Por Guillermo Mejía
En el tratamiento de temas de corrupción el periodista no puede convertirse en juez o en un superhéroe que representa la cruzada por la honestidad, sino en un creador de conciencia sobre la necesidad de construir una sociedad en que se respeta la dignidad y los derechos con el respaldo de toda la sociedad.
Esas son las conclusiones del experto en ética periodística, el colombiano Javier Darío Restrepo, durante su intervención en la Universidad de Chiclayo, en el Perú, donde habló sobre la corrupción como desafío para la prensa latinoamericana en momentos en que esa lacra desmorona los ya desprestigiados sistemas políticos de la región.
“La corrupción para nosotros puede ser un tema de denuncia que nos convierte, a la vez, en jueces y brillantes defensores de la honestidad, algo así como superhéroes… como veremos ni la una ni la otra son las respuestas que la prensa debe darle a este mal social de la corrupción”, dijo Restrepo.
Según el maestro, los periodistas deben ir más allá del simple registro noticioso, pues son responsables del potencial educativo y de la influencia que tienen sobre la sociedad; es decir, tienen una permanente creación de conciencia de las personas por medio de la información. Aunque, hay que decirlo, mucha prensa solamente le interesa crear consumidores acríticos.
“Limitarnos a contar la historia de cada día es un pobre objetivo profesional y una vergonzosa manera de apreciar esta profesión”, sentenció. “¿Acaso lo que se espera de la prensa y lo que ella puede hacer es solamente entrevistar y reportar, pero no influir?, ¿nos hemos convencido, acaso, de que no podemos cambiar algo en materia de corrupción?”, preguntó.
Sin embargo, aclaró que el periodista no debe caer en la instrumentalización por parte de políticos y gobernantes que ven en la corrupción ajena un argumento de ataque a sus contrarios, quienes, a su vez, se defienden de la misma manera, de modo que a la gente sólo le queda concluir frustrada que todos son corruptos y no hay nada que hacer en la sociedad.
“Convertir la corrupción en arma de los políticos para atacar a los contrarios es una forma de banalización que condena a la sociedad a convivir y aceptar como rutina cultural las prácticas de los ladrones y estafadores… esta es una forma de legitimación”, afirmó Restrepo, lamentablemente la prensa ha sido un actor cómplice.
La sociedad necesita que los periodistas indaguen en el pasado de los casos de corrupción, el papel de la institucionalidad, los controles, el sistema de contratación, la participación ciudadana frente a esos hechos en el antes y el ahora de los eventos, en fin, hasta plantear el futuro del hecho de corrupción.
“El futuro del hecho, a su vez, provee temas y subtemas: ¿de seguir como están los controles y las obras públicas a qué se expone la ciudadanía? En manejo de los dineros públicos, en calidad de las obras y, sobre todo, en el impacto de la confianza pública. Debe incluirse una visión futurista sobre las consecuencias de ese deterioro progresivo de la confianza pública que previene la corrupción”, remarcó.
Por otro lado, lamentó que el proceso de asimilación de la corrupción se intensifica en los consumidores especialmente con la información digital que es muestra de información condensada bajo titulares que pretende resumir hechos sin análisis, sin pluralidad ni diversidad de fuentes, y sin mayores esfuerzos para analizar ni para hacer una mirada crítica.
“He descrito una generalizada incapacidad crítica como consecuencia de la mala utilización de una ambiciosa tecnología. Utilizada torpemente crea una ciudadanía vulnerable a la corrupción, porque la incapacita para el pensamiento crítico, para dudar y hacerse preguntas”, advirtió Restrepo.
“A medida que la tecnología reemplace nuestras capacidades: la memoria, el análisis, la investigación, crecerá una sociedad inerme ante la ofensiva de los corruptos”, sentenció el maestro colombiano.
miércoles, marzo 28, 2018
martes, marzo 20, 2018
Por una ciudadanía activa en las elecciones presidenciales de 2019
Por Guillermo Mejía
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
Ante al desencanto popular en los comicios legislativos y municipales de 2018 con la ausencia manifiesta en las urnas, la abstención, el voto nulo y una raquítica votación a favor de los contendientes que ha dejado un sinsabor en el sistema de partidos políticos, es necesaria la presencia crítica de la ciudadanía en las elecciones presidenciales de 2019.
Resulta materia común en analistas y políticos la resaca del sistema político luego de veinte años de gobiernos neoliberales del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y casi 10 años del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) que se conformó con ser más de lo mismo.
Hay que celebrar el hecho que, al contrario de procesos anteriores, se experimentó con modalidades ciudadanas en algunos espacios: Por ejemplo, entregas informativas sobre contradicciones entre realidad y hechos por parte de los políticos, la falta de robustez moral de algunos candidatos, y la presencia del crimen organizado y el narcotráfico en la contienda.
Sería oportuno que dentro del periodismo se profundizara en este tipo de modalidades para ciudadanizar las elecciones de 2019 con el establecimiento de agendas periodísticas que partieran de la participación ciudadana en el debate para confrontar a los políticos desde las necesidades de las comunidades y que éstas dejen de ser receptoras pasivas del marketing político.
La gente no asistió, se abstuvo, anuló el voto. La votación fue pobre.
“Nunca antes en la historia de El Salvador la opción de anular el voto había tenido tantos adeptos”, observó el periódico digital El Faro, “si las casi 180,000 papeletas que fueron anuladas en las elecciones del pasado 4 de marzo las hubiera cosechado una hipotética formación política (…) este instituto habría ganado seis curules”.
Y remató: “De la mano al incremento de los votos nulos, en las elecciones del 4-M hubo una disminución en la participación de electores: 4.5% menos en relación a 2015. Asimismo, los dos principales institutos políticos de El Salvador, Arena y el FMLN, disminuyeron su caudal de votos en un 7% y 44%, respectivamente. En el caso particular del FMLN, la sensible reducción de votantes en 2018 le ha significado sufrir la peor derrota de su historia democrática”.
Sobre la necesaria ciudadanización de las elecciones, una advertencia muy importante hizo en La Prensa Gráfica el politólogo Marlos Hernández-Anzora, quien señaló que el abuso de la técnica storytelling –en marketing conectar con éxito imagen y consumidores- “bien podría ser un nuevo recurso ideologizante, con tendencia a convertirse en envases carentes de ideas”.
“Estas narrativas suelen decantarse por la verosimilitud antes que por la solidez y fundamentación de las propuestas y los planteamientos políticos, haciendo más importante el nombre, el eslogan o la extravagancia misma de una propuesta, antes que el desarrollo de esta. En ese sentido, el vaciamiento programático de las campañas electorales es cada vez mayor, generando una oferta política con muchas historias y sonrisas pero con pocas ideas”, señaló el politólogo.
“Al hablar de vaciamiento programático no me refiero una excesiva racionalización de las propuestas políticas, sino a narrativas que llamen a la interacción y al involucramiento ciudadano para una discusión política más permanente sobre sus problemáticas, es decir, una participación más consciente y constante, que vaya más allá del reducido acto de votar”, agregó.
Por ende, urge la participación ciudadana en los procesos electorales como en todo lo que involucra a la política. Urge que los mismos medios asuman el compromiso que combine comunicación y educación frente al ejercicio del poder y, obviamente, que muchas instancias de la sociedad civil también se comprometan con la ciudadanía y que dejen de aplaudirle a quienes ostentan ese poder.
martes, marzo 13, 2018
Los caminos del Fmln: Reivindicarse o seguir en la politiquería
Por Guillermo Mejía
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
El partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) luego de su debacle electoral ante una derecha alicaída y atomizada tiene dos caminos: por un lado, hacer los esfuerzos para enrumbar su proyecto original popular o, por otro, continuar el camino errado que lo ha llevado a ser otra fracción politiquera.
“Mi gobierno está tomando muy en cuenta los resultados electorales; ahí hay un mensaje para el gobierno, vamos a rectificar, tomamos con mucha humildad esa decisión de muchos que no fueron a votar porque no están conformes con algunas decisiones que se han tomado en el gobierno”, dijo el presidente Salvador Sánchez Cerén.
Por ejemplo, según el mandatario, “ningún ministro o viceministro está aferrado a su cargo y lo más importante es que la población sienta que los cambios son una realidad”, palabras con las que ha marcado distancia de otros dirigentes que se han mostrado reacios al reclamo de bases que demandan cambios también en la cúpula del Fmln.
En los dos períodos de gobierno, la gente ha visto cómo el grupo de privilegio que hace de las suyas desde el partido diseminó sus cuadros en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial o entabló alianzas con personajes de dudosa reputación provenientes de otros sectores, especialmente de la derecha, situación que ha causado malestar en partidarios o simpatizantes del Frente.
Para tratar de esconder la crisis que desembocó en el revés electoral del cuatro de marzo, algunos dirigentes del Fmln como el candidato a diputado –y viceministro- José Luis Merino incluso acusó a empleados públicos y municipales de ser los responsables y hasta les “mentó la madre”.
Merino –conocido como Comandante Ramiro en las filas guerrilleras- fue señalado por sectores recalcitrantes de la política estadounidense de estar involucrado en acciones del narcotráfico. Dentro de los políticos y medios de prensa salvadoreños se ha criticado al gobierno de Sánchez Cerén por crearle una plaza de viceministro a fin de que goce de inmunidad.
Y, precisamente, una de las razones de la derrota del Fmln que señaló recientemente la Universidad Centroamericana (UCA) ha sido la tolerancia a casos de corrupción.
“Que el Gobierno haya protegido a algunos de sus funcionarios señalados de irregularidades quedó grabado en la memoria de la población. No se puede promover el combate a la corrupción cuando no se da ejemplo”, advirtieron los jesuitas.
“Los casos que fueron ventilados por los grandes medios de comunicación, aunque no fueron muchos, mandaron el mensaje de que la corrupción no es patrimonio de los partidos de derecha. Además, el estilo de vida de los funcionarios y diputados del FMLN (carros de lujo, trajes, viajes) dejó claro que el poder corrompe a cualquiera y los puso al mismo nivel de los políticos tradicionales”, agregó la UCA.
Por otro lado, señalaron la crisis económica: “Ni la administración de Mauricio Funes ni la de Sánchez Cerén se animaron a tocas las medidas neoliberales que están a la base de la crítica situación de la economía nacional. Tampoco a implementar la tan necesaria como postergada reforma fiscal progresiva”.
El colega Ricardo Vaquerano escribió en la revista digital Factum las siguiente conclusión lapidaria: “El FMLN está lejos de aquella organización de hace años que predicaba un credo de causas nobles. Hoy es algo parecido a una compañía de espectáculos acaso más digna de Las Vegas que de un país hundido en la miseria de la pobreza, de la impunidad, de la exclusión, de la violencia y de la corrupción”.
El turno es del partido oficial Fmln, su cúpula y sus bases, sus representantes en los órganos de Estado, por cuanto el tiempo apremia para corregir el extravío que en primer lugar le costará la elección presidencial en el 2019 y, en segundo lugar, que continúe el camino recorrido ya por pasadas fuerzas políticas que de la gloria pasaron al desprecio del pueblo.
martes, marzo 06, 2018
Las elecciones del desencanto, la desconfianza y el castigo
Por Guillermo Mejía
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
Como era de esperar, las elecciones legislativas y municipales del cuatro de marzo han dejado un sinsabor en lo que se denomina clase política, dado la escasa participación popular en el evento electoral, situación que se veía venir por el desencanto y la desconfianza ante la situación imperante.
Si bien el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene la potestad en ofrecer los datos estadísticos oficiales sobre la jornada electoral, los políticos participantes, los electores y los periodistas fueron testigos de otra precaria participación de la gente desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, en enero de 1992.
Los políticos, interesados en el reparto de los votos, más allá de sus ganes o derrotas en las urnas deberían hacer un análisis serio y profundo de la crisis de legitimidad en que el sistema ha caído frente a la desesperanza ciudadana especialmente por la crisis económica y la violencia fratricida que no dan tregua.
