (2009-2014), no modificó la forma en que trabajaba la estructura. Él siguió recibiendo fondos de los mismos empleados de Casa Presidencial. El dinero que recibió en efectivo fue depositado en cuentas bancarias de sus empresas para hacer una triangulación que terminó en compras de propiedades o inversiones registradas a nombre de familiares y amigos del expresidente Funes.”
“Y también siguió pagando efectivo a periodistas y directores de medios. El testigo aseguró que Funes no solo sabía de estos movimientos, sino que participaba en la toma de decisiones de cómo se repartía y entregaba el dinero, aunque nunca se involucró directamente en hacerlo.”, agregó el periodista en su investigación.
De ser culpables, Funes, algunos de sus familiares, amigos y funcionarios será -además del presidente del primer gobierno de izquierda en la historia salvadoreña- el mandatario de izquierda que prometió terminar la corruptela del partido derechista Arena, aunque salió soplado. Y es la “cruz a cuestas” del partido oficial Fmln.
jueves, junio 07, 2018
La información sobre el dolor y el morbo mediático
Por Guillermo Mejía
De forma continua observamos a través de los medios de comunicación el irrespeto hacia las víctimas, sus familiares y las audiencias en general, con la exposición de imágenes truculentas que explotan el morbo en función de capturar a los públicos, sin que importe las normas de la profesión periodística.
Es grave que estos espacios noticiosos incumplan con la ética y resulta también preocupante cuando llegan al extremo de retomar textualmente situaciones que exponen usuarios de redes sociales que –desde la perspectiva de la ética periodística- actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos sobre todo por desconocimiento.
Hay que agregar la proliferación de cantidad de páginas web, blogs, cuentas de Facebook y Twitter, entre otros, que pregonan ser lugares de ejercicio periodístico cuando no es cierto: O son espacios de personas que cuelgan cualquier producto en la red o forman parte de estratagemas propagandísticas de intereses varios, es especial de políticos sin escrúpulos.
Es ahí donde cabe pensar críticamente sobre estas conductas. Desde la profesión periodística se asume que el dolor y el sufrimiento se tornan de interés informativo, aunque una cosa es informar con honestidad y otra actuar de forma irresponsable. Basta ver la forma de informar sobre los crímenes que a diario se comenten en El Salvador, la tragedia en Guatemala o la situación convulsa en Nicaragua.
“El sufrimiento puede pasar a formar parte de la intimidad del sujeto, en mayor medida cuanto más considere que afecta a su identidad, a su yo”, dice la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid.
La catedrática López Talavera nos da una guía de lo que sería una forma responsable de informar sobre el dolor y el sufrimiento:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles las partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, advierte la profesora López Talavera.
Tal como vemos el tratamiento de la violencia delincuencial, la tragedia en Guatemala o la violencia política, muchos de los principios esgrimidos desde la academia parece que no importan. Esta reflexión intenta poner en situación una especie común de mala praxis que vulnera la dignidad de la persona.
De forma continua observamos a través de los medios de comunicación el irrespeto hacia las víctimas, sus familiares y las audiencias en general, con la exposición de imágenes truculentas que explotan el morbo en función de capturar a los públicos, sin que importe las normas de la profesión periodística.
Es grave que estos espacios noticiosos incumplan con la ética y resulta también preocupante cuando llegan al extremo de retomar textualmente situaciones que exponen usuarios de redes sociales que –desde la perspectiva de la ética periodística- actúan sin pensar en las consecuencias de sus actos sobre todo por desconocimiento.
Hay que agregar la proliferación de cantidad de páginas web, blogs, cuentas de Facebook y Twitter, entre otros, que pregonan ser lugares de ejercicio periodístico cuando no es cierto: O son espacios de personas que cuelgan cualquier producto en la red o forman parte de estratagemas propagandísticas de intereses varios, es especial de políticos sin escrúpulos.
Es ahí donde cabe pensar críticamente sobre estas conductas. Desde la profesión periodística se asume que el dolor y el sufrimiento se tornan de interés informativo, aunque una cosa es informar con honestidad y otra actuar de forma irresponsable. Basta ver la forma de informar sobre los crímenes que a diario se comenten en El Salvador, la tragedia en Guatemala o la situación convulsa en Nicaragua.
“El sufrimiento puede pasar a formar parte de la intimidad del sujeto, en mayor medida cuanto más considere que afecta a su identidad, a su yo”, dice la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, de Madrid.
La catedrática López Talavera nos da una guía de lo que sería una forma responsable de informar sobre el dolor y el sufrimiento:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles las partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, advierte la profesora López Talavera.
Tal como vemos el tratamiento de la violencia delincuencial, la tragedia en Guatemala o la violencia política, muchos de los principios esgrimidos desde la academia parece que no importan. Esta reflexión intenta poner en situación una especie común de mala praxis que vulnera la dignidad de la persona.
miércoles, mayo 30, 2018
Elecciones presidenciales y populismo
Por Guillermo Mejía
Cada vez es más evidente la presencia del espectáculo en el que la imagen y los discursos vacíos llenan el espacio público donde las audiencias siguen atrapadas, aunque manifiesten su repudio a la política y dicen sentirse defraudadas por las opciones dominantes en la dicotomía derecha e izquierda.
En ese marco, los periodistas persiguen a los políticos y los políticos buscan la atención de los periodistas más allá de que los adulen o critiquen, a pesar que en el fondo se repelen, ya que en ambos casos se ven con desconfianza y si al caso llegan a un acuerdo es sobre la base de una ganancia mutua.
Así, no fueron gratuitos los saltos de sapito que dio el ahora candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), Hugo Martínez, durante el cierre de la campaña del partido, al igual que la adopción de una figura más sensata por parte de su contrincante Gerson Martínez.
Similar condición se encuentra en el proceso de elección de la candidatura en el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con los seudo debates que impulsaron hasta coronar al elegido Carlos Calleja frente a su par Javier Simán, no sin antes violentar la ley con una abusiva campaña electorera.
Y qué decir del posible candidato presidencial, todavía sin partido, Nayib Bukele que –muy al contrario de sus adversarios- ha incursionado haciendo uso del espacio cibernético para conectar especialmente con la juventud salvadoreña a quienes habla precisamente del fracaso de las opciones Arena-Fmln.
