Una comunicación más allá de los caprichos del poder

 Por Guillermo Mejía

La sociedad demanda una comunicación que esté en consonancia con las derechos y aspiraciones de los ciudadanos, más que en función de intereses político o comerciales privados o de grupo, que ponga en crisis la concepción liberal tradicional del papel del sistema de comunicación colectiva y abra espacios a la participación.

En general, la oferta mediática –con rarísimas excepciones- se basa en la construcción de agendas temáticas y de actores que están en la órbita del poder y, por ende, hablan en función de esos intereses, llámese de gobernantes de turno o de políticos y empresarios, que en conjunto pregonan discursos muy alejados de los intereses populares.

Al grado que, dado la ausencia de un pensamiento crítico o desde una perspectiva popular por motivos que todos conocemos, se ha generado en la sociedad salvadoreña una conjunción de posturas alrededor de planteamientos tradicionales –ya trillados- sobre el ejercicio del poder y la democracia con base en principios filosófico-políticos conservadores.

De hecho, mucho tiene que ver la estandarización de la información que viene del mercado internacional de productos culturales –norteamericano y europeo como base- a lo que se suman los espacios del gobierno y los políticos y empresarios que comulgan con un modelo de democracia que no responde a los derechos ciudadanos y coarta la participación ciudadana.

Desde proyectos de comunicación popular, comunitaria, alternativa y participativa sería erróneo asumir la comunicación tradicional y que la perspectiva crítica se subordine en defensa de una forma de entender la democracia –representativa y elitista- en detrimento de una democracia participativa, tan importante como necesaria en la sociedad contemporánea.

Por supuesto, diferente es coadyuvar en la defensa del ejercicio periodístico profesional frente al poder, y los diferentes intereses de grupos hegemónicos, que debe ser tarea de medios, periodistas, organismos no gubernamentales y población en general, aunque siempre se mantenga la demanda a recibir calidad de información y se permita la generación de opinión democrática.

Hay que tomar en cuenta que, en el pasado reciente y en medio de la guerra civil, desde diversos medios de comunicación muchos periodistas asumieron el compromiso con la defensa del derecho a la información ante las amenazas de los gobiernos de turno –por ejemplo, en el del presidente Napoleón Duarte (1984-1989). Sin embargo, esos espacios de información y opinión fueron bruscamente vetados y muchos comunicadores lanzados a la calle con el ascenso del ultraderechista Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Los empresarios de los medios y los políticos recién llegados dejaron bien claro a los periodistas que las cosas no iban a ser iguales que con la democracia cristiana de Duarte, porque ARENA había llegado al gobierno. Y, pues, la guerra civil continuó hasta firmarse la paz, en 1992, en unos acuerdos en que en ningún momento se consideró el problema del ejercicio profesional del periodismo y el derecho a la información y la comunicación de los salvadoreños.

Fue una época en que los mismos Estados Unidos, que le dio a los gobernantes un millón de dólares diarios para la estrategia contrainsurgente ante un guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) fortalecido, también hizo su parte para querer aparentar que se vivía en democracia y le apostó a la creación de espacios informativos y de opinión con la llegada de asesores vinculados a la CIA. Pero, al final, desecharon a Duarte –la corrupción en su gobierno lo terminó de hundir- y ARENA se convirtió en el administrador de turno de los gringos.

A partir de ese contexto, es necesario que los periodistas y la población en general, no caigan ante los cantos de sirena de gobernantes de ocasión y sectores de poder tradicionales que arrastran aguas para sus propios molinos, sin responder a las demandas de amplios sectores de la sociedad y que, por pleitos intestinos, invisibilizan los problemas estructurales que nos aquejan.

Como nos nutre el teólogo laico brasileño Edward Guimarães, en la revista alternativa católica Punto de encuentro, sobre los desafíos de la comunicación popular y comunitaria en el presente: “La pandemia hizo visible, imposible de esconder bajo la alfombra, la gravedad de las contradicciones provocadas y perpetuadas por la perversa desigualdad social”.

“Desigualdad que se ha visto agravada por una lógica dominante y sistémica de concentración de ingresos, bienes y poder sociopolítico en manos de unos pocos. Es la lógica del sistema hegemónico en la actual etapa de desarrollo del capitalismo la que se puede caracterizar como ‘neoliberal de doble cara’: una financiera, especulativa y perversamente improductiva y la otra agroindustrial, extractivista y terriblemente destructiva y antiecológica”, agrega.