Previo a los comicios legislativos y municipales, las cifras sobre crímenes en los dos primeros meses del año registran 308 homicidios frente a 247 ocurridos en 2017. Un dato peculiar explotado en los medios de comunicación fue que en el período reseñado se contabiliza el asesinato de 72 mujeres.
De todos es conocido que el mayor desgaste electoral lo ha sufrido el partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), ya que, entre otros factores de carácter interno, tiene la conducción del Ejecutivo en un período en que la población carece de certidumbre y se ha vuelto sumamente crítica.
Las autoridades electorales informaron preliminarmente que la participación rondó el 45 por ciento, y ahí hay que establecer la cantidad de votos nulos o abstenciones que se produjeron. Decisiones que se tomaron frente al desencanto y desconfianza de la gente más que producto del éxito de políticos oportunistas.
Resultó difícil para el conglomerado elegir con certeza y confianza frente a una oferta electoral que incluyó a candidatos que han negociado con delincuentes, otros mencionados en relaciones con el narcotráfico, enriquecimiento ilícito, en fin, una camándula de delitos y vicios que provocaron rechazo en los votantes.
Una de las cosas positivas que ha dejado el reciente proceso electoral es que esta vez algunos medios de comunicación tradicionales, pero especialmente medios digitales, se volcaron en presentar a sus audiencias algunos pormenores acerca de las deudas de los políticos frente a sus promesas, así como el quién es quién de los políticos contendientes.
Lamentablemente, como nunca antes desde la firma de los Acuerdos de Paz, en enero de 1992, esta vez hubo denuncias de mayores cortapisas al trabajo de los periodistas en los centros de votación, anomalías que se suman a otras de procedimiento del proceso cuya responsabilidad cae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Eso sí, se prevé que para los próximos comicios se van a afinar más los mecanismos, tanto de logística como de trabajo informativo, por ejemplo, que hagan más visible la participación ciudadana que permitan lograr poco a poco lo que los especialistas llaman la “ciudadanización de los procesos electorales” frente a los políticos.
Ante de la contienda, el jesuita Rodolfo Cardenal afirmó que “el sufragio adquirirá realidad y sentido cuando haya verdadera elección. Mientras tanto, la consulta popular, a través de las urnas, tiene mucho de ficción. La propaganda y la intelectualidad del orden establecido insisten en que el voto tiene sentido en sí mismo, prescindiendo de las circunstancias”.
“Ciertamente, la abstención y la nulidad tienden a abandonar las urnas al voto duro de los partidos políticos. Sin embargo, también constituyen una protesta ciudadana, tanto más fuerte cuanto mayor sea su volumen. Esto es lo que en realidad preocupa a los defensores del orden establecido, porque cuestiona la legitimidad de los gobernantes elegidos”, agregó Cardenal.
martes, febrero 20, 2018
Las elecciones y los políticos, una esperanza inútil
Por Guillermo Mejía
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
Conforme se acerca el cuatro de marzo, fecha en que se celebrarán las elecciones legislativas y municipales salvadoreñas, el común denominador en el sentir popular es desencanto y desconfianza en un evento que sería una fiesta cívica en toda sociedad que se estima democrática.
Llama la atención que la encuesta de la Universidad Centroamericana advierte que el 53.1 por ciento cree que habrá fraude en el proceso electoral ante el 27.1 por ciento que considera que será limpio, y uno de los factores es que el 76.7 por ciento tiene poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral.
Los partidos y candidatos participantes por igual no prenden al electorado: “Para el 75.9 por ciento de la población consultada, las propuestas hechas en la actual campaña son más de lo mismo, mientras que solo un 16.5 por ciento piensa que hay propuestas novedosas”, afirmaron los jesuitas.
Resulta difícil para un elector creer en las propuestas de seguridad de partidos como el oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) o el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) que tienen en su historial el fracaso rotundo en materia de seguridad pública y han presentado candidatos que han negociado votos con las pandillas.
Mueven a engaño las cuentas alegres que hacen en el partido Arena sobre la posibilidad de macanear al Fmln en las elecciones legislativas y municipales, ya que es obvio el progresivo deterioro del encanto ciudadano por los procesos electorales dada la frustración de la gente por la situación del país, el desempeño de los políticos y las instancias de poder.
En el estudio de la UCA se estima que “el crecimiento de Arena en las preferencias electorales para la elección legislativa y municipal no obedece necesariamente a un crecimiento sustancial de su voto duro. Su ventaja actual radica que capitaliza la intención de voto de un sector de ciudadanos de clase media, identificados con ideología de centro, quienes ejercerían un voto de castigo en contra el partido oficial”.
El descontento y la frustración se sienten también en militantes del Fmln e incluso se sabe de colectivos del instituto de izquierda que, en San Salvador, han corrido la voz a sus bases que cuando voten por los candidatos a diputados lo hagan por los últimos de la lista no por los primeros donde se encuentran los que dirigen el partido y lo conducen al despeñadero.
La economista Julia Evelyn Martínez, catedrática de la Universidad Centroamericana, afirmó en la entrevista de Radio YSUCA que ella ha estudiado las plataformas de los partidos, principalmente Fmln y Arena, y encontró “muchas ilusiones, muchas promesas, pero lamentablemente esas promesas y esa ilusiones no las van a cumplir”, en especial frente a la crisis fiscal.
Para el problema fiscal, considera que las propuestas son “placebos… sustancias que no tienen ninguna capacidad para curar una enfermedad” y en otros casos “hay homeopatía… usted para curar una enfermedad le pone una dosis de la misma enfermedad”. El Fmln, por ejemplo, para curar el neoliberalismo le pone una dosis de más neoliberalismo. Vaya propuesta.
El jesuita Rodolfo Cardenal encuentra “un derroche de creatividad” en las promesas electorales: “El ansia de poder hace que los candidatos confundan las competencias del gobierno municipal con las del central y prometen obras que no están a su alcance. A menudo obvian la solución de problemas evidentes y urgentes para ofrecer proyectos más vistosos”.
“La confusión es todavía mayor en las candidaturas legislativas, que ofrecen leyes que ni dependen de su voluntad política, sino de la del partido, que tiene su propia agenda. Además, la aprobación requiere de una mayoría legislativa. Ninguno de los muchos candidatos indica el costo de sus promesas ni la fuente de financiamiento”, sentenció.
En ese panorama, elecciones, partidos políticos y candidatos se tornan una esperanza inútil.
martes, enero 23, 2018
El laberinto de los “tepesianos”
Por Guillermo Mejía
Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.
Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.
Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.
El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.
Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.
Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.
Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.
También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.
Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.
De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.
Quizás lo único seguro que tienen los salvadoreños con permiso temporal de trabajo en Estados Unidos, el conocido TPS que culminará en septiembre de 2019, es su inscripción, ya que la incertidumbre les invade por muchos que sean los malabarismos políticos, en especial del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén.
El colmo de las maniobras es un reciente documento de la administración norteamericana donde se justifica la suspensión del TPS para El Salvador dado el buen comportamiento de la economía nacional y el hecho de que el país ha podido lidiar con el progresivo envío de connacionales en calidad de deportados.
Según el periodista Tomás Guevara, corresponsal en la nación del Norte, para Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “la economía de El Salvador está mejorando constantemente. El gobierno salvadoreño ha estimado que la tasa de desempleo del país fue del 7 por ciento entre 2014-2016”. El buen vivir camina sobre ruedas.
Sin embargo, no hizo ninguna referencia al estado de violencia e inseguridad que reina en el país donde en lo que va del mes de enero se cuentan un promedio de unos 11 asesinatos diarios frente a los ocho crímenes diarios que se contabilizaron en el mismo período de 2017. Son datos ofrecidos por las mismas autoridades.
El director ejecutivo de Carecen, Abel Núñez, dijo que “resulta curioso que el Departamento de Estado emite cartas donde dice que países como El Salvador han experimentado una mejoría sustancial en todos los indicadores, pero el mismo tiempo ese mismo departamento emite advertencias a sus ciudadanos de viajar a estos países por la violencia, que es una condición para considerar un TPS”.
Resulta, pues, una broma de mal gusto del antiinmigrante gobierno de Donald Trump, quien recientemente también se refirió a El Salvador, Haití y naciones africanas como “shithole countries”, literalmente países letrinas, situación que conmovió no solamente a los ofendidos, sino al mundo entero.
Si bien en el discurso oficial las cosas cada vez mejoran en El Salvador, prueba de ello son las alocuciones de fin de año del presidente Sánchez Cerén que dibujó un país que no existe, el último estudio de opinión pública de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” reveló que el 48.7 por ciento de los encuestados cree que la situación empeoró en 2017.
Otro de los hechos que cobró relevancia por su astralidad en medio de la suspensión del TPS para El Salvador fue el anuncio del gobierno de que los “tepesianos” pueden optar por ir a trabajar al emirato de Catar, país que ha sido denunciado por las condiciones inhumanas en que subsisten los trabajadores extranjeros.
También que la bancada legislativa del partido oficial Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) pretende que de recursos del Estado se otorgue unos mil 500 dólares a cada “tepesiano” para que se inserte a la economía como emprendedor, sin considerar su experiencia de donde viene y las condiciones a su regreso.
Son opciones sacadas de la manga de la camisa, aunque en ningún momento se puede decir que es fácil encontrar una solución al problema.
De aquí a septiembre de 2019, cuando termina el TPS, es pertinente la propuesta de entes de la sociedad civil y sectores políticos progresistas, tanto en El Salvador como en Estados Unidos, de luchar por la conquista de otro estatus legal para los “tepesianos” como, por ejemplo, la residencia permanente. No perdamos tiempo.
martes, enero 16, 2018
El Trump(udo) de la Casa Blanca
Por Guillermo Mejía
Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.
La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.
Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.
Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.
Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.
Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.
En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.
La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.
Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.
Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.
Hace tiempo que no percibíamos un sentimiento de indignación popular en El Salvador. De repente da lugar a pensar que ese malestar podría encausarse de forma activa ante a la grave situación en que se encuentra la sociedad salvadoreña y, en especial, contra los responsables de la desgracia.
La rabia se debió a las acostumbradas malacrianzas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tildó a El Salvador, Haití y países africanos como “shithole countries”, traducido libremente como “países de mierda”, que no merecen consideraciones hacia sus comunidades migrantes.
Todos conocemos que los permisos temporales de trabajo, o TPS, fueron eliminados para El Salvador, Nicaragua y Haití, en consonancia con las promesas electorales de Trump, acérrimo enemigo de la inmigración sobre todo si se da bajo espaldas de piel morena por su evidente racismo.
Amerita atención aparte Honduras cuyo gobierno no recibió un rechazo hacia su TPS, sino le concedieron un período de seis meses para una decisión definitiva. Algo que parece extraño, ya que luego Estados Unidos también avaló el fraude electoral del presidente hondureño Juan Orlando Hernández para su reelección. Un trato de socios evidente.
Para muchos surgió el fantasma del golpe en Honduras, de junio de 2009, cuando más que por la consulta sobre la reelección, que pretendía el entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, políticos, empresarios y militares, acuerpados por Estados Unidos, lo tumbaron bajo la acusación de ser peón del socialismo del siglo veintiuno en Centroamérica.
Aquello de las casualidades no existe, pues las contradicciones sociales, económicas y políticas siguen su curso en el continente americano.
En El Salvador, es necesario tomar conciencia que la grave situación económica y de inseguridad reinante se debe, en gran parte, a la oportunidad perdida de los Acuerdos de Paz, firmados precisamente hace 26 años -el 16 de enero de 1992-, que pusieron fin a la guerra de doce años que dejó unos 80 mil muertos.