Según la Universidad Centroamericana (UCA), si bien Bukele “ha crecido en aceptación popular en la medida que Arena y el Frente han sumado desvaríos, incompetencias y abusos” aún tiene cuestiones que resolver, además tiene el problema de que, al parecer, “quiere quedar bien con todos, sin comprometerse con nada en concreto”. Para el caso, ¿qué son sus nuevas ideas?
En El libro “Política pop: De líderes populistas a telepresidentes”, de la argentina Adriana Amado, se nos advierte que “hasta el más revolucionario sucumbe a la seducción de verse en pantalla aclamado por multitudes y adulado en campañas publicitarias que repiten incansablemente que son los líderes que la patria necesita.”
Según la autora, América Latina ha sido propicia para los políticos populistas obsesionados por sus apariciones públicas “que diseminan una millonaria red de relaciones públicas sostenida con recursos estatales”. La comunicación es prioridad en el ejercicio del poder y en la búsqueda de gobernabilidad.
El líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique pero que jamás lo ignore, y que hable más de su imagen que de sus hechos. El caudillo obtiene del periodista repercusión y el periodista, del caudillo, temas de qué hablar. El periodista pop alardea de ser intérprete privilegiado de la voz de la gente igual que el caudillo pop se erige como vicario del pueblo.
No es difícil concluir que camino a las presidenciales de febrero de 2019 la ciudadanía salvadoreña se encuentra una vez más tentada por opciones populistas, sin nada concreto bajo el brazo, pero que sí saben sacarle jugo a las nuevas tecnologías para afianzar mentes y corazones. Esperemos el desenlace.
Cada vez es más evidente la presencia del espectáculo en el que la imagen y los discursos vacíos llenan el espacio público donde las audiencias siguen atrapadas, aunque manifiesten su repudio a la política y dicen sentirse defraudadas por las opciones dominantes en la dicotomía derecha e izquierda.
En ese marco, los periodistas persiguen a los políticos y los políticos buscan la atención de los periodistas más allá de que los adulen o critiquen, a pesar que en el fondo se repelen, ya que en ambos casos se ven con desconfianza y si al caso llegan a un acuerdo es sobre la base de una ganancia mutua.
Así, no fueron gratuitos los saltos de sapito que dio el ahora candidato presidencial por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), Hugo Martínez, durante el cierre de la campaña del partido, al igual que la adopción de una figura más sensata por parte de su contrincante Gerson Martínez.
Similar condición se encuentra en el proceso de elección de la candidatura en el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista (Arena) con los seudo debates que impulsaron hasta coronar al elegido Carlos Calleja frente a su par Javier Simán, no sin antes violentar la ley con una abusiva campaña electorera.
Y qué decir del posible candidato presidencial, todavía sin partido, Nayib Bukele que –muy al contrario de sus adversarios- ha incursionado haciendo uso del espacio cibernético para conectar especialmente con la juventud salvadoreña a quienes habla precisamente del fracaso de las opciones Arena-Fmln.
Según la Universidad Centroamericana (UCA), si bien Bukele “ha crecido en aceptación popular en la medida que Arena y el Frente han sumado desvaríos, incompetencias y abusos” aún tiene cuestiones que resolver, además tiene el problema de que, al parecer, “quiere quedar bien con todos, sin comprometerse con nada en concreto”. Para el caso, ¿qué son sus nuevas ideas?
En El libro “Política pop: De líderes populistas a telepresidentes”, de la argentina Adriana Amado, se nos advierte que “hasta el más revolucionario sucumbe a la seducción de verse en pantalla aclamado por multitudes y adulado en campañas publicitarias que repiten incansablemente que son los líderes que la patria necesita.”
Según la autora, América Latina ha sido propicia para los políticos populistas obsesionados por sus apariciones públicas “que diseminan una millonaria red de relaciones públicas sostenida con recursos estatales”. La comunicación es prioridad en el ejercicio del poder y en la búsqueda de gobernabilidad.
El líder pop necesita una prensa que lo venere o lo critique pero que jamás lo ignore, y que hable más de su imagen que de sus hechos. El caudillo obtiene del periodista repercusión y el periodista, del caudillo, temas de qué hablar. El periodista pop alardea de ser intérprete privilegiado de la voz de la gente igual que el caudillo pop se erige como vicario del pueblo.
No es difícil concluir que camino a las presidenciales de febrero de 2019 la ciudadanía salvadoreña se encuentra una vez más tentada por opciones populistas, sin nada concreto bajo el brazo, pero que sí saben sacarle jugo a las nuevas tecnologías para afianzar mentes y corazones. Esperemos el desenlace.
miércoles, mayo 23, 2018
La sociedad del siglo XXI: Más que informada entretenida
Por Guillermo Mejía
Cuando florecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el periodismo goza de ventajas en tiempo y espacio gracias a esos acelerados avances, inconcebibles hace unas tres décadas, existe el riesgo que la sociedad se vuelva cada vez más indefensa ante la ausencia de verdadera información.
Es una de las advertencias de la veterana periodista española Rosa María Calaf, en declaraciones al periódico español Público, frente a la imposición de un modelo periodístico que dista de responder al derecho a la información, pilar de toda sociedad democrática, y que se decanta por el entretenimiento.
“Estamos en un momento de incertidumbre donde la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida, en realidad”, consideró la que fuera corresponsal de la Televisión Española. “Y eso es muy grave. La calidad de la información que recibes es tan aceleradamente deteriorada que puede construir una sociedad muy indefensa”, añadió.
Al preguntársele sobre el hecho que “los ciudadanos creen que saben”, respondió: “Claro, esa es la falacia. Porque si no sabes, intentas saber. Pero cuando ya te han convencido de que sabes todo, te das por satisfecho”.
“Crees que con tantas pantallas, Twitter y Facebook ya es suficiente. Primero, eso no es verdad. Y segundo, piensa con qué calidad recibes la información. La información es cada vez más sesgada, menos independiente y menos rigurosa. Y así la ciudadanía se forma opinión en base a errores o mentiras”.