Según el también educador universitario, es muy triste, pero éticamente necesario, enfrentar la situación que estamos viviendo. El coronavirus no es la única pandemia entre nosotros: “Hay ‘otros virus’ mucho más agresivos y mortales que el COVID-19”.

Y detalla: “Una parte muy significativa de la población de países pobres, injustos y desiguales se ha visto diariamente amenazada por la pandemia del virus de la indiferencia social; por la pandemia del virus de la banalización de la vida y del descarte a las personas pobres e indeseables; por la pandemia del virus de la miseria y el hambre; por la pandemia del virus de la ganancia y la corrupción que anula la responsabilidad social del Estado y destruye las políticas públicas de defensa de la vida; por la “pandemia del virus del desempleo y la uberización del trabajo; por la pandemia del virus de la violencia contra los derechos humanos…”

Nos recuerda Guimarães que “existe una estrecha relación entre la comunicación y la educación crítica y la autocrítica sobre la que es necesario reflexionar. La mejor forma de asegurar una buena comunicación es la defensa de una educación pública crítica y autocrítica de calidad. Cuando se garantiza a todos, a nivel familiar, escolar, religioso y social, un acceso amplio para todos a una educación de calidad, se crean mecanismos de autonomía, empoderamiento y autorregulación popular”.

“Con educación crítica y autocrítica, se abren los ojos, las personas se vuelven mejores. Empiezan a tener más autoestima y a ser más exigentes en todos los niveles consigo mismos y con los demás. Se vuelven más sensibles y atentos al nivel ético en la defensa colectiva de sus derechos y cumplimiento de sus deberes”, sentencia el teólogo laico brasileño.

 

Qué bueno sería asumir desde la comunicación y la información –tan importantes en la sociedad- el compromiso con los derechos y aspiraciones ciudadanas por encima de los intereses y caprichos de gobernantes y sectores de poder tradicionales que, eso sí, temen a que la gente realmente reconozca el papel que le corresponde en la construcción de una auténtica democracia.

La democracia líquida: Respuesta política ciudadana frente a gobiernos autoritarios

 Por Guillermo Mejía

 

Frente a las tentaciones autoritarias y totalitarias de gobiernos en medio de la pandemia por el coronavirus, que imponen sus voluntades incluso con la fuerza militar, los ciudadanos pueden buscar alternativas de ejercer sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, por lo que no es mala idea ver las posibilidades que nos ofrece la democracia líquida o democracia digital.

 

De esa forma nos ilustra la historiadora y politóloga venezolana Ruth Capriles, investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, en su ensayo “Democracia líquida pospandemia” en la última edición de la Revista Comunicación, de la Fundación Centro Gumilla, desde una perspectiva crítica y alternativa.

 

“En la esfera política que aquí me ocupa, la prospectiva indica un crecimiento desmedido del poder de los Estados, la llegada del Big Brother Orwelliano. Solo llega con 60 años de retraso, multiplicado como en perverso juego de espejos por cuanto autócrata decida transitar algunas de las conocidas desviaciones de la democracia. Se espera, sí, el brote incontenible del populismo, nacionalismo, autoritarismo, mesianismo, imperialismo, etcétera”, advierte la especialista.

 

Más adelante, se pregunta: “¿Qué haremos nosotros frente a tales situaciones esperadas de control social? La respuesta es bastante evidente: los ciudadanos del mundo también navegan en esas tendencias tecnológicas, pueden usarlas para su propia protección; mejor aún, pueden usarlas para controlar a su vez a los gobiernos”. 

 

En ese sentido, nos habla sobre la llamada e-democracy, democracia digital, o democracia líquida, descripción apropiada y dominante en blogs y plataformas de usuarios de la tecnología blockchain como una oportunidad real de acción ciudadana, gracias a esa tecnología que modificará, cuanto menos, el modus operandi de la política que también tendrá su modificación de la forma política de la democracia.

 

Sin duda, habrá que hacer los cambios pertinentes para superar la forma de democracia actual.