La marginación social y económica, en que subsiste gran parte de salvadoreños, se profundiza en medio de la continuación de un sistema injusto y sin que existan opciones para los sectores populares. La huida hacia Estados Unidos antes, durante y después de la guerra fue y sigue siendo la válvula de escape por la que optaron nuestros compatriotas.
Hay que considerar que si los empresarios y los políticos, especialmente del partido Arena, hubieran sido futuristas otro gallo nos cantara. También hay que hablar de la inconsecuencia de un acomodado Fmln que no hizo un esfuerzo serio para que al menos se cumplieran los Acuerdos de Paz. Al contrario, en los respectivos gobiernos de Arena y Fmln florecieron y florecen la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico.
Por algo, el estadounidense David A. Graham, escritor de The Atlantic, consideró en respuesta a Trump que los inmigrantes de El Salvador, Haití o Nigeria “ven a sus países como lugares de oportunidades restringidas, y ven a los Estados Unidos como un lugar donde pueden encontrar mejores oportunidades, mayor seguridad y estabilidad, y un sistema político más libre. Algunos, también están huyendo de la violencia o la persecución”.
Da gusto la indignación popular en contra del racista Donald Trump, en El Salvador, en Estados Unidos y a lo largo y ancho del planeta. Pero urge también que esa indignación y ese ¡basta ya! -con acciones concretas- se dé al interior de la sociedad salvadoreña donde se perpetúan la injustica estructural, la violencia y el ejercicio viciado del poder.
martes, enero 09, 2018
Un “déjà vu” electoral
Por Guillermo Mejía
Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.
A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.
Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.
Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.
La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.
Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.
Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.
Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.
Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.
Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.
Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.
Realmente, “déjà vu” electoral.
Corrida la primera semana de campaña electoral de candidatos a diputados –a espera de que en menos de un mes inicie la respectiva de alcaldes- por lo mucho o poco que hemos observado no pasa de lo visto en procesos anteriores: el obsequio de “pichichuelas” a la gente, promesas que ni los actores se las creen y la ausencia del protagonismo ciudadano.
A la vez, las alarmas están encendidas en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que han ubicado menos del diez por ciento de los enlistados en el proceso por medio del sorteo, cuando el tiempo apremia de acá al cuatro de marzo, día de las elecciones, mientras es un hecho que más de la mitad de los salvadoreños rechaza participar en las juntas receptoras.
Cuando se escuchan los discursos uno se topa con que parece que se producen para un conglomerado que realmente no es el nuestro, más bien se refieren a un país que vive en una situación cuasi normal sin considerar el deterioro progresivo de la institucionalidad y la presencia de un Estado criminalizado que podría enrumbarse a fallido.
Como en comicios anteriores, existe la amenaza que las pandillas vuelvan a interferir en los procesos electorales de 2018 y 2019, por cuanto son una realidad con el control territorial que ejercen, el sometimiento de las comunidades dentro de un esquema de sobrevivencia y la anuencia de los partidos políticos a negociar a fin de poder agenciarse votos en la contienda.
La directora del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), Jeannette Aguilar, dijo a la revista Estrategia y Negocios que “las pandillas ya definieron varias veces las elecciones en El Salvador porque los políticos le han otorgado ese poder. Los políticos de derecha y de izquierda no han tenido escrúpulos para negociar con los pandilleros y (ese poder) ya no se lo van a poder quitar”.
Como se advirtió desde tiempos de la fallida tregua, las pandillas se convirtieron en actores políticos.
Y no menos importante, también la directora del IUDOP señaló contundentemente que “sin duda el Estado salvadoreño ha perdido la batalla contra las pandillas. También ha perdido la batalla contra el crimen organizado y contra la corrupción”.
Aguilar sentenció: “Tenemos funcionarios que utilizan su investidura y su poder para traficar armas, para favorecer el narcotráfico y el contrabando. El país ni siquiera ha iniciado una batalla seria, frontal contra la violencia, contra la criminalidad, contra las pandillas y mucho menos con el crimen organizado. El Estado salvadoreño en todo este tiempo ha estado permeado por poderes oscuros”.
Por otro lado, en referencia a la actual campaña electoral, el columnista de La Prensa Gráfica, Rafael Ernesto Góchez, advirtió que, pese a la grave situación económica y de inseguridad que prevalece, “varios medios de comunicación tienden a darle más voz a los futuros gobernantes que a los futuros gobernados”.
Uno de los temas que menciona como no tratados como debería de ser es el crimen como modus vivendi: “El auge de negocios ilícitos requiere de la corrupción y del uso ilegítimo de la violencia. Así lo constatan los embates que sufren incontables comerciantes (robos y extorsiones). Es decir, el apogeo delincuencial se explica por ser una fuente de ingresos para incontables compatriotas”.
Góchez propone debatir sociedad civil, academia y futuros gobernantes para aclarar las cosas. Según él, “la desmedida violencia delincuencial se sustenta en la descomposición social, la impunidad y el crimen organizado, y su afán se debe a que es un gran negocio y el modus vivendi de miles de compatriotas”.
Realmente, “déjà vu” electoral.
miércoles, enero 03, 2018
A propósito del inicio de la campaña electoral 2018
Por Guillermo Mejía
La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.
Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.
La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.
En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.
Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
La campaña electoral para diputados arrancó el tres de enero y un mes después lo hace la de alcaldes, según el calendario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), algo muy formal frente a las inconsistencias de un proceso que está amarrado a intereses partidarios, por ende particulares, y con la ausencia palpable de la ciudadanía.
Las dirigencias salieron con la suya en el remedo de consulta de sus bases en menoscabo de la democracia y transparencia, ya que las candidaturas fueron “de dedo” con personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En esta oportunidad, la novedad es que las Juntas Receptoras de Votos, las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales ya no tendrán a afiliados a los partidos políticos, sino que por resolución de la Sala de lo Constitucional le corresponderá a ciudadanos, muchos ya escogidos por medio de un sorteo.
La disposición corresponde a un esfuerzo por “ciudadanizar las elecciones” del próximo marzo, como es un hecho en naciones más avanzadas; sin embargo, resulta una ganancia pírrica pues hubiera sido mejor comenzar por liberar al Tribunal Supremo Electoral de los partidos políticos y que sus representantes provengan de la ciudadanía.
En otras palabras, al lobo siempre le asignan “cuidar” de las ovejas. No en balde, muchos ciudadanos han mostrado su descontento con la decisión de obligarlos a participar en el proceso so pena de una multa que si no es cancelada incluso dispone de medidas represivas como no entregarles documentos de identidad y prohibirles salir del país.
Como he comentado con anterioridad, diferente sería que la población ciudadanizara los procesos electorales comenzando por hacer partícipes a las bases militantes en la elección de sus candidatos y que los ciudadanos controlen cada paso de esos procesos. De esa forma se podría hablar de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
También he considerado que para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda superando la idea de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implica que los partidos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
miércoles, diciembre 20, 2017
Los intereses corporativos ponen fin a la neutralidad en internet
Por Guillermo Mejía
La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.
Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.
El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.
Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.
“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.
En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.
Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.
El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.
“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.
En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.
A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.
La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.
Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.
La derogación por la Comisión Federal de Comunicaciones de las normas de neutralidad de internet, que fueron aprobadas por la administración Obama, en 2015, resulta ser el zarpazo de las corporaciones mediáticas a la potestad de la ciudadanía global a ejercer su derecho humano a la información y comunicación.
Gracias a la disposición de la administración Trump, las compañías proveedoras cobrarán tarifas adicionales por el acceso más rápido a los contenidos de la web con lo que se violenta la obligación que tenían de tratar a todos por igual; es decir, el que esas compañías suministradoras no bloquearan, ralentizaran o discriminaran algún contenido o aplicaciones.
El comunicólogo Carlos A. Scolari, advirtió que “sin las reglas que defendían la neutralidad de la red compañías de telecomunicaciones como AT&T, Comcast o Verizon decidirán qué sitios web, contenidos y aplicaciones pueden ver o utilizar los usuarios. Estas empresas ahora podrán relantizar los contenidos de sus competidores o incluso bloquear las opiniones políticas con las que no estén de acuerdo”.
Por otra parte, podrán cobrar tarifas adicionales a las empresas de contenidos que puedan permitírselas, relegando a todas las demás a un servicio más deficiente.
“En pocas palabras: en este nuevo orden saldrán favorecidas las grandes corporaciones mientras que los actores más débiles o marginales corren el riesgo de quedar limitados a una red más lenta, pobre o incluso censurada”, afirmó Scolari. “Infinidad de movimientos sociales y políticos, además de muchos actores económicos emergentes, podrán ver severamente recortadas sus posibilidades expresivas y radios de acción”, añadió el académico argentino.
En conclusión, según Scolari, la neutralidad de la red hizo en gran medida posible ese proceso que hoy se ve en peligro por la presión de los grandes proveedores de banda ancha y la complicidad de un gobierno estadounidense poco interesado en la democracia, la participación, la innovación y la libertad.
Los inmensos valladares que siguen imponiéndose al derecho a la información y comunicación a nivel planetario hace recordar la lucha de hace 50 años por un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación en el seno de las Naciones Unidas ante la asimétrica e injusta relación entre naciones ricas y pobres.
El comunicólogo Fernando Márquez recordó en años recientes que “la disparidad entre las naciones y dentro de estas de los que tienen y los que no tienen acceso a internet, los que tienen los conocimientos o no para potenciar su uso y los que producen o no sus propios contenidos, la llamada brecha digital, amplía más la desigualdad y la exclusión social”.
“La búsqueda por terminar con la brecha digital (al exterior y al interior de los países) no debe aparecer solo en función de la cantidad y/o calidad de acceso, sino en el fomento de vías de apropiación (la capacidad de vincularnos con las nuevas tecnologías y desarrollar nuevas posibilidades)”, agregó el académico mexicano.
En ese sentido, Márquez propuso la necesidad de que cada país cuente con políticas de comunicación destinadas a entender y apropiarse de las nuevas tecnologías, así como de que cada sociedad pueda desarrollar sus propios significados, sus propios usos de las mismas.
A la vez, que más allá de los intereses corporativos se requieren innumerables fuerzas y conjunción de intereses alrededor del mundo; en otras palabras, incorporar una amplia gama de actores sociales preocupados por el tema de la sociedad civil, del sector comercial y de los respectivos gobiernos.
La sociedad de la información no solamente necesita de la infraestructura física y tecnológica propia, sino también de nuevos acuerdos en un esquema de cooperación internacional.
Con el fin de la neutralidad en internet se consolida aún más la injusticia.
martes, diciembre 12, 2017
Unos políticos que confían más en el marketing que en proponer soluciones
Por Guillermo Mejía
La aprobación de menos del 30 por ciento de los salvadoreños hacia el presidente Salvador Sánchez Cerén, según la última encuesta de LPG-Datos, pone en qué pensar no solo a la izquierda oficial, sino a la denominada “clase política” frente al desgaste que sufre ante el pesimismo, la falta de credibilidad y la ausencia de respuestas a los problemas que agobian a la ciudadanía.
Por lo que se ve, difícilmente levante cabeza la figura de Sánchez Cerén, y por supuesto su gestión, en lo que le queda del período presidencial más allá del cuento que hay que apostarle más al marketing político –por aquello de las imágenes y su impacto- que a entrarle en serio con un programa que represente los intereses de las mayorías desprotegidas.
Ante el cada vez evidente descalabro de la figura del mandatario salvadoreño por la inseguridad y la crisis económica, aderezados por la amenaza de que pronto los norteamericanos mandarán a la porra el permiso de trabajo temporal de casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos, hay funcionarios que creen que el problema radica en la publicidad.