“Una serie de parámetros extraordinariamente peligrosos porque con esa opinión tienes mucho riesgo de equivocarte y, en consecuencia, las decisiones que vayas a tomar van a afectar a ti, a tus hijos y a la construcción del mundo”.
Rosa María Calaf reivindicó al periodismo como “pilar fundamental de la construcción social y del modelo social” y, en ese sentido, le reclamó responsabilidad e insistió en que “una sociedad que no está bien informada corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones”, como el hecho que “acabas decidiendo en contra de tus intereses, pero a favor de los intereses de unos pocos”.
La galardonada periodista española, nacida en Barcelona, puso ejemplos como la relación de los europeos con el presidente estadounidense Donald Trump y la salida de los británicos de la Unión Europea donde los medios “han difundido una cantidad de mentiras tremendas y están haciendo un proceso de (en)cerrar a la gente en burbujas”.
Calaf lamentó lo que considera condiciones de precariedad en que trabajan los periodistas, una manera de control, porque “si tus redactores trabajan en situación de estrés y angustia el resultado tendrá peor calidad”, lo que lleva a dos conclusiones: Ningún respeto por la profesión y ninguna voluntad de excelencia informativa.
“Vender que la precariedad fue producto de la tecnología o de un momento económico es una cortina de humo. Lo que existe detrás es una voluntad de que las redacciones no hagan el periodismo que deben hacer, el riguroso y de investigación”, afirmó.
Los periodistas caen en la copia-pega y el hecho de publicar muchos temas, pero sin profundizar: “Eso es convertir al periodismo en una apariencia de información. Hacemos el papel de periodistas, pero no lo ejercemos, porque no tenemos ni recursos y, en muchos casos, ni la formación para ejercerlo”, sentenció.
Cuando florecen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el periodismo goza de ventajas en tiempo y espacio gracias a esos acelerados avances, inconcebibles hace unas tres décadas, existe el riesgo que la sociedad se vuelva cada vez más indefensa ante la ausencia de verdadera información.
Es una de las advertencias de la veterana periodista española Rosa María Calaf, en declaraciones al periódico español Público, frente a la imposición de un modelo periodístico que dista de responder al derecho a la información, pilar de toda sociedad democrática, y que se decanta por el entretenimiento.
“Estamos en un momento de incertidumbre donde la ciudadanía cree que está informada cuando está solo entretenida, en realidad”, consideró la que fuera corresponsal de la Televisión Española. “Y eso es muy grave. La calidad de la información que recibes es tan aceleradamente deteriorada que puede construir una sociedad muy indefensa”, añadió.
Al preguntársele sobre el hecho que “los ciudadanos creen que saben”, respondió: “Claro, esa es la falacia. Porque si no sabes, intentas saber. Pero cuando ya te han convencido de que sabes todo, te das por satisfecho”.
“Crees que con tantas pantallas, Twitter y Facebook ya es suficiente. Primero, eso no es verdad. Y segundo, piensa con qué calidad recibes la información. La información es cada vez más sesgada, menos independiente y menos rigurosa. Y así la ciudadanía se forma opinión en base a errores o mentiras”.
“Una serie de parámetros extraordinariamente peligrosos porque con esa opinión tienes mucho riesgo de equivocarte y, en consecuencia, las decisiones que vayas a tomar van a afectar a ti, a tus hijos y a la construcción del mundo”.
Rosa María Calaf reivindicó al periodismo como “pilar fundamental de la construcción social y del modelo social” y, en ese sentido, le reclamó responsabilidad e insistió en que “una sociedad que no está bien informada corre el riesgo de equivocarse al tomar decisiones”, como el hecho que “acabas decidiendo en contra de tus intereses, pero a favor de los intereses de unos pocos”.
La galardonada periodista española, nacida en Barcelona, puso ejemplos como la relación de los europeos con el presidente estadounidense Donald Trump y la salida de los británicos de la Unión Europea donde los medios “han difundido una cantidad de mentiras tremendas y están haciendo un proceso de (en)cerrar a la gente en burbujas”.
Calaf lamentó lo que considera condiciones de precariedad en que trabajan los periodistas, una manera de control, porque “si tus redactores trabajan en situación de estrés y angustia el resultado tendrá peor calidad”, lo que lleva a dos conclusiones: Ningún respeto por la profesión y ninguna voluntad de excelencia informativa.
“Vender que la precariedad fue producto de la tecnología o de un momento económico es una cortina de humo. Lo que existe detrás es una voluntad de que las redacciones no hagan el periodismo que deben hacer, el riguroso y de investigación”, afirmó.
Los periodistas caen en la copia-pega y el hecho de publicar muchos temas, pero sin profundizar: “Eso es convertir al periodismo en una apariencia de información. Hacemos el papel de periodistas, pero no lo ejercemos, porque no tenemos ni recursos y, en muchos casos, ni la formación para ejercerlo”, sentenció.
miércoles, mayo 16, 2018
El despido de periodistas
Por Guillermo Mejía
Una serie de despidos de trabajadores de medios de comunicación social ha alertado a organizaciones de profesionales que incluso denuncian que, luego de consumarse los hechos, no se entregan las indemnizaciones conforme a la ley, además que se conoce de empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y afps.
Las denuncian provienen de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como del Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, quienes registran al menos 170 despidos entre el 15 de abril y el cuatro de mayo pasados, situación que, aunque no es nueva, preocupa.
Entre los casos denunciados se encuentran despidos en Telecorporación Salvadoreña (TCS), el canal Gentevé del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y el periódico La Prensa Gráfica donde se argumenta que obedece a problemas económicos y procesos de reestructuración empresarial.
“Para nosotras, estos nuevos despidos son de mucha preocupación pues es un claro indicador de la situación de inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos como gremio y las condiciones de vulnerabilidad que vivimos”, señaló el Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.
“Consideremos necesario enfatizar en que las mujeres periodistas y comunicadoras, además de esto, también estamos expuestas a otras vulneraciones a nuestros derechos”, agregó la organización.
Según las denuncias, se llega al colmo de que no se entregan las indemnizaciones a los despedidos como reza la ley, sino que tienen que acudir al ministerio de Trabajo e incluso a los tribunales correspondientes, generando todo tipo de costos, además de que existen empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y de las afps.
