Por
Guillermo Mejía
Cerca de cien años hace que el dictador Maximiliano Hernández Martínez maniobró desde el poder contando para ello con la servidumbre de los legisladores y las armas, entre otros factores, para entronarse contraviniendo la prohibición constitucional de la reelección presidencial en el país.
De eso habla el historiador Roberto Turcios en su libro Dictadura de ley – Maximiliano Hernández Martínez 1939 (Editorial UEES, 2023), la primera de tres partes de su investigación sobre la evolución constitucional salvadoreña en el siglo XX: periodos 1939-1944; 1950-1962; 1983-1992 -esplendor de la dictadura, vigencia autoritaria y transición a la democracia.
“Dictadura de ley aborda la coyuntura de producción constitucional del primer periodo, tratando de presentar el proceso general en el que se configuró el régimen político de la dictadura con sus características principales. Si bien aparecieron las indicaciones de un tránsito rápido que, desde las elecciones de 1931 y la crisis general, dio lugar a una formación temprana, ya desde 1932, aquí se muestran las condiciones que propiciaron el surgimiento de la voluntad constitucional que consagró con todas las formalidades, al nuevo régimen.” (p.13)
Del golpe de Estado militar del 2 de diciembre de 1931, que depuso al presidente Arturo Araujo en medio de la frustración política nacional por varias razones, se erigió el general Hernández Martínez, quien era el vicepresidente, con lo que “De una promesa democrática electoral, el país pasó a una arbitrariedad autoritaria que se convirtió en dictadura.” (págs.23-24)
Con el golpe se abrió un nuevo periodo. “En un primer momento, varias organizaciones lo vieron como una acción necesaria y le dieron su respaldo, luego siguieron días vertiginosos: en el curso de dos meses, el país pasó de la esperanza en un cambio que aliviara la crisis, a las elecciones, a la rebelión y a la mayor operación represiva practicada por el Ejército desde la fundación de la República. El nuevo gobierno estaba ante una emergencia general de varios flancos; a uno lo atacó con el despliegue despiadado del Ejército contra la rebelión de enero de 1932 y, después, contra la población desarmada; al otro lo encaró con medidas extraordinarias, como la suspensión del pago de la deuda externa.” (p.24)
Según el autor, a la represión siguieron la censura y la ley de imprenta en contra del periodismo libre, así como el control político de la ciudadanía, el estado de sitio, la policía política, la represión selectiva y permanente, y al final del primer gobierno (1931-1935) ya estaban bien puestos los cimientos del nuevo régimen, con su bloque de poder y los ánimos dictatoriales.
“El ingrediente decisivo fue el discurso: el relato de una ‘agresión’ comunista estuvo en el centro y el reconocimiento de la injusticia social a un lado. En el otro lado estaban los hechos de la reorganización que lograron una fórmula nueva para articular los intereses de la economía cafetalera; por primera vez desde la expansión del cultivo los productores contaban con recursos institucionales para atenuar la subordinación inexorable causada por los dispositivos de la agroexportación. De esa forma, desde distintos lados, el régimen pudo ampararse en una especie de orden fundador que, para mantenerse, reclamaba el acatamiento a su autoridad.” (p.27)
El general Hernández Martínez inició su segundo periodo (1935-1939) tras su victoria en unas elecciones en las que no tuvo competencia. Y nos relata Roberto Turcios que a lo largo de 1938 el plan orquestado siguió con actas municipales enviadas a la Asamblea Legislativa, para la convocatoria a una Constituyente, reforma que había sido aprobada en 1935 y ratificada en 1936. De hecho, se propuso la reelección del General.
En términos resumidos, si bien en la Constitución de 1886 se contemplaba la convocatoria a la Constituyente, en el artículo 148 también se establecía que no podían reformarse los artículos 80, 81 y 82 que tratan de la reelección del presidente, vicepresidente y designados y de la duración del período presidencial.
“Cualquier otro ‘medio de reforma distinto de los establecidos’ disponía el artículo 150, era ‘ilegal y nulo’. El espíritu constitucional contrario a la reelección era claro y contundente. El artículo 53, en el sexto numeral, planteó que perdían los derechos de ciudadano los que ‘suscribieren actos o proclamas o emplearen otros medios directos, promoviendo o apoyando la reelección del Presidente de la República’.” (págs. 28-29)
Sin embargo, hubo elecciones para esa Constituyente, en octubre de 1938, que fue instalada en el mes siguiente dando sus frutos de cara al poder de turno. Para el caso, derogaron el acuerdo de la Asamblea Legislativa de 1938 sobre la convocatoria a la elección del presidente para el 8, 9 y 10 de enero de 1939. La puerta se abrió para la continuación de Hernández Martínez.