“La manera de elevar el número de calificación de cualquier gobierno tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con los espacios de comunicación para poder dimensionar las obras del Estado. Este es un gobierno que menos publicidad le viene haciendo a sus obras”, afirmó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
Si bien es cierto estamos en la era donde reinan las élites ocultas especializadas en imagen, marketing político, sondeos de opinión y estrategias de comunicación, sería de tarados creer que todo se resuelve por arte del marketing, sin compromisos serios y determinantes, máxime que el presente gobierno, al igual que el de Mauricio Funes, nunca dio un salto cualitativo frente al modelo dominante.
Al contrario, nos encontramos que muchas de las prácticas de sectores de poder, en especial que le achacaron a los pasados gobiernos de Arena, figuran en las formas de conducción que prevalecen en el actual gobierno del Fmln, como en el de su antecesor Mauricio Funes, por cierto el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito.
Terreno fértil para que figuras de publicidad y marketing político como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, haya ingresado con alto impacto, sobre todo en redes sociales y sectores juveniles, de cara a las elecciones presidenciales venideras, luego de su expulsión del Fmln.
“Por el momento todo parece ir por los buenos rieles para este especialista en publicidad, todo el sistema de propaganda ideológica se ha ido plegando a las exigencias de la publicidad, todo se ha vuelto mercancía y todo se vende envuelto y por la imagen que entregan buenas campañas publicitarias”, consideró Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia.
“Hoy Eugenio Chicas incriminaba a la ausencia de publicidad en favor de los logros del gobierno y de la actividad de su partido el abismal desprestigio que gozan ahora el gobierno y el partido oficial. Este rechazo del bipartidismo crea al mismo tiempo un vacío o mejor dicho un terreno que ocupar, este terreno es el que ahora acapara Nayib Bukele”, afirmó.
Según Abrego, el caudillo encarna las aspiraciones populares, estas no son ni siquiera enumeradas, se concentran en el rechazo al bipartidismo, al que se le imputan todos los males de nuestra sociedad. Nayib Bukele y sus “nuevas ideas” cumplen holgadamente los objetivos de ocultación de la verdadera crisis que atraviesa el país.
Como bien señala el alemán Jürgen Habermas, en su visión crítica de la opinión pública, el problema radica en que la sociedad se ve incapacitada para intervenir a fondo en el debate de los asuntos públicos, obviamente víctima de los nuevos señores feudales (del marketing y las relaciones públicas) que otorgan solo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni de generar propuestas.
La aprobación de menos del 30 por ciento de los salvadoreños hacia el presidente Salvador Sánchez Cerén, según la última encuesta de LPG-Datos, pone en qué pensar no solo a la izquierda oficial, sino a la denominada “clase política” frente al desgaste que sufre ante el pesimismo, la falta de credibilidad y la ausencia de respuestas a los problemas que agobian a la ciudadanía.
Por lo que se ve, difícilmente levante cabeza la figura de Sánchez Cerén, y por supuesto su gestión, en lo que le queda del período presidencial más allá del cuento que hay que apostarle más al marketing político –por aquello de las imágenes y su impacto- que a entrarle en serio con un programa que represente los intereses de las mayorías desprotegidas.
Ante el cada vez evidente descalabro de la figura del mandatario salvadoreño por la inseguridad y la crisis económica, aderezados por la amenaza de que pronto los norteamericanos mandarán a la porra el permiso de trabajo temporal de casi 200 mil salvadoreños en Estados Unidos, hay funcionarios que creen que el problema radica en la publicidad.
“La manera de elevar el número de calificación de cualquier gobierno tiene que ver con la comunicación, con la publicidad, con los espacios de comunicación para poder dimensionar las obras del Estado. Este es un gobierno que menos publicidad le viene haciendo a sus obras”, afirmó el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas.
Si bien es cierto estamos en la era donde reinan las élites ocultas especializadas en imagen, marketing político, sondeos de opinión y estrategias de comunicación, sería de tarados creer que todo se resuelve por arte del marketing, sin compromisos serios y determinantes, máxime que el presente gobierno, al igual que el de Mauricio Funes, nunca dio un salto cualitativo frente al modelo dominante.
Al contrario, nos encontramos que muchas de las prácticas de sectores de poder, en especial que le achacaron a los pasados gobiernos de Arena, figuran en las formas de conducción que prevalecen en el actual gobierno del Fmln, como en el de su antecesor Mauricio Funes, por cierto el primer presidente condenado por enriquecimiento ilícito.
Terreno fértil para que figuras de publicidad y marketing político como el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, haya ingresado con alto impacto, sobre todo en redes sociales y sectores juveniles, de cara a las elecciones presidenciales venideras, luego de su expulsión del Fmln.
“Por el momento todo parece ir por los buenos rieles para este especialista en publicidad, todo el sistema de propaganda ideológica se ha ido plegando a las exigencias de la publicidad, todo se ha vuelto mercancía y todo se vende envuelto y por la imagen que entregan buenas campañas publicitarias”, consideró Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia.
“Hoy Eugenio Chicas incriminaba a la ausencia de publicidad en favor de los logros del gobierno y de la actividad de su partido el abismal desprestigio que gozan ahora el gobierno y el partido oficial. Este rechazo del bipartidismo crea al mismo tiempo un vacío o mejor dicho un terreno que ocupar, este terreno es el que ahora acapara Nayib Bukele”, afirmó.
Según Abrego, el caudillo encarna las aspiraciones populares, estas no son ni siquiera enumeradas, se concentran en el rechazo al bipartidismo, al que se le imputan todos los males de nuestra sociedad. Nayib Bukele y sus “nuevas ideas” cumplen holgadamente los objetivos de ocultación de la verdadera crisis que atraviesa el país.
Como bien señala el alemán Jürgen Habermas, en su visión crítica de la opinión pública, el problema radica en que la sociedad se ve incapacitada para intervenir a fondo en el debate de los asuntos públicos, obviamente víctima de los nuevos señores feudales (del marketing y las relaciones públicas) que otorgan solo la posibilidad de aclamar, pero no de discutir ni de generar propuestas.
jueves, septiembre 28, 2017
El sentir del salvadoreño más universal
Impresionado y con muchos recuerdos de los tiempos de locura fratricida en El Salvador. De esa manera reaccioné al recibir el libro “Sentir con la Iglesia: Vida y obra del beato Oscar Romero Como profeta, pastor y mártir” del maestro y periodista José Eduardo Cubías Colorado.
El autor nos lleva a un recorrido histórico sobre la figura del beato mártir, camino a su canonización, ya de muchos conocido como “el salvadoreño más universal”, “Romero de América” o “la voz de los sin voz”, que con los evangelios en su brazo iluminó el camino de la paz sin contener su denuncia profética de la injusticia estructural y la represión.
El libro consta de 18 capítulos donde el lector encontrará la impronta del prelado, su martirio y el tortuoso camino hacia la beatificación y –aún en espera- su canonización que lo pondrá en un lugar en el que ya figura para sus fieles y seguidores a nivel nacional e internacional. El material consigna los pasajes que abonan a la memoria histórica.
Me parece muy oportuno apreciar que, como bien nos ilustra Cubías Colorado, en forma, contenido y estilo, el género periodístico que mejor se adapta para conocer la vida y obra de Monseñor Romero es el ensayo; tanto porque nos permite profundizar en algunos aspectos de su biografía y llevarnos al punto de reflexión.
“El ensayo periodístico es una reflexión personal sobre el tema y refleja como el periodista ve, interpreta y siente aquello de lo cual escribe; en este sentido, los contenidos de esta serie de capítulos sobre la vida y obra de Monseñor Romero, constituyen una reflexión del autor sobre el ‘Arzobispo Mártir’, antes y después de su muerte”. (Pág. xxiii)
Rescato del testimonio del autor una anécdota sobre la huella del obispo que fue asesinado cuando oficiaba misa en la iglesia del hospitalito Divina Providencia, de San Salvador, el fatídico 24 de marzo de 1980 a manos de un francotirador que, según el Informe de la Comisión de la Verdad, por encargo de fuerzas ultraderechistas comandadas por el Mayor Roberto d’Aubuisson:
“Cuando el Padre Tavo me entregó el crucifijo que preside el Vía Crucis del viernes Santo, en la Comunidad Miramonte en 1980, confieso que sentí temor por la escalada de violencia en contra de la Iglesia Católica y la represión manifiesta contra los sacerdotes. Días antes habían asesinado a Monseñor Romero y los feligreses se mostraban temerosos de asistir a las parroquias diocesanas y participar en los oficios religiosos.
“Quien esto escribe se mostraba timorato, pero llevar la Cruz con Jesús Crucificado, evocar el mensaje pastoral de Monseñor Romero y sentir la Cruz junto a mi pecho, me infundía valor y una santa espiritualidad.
“Recuerdo que el Padre Tavo me miró a los ojos y me entregó el Crucifijo, y lo porté, muy en alto, con una gran tranquilidad durante el trayecto del Vía Crucis en una de las calles de la Colonia Miramonte”. (Pág. xix)
Y también del relato testimonial de Cubías Colorado de la ceremonia especial tan esperada por el pueblo salvadoreño:
“Me confundí entre los 300 mil feligreses devotos de Monseñor Romero, como testigo presencial de su beatificación, una cálida mañana del 23 de mayo de 2015 en la plaza ‘Salvador del Mundo’ en San Salvador.
“Un halo solar con el espectro del arco iris que se formó en el momento de la liturgia de su beatificación; expresaba que los cielos se regocijaban por la subida de Monseñor Romero a los altares, al reino de Dios.
“Así me lo dio a entender María, una peregrina del Bajo Lempa que permaneció a mi lado, durante la ceremonia; su rostro mostraba la vida azarosa de las campesinas salvadoreñas, de aquellas que han llevado a cuestas su pobreza, la esperanza y la fe en Monseñor Romero de que vendrán días mejores pada los pobres y los humildes”. (Págs. 39-40)
Como en trabajos anteriores, Cubías Colorado nos lega su abono intelectual al rescate de la memoria histórica, cuestión tan necesaria e importante pero con la que pareciera ser que los salvadoreños permanecen huraños.
Invito a los lectores a deleitarse con la obra del reconocido “maestro por vocación, periodista de profesión” que tras décadas de aporte profesional en la docencia y la aplicación de su carrera periodística, continúa escribiendo sobre tópicos diversos que ilustran a jóvenes promesas e invita a los no tan jóvenes colegas a seguir su ejemplo.
Resonarán por siempre en la Patria y alrededor del mundo las palabras del beato mártir a las bases de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad en la homilía dominical del 23 de marzo de 1980, un día antes de su martirio: “Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuoso, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: Cese la represión”. (Pág. 198)
martes, septiembre 05, 2017
El peligro de retornar a la locura del pasado
Por Guillermo Mejía
Las denuncias de periodistas y luchadores de derechos humanos sobre ejecuciones al estilo de los escuadrones de la muerte por parte de fuerzas policiales, merecen la mayor atención a fin de evitar que volvamos a la locura del pasado dado el fracaso de los planes de seguridad pública del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
En ese sentido, es oportuna la presencia de representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y del Servicio Social Pasionista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México, para denunciar al menos diez crímenes en menos de un año.
El representante legal del IDHUCA, Manuel Escalante, declaró a la prensa: “Al parecer estamos ante el resurgimiento de ejecuciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y desplazamiento forzado”.
Por lo tanto, “es urgente fortalecer al sistema judicial, a la Fiscalía y a los órganos de control del sistema de seguridad, para garantizar que no repitamos la locura de hace 30 años, ni la de hace 70 años. Todavía consideramos que estamos a tiempo”, sentenció.
En la misma ocasión, el director del IDHUCA, el jesuita José María Tojeira, puso como ejemplo el uso de un lenguaje guerrerista por parte de las autoridades que “facilita la violación de derechos humanos, detenciones ilegales, tratos crueles y degradantes e incluso desapariciones forzadas y tortura”.
En esta vorágine, que enluta a la misma Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, las denuncias sobre acciones ilegales desde la seguridad pública han valido también amenazas a periodistas que han documentado la existencia de estructuras paralelas, aunque las autoridades han negado que sean institucionales.