“Desde este colectivo preocupa que cada vez es más evidente la precariedad en la que están laborando el gremio periodístico y afines a la comunicación. No hay estabilidad, no se respetan horarios ni prestaciones, pero sí se les exige indiscriminadamente”, afirmó el colectivo de mujeres que demanda la intervención de las autoridades respectivas.
Ante situaciones como las denunciadas, desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está la APES, se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
En esa misma dirección, considero que en el espacio mediático son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
Una serie de despidos de trabajadores de medios de comunicación social ha alertado a organizaciones de profesionales que incluso denuncian que, luego de consumarse los hechos, no se entregan las indemnizaciones conforme a la ley, además que se conoce de empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y afps.
Las denuncian provienen de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), así como del Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, quienes registran al menos 170 despidos entre el 15 de abril y el cuatro de mayo pasados, situación que, aunque no es nueva, preocupa.
Entre los casos denunciados se encuentran despidos en Telecorporación Salvadoreña (TCS), el canal Gentevé del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) y el periódico La Prensa Gráfica donde se argumenta que obedece a problemas económicos y procesos de reestructuración empresarial.
“Para nosotras, estos nuevos despidos son de mucha preocupación pues es un claro indicador de la situación de inestabilidad laboral a la que nos enfrentamos como gremio y las condiciones de vulnerabilidad que vivimos”, señaló el Colectivo de Mujeres Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información.
“Consideremos necesario enfatizar en que las mujeres periodistas y comunicadoras, además de esto, también estamos expuestas a otras vulneraciones a nuestros derechos”, agregó la organización.
Según las denuncias, se llega al colmo de que no se entregan las indemnizaciones a los despedidos como reza la ley, sino que tienen que acudir al ministerio de Trabajo e incluso a los tribunales correspondientes, generando todo tipo de costos, además de que existen empresas que se apropian de las cuotas del seguro social y de las afps.
“Desde este colectivo preocupa que cada vez es más evidente la precariedad en la que están laborando el gremio periodístico y afines a la comunicación. No hay estabilidad, no se respetan horarios ni prestaciones, pero sí se les exige indiscriminadamente”, afirmó el colectivo de mujeres que demanda la intervención de las autoridades respectivas.
Ante situaciones como las denunciadas, desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está la APES, se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
En esa misma dirección, considero que en el espacio mediático son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
miércoles, mayo 09, 2018
Otra de Donald Trump contra Centroamérica
Por Guillermo Mejía
La verdad es que no se esperaba lo contrario con los hondureños receptores del Estatus de Protección Temporal (TPS) frente a la supremacía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló el programa afectando a unos 57 mil hermanos que tienen hasta enero de 2020 para regularizar su situación o abandonar la nación del norte.
Las últimas víctimas del zarpazo republicano fueron los 200 mil salvadoreños que tienen hasta septiembre de 2019, para solucionar su estadía o salir de Estados Unidos, luego que también haitianos y nicaragüenses sufrieron la suspensión de sus respectivos programas y han quedado en el limbo.
En cualquiera de los casos, una de las críticas hacia la administración norteamericana ha sido que se han basado en falsos supuestos como el que en estos países la situación ha mejorado sustancialmente, con lo que no hacen falta ya los programas, así como el hecho perverso –hacia Honduras y El Salvador, en particular- que son exportadores de “mareros” hacia el norte.
De todos es conocido que las reconocidas “maras” delincuenciales, ahora coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente nacieron en las calles estadounidenses.
Frente a una organizada caravana de refugiados centroamericanos que llegó hasta la frontera de Estados Unidos y, por goteo, ha tramitado asilo ante las autoridades respectivas, un frustrado Trump ha denunciado que “tenemos leyes escritas por personas que realmente no pueden amar a nuestro país”.
En sus rabietas, el mandatario estadounidense ha llegado al extremo de calificar las leyes migratorias gringas como “las peores” y dijo que es necesario que la inmigración debe estar basada en el mérito de los solicitantes, pues no pueden ser “escogidos de un cubo de basura” como en el caso de los “mareros” centroamericanos.
Hay que recordar que la animosidad hacia los migrantes hizo que en días pasados el presidente Trump se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que levantó voces en su contra dentro y fuera de Estados Unidos, aunque pesa más su primitivismo.
Según informaciones procedentes del norte, Jess Morales, dirigente de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, la cancelación del TPS a los hondureños es “una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia”.
De hecho, de acuerdo con Morales, la acción de Trump es “una muestra más de la agenda de supremacía blanca” que ataca a los migrantes “para hacer de Estados Unidos una nación blanca”.
Al igual que miles de salvadoreños, los hondureños también han advertido que, pese a la cancelación de los programas de permiso de trabajo, en ningún momento piensan regresar a sus respectivos países dado la violencia imperante y la crisis económica, motivos por los cuales se vieron obligados a emigrar.
Los gobiernos centroamericanos han lamentado las medidas tomadas por la administración norteamericana y, aunque difícil por las condiciones en que se subsiste, dicen tener las puertas abiertas al regreso de los compatriotas. Sin duda, lo mejor es resolver los problemas que nos afectan y por los que mucha gente se ve obligada a dejar su tierra.
La verdad es que no se esperaba lo contrario con los hondureños receptores del Estatus de Protección Temporal (TPS) frente a la supremacía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que canceló el programa afectando a unos 57 mil hermanos que tienen hasta enero de 2020 para regularizar su situación o abandonar la nación del norte.
Las últimas víctimas del zarpazo republicano fueron los 200 mil salvadoreños que tienen hasta septiembre de 2019, para solucionar su estadía o salir de Estados Unidos, luego que también haitianos y nicaragüenses sufrieron la suspensión de sus respectivos programas y han quedado en el limbo.
En cualquiera de los casos, una de las críticas hacia la administración norteamericana ha sido que se han basado en falsos supuestos como el que en estos países la situación ha mejorado sustancialmente, con lo que no hacen falta ya los programas, así como el hecho perverso –hacia Honduras y El Salvador, en particular- que son exportadores de “mareros” hacia el norte.
De todos es conocido que las reconocidas “maras” delincuenciales, ahora coludidas con el crimen organizado y el narcotráfico, precisamente nacieron en las calles estadounidenses.