Según Capriles, con la dupla pandemia-cuarentena se ha instalado el control del Estado sobre las personas y de esa forma las nuevas tecnologías –que antes usábamos para el desarrollo personal- ahora son también instrumentos de un experimento global de control de masas que, si bien ya se sabía desde antes, ahora es clave en el mundo.

“El Estado y los gobiernos, justificados por la razón de salud pública, pueden añadir las nuevas tecnologías de vigilancia y control a las viejas prácticas del uso de la violencia legítima para confinar la población a discreción” –advierte-, “una situación inestable por las extremas dificultades que tendrán los mismos Estados para soportar todo el peso que les deja esta pandemia”.

 

Y remata: “Para gobiernos ya autoritarios, la oportunidad es máxima pues el control sanitario instala de manera justificada la vigilancia permanente, la conscripción masiva de poblaciones, la gente en casa, la ocupación de las calles por las fuerzas armadas, con carta abierta para detener a todo transeúnte. Es la situación perfecta para ejercer absoluto control; ya no solo sobre los comportamientos sino hasta pensamientos y deseos de las personas que se lo cuentan todo en medios digitales.  El miedo al contagio se añade al miedo al tirano, pero el miedo al contagio supera, incluso justifica el control estatal”.

 

Entrando en materia de la democracia líquida, la especialista venezolana expone, entre otras, la siguiente interrogante: ¿Estamos entonces destinados a sucumbir a las tendencias de control del Estado, la pérdida total de nuestra privacidad, la conversión de todos los pobladores del mundo en sujetos con un chip implantado que monitorea su salud y reacciones emocionales?

 

La democracia líquida es un método de votación digital (tecnología blockchain), según reseña Capriles, que permite al votante consignar su voto directamente sobre asuntos públicos de su interés o delegar un representante específico para cada uno o varios asuntos. El sistema garantiza idoneidad y efectividad del voto y permite el control sobre el resultado.

 

“No necesita un ente electoral central para garantizarlo ni mediarlo; es un instrumento en manos de la ciudadanía y controlado por la misma cadena incorruptible y sumatoria de la voluntad de los ciudadanos”, afirma la autora, “Por eso se dice que es una nueva forma de democracia: un híbrido entre la democracia representativa y la democracia directa”.

 

Es representativa porque la persona puede escoger un representante que decida por él sobre las leyes que regirán al Estado, pero también puede retirar en tiempo real esa delegación y decidir directamente en los asuntos públicos. Esto presupone, nos ilustra Capriles, una forma distinta del vínculo de representación; no la elimina, la modifica al pasar la potestad de decisión a los ciudadanos.

 

“Es corolario inevitable de esa teoría que los ciudadanos con las nuevas tecnologías podrían exigir mayor participación sobre las leyes de un parlamento o incluso sobre las decisiones ejecutivas (municipales, regionales, presidenciales), pero también sobre los organismos internacionales que influyen en la vida de los habitantes del planeta”, afirma la especialista venezolana.

 

“No tengo dudas de que esos cambios vendrán, pero también sé que será lentamente, tras mucha resistencia. El control político será compartido si, y solo si, la ciudadanía se activa para seguir avanzando hacia la distribución democrática del poder”, agrega.

 

Nos explica Capriles que la tecnología Blockchain es una base digital que almacena información en una red grande de usuarios, pública pero descentralizada. La información, cada transacción de un usuario en una red, es almacenada en un “bloque” engarzado en la cadena o base de datos. En el caso electoral, cada bloque contendría el voto en la cadena formada por todos los votos, siendo la misma cadena, inalterable, la garantía del voto total o resultados de la votación.

 

Prosigue que una vez verificado el voto por el usuario y la información del votante es verificada respecto al REP digital, el block recibe el código criptográfico, entre en la cadena y se vuelve público para todos los conectados en la red. De esa forma, cada usuario podría conocer las decisiones de votantes anteriores (la cadena hacia atrás) y la adición de cada nuevo voto. Así, cada voto es almacenado en un bloque de la cadena (blockchain), siendo la misma cadena, y la imposibilidad de alterar las transacciones, la garantía del voto total o resultados de la votación.

 

Las ventajas de esta propuesta son, en primer lugar, un mayor control ciudadano sobre el gobierno y los grupos de interés; en segundo lugar, que ayudaría a elevar la confianza en la efectividad del voto y aumentaría la participación ciudadana; en tercer lugar, haría más difícil el uso indebido de la influencia y el lobbying de grupos de interés; y, en cuarto lugar, la delegación en expertos y personas de confianza contribuiría a producir votos informados y racionales.