Si bien no resulta sencilla una salida al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico, hay que recordar la ilusión de los gobiernos de ARENA y los del FMLN de militarizar la seguridad pública que solo vino a profundizar el problema y, obviamente, hizo y ha hecho fracasar cada uno de los planes en contra de la delincuencia.
Resulta paradójico que un gobierno de izquierda haya seguido el mismo guión militarista y caído en la tentación de utilizar mayor violencia, con lo que se evidencia que poco o nada aprendieron los antiguos comandantes guerrilleros de que esa fórmula fracasada fue utilizada en contra de ellos y que solamente potenció la guerra civil.
“Es penoso que el gobierno del FMLN haya recurrido al escuadrón de la muerte para perseguir pandilleros, así como antes los militares lo usaron para exterminar guerrilleros. Es muy discutible que pueda someter a las pandillas con escuadrones de la muerte”, escribió el jesuita Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Y concluyó: “Qué valores cívicos, morales, culturales y patrióticos promoverá el Gobierno del FMLN con motivo de las celebraciones de la independencia de 1821. Sería interesante que los promotores de las festividades hicieran un esfuerzo por describirlos y por demostrar cómo esos valores cobran actualidad hoy en día. En este punto, el pasado no es relevante. ¿Cómo puede el Gobierno proclamar que El Salvador avanza ‘en convivencia y desarrollo’ cuando sus políticas represivas siembran rencores y muerte?”
Las denuncias de periodistas y luchadores de derechos humanos sobre ejecuciones al estilo de los escuadrones de la muerte por parte de fuerzas policiales, merecen la mayor atención a fin de evitar que volvamos a la locura del pasado dado el fracaso de los planes de seguridad pública del gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
En ese sentido, es oportuna la presencia de representantes del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y del Servicio Social Pasionista ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México, para denunciar al menos diez crímenes en menos de un año.
El representante legal del IDHUCA, Manuel Escalante, declaró a la prensa: “Al parecer estamos ante el resurgimiento de ejecuciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas y desplazamiento forzado”.
Por lo tanto, “es urgente fortalecer al sistema judicial, a la Fiscalía y a los órganos de control del sistema de seguridad, para garantizar que no repitamos la locura de hace 30 años, ni la de hace 70 años. Todavía consideramos que estamos a tiempo”, sentenció.
En la misma ocasión, el director del IDHUCA, el jesuita José María Tojeira, puso como ejemplo el uso de un lenguaje guerrerista por parte de las autoridades que “facilita la violación de derechos humanos, detenciones ilegales, tratos crueles y degradantes e incluso desapariciones forzadas y tortura”.
En esta vorágine, que enluta a la misma Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fuerza Armada, las denuncias sobre acciones ilegales desde la seguridad pública han valido también amenazas a periodistas que han documentado la existencia de estructuras paralelas, aunque las autoridades han negado que sean institucionales.
Si bien no resulta sencilla una salida al crimen organizado, las pandillas y el narcotráfico, hay que recordar la ilusión de los gobiernos de ARENA y los del FMLN de militarizar la seguridad pública que solo vino a profundizar el problema y, obviamente, hizo y ha hecho fracasar cada uno de los planes en contra de la delincuencia.
Resulta paradójico que un gobierno de izquierda haya seguido el mismo guión militarista y caído en la tentación de utilizar mayor violencia, con lo que se evidencia que poco o nada aprendieron los antiguos comandantes guerrilleros de que esa fórmula fracasada fue utilizada en contra de ellos y que solamente potenció la guerra civil.
“Es penoso que el gobierno del FMLN haya recurrido al escuadrón de la muerte para perseguir pandilleros, así como antes los militares lo usaron para exterminar guerrilleros. Es muy discutible que pueda someter a las pandillas con escuadrones de la muerte”, escribió el jesuita Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
Y concluyó: “Qué valores cívicos, morales, culturales y patrióticos promoverá el Gobierno del FMLN con motivo de las celebraciones de la independencia de 1821. Sería interesante que los promotores de las festividades hicieran un esfuerzo por describirlos y por demostrar cómo esos valores cobran actualidad hoy en día. En este punto, el pasado no es relevante. ¿Cómo puede el Gobierno proclamar que El Salvador avanza ‘en convivencia y desarrollo’ cuando sus políticas represivas siembran rencores y muerte?”
martes, agosto 29, 2017
La seguridad pública en el ojo del huracán
Por Guillermo Mejía
Las denuncias de la revista digital Factum sobre la existencia de un escuadrón en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha cometido tres homicidios, agresiones sexuales y extorsión en nombre de la lucha contra las pandillas, mantiene en el ojo del huracán a las cuestionadas políticas de seguridad pública.
Hay que recordar que entre los errores está que el actual gobierno siguió el fracasado “manodurismo” de las anteriores administraciones, a la vez que consintió la militarización de la seguridad pública y mantuvo en el gabinete al “padre de la tregua pandilleril”, el general David Munguía Payés.
Según las investigaciones periodísticas, el escuadrón, compuesto por cuatro policías y un civil, efectivos integrantes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), cometió los crímenes entre febrero y marzo del presente año, acciones que la dirección de la Policía Nacional Civil descartó que fueran institucionales.
Sin embargo, para nadie es secreto el guión en que el gobierno ha montado su lucha contra las pandillas que, además de profundizar la cantidad de asesinatos, por ejemplo los de policías y de efectivos militares, sobre algunas de las muertes ha quedado la duda de que hayan sido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las preocupaciones en torno a la violación de derechos humanos por parte de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada han levantado alarmas en sectores de la sociedad civil, puesto que precisamente fue uno de los detonantes de la guerra civil y que una de las apuestas por la paz fue la disolución de los antiguos cuerpos represivos.
El periodista salvadoreño Carlos Dada, ex director del periódico digital El Faro, escribió: “¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?”
Y remató: ¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con ellos y el ministro de gobernación ofreció $10 millones de dólares a esos pandilleros a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo?”
Las revelaciones de la revista digital Factum han provocado amenazas en contra de sus periodistas y editores, por parte de presuntos miembros de la PNC, al igual que en otras ocasiones les ha pasado a colegas del periódico digital El Faro. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene al tanto del caso.
El periodista Jorge Beltrán Luna, que sufrió un atentado por escribir sobre temas de seguridad pública, reflexionó: “El problema que muchos no alcanzamos a comprender es que si toleramos y aplaudimos el empleo de métodos ilegales de parte del Estado para combatir un problema que nos afecta, algún día el Estado podría usar esos métodos en contra de nosotros y, entonces, sí buscaremos a un periodista para que nos escuche y denuncie por nosotros, la fechoría de la cual uno de los nuestros haya sido víctima.”
Las denuncias de la revista digital Factum sobre la existencia de un escuadrón en las filas de la Policía Nacional Civil (PNC) que ha cometido tres homicidios, agresiones sexuales y extorsión en nombre de la lucha contra las pandillas, mantiene en el ojo del huracán a las cuestionadas políticas de seguridad pública.
Hay que recordar que entre los errores está que el actual gobierno siguió el fracasado “manodurismo” de las anteriores administraciones, a la vez que consintió la militarización de la seguridad pública y mantuvo en el gabinete al “padre de la tregua pandilleril”, el general David Munguía Payés.
Según las investigaciones periodísticas, el escuadrón, compuesto por cuatro policías y un civil, efectivos integrantes de la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador (FES), cometió los crímenes entre febrero y marzo del presente año, acciones que la dirección de la Policía Nacional Civil descartó que fueran institucionales.
Sin embargo, para nadie es secreto el guión en que el gobierno ha montado su lucha contra las pandillas que, además de profundizar la cantidad de asesinatos, por ejemplo los de policías y de efectivos militares, sobre algunas de las muertes ha quedado la duda de que hayan sido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Las preocupaciones en torno a la violación de derechos humanos por parte de la PNC y efectivos de la Fuerza Armada han levantado alarmas en sectores de la sociedad civil, puesto que precisamente fue uno de los detonantes de la guerra civil y que una de las apuestas por la paz fue la disolución de los antiguos cuerpos represivos.
El periodista salvadoreño Carlos Dada, ex director del periódico digital El Faro, escribió: “¿Pero qué esperaban? ¿Por qué debería sorprendernos que hayan tomado esta decisión los policías, cuando sus propios jefes y los líderes políticos de los principales partidos se reúnen a pactar con esas pandillas que son sus enemigos, e incluso a ofrecerles financiamiento?”
Y remató: ¿Con qué autoridad moral se puede pedir a los agentes, que se juegan la vida en la calle, que combatan a los criminales, si éstos criminales son socios de los principales liderazgos políticos? ¿Cómo si el propio vicepresidente que les cuelga medallas al mérito es socio del principal acusado de narcotráfico en el país? ¿Cómo después de que el ministro de Defensa pactó un acuerdo oscuro con ellos y el ministro de gobernación ofreció $10 millones de dólares a esos pandilleros a cambio de garantizar el triunfo electoral? ¿Cómo si Arena hizo lo mismo?”
Las revelaciones de la revista digital Factum han provocado amenazas en contra de sus periodistas y editores, por parte de presuntos miembros de la PNC, al igual que en otras ocasiones les ha pasado a colegas del periódico digital El Faro. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se mantiene al tanto del caso.
El periodista Jorge Beltrán Luna, que sufrió un atentado por escribir sobre temas de seguridad pública, reflexionó: “El problema que muchos no alcanzamos a comprender es que si toleramos y aplaudimos el empleo de métodos ilegales de parte del Estado para combatir un problema que nos afecta, algún día el Estado podría usar esos métodos en contra de nosotros y, entonces, sí buscaremos a un periodista para que nos escuche y denuncie por nosotros, la fechoría de la cual uno de los nuestros haya sido víctima.”
martes, agosto 15, 2017
Las prácticas políticas nauseabundas
Por Guillermo Mejía
Las recientes revelaciones de un testigo criteriado, perteneciente a las maras, durante el juicio que se sigue en torno a la tregua entre el gobierno del ex presidente Mauricio Funes y esas pandillas, ha causado una indignación generalizada principalmente hacia los partidos Arena y Fmln, acusados de pactar con la delincuencia.
Según Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo”, presentado por la Fiscalía General, entre Arena y Fmln habrían entregado unos 350 mil dólares a la Ms-13 y las dos facciones del Barrio-18, para facilitar elecciones, evitar sabotajes como recaudar votos, en lo que algunos ven acciones típicas de fraude electoral.
Además, reveló cómo producto de la tregua pandilleril se violentaron las leyes en una serie de actos arbitrarios facilitados por las autoridades judiciales.
Críticos del proceso judicial afirman que en el banquillo están personajes que fueron ejecutores de decisiones de alto nivel y que es notable la ausencia del ex presidente Mauricio Funes y el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés (quien en aquellas fechas era ministro de Justicia y Seguridad) en calidad de imputados.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” afirmó que “la hipocresía de Arena y el Fmln ha quedado, por enésima vez, en evidencia: mientras se mantiene un discurso en contra de la tregua y de todo acercamiento a las pandillas, emisarios de los partidos políticos negocian votos a cambio de dinero.”
Desde la cobertura periodística al sonado caso de la tregua, sea por omisión o por otros criterios, se ha obviado uno de los ángulos que ha pesado en la esfera internacional: Detrás del pacto ha estado el crimen organizado y el narcotráfico, al grado que, además de convertirse en actores políticos, las pandillas han evolucionado y cuentan con mayores recursos económicos, así como mejores armas.
El sombrío comportamiento de los políticos, en especial de los partidos Arena y Fmln, ha dado pie para que diversas voces se manifiesten sobre la nauseabunda partidocracia.