Frente a una organizada caravana de refugiados centroamericanos que llegó hasta la frontera de Estados Unidos y, por goteo, ha tramitado asilo ante las autoridades respectivas, un frustrado Trump ha denunciado que “tenemos leyes escritas por personas que realmente no pueden amar a nuestro país”.
En sus rabietas, el mandatario estadounidense ha llegado al extremo de calificar las leyes migratorias gringas como “las peores” y dijo que es necesario que la inmigración debe estar basada en el mérito de los solicitantes, pues no pueden ser “escogidos de un cubo de basura” como en el caso de los “mareros” centroamericanos.
Hay que recordar que la animosidad hacia los migrantes hizo que en días pasados el presidente Trump se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que levantó voces en su contra dentro y fuera de Estados Unidos, aunque pesa más su primitivismo.
Según informaciones procedentes del norte, Jess Morales, dirigente de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, la cancelación del TPS a los hondureños es “una sentencia de muerte para muchos de los que serían enviados de regreso a un país afectado por la represión política y la violencia”.
De hecho, de acuerdo con Morales, la acción de Trump es “una muestra más de la agenda de supremacía blanca” que ataca a los migrantes “para hacer de Estados Unidos una nación blanca”.
Al igual que miles de salvadoreños, los hondureños también han advertido que, pese a la cancelación de los programas de permiso de trabajo, en ningún momento piensan regresar a sus respectivos países dado la violencia imperante y la crisis económica, motivos por los cuales se vieron obligados a emigrar.
Los gobiernos centroamericanos han lamentado las medidas tomadas por la administración norteamericana y, aunque difícil por las condiciones en que se subsiste, dicen tener las puertas abiertas al regreso de los compatriotas. Sin duda, lo mejor es resolver los problemas que nos afectan y por los que mucha gente se ve obligada a dejar su tierra.
martes, mayo 01, 2018
Una reflexión en el día de los trabajadores
Por Guillermo Mejía
Cuando se celebra el día internacional de los trabajadores la situación nacional es deprimente, ya que persisten las condiciones laborales adversas con una crisis socio-económica que golpea a los hogares y una espiral de violencia que continúa su marcha macabra sin que en ninguna de las circunstancias se vislumbre una salida posible.
El panorama lo complementa la presencia de una fuerza laboral dispersa, unos en sintonía con el gobierno de turno, otros en franca oposición a los programas oficiales establecidos y una tercera parte –quizás la mayoría- en la búsqueda de parches al grave estado de su condición de vida con carestía e inseguridad.
Frente a las muestras de descontento ciudadano en Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos periodistas y comentaristas han puesto sobre el tapete de discusión el hecho de que en El Salvador no se experimenta ese descontento en las calles amén de que es un país remesero, a la vez que la sociedad salvadoreña aún se recobra del conflicto armado de fin de siglo.
Para el caso, el columnista Sigfredo Ramírez, de la Revista Séptimo Sentido, afirmó que, al contrario que en Nicaragua donde los jóvenes han rechazado la negligencia en el combate del incendio de una reserva biológica y la reforma de pensiones, “ninguna de esas dos encrucijadas ha llevado a los salvadoreños a las calles”.
“Tampoco la corrupción que ha puesto en la mira de la Fiscalía a tres expresidentes. Ni la inseguridad ciudadana que afecta prácticamente todos los ámbitos de la cotidianidad. Razones sobran pada salir a las calles a protestar, pero la indignación ya no carbura en El Salvador”, señaló Ramírez.
Y resulta escandaloso. Sólo en el caso de las pensiones, en El Salvador el parche a la crisis del modelo previsional, con aumento de las cotizaciones del trabajador, pero sin que eso se refleje en un mayor ahorro, además de que en cuatro años se espera un aumento en la edad de jubilación, no causó mayor conmoción e incluso el gobierno lo celebró como un triunfo de los trabajadores.
Precisamente, el detonante del descontento de los jóvenes nicas, que luego se generalizó por la represión, fue que el gobierno de Daniel Ortega siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso sin consultar a los trabajadores el aumento del siete por ciento en las cotizaciones de los empleados y la reducción del cinco por ciento en las pensiones.
Pero ya sea en las calles o en las urnas, como sucedió en El Salvador con el voto nulo o la ausencia de los votantes, la Universidad Centroamericana (UCA) ve que existe una efervescencia social en nuestra región en contra de la corrupción e incapacidad de los gobernantes para resolver los graves problemas que aquejan a la población.
“A la base de la corrupción está el ejercicio patrimonialista de la política, es decir, el uso –legal o ilegal- de los recursos públicos para beneficio personal y del grupo inmediato”, advirtió la UCA. “Este tipo de política es el que se ha practicado en los países centroamericanos desde siempre y lo que explica la desconfianza ciudadana en los partidos políticos”, agregó.
Sin embargo, los jesuitas consideran que si bien hay descontento social no existe rumbo definido: “El reto de las sociedades del istmo es impulsar una manera de hacer política que apueste no por caudillos, sino por procesos de inclusión y participación que garanticen que toda acción del Estado beneficie a las mayorías”, sentenciaron.
Cuando se celebra el día internacional de los trabajadores la situación nacional es deprimente, ya que persisten las condiciones laborales adversas con una crisis socio-económica que golpea a los hogares y una espiral de violencia que continúa su marcha macabra sin que en ninguna de las circunstancias se vislumbre una salida posible.
El panorama lo complementa la presencia de una fuerza laboral dispersa, unos en sintonía con el gobierno de turno, otros en franca oposición a los programas oficiales establecidos y una tercera parte –quizás la mayoría- en la búsqueda de parches al grave estado de su condición de vida con carestía e inseguridad.
Frente a las muestras de descontento ciudadano en Guatemala, Honduras y Nicaragua, algunos periodistas y comentaristas han puesto sobre el tapete de discusión el hecho de que en El Salvador no se experimenta ese descontento en las calles amén de que es un país remesero, a la vez que la sociedad salvadoreña aún se recobra del conflicto armado de fin de siglo.