 

Capriles concluye –resumido en este texto: 1. Las proposiciones de la democracia deliberativa y digital muestran cuando menos que, con la participación activa de los ciudadanos, hay vías para reformar la democracia, limitar sus excesos, resaltar sus virtudes y atenuar sus debilidades, incluso bajo el vigilantismo y control gubernamental que según los expertos globales será tendencia pospandemia. 2. La reforma de la democracia para adaptarse a la modernidad líquida y ofrecer soluciones a las exigencias por una teoría revolucionaria de pensamiento global pospandemia. 3. La mayor resistencia al cambio puede esperarse de los actores políticos. No solo son las formas políticas de larga duración, los políticos son actores sociales más resistentes al cambio; se apegan a las fórmulas que les han permitido ejercer el poder. 4. Para salir del presente es necesario ver y prever el futuro. En los últimos 21 años, nos hemos acostumbrado a experimentar la política como una guerra permanente y fratricida de todas las instituciones del Estado contra los ciudadanos. Conviene refrescar que eso no es la política. La política es un orden de autoridad que se justifica y legitima solo por cumplir la función de producir el bien común. La política no es para aniquilar a los ciudadanos o someterlos a la voluntad de los líderes; el espacio de la política es donde los líderes sirven al bien común.

Entre dólar y bitcóin: La (in)conveniente espectacularización

 Por Guillermo Mejía

 

¿Cuánto comprende la ciudadanía luego de dos décadas de la imposición del dólar como moneda nacional?, ¿cuánto comprende sobre el bitcóin o criptomoneda camino a su entrada en vigencia en septiembre? Al menos, son dos preguntas que surgen en medio del laberinto mediático que más que entendimiento y visión crítica prioriza la espectacularización de la información.

 

Más allá de los especialistas que se dividen a favor o en contra de la divisa del imperio norteamericano o, en el caso de la moneda virtual, se muestran optimistas o pesimistas, el común denominador de los ciudadanos mantiene preguntas más que certezas sobre ambos eventos que marcaron la vida cotidiana, como en el caso de la dolarización, o lo que de seguro será la caja de sorpresas que depara el bitcóin.

 

En este caso utilizo la expresión (in)conveniente en dos sentidos: primero, que no nos conviene como ciudadanos que los temas de interés público sean espectacularizados al mejor estilo de los reality shows; y segundo, que sí conviene a los intereses mercantiles y políticos-ideológicos que mueven a los medios de comunicación esa perversión de lo que debe ser la cobertura periodística profesional.

 

Y, claro, estos son temas que sirven de ejemplo para evidenciar una práctica nefasta como común que caracteriza mucho al trabajo informativo.

 

Nos recuerdan los profesores españoles Emelina Fernández Soriano y Juan Torres López que la Real Academia da al término espectáculo tres posibles connotaciones muy significativas: atraer la atención; inducir deleite, asombro, dolor u otros afectos, más o menos vivos o nobles; y causar escándalo o gran extrañeza.

 

“Eso quiere decir que el espectáculo es siempre un producto, la consecuencia provocada, conscientemente buscada y resultado de una estrategia específicamente diseñada y puesta en acción”, afirman los intelectuales mencionados en su artículo de opinión “El negocio de idiotizar”, publicado en la revista virtual Ctxt Contexto.

 

“Los contenidos de los procesos de comunicación que se conciben para ser espectáculos han de tener, pues, una factura determinada y singular que debe responder a la intención con que se crea. Para atraer la atención, el espectáculo en el medio de comunicación debe ser impactante, inmediato y veloz, carente de complejidad y lo más superficial posible para que sea percibido con la menor inversión de tiempo y reflexión”, sostienen.

 

En nuestra memoria quedaron registradas las “bondades” que ofreció la derecha gobernante de aquel entonces cuando metieron el dólar -sin consulta- con el despertar amargo que significó el manejo de la moneda norteamericana y la desilusión de tener que gastar en dólares, mientras los sueldos quedaron en colones. De los dieces o pesetas pasamos a que lo mínimo fue pagar una “cora” por producto.