“El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas que no ofrecen ninguna propuesta convincente y, mientras tanto, los ciudadanos parece que nos hemos acomodado a la mediocridad de lo que hay: Dos partidos retrógrados y adormecidos por la falta de propuestas convincentes con liderazgos creíbles”, opinó la comunicadora salvadoreña Leda Romero, residente en Chile.
Por su parte, Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia, afirmó que nos encontramos ante un vacío político, “no existe un partido que pueda encarnar hoy por hoy las aspiraciones populares. No existe y no se ve a corto plazo, ni a mediano plazo la posibilidad de que surja. Esto significa que por el momento la tarea no es llamar a votar, tomar partido por uno o por el otro, pues el resultado, el que sea, será la agravación de lo que venimos padeciendo.”
Según Abrego, la única salida viable a la crisis está al interior de la población, en su organización y trabajo tesonero: “Tenemos que salir de esa falsa alternativa, Arena o Fmln, ambos partidos están al servicio de la oligarquía y buscan gozar del dinero del Estado. Las crónicas de los diarios y televisiones están repletas de noticias sobre la corrupción pestilente.”
Como aderezo, una nueva alza de crímenes, al menos 68 entre viernes y domingo pasados, pone otra vez en tela de juicio los planes oficiales de seguridad, ya que la delincuencia demuestra que tiene condiciones para llevar la iniciativa, así como es un hecho que ejercen control territorial en el país.
Las recientes revelaciones de un testigo criteriado, perteneciente a las maras, durante el juicio que se sigue en torno a la tregua entre el gobierno del ex presidente Mauricio Funes y esas pandillas, ha causado una indignación generalizada principalmente hacia los partidos Arena y Fmln, acusados de pactar con la delincuencia.
Según Carlos Eduardo Burgos Nuila, alias “Nalo”, presentado por la Fiscalía General, entre Arena y Fmln habrían entregado unos 350 mil dólares a la Ms-13 y las dos facciones del Barrio-18, para facilitar elecciones, evitar sabotajes como recaudar votos, en lo que algunos ven acciones típicas de fraude electoral.
Además, reveló cómo producto de la tregua pandilleril se violentaron las leyes en una serie de actos arbitrarios facilitados por las autoridades judiciales.
Críticos del proceso judicial afirman que en el banquillo están personajes que fueron ejecutores de decisiones de alto nivel y que es notable la ausencia del ex presidente Mauricio Funes y el actual ministro de Defensa, general David Munguía Payés (quien en aquellas fechas era ministro de Justicia y Seguridad) en calidad de imputados.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” afirmó que “la hipocresía de Arena y el Fmln ha quedado, por enésima vez, en evidencia: mientras se mantiene un discurso en contra de la tregua y de todo acercamiento a las pandillas, emisarios de los partidos políticos negocian votos a cambio de dinero.”
Desde la cobertura periodística al sonado caso de la tregua, sea por omisión o por otros criterios, se ha obviado uno de los ángulos que ha pesado en la esfera internacional: Detrás del pacto ha estado el crimen organizado y el narcotráfico, al grado que, además de convertirse en actores políticos, las pandillas han evolucionado y cuentan con mayores recursos económicos, así como mejores armas.
El sombrío comportamiento de los políticos, en especial de los partidos Arena y Fmln, ha dado pie para que diversas voces se manifiesten sobre la nauseabunda partidocracia.
“El país se encuentra dividido entre dos fuerzas políticas que no ofrecen ninguna propuesta convincente y, mientras tanto, los ciudadanos parece que nos hemos acomodado a la mediocridad de lo que hay: Dos partidos retrógrados y adormecidos por la falta de propuestas convincentes con liderazgos creíbles”, opinó la comunicadora salvadoreña Leda Romero, residente en Chile.
Por su parte, Carlos Abrego, intelectual salvadoreño residente en Francia, afirmó que nos encontramos ante un vacío político, “no existe un partido que pueda encarnar hoy por hoy las aspiraciones populares. No existe y no se ve a corto plazo, ni a mediano plazo la posibilidad de que surja. Esto significa que por el momento la tarea no es llamar a votar, tomar partido por uno o por el otro, pues el resultado, el que sea, será la agravación de lo que venimos padeciendo.”
Según Abrego, la única salida viable a la crisis está al interior de la población, en su organización y trabajo tesonero: “Tenemos que salir de esa falsa alternativa, Arena o Fmln, ambos partidos están al servicio de la oligarquía y buscan gozar del dinero del Estado. Las crónicas de los diarios y televisiones están repletas de noticias sobre la corrupción pestilente.”
Como aderezo, una nueva alza de crímenes, al menos 68 entre viernes y domingo pasados, pone otra vez en tela de juicio los planes oficiales de seguridad, ya que la delincuencia demuestra que tiene condiciones para llevar la iniciativa, así como es un hecho que ejercen control territorial en el país.
lunes, julio 24, 2017
Un presidente que demuestra ser más de lo mismo
Por Guillermo Mejía
Desde diversos sectores se esperaba que el presidente Salvador Sánchez Cerén mostrara dotes de estadista, para vetar los recientes decretos aprobados por la Asamblea Legislativa referente a las reformas a las pensiones y la controversial ley de extinción de dominio, en especial en esta última por el riesgo de que promueven mayor impunidad.
Sin embargo, el mandatario salvadoreño afirmó durante su acostumbrado encuentro sabatino que sus abogados ya revisaron ambas decretos y no encuentran violaciones a la Constitución de la República, con lo que asumió una conducta legalista –si es demostrable-, muy distante de una postura ético-moral a favor de sus gobernados.
Subir el techo de 45 al 50 por ciento de los fondos de los cotizantes que puede tomar prestados el gobierno, a bajo interés y en detrimento de los ahorrantes, para pagar a los que ya gozan de su pensión es lesivo y resulta una salida olímpica a un problema que todos sabemos que, es cierto fue creado en gobiernos areneros, merece una respuesta que tiene que ver con una reforma fiscal integral.
Asimismo, las reformas a la ley de extinción de dominio, aprobadas por los diputados de los partidos Fmln, Gana, dos del PCN y una de Arena, realmente desde antes fueron promovidas especialmente por Arena, Fmln, Gana y PCN, coincidentemente instituciones políticas donde algunos de sus ex funcionarios o en ejercicio están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
“Nuestro equipo técnico ha analizado las reformas y no encontramos inconstitucionalidad; por lo tanto, las voy a sancionar. No existen vicios de inconstitucionalidad”, afirmó tácitamente Sánchez Cerén dando la espalda a una opinión dominante sobre la necesidad del veto presidencial a unas reformas que quitan los dientes a la ley que busca perseguir a los corruptos.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en una reciente postura editorial estimó que “el innegable sesgo antiético de esta actuación de los diputados vuelve obligatorio el veto del Presidente de la República. Y se verá si aún quedan defensores públicos de la decencia y de la igual ante la ley.”
La UCA sentenció que “gracias a la reforma, el trato a los políticos que le roben al Estado será diferente al que se le da a pandilleros, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Por ejemplo, para los pandilleros, la prescripción de la extinción de domino es de 30 años después de adquirido el bien, mientras que en el caso de los bienes obtenidos por delitos de cuello blanco será de solo 10”.
Como nos ilustra el profesor español Javier del Rey Morató, especialista en comunicación política, la democracia es un sistema en el que hay una tensión entre los hechos y los valores, tensión en la que no es infrecuente que triunfen los hechos, con sacrificio para los valores: “Ese sacrificio admite la posibilidad de juzgar la marcha de la democracia, en la medida en que se aleja y traiciona esos valores, o en la medida en que se acerca a ellos, desde la imperfección que se le supone a toda organización social de la convivencia”.
Por lo que se aprecia, pues, los demandantes de una postura de Sánchez Cerén más consecuente con principios que ha enarbolado su partido de izquierda se ven obligados a esperar otra oportunidad a ver si el presidente salvadoreño realmente muestra cualidades de un estadista, que es lo que necesitan los pueblos sufridos como el nuestro, más que un mandatario que resulta ser más de lo mismo.
Desde diversos sectores se esperaba que el presidente Salvador Sánchez Cerén mostrara dotes de estadista, para vetar los recientes decretos aprobados por la Asamblea Legislativa referente a las reformas a las pensiones y la controversial ley de extinción de dominio, en especial en esta última por el riesgo de que promueven mayor impunidad.
Sin embargo, el mandatario salvadoreño afirmó durante su acostumbrado encuentro sabatino que sus abogados ya revisaron ambas decretos y no encuentran violaciones a la Constitución de la República, con lo que asumió una conducta legalista –si es demostrable-, muy distante de una postura ético-moral a favor de sus gobernados.
Subir el techo de 45 al 50 por ciento de los fondos de los cotizantes que puede tomar prestados el gobierno, a bajo interés y en detrimento de los ahorrantes, para pagar a los que ya gozan de su pensión es lesivo y resulta una salida olímpica a un problema que todos sabemos que, es cierto fue creado en gobiernos areneros, merece una respuesta que tiene que ver con una reforma fiscal integral.
Asimismo, las reformas a la ley de extinción de dominio, aprobadas por los diputados de los partidos Fmln, Gana, dos del PCN y una de Arena, realmente desde antes fueron promovidas especialmente por Arena, Fmln, Gana y PCN, coincidentemente instituciones políticas donde algunos de sus ex funcionarios o en ejercicio están siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
“Nuestro equipo técnico ha analizado las reformas y no encontramos inconstitucionalidad; por lo tanto, las voy a sancionar. No existen vicios de inconstitucionalidad”, afirmó tácitamente Sánchez Cerén dando la espalda a una opinión dominante sobre la necesidad del veto presidencial a unas reformas que quitan los dientes a la ley que busca perseguir a los corruptos.
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en una reciente postura editorial estimó que “el innegable sesgo antiético de esta actuación de los diputados vuelve obligatorio el veto del Presidente de la República. Y se verá si aún quedan defensores públicos de la decencia y de la igual ante la ley.”
La UCA sentenció que “gracias a la reforma, el trato a los políticos que le roben al Estado será diferente al que se le da a pandilleros, narcotraficantes y miembros del crimen organizado. Por ejemplo, para los pandilleros, la prescripción de la extinción de domino es de 30 años después de adquirido el bien, mientras que en el caso de los bienes obtenidos por delitos de cuello blanco será de solo 10”.
Como nos ilustra el profesor español Javier del Rey Morató, especialista en comunicación política, la democracia es un sistema en el que hay una tensión entre los hechos y los valores, tensión en la que no es infrecuente que triunfen los hechos, con sacrificio para los valores: “Ese sacrificio admite la posibilidad de juzgar la marcha de la democracia, en la medida en que se aleja y traiciona esos valores, o en la medida en que se acerca a ellos, desde la imperfección que se le supone a toda organización social de la convivencia”.
Por lo que se aprecia, pues, los demandantes de una postura de Sánchez Cerén más consecuente con principios que ha enarbolado su partido de izquierda se ven obligados a esperar otra oportunidad a ver si el presidente salvadoreño realmente muestra cualidades de un estadista, que es lo que necesitan los pueblos sufridos como el nuestro, más que un mandatario que resulta ser más de lo mismo.
martes, julio 18, 2017
La responsabilidad de gobernantes y periodistas más allá de cantos de sirena
Por Guillermo Mejía
Periodistas y editores de medios tradicionales han lanzado la alerta sobre la posible aprobación de una ley mordaza en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Vice-ministerio de Prevención Social, bajo la premisa de que la prensa debe contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz.
Salvo excepciones, no existe lugar donde los gobernantes de turno no busquen imponer controles a la información, elemento estratégico de la sociedad, al igual que como respuesta los periodistas y editores aducen que ellos sabe cómo hacer su trabajo, que no hay mejor ley que la que no existe, en suma dos posturas irreconciliables.
En el caso salvadoreño, en el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia se estipula el rol de los medios de comunicación a través del Artículo 30, donde contribuirán “procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos, para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información”.