Para el caso, el columnista Sigfredo Ramírez, de la Revista Séptimo Sentido, afirmó que, al contrario que en Nicaragua donde los jóvenes han rechazado la negligencia en el combate del incendio de una reserva biológica y la reforma de pensiones, “ninguna de esas dos encrucijadas ha llevado a los salvadoreños a las calles”.
“Tampoco la corrupción que ha puesto en la mira de la Fiscalía a tres expresidentes. Ni la inseguridad ciudadana que afecta prácticamente todos los ámbitos de la cotidianidad. Razones sobran pada salir a las calles a protestar, pero la indignación ya no carbura en El Salvador”, señaló Ramírez.
Y resulta escandaloso. Sólo en el caso de las pensiones, en El Salvador el parche a la crisis del modelo previsional, con aumento de las cotizaciones del trabajador, pero sin que eso se refleje en un mayor ahorro, además de que en cuatro años se espera un aumento en la edad de jubilación, no causó mayor conmoción e incluso el gobierno lo celebró como un triunfo de los trabajadores.
Precisamente, el detonante del descontento de los jóvenes nicas, que luego se generalizó por la represión, fue que el gobierno de Daniel Ortega siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) impuso sin consultar a los trabajadores el aumento del siete por ciento en las cotizaciones de los empleados y la reducción del cinco por ciento en las pensiones.
Pero ya sea en las calles o en las urnas, como sucedió en El Salvador con el voto nulo o la ausencia de los votantes, la Universidad Centroamericana (UCA) ve que existe una efervescencia social en nuestra región en contra de la corrupción e incapacidad de los gobernantes para resolver los graves problemas que aquejan a la población.
“A la base de la corrupción está el ejercicio patrimonialista de la política, es decir, el uso –legal o ilegal- de los recursos públicos para beneficio personal y del grupo inmediato”, advirtió la UCA. “Este tipo de política es el que se ha practicado en los países centroamericanos desde siempre y lo que explica la desconfianza ciudadana en los partidos políticos”, agregó.
Sin embargo, los jesuitas consideran que si bien hay descontento social no existe rumbo definido: “El reto de las sociedades del istmo es impulsar una manera de hacer política que apueste no por caudillos, sino por procesos de inclusión y participación que garanticen que toda acción del Estado beneficie a las mayorías”, sentenciaron.
miércoles, abril 25, 2018
La lucha por un estatuto profesional del periodista
Por Guillermo Mejía
Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.
Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.
Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.
“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.
En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.
El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
Con el crimen de la periodista Karla Turcios, acaecido el pasado 14 de abril, se ha vuelto a hablar sobre la necesidad de crear un estatuto profesional del periodista a fin de establecer legalmente quién es el periodista, sus derechos y sus deberes, en dirección de asegurar la integridad de uno de los profesionales tan importantes y necesarios para el avance de la sociedad.
Aun no se conoce a ciencia cierta quién asesinó a la periodista Turcios, pero el presidente Salvador Sánchez Cerén se comprometió a esclarecer el crimen, además de que reafirmó “todo nuestro empeño por continuar garantizando la libertad de prensa y la libertad de expresión” que consideró “elementos fundamentales de un país que quiere seguir construyendo democracia”.
Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de una ley especial que sea aprobada por la Asamblea Legislativa a fin de proteger a los periodistas y comunicadores.
Muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.
“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.
En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables.
El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Ante eso son necesarias la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.
Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.
miércoles, abril 18, 2018
La participación ciudadana frente a falsos debates
Por Guillermo Mejía
Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.
Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.
La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.
La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.
El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.
Los salvadoreños no pueden dejarse sorprender ante falsos debates montados como estrategia de marketing político de cara a la ilusoria selección de las bases del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) de su candidato presidencial en las elecciones de febrero de 2019.
Las precandidaturas de Carlos Calleja, Javier Simán y Gustavo López Davidson fueron montadas sin pasar por un proceso de construcción ciudadana; es decir, a través de un proceso democrático al interior del partido opositor con participación de los votantes que dicen representar.
La participación ciudadana en los procesos electorales no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir a depositar el voto.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Hay que asumir la comunicación política, una forma consciente que conlleva una perspectiva ciudadana, que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública. Ningún partido político asume el reto.
La catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras significa sentar las bases de un foro mediático.
El proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y la de los medios que no son simples testigos. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia, pero también urge la democratización de los partidos. No hay que ser víctimas de los encantos del marketing político.
martes, abril 10, 2018
Políticos que tropiezan con la misma piedra
Por Guillermo Mejía
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.
Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.
De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.
El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.
Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.
Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.
El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.
“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.
Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.
La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.
Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.
La Asamblea Legislativa aprobó la prórroga de seis meses a las medidas extraordinarias en centros penitenciarios en busca de contener la ola de asesinatos, extorsiones y otros delitos que se les achacan especialmente a los grupos pandilleros con los cuales, paradójicamente, los mismo políticos siempre han negociado conveniencias.
Fueron 64 votos favorables, uno en contra y tres abstenciones.
De nada sirvió la postura de organismos de derechos humanos, centros académicos y la misma Naciones Unidas que ven violaciones a los derechos de los reos en las condiciones en que los mantienen encerrados con restricción de visitas o su suspensión por tiempo indefinido, traslados arbitrarios y bloqueo de la señal, entre otras disposiciones.
El caso se ha prestado para que los políticos especialmente de los partidos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) se rasguen las vestiduras ante el conglomerado sobre la importancia de combatir a las pandillas cuando –según la necesidad coyuntural- negocian con líderes pandilleriles.
Ejemplos claves han sido la tregua del anterior gobierno del Fmln con las maras, así como las negociaciones del mismo partido oficial y de dirigentes del partido opositor con esos grupos delincuenciales en diferentes procesos electorales en la búsqueda de potenciar votos a su favor y acciones en contra de sus respectivos adversarios políticos.
Uno de los cruzados ha sido el mismo presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien montó su reciente campaña de reelección en mostrar un discurso de mano dura frente a los pandilleros al grado de abanderar el regreso de la pena de muerte para la delincuencia como si eso para el Estado sea soplar y hacer botellas.
El criminólogo Ricardo Sosa criticó que “la renovación en automático por seis meses más no solo carece de argumentos técnicos, sino que se generan especulaciones en diferentes medios para autorizar de esta manera una prórroga que en el tiempo aprobado solo indica que el tema seguirá en la lista de espera, sin la responsabilidad y seriedad que dicho decreto y sus implicaciones amerita”.