 

Y todo ese proceso bendecido a través del discurso mediático dominante que en la actual coyuntura se divide entre quienes alaban la llegada del bitcóin o la desaprueban, medida que lamentablemente se maneja dentro de la espectacularización mediática que irrumpe en contra o a favor de la postura oficial que nos vende un nuevo paraíso. ¿Entiendes el proceso?

 

“El espectáculo desnaturaliza la comunicación porque solo fluye de un lado a otro y distrae. Relaja, en todos los sentidos del término, el cuerpo y nuestro cerebro. Nos hace idiotas en el sentido griego de la palabra (quien se aleja de sí mismo y de la polis) y en el latino (persona sin educación e ignorante) porque nos ensimisma y aísla del contexto en que se desenvuelve y explica nuestra experiencia”, advierten los profesores Fernández Soriano y Torres López.

 

“Y todo ello resulta especialmente trascendente cuando lo que convierten los medios en espectáculo es el debate político. Entonces, este se escenifica y se construye artificialmente, deja de ser un diálogo natural o un reflejo veraz y espontáneo de lo que ocurre fuera.” –agregan- “Se modela y se perfecciona estratégicamente y, por tanto, se redibuja y reconstruye. El ‘paquete’ del debate político convertido en espectáculo es banal y a ser posible entretenido, bipolar, superficial, nunca en profundidad, provocado, anecdotizante y emotivo, buscando, sobre todo, el impacto emocional a fuerza de promover artificialmente el choque, el desencuentro y la contienda”.

 

Según los autores, la tendencia hacia el predominio del espectáculo en la producción de los medios es la consecuencia de convertir la comunicación en una mercancía que hay que rentabilizar, procurándose una demanda lo más amplia y fidelizada posible, lo que solo se puede conseguir recurriendo a contenidos planos que puedan ser susceptibles de atraer a cualquier tipo de consumidores.

 

“Es decir, ofreciendo contenidos no sutiles, susceptibles de ser asumidos sin distinción ni criterio, superficiales. Y ha sido la oferta masiva de ese tipo la que ha creado su propia demanda porque, al difundir esos contenidos, conforma también al tipo de sujeto social que los prefiere, un ser cada vez más aplanado y vacío, conformista, que rehúye las verdades incómodas o todo aquello que ponga en cuestión su esqueleto normativo particular”, agregan.

 

Concluyen los profesores españoles que “Si de verdad queremos vivir en democracia hay que garantizar que la población delibere en condiciones de auténtica libertad y eso significa que hay que impedir que el debate político se prostituya, como ocurren cuando se convierte en espectáculo que, en lugar de promover el conocimiento y la capacidad efectiva de elección, siembra la confusión y aviva el fuego del enfrentamiento e incluso del odio civil.”

 

Y añaden: “Es imprescindible que los medios públicos se conviertan en el espacio natural de estos debates, quizá la forma más auténtica de mostrar que se encuentran realmente al servicio del interés general. Pero también hay que exigir que el debate que se desarrolla en los medios privados sea plural, reflexivo, ciudadano y no cainita, formativo y habilitador de la capacidad de preferir y decidir auténticamente en libertad”.

 

En ese sentido, el también profesor español Carlos Álvarez Teijeiro señala que los medios de comunicación se habrían convertido en deficientes gestores del espacio público, al grado de hacer por completo imposible el progreso del discurso público de la democracia.

 

Las razones que expone el maestro son en primer lugar, la proliferación de seudoacontecimientos o acontecimientos mediáticos; en segundo lugar, la cobertura trivial de la vida política, social, cultural y económica; y, en tercer lugar, la progresiva conversión de la información y de la educación en entretenimiento, siguiendo la implacable lógica del capitalismo.

 

“El desafío del siglo XXI es que los medios se muestren como lugares privilegiados para ayudar a las audiencias a que definan sus papeles ante sí mismo y ante los demás. A eso se añade la capacidad institucional de los medios para convertirse en foro de encuentro, diálogo, argumentación y debate, en el seno de la historia y aspiraciones éticas que entienden el periodismo como gran conversación del conjunto de la sociedad”, afirma Álvarez Teijeiro.