Para asegurar el cumplimiento de la ley se integrará la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, adscrita al ramo de Justicia y Seguridad Pública, y será la encargada de ejecutar las políticas, planes, lineamientos, programas y acciones encaminadas al fin determinado, con las instancias que regula la ley.
A simple vista, se puede observar una especie de “arroz con mango”, ya que por un lado apelan a la autorregulación, es decir al papel de los medios de comunicación a partir de su propias consideraciones éticas de la información, y, por el otro lado, a la regulación por la presencia de mecanismos legales que aseguren el cumplimiento de la ley, que para los denunciantes abre una puerta a la mordaza.
El Subjefe de Información de La Prensa Gráfica, Luis Laínez, consideró en un comentario que: “Esto, en una palabra, es mordaza. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación si habrá un censor verificando que se cumpla, autorizado, además, de tomar ‘cualquier acción que sea indispensable y conveniente’?”
“Por decreto no puede haber paz y armonía. Y por decreto tampoco se puede crear un paraíso en la Tierra”, advirtió.
Para evitar este tipo de controversias, el colombiano Javier Darío Restrepo, veterano periodista y experto en ética, se decanta por la autorregulación de la profesión a través de códigos deontológicos que aseguren el cumplimiento de los preceptos, normas y principios, y apela a lo establecido por las Naciones Unidas en cuanto a que los gobiernos no tienen que regular a los periodistas.
En perspectiva, considero que el problema de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico no se resuelve solamente teniendo el favor de los medios de comunicación o cayendo en tentaciones de imponer mordazas, sino con actos firmes y consecuentes, de cara a la ciudadanía, situación que no ha estado a la altura ni en los gobiernos de Arena, ni en los del Fmln.
Tampoco se puede dejar de lado la falta de un periodismo honesto que realmente muestre a la ciudadanía los entretelones de esa inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, por encima de coyunturas políticas, especialmente pre-electorales y electorales, en función de intereses particulares y de grupos de poder.
En otras palabras, urge responsabilidad por parte de gobernantes y también de periodistas y editores más allá de cantos de sirena.
Periodistas y editores de medios tradicionales han lanzado la alerta sobre la posible aprobación de una ley mordaza en la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Vice-ministerio de Prevención Social, bajo la premisa de que la prensa debe contribuir en la promoción de la prevención de la violencia, la convivencia y la cultura de paz.
Salvo excepciones, no existe lugar donde los gobernantes de turno no busquen imponer controles a la información, elemento estratégico de la sociedad, al igual que como respuesta los periodistas y editores aducen que ellos sabe cómo hacer su trabajo, que no hay mejor ley que la que no existe, en suma dos posturas irreconciliables.
En el caso salvadoreño, en el proyecto de Ley del Sistema Nacional de Prevención de la Violencia se estipula el rol de los medios de comunicación a través del Artículo 30, donde contribuirán “procurando la autorregulación ética de la información y contenidos no violentos, para no afectar la salud mental de la población, sin perjuicio del respeto a la libertad de expresión, de prensa y de información”.
Para asegurar el cumplimiento de la ley se integrará la Dirección General de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz, adscrita al ramo de Justicia y Seguridad Pública, y será la encargada de ejecutar las políticas, planes, lineamientos, programas y acciones encaminadas al fin determinado, con las instancias que regula la ley.
A simple vista, se puede observar una especie de “arroz con mango”, ya que por un lado apelan a la autorregulación, es decir al papel de los medios de comunicación a partir de su propias consideraciones éticas de la información, y, por el otro lado, a la regulación por la presencia de mecanismos legales que aseguren el cumplimiento de la ley, que para los denunciantes abre una puerta a la mordaza.
El Subjefe de Información de La Prensa Gráfica, Luis Laínez, consideró en un comentario que: “Esto, en una palabra, es mordaza. ¿Cómo se puede hablar de autorregulación si habrá un censor verificando que se cumpla, autorizado, además, de tomar ‘cualquier acción que sea indispensable y conveniente’?”
“Por decreto no puede haber paz y armonía. Y por decreto tampoco se puede crear un paraíso en la Tierra”, advirtió.
Para evitar este tipo de controversias, el colombiano Javier Darío Restrepo, veterano periodista y experto en ética, se decanta por la autorregulación de la profesión a través de códigos deontológicos que aseguren el cumplimiento de los preceptos, normas y principios, y apela a lo establecido por las Naciones Unidas en cuanto a que los gobiernos no tienen que regular a los periodistas.
En perspectiva, considero que el problema de la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico no se resuelve solamente teniendo el favor de los medios de comunicación o cayendo en tentaciones de imponer mordazas, sino con actos firmes y consecuentes, de cara a la ciudadanía, situación que no ha estado a la altura ni en los gobiernos de Arena, ni en los del Fmln.
Tampoco se puede dejar de lado la falta de un periodismo honesto que realmente muestre a la ciudadanía los entretelones de esa inseguridad, crimen organizado y narcotráfico, por encima de coyunturas políticas, especialmente pre-electorales y electorales, en función de intereses particulares y de grupos de poder.
En otras palabras, urge responsabilidad por parte de gobernantes y también de periodistas y editores más allá de cantos de sirena.
miércoles, julio 12, 2017
Una partidocracia en crisis
Por Guillermo Mejía
Si en los sectores de derecha se habían creado esperanzas de un triunfo conservador en las elecciones municipales y legislativas de 2018, y en las presidenciales de 2019, por el mal desempeño del gobierno de izquierda, las disputas al interior de Arena por la forma autoritaria de escoger sus candidatos han abierto interrogantes.
Hay que recordar que, de acuerdo a la última encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), si bien una mayoría considerable afirmó que no desea que vuelva a gobernar el Fmln, también esa importante porción de la ciudadanía estimó que tampoco desea que regrese Arena a conducir los destinos de los salvadoreños.
En medio de la crisis generalizada, potenciada por una economía alicaída y la inseguridad con su estela de muerte, El Salvador se presenta como el país menos viable a nivel centroamericano, con el agravante que si bien Guatemala y Honduras presentan similares problemas es obvio que mantienen perfiles económicos de mayor auge.
Arena sigue mostrando su carácter autoritario y clasista, pues por un lado su dirigencia partidaria no da apertura a nuevas caras –aunque en realidad no representen nuevos planteamientos- por otro lado, en la disputa aparecen como posibles candidatos presidenciales personajes del empresariado que controla el partido.
Con sus propias especificidades, similares problemas se presentan al interior del partido Fmln donde el ejercicio político de escoger a sus candidatos no tiene nada que envidiarle a la derecha. Además de que presentan listas de ungidos por parte de la dirigencia de izquierda, cuentan con personajes que no tienen contrincantes sino que son impuestos por “consenso”, es decir impera el dedazo.
Uno de los puntos dramáticos de la izquierda es que son escasas sus propuestas frente a las elecciones presidenciales, dado el descrédito de muchos de sus dirigentes o la falta de consenso frente a figuras más potables, al grado que dependen de personajes externos al partido, como el caso del alcalde capitalino Nayib Bukele, a quien incluso tienen que aguantarle rabietas.
Recientemente, sostenía uno de los opinantes cotidianos de programas de radio y televisión que la única diferencia que encontraba entre los problemas que enfrenta Arena y el Fmln es que en los primeros es más fácil que afloren contradicciones, porque los que buscan sus candidaturas tienen solvencia económica, situación que los vuelve más independientes de la cúpula del partido. Mientras, en el Fmln, al contrario, la dependencia económica, el hecho que tienen que sobrevivir a partir de una candidatura o un puesto en alguna instancia del Estado, les obliga a guardar silencio aunque no estén conformes con las decisiones de la cúpula de un partido que, al igual que Arena, es autoritario.
Para ambas agrupaciones políticas, tan importantes pero sumidas en crisis, el otro escenario que no pueden desconocer, y de una u otra forma tienen que darle respuesta, es la inobjetable variable interviniente que representan las “maras” como actores políticos a partir de que ejercen control territorial y que, en otros procesos electorales, han tenido muchísimo que ver.
Llama la atención el hecho que personajes tanto de Arena como del Fmln que en otras ocasiones han dialogado e incluso llegado a acuerdos con las “maras” vuelvan a aparecer como candidatos a diputados y alcaldes. Aunque realmente no es una novedad, ya que por mucho que se ha dicho al respecto algunos de ellos aún tienen su lugar asegurado en las mismas instancias o en el gobierno de turno.
La ausencia es de la ciudadanía que no trasciende de su apatía y malestar frente al quehacer de los políticos, es decir desmovilizada y sin esperanzas, a lo que se suma una precaria cobertura mediática de tan elementales acontecimientos que significa falta de ejercicio profesional en la búsqueda de crear consciencia crítica o compromiso político-partidario que va en desmedro de un periodismo honesto.
Si en los sectores de derecha se habían creado esperanzas de un triunfo conservador en las elecciones municipales y legislativas de 2018, y en las presidenciales de 2019, por el mal desempeño del gobierno de izquierda, las disputas al interior de Arena por la forma autoritaria de escoger sus candidatos han abierto interrogantes.
Hay que recordar que, de acuerdo a la última encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), si bien una mayoría considerable afirmó que no desea que vuelva a gobernar el Fmln, también esa importante porción de la ciudadanía estimó que tampoco desea que regrese Arena a conducir los destinos de los salvadoreños.
En medio de la crisis generalizada, potenciada por una economía alicaída y la inseguridad con su estela de muerte, El Salvador se presenta como el país menos viable a nivel centroamericano, con el agravante que si bien Guatemala y Honduras presentan similares problemas es obvio que mantienen perfiles económicos de mayor auge.
Arena sigue mostrando su carácter autoritario y clasista, pues por un lado su dirigencia partidaria no da apertura a nuevas caras –aunque en realidad no representen nuevos planteamientos- por otro lado, en la disputa aparecen como posibles candidatos presidenciales personajes del empresariado que controla el partido.
Con sus propias especificidades, similares problemas se presentan al interior del partido Fmln donde el ejercicio político de escoger a sus candidatos no tiene nada que envidiarle a la derecha. Además de que presentan listas de ungidos por parte de la dirigencia de izquierda, cuentan con personajes que no tienen contrincantes sino que son impuestos por “consenso”, es decir impera el dedazo.
Uno de los puntos dramáticos de la izquierda es que son escasas sus propuestas frente a las elecciones presidenciales, dado el descrédito de muchos de sus dirigentes o la falta de consenso frente a figuras más potables, al grado que dependen de personajes externos al partido, como el caso del alcalde capitalino Nayib Bukele, a quien incluso tienen que aguantarle rabietas.
Recientemente, sostenía uno de los opinantes cotidianos de programas de radio y televisión que la única diferencia que encontraba entre los problemas que enfrenta Arena y el Fmln es que en los primeros es más fácil que afloren contradicciones, porque los que buscan sus candidaturas tienen solvencia económica, situación que los vuelve más independientes de la cúpula del partido. Mientras, en el Fmln, al contrario, la dependencia económica, el hecho que tienen que sobrevivir a partir de una candidatura o un puesto en alguna instancia del Estado, les obliga a guardar silencio aunque no estén conformes con las decisiones de la cúpula de un partido que, al igual que Arena, es autoritario.
Para ambas agrupaciones políticas, tan importantes pero sumidas en crisis, el otro escenario que no pueden desconocer, y de una u otra forma tienen que darle respuesta, es la inobjetable variable interviniente que representan las “maras” como actores políticos a partir de que ejercen control territorial y que, en otros procesos electorales, han tenido muchísimo que ver.
Llama la atención el hecho que personajes tanto de Arena como del Fmln que en otras ocasiones han dialogado e incluso llegado a acuerdos con las “maras” vuelvan a aparecer como candidatos a diputados y alcaldes. Aunque realmente no es una novedad, ya que por mucho que se ha dicho al respecto algunos de ellos aún tienen su lugar asegurado en las mismas instancias o en el gobierno de turno.