“Y que cuando ingresen a las últimas semanas para el vencimiento continuarán las improvisaciones y con el componente de una campaña presidencial en pleno desarrollo que les impedirá tomar decisiones apegadas en beneficio del país y serán las agendas electoreras y los cálculos de votos lo que seguramente va a influir”, advirtió Sosa.
Si realmente fuera un esfuerzo serio en contra de los delincuentes no se tendría que dejar de lado las respectivas mediciones y evaluaciones del impacto de las medidas extraordinarias por medio de indicadores que estarían bien seleccionados y acordes con lo que medirán a fin de obtener insumos adecuados para tomar decisiones certeras.
La Universidad Centroamericana (UCA) con anterioridad había criticado la prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
Los jesuitas también advirtieron: “Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”.
Pero a los políticos les importa un comino. Vuelven a tropezar con la misma piedra.
martes, abril 03, 2018
La violencia obscena de cada día
Por Guillermo Mejía
El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.
“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.
“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.
De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.
La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.
La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.
Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.
“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.
Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.
El asesinato del sacerdote Walter Osmir Vásquez en el Oriente del país, en plena Semana Santa, resulta ser el colmo de la violencia cotidiana que arranca la vida de miles de ciudadanos cada año, sin que se perfile una solución adecuada a la vorágine que desde el gobierno infructuosamente se atiza con políticas de mano dura.
“Es inconcebible que en un día Jueves Santo, después de haber participado de la Misa Crismal, uno de nuestros sacerdotes, el padre Walter Osmir Vásquez sea violentamente asesinado. No es posible que esto tenga lugar en un país cristiano”, dijo el Arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas.
Hasta el momento, según la iglesia católica, no se tiene certeza sobre quiénes mataron al cura en las afueras de Lolotique, departamento de San Miguel, ni tampoco las posibles razones del abominable crimen que ha sido rechazado por diversos sectores de la sociedad que demandan justicia.
“Un asesinato en tiempo santo se vuelve un sacrilegio, es un agravante, y si el que muere es un sacerdote, es un sacrilegio. Es un doble sacrilegio por el tiempo en que se ha hecho”, lamentó monseñor Escobar Alas, quien demandó de la sociedad reaccionar frente al asesinato que se une a los casi mil crímenes entre enero y marzo de 2018.
De acuerdo con fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el promedio de crímenes fue de 11 diarios durante 2017, situación que no mejora en el presente año cuando en un tan solo día se registraron 23 asesinatos y se estima que en comparación con cifras de los tres primeros meses del año pasado se tiene un incremento de más de cien muertes en 2018.
La sociedad civil y las Naciones Unidas han demandado del Estado salvadoreño un viraje a la respuesta de mano dura a la crisis de la violencia y en particular que paren las conocidas “medidas extraordinarias” que el gobierno espera que sean prorrogadas por la Asamblea Legislativa, pese a los pírricos avances en materia de seguridad pública.
La Universidad Centroamericana (UCA) en días recientes criticó esa posible prórroga legislativa, ya que “el número de homicidios sigue siendo desproporcionado, superior en seis veces al de una epidemia. Las medidas extraordinarias no son la causa de esta escasa reducción de homicidios, sino fuente, en definitiva, de dinámicas de brutalidad y autoritarismo”.
“Los diputados debe ser críticos, investigar y conocer el tema antes de alzar la mano como marionetas movidas por personas que no conocen la realidad o que quieren distorsionarla. Es absurdo extender las medidas extraordinarias sin que una comisión de la Asamblea Legislativa visite las cárceles y hable directamente con los presos”, advirtieron los jesuitas.
Desde una postura conservadora, el criminólogo Carlos Ponce también criticó los planes del gobierno al considerar a la “manipulación del gabinete de seguridad” como uno de los principales obstáculos que han impedido dar un tratamiento apropiado a la criminalidad y que pese a los fracasos y las críticas respectivas, los funcionarios siguen en los puestos.
“La única forma en que el partido oficial se puede asegurar por completo de que el gabinete de seguridad se prestará a sus tretas, caprichos, engaños y chanchullos, es designando (y manteniendo) como encargados a personas que profesen y demuestren una inquebrantable lealtad a la cúpula partidaria”, señaló Ponce.
Es preocupante la banalización de la violencia en la sociedad al grado que se ha llegado a tomar como normal y sin mérito de atención adecuada. Y conformarnos que, por ejemplo, el crimen del sacerdote Walter Osmir Vásquez no pase de ser una cifra que viene a engrosar las estadísticas oficiales, además de ser la típica noticia de la violencia obscena de cada día.
miércoles, marzo 28, 2018
El papel del periodista en la cobertura de la corrupción
Por Guillermo Mejía
En el tratamiento de temas de corrupción el periodista no puede convertirse en juez o en un superhéroe que representa la cruzada por la honestidad, sino en un creador de conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad en que se respeta la dignidad y los derechos con el respaldo de toda la sociedad.
Esas son las conclusiones del experto en ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, durante su intervención en la Universidad de Chiclayo, en el Perú, donde habló sobre la corrupción como desafío para la prensa latinoamericana en momentos en que esa lacra desmorona los ya desprestigiados sistemas políticos de la región.
“La corrupción para nosotros puede ser un tema de denuncia que nos convierte, a la vez, en jueces y brillantes defensores de la honestidad, algo así como superhéroes… como veremos ni la una ni la otra son las respuestas que la prensa debe darle a este mal social de la corrupción”, dijo Restrepo.
Según el maestro, los periodistas deben ir más allá del simple registro noticioso, pues son responsables del potencial educativo y de la influencia que tienen sobre la sociedad; es decir, tienen una permanente creación de conciencia de las personas por medio de la información. Aunque, hay que decirlo, mucha prensa solamente le interesa crear consumidores acríticos.
“Limitarnos a contar la historia de cada día es un pobre objetivo profesional y una vergonzosa manera de apreciar esta profesión”, sentenció. “¿Acaso lo que se espera de la prensa y lo que ella puede hacer es solamente entrevistar y reportar, pero no influir?, ¿nos hemos convencido, acaso, de que no podemos cambiar algo en materia de corrupción?”, preguntó.