 

“Se trata de comprender que la calidad de la vida democrática depende, en gran parte, de la calidad del sistema de medios y tecnologías de la comunicación que la hacen posible. Y de que tal calidad es difícilmente alcanzable si los medios no son capaces de destinar recursos a reflexionar sobre la responsabilidad que les confiere ocupar un lugar de privilegio en la definición y gestión del espacio público”, añade.

 

Y concluye: “Los poderes y las capacidades que las nuevas tecnologías ofrecen a los medios de comunicación son poderes y capacidades éticamente neutros hasta que se les otorga un sentido preciso, y valdría la pena completar la metáfora del cuarto poder con la clara conciencia de que el poder de los medios es también, y sobre todo, el poder de servir”.

 

Hay que trascender, pues, del ser idiota que produce la espectacularización mediática. Vaya reto.

La libertad de expresión ciudadana en “manos privadas”

 Por Guillermo Mejía

Las grandes compañías dueñas de las plataformas sociales digitales como Facebook, Google y Twitter, entre otras, han pasado a controlar el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos, ya que siendo entidades privadas han creado regulaciones sobre lo que es publicable o no, más allá del papel del Estado y la presencia de organizaciones de la sociedad civil.

Las advertencias las hacen los académicos argentinos Martín Becerra y Silvio Waisbord en su artículo “La necesidad de repensar la ortodoxia de la libertad de expresión en la comunicación digital”, publicado en Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales, Vol. 60, número 232, correspondiente a mayo de 2021, en Buenos Aires.

Basados en la experiencia del flujo de informaciones y opiniones durante la pandemia Covid-19, entre otros eventos, los especialistas afirman que “varias decisiones de las plataformas dominantes generaron enormes controversias sobre su posición descollante y la atribución de ser las grandes editoras del discurso público”.

Recuerdan la decisión de Twitter de remover “posteos” del presidente Jair Bolsonaro, de Brasil, y suspender las cuentas de funcionarios del ministerio de Salud Pública, de Venezuela, y la Revista Crisis, de Ecuador. Además, de Facebook, de ocultar mensajes de Bolsonaro o silenciar a periodistas y activistas de Túnez.

La censura al ex presidente estadounidense Donald Trump hace un año y posteriormente en el marco de las elecciones que ganó el actual mandatario Joe Biden fueron los momentos más críticos del accionar de las plataformas sociales digitales que, en el último caso, también fueron acompañadas por canales de televisión abierta ante las denuncias de fraude electoral.

“Los ejemplos previos –y el posterior bloqueo a Trump en las vísperas del fin de su mandato– dejan a las claras que las compañías actúan de hecho como reguladoras del discurso público según, en principio, lineamientos de conducta corporativos”, advierten los académicos argentinos.

“Son decisiones problemáticas por varias razones. Una de ellas es su discrecionalidad, en tanto que no son aplicadas estandarizada o sistemáticamente en todos los casos cuando determinados “posteos” van contra sus propias reglas. Los casos mencionados no son los únicos en los que supuestamente gobiernos o medios de información producen contenidos contrarios a los términos y condiciones de cada plataforma”, agregan.

Por si fuera poco, las decisiones de las plataformas sociales digitales son opacas, ya que no suelen explicar las razones que tienen para aplicar la censura o intentan involucrar a varios actores públicos en la definición de áreas problemáticas de discurso y respuestas necesarias. Gozan de una enorme autonomía frente al Estado, sociedad civil y otros actores.

Nos dicen Becerra y Waisbord que “los objetos y prácticas que tenían como referencia directa los trabajos señeros sobre libertad de expresión, de los que las leyes del siglo XIX hasta mediados del siglo XX fueron su representación normativa, ya no funcionan como antaño ni vehiculizan la mayor parte de los intercambios de noticias y opiniones en las sociedades contemporáneas”.

“Nuevas prácticas, masivas y globales, colocan los estándares sobre libertad de expresión en una zona de incomodidad para satisfacer con respuestas claras y expeditas a problemas de reciente aparición: la discriminación y el acoso sistemático de trolls contra una persona o grupo de personas en plataformas digitales puede acabar con su reputación y amenazar su vida misma antes de que se sustancie el correspondiente trámite judicial que demandaría la lógica pensada en tiempos en los que la prensa, la radio y la televisión contaban con responsabilidad editorial sobre sus emisiones y rutinas productivas que hoy parecen parsimoniosas en comparación con el vértigo de las redes”, añaden.