La ausencia es de la ciudadanía que no trasciende de su apatía y malestar frente al quehacer de los políticos, es decir desmovilizada y sin esperanzas, a lo que se suma una precaria cobertura mediática de tan elementales acontecimientos que significa falta de ejercicio profesional en la búsqueda de crear consciencia crítica o compromiso político-partidario que va en desmedro de un periodismo honesto.
martes, julio 04, 2017
La ciudadanización de los procesos electorales
Por Guillermo Mejía
Los dirigentes de los partidos políticos se muestran conformes con el remedo de consulta de sus bases militantes para la elección de candidatos a alcaldes y diputados de cara a las elecciones de 2018. Si esas bases partidarias, en particular, y la sociedad en general, fueran verdaderamente exigentes tendríamos procesos electorales democráticos y transparentes.
Las candidaturas –de dedo- se componen de quienes gozan del visto bueno de las cúpulas partidarias, se llega al descaro de llevar a personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde Salvador Ruano, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En ese marco, la ciudadanía solamente sirve de pretexto más que de sujeto activo de un proceso que le corresponde por derecho en cuanto vive en una sociedad que se perfila como democrática y en constante cambio, luego de haber pasado doce años de conflicto armado y que mutó a una guerra social con su estela de muerte y desplazamiento.
Resulta común, pues, que las cúpulas partidarias preparan con antelación sus listas de escogidos, algunos de los cuales llevan años incrustados en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías municipales, se las pasan a sus bases militantes y de esa forma justifican los requerimientos de ley conforme a lo que establece el Tribunal Supremo Electoral.
Contrario sería que la población salvadoreña ciudadanizara los procesos electorales, tal como se estima en las democracias modernas a fin de hacer partícipe de dichos procesos a las bases militantes y ciudadanía en general. Se correspondería con aquello de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
Para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe activamente en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implicaría que los partidos políticos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña; es decir, trascender de las cancioncitas o las camisetas al debate ciudadano.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
Los dirigentes de los partidos políticos se muestran conformes con el remedo de consulta de sus bases militantes para la elección de candidatos a alcaldes y diputados de cara a las elecciones de 2018. Si esas bases partidarias, en particular, y la sociedad en general, fueran verdaderamente exigentes tendríamos procesos electorales democráticos y transparentes.
Las candidaturas –de dedo- se componen de quienes gozan del visto bueno de las cúpulas partidarias, se llega al descaro de llevar a personajes involucrados o acusados de participar en actos delictivos como, por ejemplo, el diputado Ernesto Muyshondt y el alcalde Salvador Ruano, por Arena, o el asesor de seguridad Benito Lara y el Vice-ministro José Luis Merino, por el Fmln.
En ese marco, la ciudadanía solamente sirve de pretexto más que de sujeto activo de un proceso que le corresponde por derecho en cuanto vive en una sociedad que se perfila como democrática y en constante cambio, luego de haber pasado doce años de conflicto armado y que mutó a una guerra social con su estela de muerte y desplazamiento.
Resulta común, pues, que las cúpulas partidarias preparan con antelación sus listas de escogidos, algunos de los cuales llevan años incrustados en la Asamblea Legislativa o en las alcaldías municipales, se las pasan a sus bases militantes y de esa forma justifican los requerimientos de ley conforme a lo que establece el Tribunal Supremo Electoral.
Contrario sería que la población salvadoreña ciudadanizara los procesos electorales, tal como se estima en las democracias modernas a fin de hacer partícipe de dichos procesos a las bases militantes y ciudadanía en general. Se correspondería con aquello de que el soberano es el pueblo y el que elige, pide cuentas y reconoce al que le sirve desde el poder.
Para ciudadanizar los procesos electorales también es necesario ciudadanizar la comunicación. Es decir, empoderar al ciudadano para que participe activamente en los procesos comunicativos a fin de que sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
Entonces, una perspectiva ciudadana de la política y la comunicación implicaría que los partidos políticos ya no impongan candidaturas, sino esas candidaturas se construyan desde la ciudadanía con las personas idóneas y también se elaboren programas de gobierno que reflejen los intereses de la colectividad.
Los periodistas deben involucrar al ciudadano en los procesos electorales completos, no solamente encantarlo para que emita el voto. Es necesario que el ciudadano se encuentre con los candidatos para que discutan sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña; es decir, trascender de las cancioncitas o las camisetas al debate ciudadano.
La periodista colombiana Ana María Miralles, experta en comunicación y ciudadanía, afirma que en la actualidad “la máxima aspiración que tiene la población es que los candidatos no sean ladrones, sin darnos la oportunidad de analizar a fondo cada una de sus intenciones o propuestas; es decir, partir del candidato y averiguar quiénes son sus aliados”.
En ese sentido, Miralles insiste en que “se necesita ciudadanizar la política y politizar la ciudadanía”… en otras palabras “somos los ciudadanos los que debemos rescatar la palabra política”.
martes, mayo 02, 2017
Periodismo y poscensura
Por Guillermo Mejía
El uso indiscriminado de las redes sociales y el descrédito del periodismo en la sociedad contemporánea, entre otros aspectos, hacen difícil el debate racional y dan cabida en el escenario a personajes como el presidente estadounidense Donald Trump, en un fenómeno llamado poscensura.
Según el columnista español Juan Soto Ivars, autor del libro “Arden las redes”, los algoritmos de Instagram, Facebook y Twitter “ahondan la división creando islas ideológicas cerradas donde los usuarios tienden a recibir solamente opiniones políticas afines” e informaciones –reales o falsas- que corroboren sus prejuicios.
“Trump se ha aprovechado de la poscensura, un fenómeno nuevo y peligroso, producto de nuestro tiempo, que surge de la alineación de las redes sociales, la crisis de credibilidad de la prensa y una combinación de corrección política y guerra cultural”, dice Soto Ivars.
“La poscensura genera linchamientos, pero sobre todo destruye la posibilidad de un debate racional, y crea las condiciones perfectas para que un discurso como el de Trump tenga credibilidad”, agrega.
En ese sentido, la poscensura es un “sistema represivo que no requiere leyes ni estado censor, y que impone sus prohibiciones infundiendo el miedo a ser catalogados como traidores”: Los izquierdistas tienen miedo de que una multitud les llame machistas, racistas u homófobos, mientras que los derechistas temen etiquetas como buenista, relativista o progre.
“La poscensura mata el debate racional y exacerba los insultos y las acusaciones”, señala el autor español. A partir del fenómeno, se entiende el éxito de las posiciones radicales y el desmérito de la sutileza, y se comprende el hecho de que pese a los ataques de la izquierda haya salido victorioso el ahora presidente de Estados Unidos.
Soto Ivars nos ilustra:
“Los progresistas políticamente correctos y los puritanos conservadores tienen en común la alergia a la libertad de expresión de sus adversarios. Los izquierdistas imponen sus trigger warmings (avisos de que un texto contiene expresiones potencialmente ofensivas para las minorías), y los conservadores llevan a los tribunales a quienes mancillan los símbolos nacionales.”
“Unos construyen eufemismos para los negros o los enfermos y se los imponen al resto, mientras que otros logran que un pitido sustituya la palabra fuck en la televisión. Unos consiguen que se expediente a un profesor que cuestionó la existencia de la cultura de la violación, mientras que otros logran el despido de Ward Churchill de la Universidad de Colorado porque sugirió que el 11-S fue consecuencia de los ataques norteamericanos contra países musulmanes.”
Soto Ivars considera que la hiperconexión de las sociedades democráticas nos ha sumido en una guerra intransigente de puntos de vista, en una batalla cultural de batallones líquidos, a los que uno se adscribe sin más compromiso que la necesidad de que el grupo le dé la razón, a lo que se une la prensa irresponsable.
Así: Las redes sociales se han convertido en un canal por el que la ofensa corre libremente hasta infectar a los periódicos, la radio y la televisión, mientras las masas exigen –según se sientan afectadas- recortar la libertad de expresión.
Por ende: El proceso nos hace a todos menos libres por miedo a que una multitud de desconocidos venga a decirnos que somos malas personas. A medida que la ofensa se vuelve libre, el pensamiento se acobarda.
Al final: La concepción clásica de la censura requería un poder totalitario y unas leyes que la sustentasen, pero lo que Soto Ivars llama «poscensura» es un fenómeno desordenado de silenciamiento en medio del ruido que provoca la libertad.
El uso indiscriminado de las redes sociales y el descrédito del periodismo en la sociedad contemporánea, entre otros aspectos, hacen difícil el debate racional y dan cabida en el escenario a personajes como el presidente estadounidense Donald Trump, en un fenómeno llamado poscensura.
Según el columnista español Juan Soto Ivars, autor del libro “Arden las redes”, los algoritmos de Instagram, Facebook y Twitter “ahondan la división creando islas ideológicas cerradas donde los usuarios tienden a recibir solamente opiniones políticas afines” e informaciones –reales o falsas- que corroboren sus prejuicios.
“Trump se ha aprovechado de la poscensura, un fenómeno nuevo y peligroso, producto de nuestro tiempo, que surge de la alineación de las redes sociales, la crisis de credibilidad de la prensa y una combinación de corrección política y guerra cultural”, dice Soto Ivars.
“La poscensura genera linchamientos, pero sobre todo destruye la posibilidad de un debate racional, y crea las condiciones perfectas para que un discurso como el de Trump tenga credibilidad”, agrega.
En ese sentido, la poscensura es un “sistema represivo que no requiere leyes ni estado censor, y que impone sus prohibiciones infundiendo el miedo a ser catalogados como traidores”: Los izquierdistas tienen miedo de que una multitud les llame machistas, racistas u homófobos, mientras que los derechistas temen etiquetas como buenista, relativista o progre.
“La poscensura mata el debate racional y exacerba los insultos y las acusaciones”, señala el autor español. A partir del fenómeno, se entiende el éxito de las posiciones radicales y el desmérito de la sutileza, y se comprende el hecho de que pese a los ataques de la izquierda haya salido victorioso el ahora presidente de Estados Unidos.
Soto Ivars nos ilustra:
“Los progresistas políticamente correctos y los puritanos conservadores tienen en común la alergia a la libertad de expresión de sus adversarios. Los izquierdistas imponen sus trigger warmings (avisos de que un texto contiene expresiones potencialmente ofensivas para las minorías), y los conservadores llevan a los tribunales a quienes mancillan los símbolos nacionales.”
“Unos construyen eufemismos para los negros o los enfermos y se los imponen al resto, mientras que otros logran que un pitido sustituya la palabra fuck en la televisión. Unos consiguen que se expediente a un profesor que cuestionó la existencia de la cultura de la violación, mientras que otros logran el despido de Ward Churchill de la Universidad de Colorado porque sugirió que el 11-S fue consecuencia de los ataques norteamericanos contra países musulmanes.”
Soto Ivars considera que la hiperconexión de las sociedades democráticas nos ha sumido en una guerra intransigente de puntos de vista, en una batalla cultural de batallones líquidos, a los que uno se adscribe sin más compromiso que la necesidad de que el grupo le dé la razón, a lo que se une la prensa irresponsable.
Así: Las redes sociales se han convertido en un canal por el que la ofensa corre libremente hasta infectar a los periódicos, la radio y la televisión, mientras las masas exigen –según se sientan afectadas- recortar la libertad de expresión.
Por ende: El proceso nos hace a todos menos libres por miedo a que una multitud de desconocidos venga a decirnos que somos malas personas. A medida que la ofensa se vuelve libre, el pensamiento se acobarda.
Al final: La concepción clásica de la censura requería un poder totalitario y unas leyes que la sustentasen, pero lo que Soto Ivars llama «poscensura» es un fenómeno desordenado de silenciamiento en medio del ruido que provoca la libertad.
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