Sin embargo, aclaró que el periodista no debe caer en la instrumentalización por parte de políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a sus contrarios, quienes, a su vez, se defienden de la misma manera, de modo que a la gente sólo le queda concluir frustrada que todos son corruptos y no hay nada que hacer en la sociedad.
“Convertir la corrupción en arma de los políticos para atacar a los contrarios es una forma de banalización que condena a la sociedad a convivir y aceptar como rutina cultural las prácticas de los ladrones y estafadores… esta es una forma de legitimación”, afirmó Restrepo, lamentablemente la prensa ha sido un actor cómplice.
La sociedad necesita que los periodistas indaguen en el pasado de los casos de corrupción, el papel de la institucionalidad, los controles, el sistema de contratación, la participación ciudadana frente a esos hechos en el antes y el ahora de los eventos, en fin, hasta plantear el futuro del hecho de corrupción.
“El futuro del hecho, a su vez, provee temas y subtemas: ¿de seguir como están los controles y las obras públicas a qué se expone la ciudadanía? En manejo de los dineros públicos, en calidad de las obras y, sobre todo, en el impacto de la confianza pública. Debe incluirse una visión futurista sobre las consecuencias de ese deterioro progresivo de la confianza pública que previene la corrupción”, remarcó.
Por otro lado, lamentó que el proceso de asimilación de la corrupción se intensifica en los consumidores especialmente con la información digital que es muestra de información condensada bajo titulares que pretende resumir hechos sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes, y sin mayores esfuerzos para analizar ni para hacer una mirada crítica.
“He descrito una generalizada incapacidad crítica como consecuencia de la mala utilización de una ambiciosa tecnología. Utilizada torpemente crea una ciudadanía vulnerable a la corrupción, porque la incapacita para el pensamiento crítico, para dudar y hacerse preguntas”, advirtió Restrepo.
“A medida que la tecnología reemplace nuestras capacidades: la memoria, el análisis, la investigación, crecerá una sociedad inerme ante la ofensiva de los corruptos”, sentenció el maestro colombiano.
En el tratamiento de temas de corrupción el periodista no puede convertirse en juez o en un superhéroe que representa la cruzada por la honestidad, sino en un creador de conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad en que se respeta la dignidad y los derechos con el respaldo de toda la sociedad.
Esas son las conclusiones del experto en ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, durante su intervención en la Universidad de Chiclayo, en el Perú, donde habló sobre la corrupción como desafío para la prensa latinoamericana en momentos en que esa lacra desmorona los ya desprestigiados sistemas políticos de la región.
“La corrupción para nosotros puede ser un tema de denuncia que nos convierte, a la vez, en jueces y brillantes defensores de la honestidad, algo así como superhéroes… como veremos ni la una ni la otra son las respuestas que la prensa debe darle a este mal social de la corrupción”, dijo Restrepo.
Según el maestro, los periodistas deben ir más allá del simple registro noticioso, pues son responsables del potencial educativo y de la influencia que tienen sobre la sociedad; es decir, tienen una permanente creación de conciencia de las personas por medio de la información. Aunque, hay que decirlo, mucha prensa solamente le interesa crear consumidores acríticos.
“Limitarnos a contar la historia de cada día es un pobre objetivo profesional y una vergonzosa manera de apreciar esta profesión”, sentenció. “¿Acaso lo que se espera de la prensa y lo que ella puede hacer es solamente entrevistar y reportar, pero no influir?, ¿nos hemos convencido, acaso, de que no podemos cambiar algo en materia de corrupción?”, preguntó.
Sin embargo, aclaró que el periodista no debe caer en la instrumentalización por parte de políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a sus contrarios, quienes, a su vez, se defienden de la misma manera, de modo que a la gente sólo le queda concluir frustrada que todos son corruptos y no hay nada que hacer en la sociedad.
“Convertir la corrupción en arma de los políticos para atacar a los contrarios es una forma de banalización que condena a la sociedad a convivir y aceptar como rutina cultural las prácticas de los ladrones y estafadores… esta es una forma de legitimación”, afirmó Restrepo, lamentablemente la prensa ha sido un actor cómplice.
La sociedad necesita que los periodistas indaguen en el pasado de los casos de corrupción, el papel de la institucionalidad, los controles, el sistema de contratación, la participación ciudadana frente a esos hechos en el antes y el ahora de los eventos, en fin, hasta plantear el futuro del hecho de corrupción.
“El futuro del hecho, a su vez, provee temas y subtemas: ¿de seguir como están los controles y las obras públicas a qué se expone la ciudadanía? En manejo de los dineros públicos, en calidad de las obras y, sobre todo, en el impacto de la confianza pública. Debe incluirse una visión futurista sobre las consecuencias de ese deterioro progresivo de la confianza pública que previene la corrupción”, remarcó.
Por otro lado, lamentó que el proceso de asimilación de la corrupción se intensifica en los consumidores especialmente con la información digital que es muestra de información condensada bajo titulares que pretende resumir hechos sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes, y sin mayores esfuerzos para analizar ni para hacer una mirada crítica.
“He descrito una generalizada incapacidad crítica como consecuencia de la mala utilización de una ambiciosa tecnología. Utilizada torpemente crea una ciudadanía vulnerable a la corrupción, porque la incapacita para el pensamiento crítico, para dudar y hacerse preguntas”, advirtió Restrepo.
“A medida que la tecnología reemplace nuestras capacidades: la memoria, el análisis, la investigación, crecerá una sociedad inerme ante la ofensiva de los corruptos”, sentenció el maestro colombiano.
martes, marzo 20, 2018
Por una ciudadanía activa en las elecciones presidenciales de 2019
Por Guillermo Mejía
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
martes, marzo 13, 2018
Los caminos del Fmln: Reivindicarse o seguir en la politiquería
Por Guillermo Mejía
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
martes, marzo 06, 2018
Las elecciones del desencanto, la desconfianza y el castigo
Por Guillermo Mejía
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
martes, febrero 20, 2018
Las elecciones y los políticos, una esperanza inútil
Por Guillermo Mejía
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
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