En ese marco, según los autores, la libertad de expresión asentada en principios del liberalismo moderno, especialmente la noción del “mercado de ideas” como principio rector, es insuficiente para definir lo que entendemos como “comunicación democrática” de acuerdo al paradigma universalista sobre el derecho a la expresión cristalizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y los estándares que, desde entonces, fueron instituidos en el mundo.

“La maximización de la expresión de una voz más poderosa –ya sea el Estado o el mercado– que limita la intervención de cualquier actor produce fenómenos contrademocráticos que atentan contra derechos humanos fundamentales para la vida pública, como el derecho a la vida, la no discriminación, la privacidad, y la protección de datos. La versión maximalista, que rechaza cualquier tipo de regulación o cortapisa a la presunta absoluta libertad individual de expresión en su dimensión individual, entra en cortocircuito con otros derechos fundamentales para la democracia desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial”, agregan.

Frente a los desafíos de ese control de hecho de las corporaciones que dominan las plataformas sociales digitales, Becerra y Waisbord concluyen:

“Si reconocemos que tanto el discurso del odio como otras formas de expresión contrarias a una comunicación democrática, como la desinformación y el acoso digital son ingobernables, no queda claro cuáles son las posibles intervenciones sociales y opciones regulatorias. ¿Cómo regular lo aparentemente imposible de regular? ¿Qué hacer frente al discurso violento destinado a negar la humanidad de otros, eliminar reglas básicas de la comunicación en democracia y socavar las bases de lo público? ¿Cómo proteger al mismo tiempo el derecho a la expresión y los derechos múltiples que las democracias deben garantizar a la ciudadanía?”

“Estos interrogantes son medulares en la estructuración del espacio público (y en el reposicionamiento del espacio privado) de comunicación y, por ello, la vocación democrática del proceso elegido para la búsqueda de respuestas condicionará no solo su posterior eficacia, sino su legitimidad. Dejar en manos de unas pocas corporaciones esta tarea, por el contrario, le restará ambos atributos, con los efectos ya conocidos y padecidos en materia de derechos civiles y políticos”.

Desde nuestra región, el problema no trasciende a la discusión pública por parte de los políticos o las organizaciones de la sociedad civil, muchos de ellos impresionados –o más bien fascinados- con el acceso a las redes sociales para exponer sus puntos de vista frente al concierto de opiniones diversas sobre infinidad de tópicos.

Mucho menos se ve con preocupación en la ciudadanía, ya que parece ser que se han tragado la píldora que con esos mecanismos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación realmente se puede hablar de la “democratización” de la sociedad, ante la cual tienen una gran deuda los medios de comunicación tradicionales por las barreras que imponen.

Y, por supuesto, mucho menos se escucha un discurso crítico frente a esa intervención desproporcionada de las compañías trasnacionales por parte de gobernantes de turno, como el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que se muestra cómodo en ese espacio virtual desde donde “postea” cualquier información, comentario o desinformación.

Al contrario, en septiembre de 2019, Bukele habló en las Naciones Unidas sobre las redes y las nuevas tecnologías, también de lo obsoleto del formato de la reunión y se tomó una selfi: “Créanme, muchas más personas verán esta selfi que las que escucharán este discurso… espero que haya salido bien”, dijo. Hace falta más visión crítica sobre el fenómeno.

Ley de protección de los periodistas… ¡En la otra esquina!

 Por Guillermo Mejía

El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa y resulta oportuno denunciar la negativa de los diputados de la Asamblea Legislativa saliente a aprobar la tan necesaria ley especial para proteger a periodistas, comunicadores y trabajadores de la comunicación y la información que duerme el sueño de los justos a pesar de las dificultades que se afronta en el ejercicio de la profesión periodística.

La comisión legislativa encargada del estudio y dictamen del anteproyecto al final se tiró la pelota sin que se concretara el esfuerzo del gremio de prensa, con lo que se demostró no solo el menosprecio hacia tan importante trabajo en función social, sino que en el país se imponen intereses particulares de políticos y mercaderes que hacen usufructo del derecho a la comunicación e información.

Desde la Mesa de Protección a Periodistas y Trabajadores de Medios Relacionados con la Información, donde está integrada la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), se ha insistido en la creación de ese instrumento titulado Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Comunicación y la Información.