“Los diputados decidieron la cancelación de las elecciones presidenciales, atribuyéndose la facultad de seleccionar al nuevo titular del Ejecutivo. Y no le dieron muchas vueltas, porque no podían darlas, cuando proclamaron por unanimidad a Maximiliano Hernández Martínez como el titular idóneo para estar al frente del Ejecutivo. A lo siete años que llevaba en el cargo, los diputados le asignaron seis más, de manera que el periodo terminaría en enero de 1945.” (p.97)
Según el autor, el 20 de enero de 1939 se aprobaron los 198 artículos que componían el nuevo texto constitucional y, al día siguiente, los diputados rindieron la protesta de ley y procedieron a la elección del presidente conforme al artículo 91: “La Asamblea, dijo el secretario Guzmán, debe ‘responder al clamor popular que exige la continuación del General Don Maximiliano Hernández Martínez en la Presidencia de la República’.” (p.145)
Pero la situación era insostenible y desde tiempo atrás. El 2 de abril de 1944, según el relato, comenzó la Semana Santa y también el día uno de la caída del general Hernández Martínez.
“Durante treinta y seis días, el país vivió una secuencia vertiginosa e impresionante de acontecimientos políticos. Tras uno venía otro, pero esa sucesión de rayos políticos estaba dejando huellas perdurables: la rebelión, la ola represiva, los fusilados al amanecer, las nuevas ondas conspirativas, la huelga general, los asesinatos y la renuncia. Todos esos fueron los episodios coyunturales que formaron el proceso de la caída del dictador y, al mismo tiempo, de la permanencia de la dictadura ante la audacia del ánimo democrático de la ciudadanía. El proceso fue intenso y tuvo varias facetas destacadas: la salida del dictador a Guatemala, la permanencia de la dictadura, el ímpetu democrático de la ciudadanía y la contención reaccionaria del Ejército. La confluencia de esas vertientes dio lugar a un proceso muy dinámico que, además, creó marcas indelebles que se extendieron a la política de las siguientes décadas” (págs.169-170)
Vale la pena consignar el hecho que, en medio de la crisis, con anterioridad –el 24 de febrero de 1944- la Asamblea había reeditado el expediente constitucional para que el general Hernández Martínez siguiera en el cargo. Se produjo la reforma respectiva, conforme a los intereses del régimen, para el periodo del uno de marzo de 1944 al 31 de diciembre de 1949. “¡Más de cinco años se estaba fijando el régimen, dieciocho el total!” (p.172)
“Aquel afán de prolongarse indefinidamente en la presidencia ya no pudo sostenerse; cinco semanas después de la reforma estalló la rebelión. Según las notas publicadas en los periódicos, que contaban con la autorización de la censura, durante los combates y las represalias hubo cincuenta y tres personas muertas, entre ellas nueve mujeres. Esa información de la Inspección General de Policía incorporaba en el total mencionado dos agentes y dos soldados. Además, hubo cuarenta y dos personas (treinta y dos militares y diez civiles) condenadas a morir fusiladas.” (p.175)
Nos cuenta Turcios que la noche fue una larga espera. Por fin, el martes (9 de mayo) a las once de la mañana se dio a conocer públicamente el nombre del nuevo presidente, era el general Andrés I. Menéndez, como Presidente Constitucional Provisional, pero la huelga no se levantó hasta que se confirmó la salida del país de Hernández Martínez.
“El golpe del 21 de octubre de 1944 fue una de las piedras fundacionales del régimen autoritario. Ese día, la transición de la dictadura a la democracia quedó cancelada, haciendo a un lado al presidente Menéndez, quien se empeñó en reencauzar la política a través de las elecciones, pasando por el debate constitucional y, en la práctica, cancelando la campaña electoral en marcha. Presidencia, Constitución y campaña fueron superadas por la imposición militar. La esperanza democrática forjada en la dictadura, que se materializaba en la aspiración de elecciones libres, quedó destrozada por los poderes económicos, políticos y militares más apegados a la ideología cincelada por los trece años martinistas.” (p.205)
Conocer los entretelones de esa experiencia histórica obliga leer tan valiosa obra de Roberto Turcios y qué bueno hacerlo a la luz de los acontecimientos políticos de la actual coyuntura salvadoreña. El autor ha publicado, entre otros trabajos, Rebelión. San Salvador 1960 (2017); Tendencias y coyunturas de cambio (2019); Autoritarismo y modernización (2018). Además, dirigió la prestigiosa revista Tendencias, que circuló entre 1992 y 2000. Es miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia donde pueden adquirir este libro publicado por la Editorial de la Universidad Evangélica de El Salvador (UEES).