Reza el anteproyecto que a los periodistas se les busca “garantizar su prevención, protección y resguardo ante cualquier tipo de vulneración, agresión o atentado que ponga en riesgo su vida, integridad, seguridad y goce de sus derechos relacionados al ejercicio de la labor periodística o comunicacional”, en un contexto en que reina la tirantez en las relaciones de parte de la prensa con el gobierno de turno.

Es obvio, sin embargo, el conflicto de interés que sufren los políticos de los diferentes partidos, para quienes es mejor tener un cuerpo de prensa desprotegido y a expensas del vaivén de decisiones corporativas –en sintonía con los que ejercen el poder- que una prensa que demande acceso a la información pública y devele los entretelones de los gobernantes de turno.

Es de señalar que muchas naciones alrededor del mundo cuentan con el estatuto de protección del periodista y vale recordar al diputado francés Emile Brachard que en 1935 apoyó la sanción del estatuto para defender al periodista frente a las empresas periodistas, gobiernos de turno y sectores de poder que caen en la tentación de vulnerar los derechos de los periodistas.

“El periodista desempeña en la sociedad un papel principal, representa una parte de las fuerzas sociales que emanan de la opinión, influye en la política, en las ideas, en las costumbres, y sin embargo no tiene fuerza para defenderse a sí mismo”, advirtió en aquella oportunidad Brachard ante una situación que todavía persiste en el caso salvadoreño.

En otras ocasiones he considerado que uno de los derechos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.

Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema se mantienen invariables. El riesgo de eternizar esas condiciones de los que tienen en sus manos el sistema mediático continúa, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.

Hay que agregar el hecho que el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, así como la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.

La sociedad salvadoreña no puede caer en el espejismo que porque algunos medios de comunicación social tradicionales están en abierto conflicto con el gobierno de turno significa a todas luces que el ejercicio profesional del periodismo ha mejorado. En la mayoría de casos son más bien expresiones políticas de intereses corporativos que jalan agua para sus propios molinos. Sin duda, en menor cuantía, hay que destacar también que existen algunos espacios informativos que trabajan fuera de esa lógica del poder.   

Ante las actuales circunstancias en que se ve inmersa la actividad periodística hay que insistir en la necesidad de la apertura a la pluralidad, para la construcción de una agenda que posibilite la participación de todos; la lucha por la integridad profesional de los periodistas; la creación de observatorios de medios; el compromiso de empresarios y políticos en no entorpecer el trabajo periodístico.

Además, la promulgación del estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; colocar a la ética como eje central del trabajo periodístico; y la lucha por la dignificación del periodista.

La otra deuda de los diputados salientes es la no aprobación de la ley referida a la creación de los medios públicos, cuyo anteproyecto fue presentado durante el primer gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque resultó irónico y trágico que esa “idea subversiva” también era temida al interior del gobierno de Mauricio Funes porque necesariamente podría empoderar a la ciudadanía. Qué vergonzantes.

Mejor una sociedad mansa y más si esa sociedad es mensa. Con lo que se puede advertir el menosprecio al derecho ciudadano por parte de los políticos, sin importar sus posturas ideológicas, al grado que -en lugar de medios públicos- el gobierno de Nayib Bukele optó por remozar el canal 10 y creó el Diario El Salvador, con fondos públicos, para enfilarlos en su ofensiva mediática. Qué oportunistas.   

También hay que decir que en el pleito de los diputados con Bukele, la Asamblea Legislativa saliente sacó un informe sobre los ataques del gobierno a los medios y a los periodistas, luego del trabajo de una comisión especial que documentó algunas quejas de los colegas. Claro, una medida política coyuntural, ya que, al final, ni la ley especial de protección a los periodistas ni la de creación de medios públicos fueron aprobadas. Qué mezquinos.

En síntesis, ni los políticos, ni las corporaciones están interesados en ese tipo de esfuerzos que irían en beneficio de los periodistas y ciudadanía en general, y si a la Asamblea Legislativa saliente le temblaron las manos para promulgar esas leyes tan importantes y necesarias, pues la nueva Asamblea Legislativa -a la orden de Bukele- ni en sueños se echará ese trompo a la uña.

Pasa como en el juego de antaño “cuartillo de aceite”… ¡En la otra esquina!