Por Guillermo Mejía
A pesar que los desaparecidos de la violencia social son miles cada año, los candidatos de los partidos políticos que buscan la presidencia no los han tomado en cuenta dentro de sus promesas de campaña. Si al caso, se han referido marginalmente a la situación de inseguridad reinante donde básicamente prometen más de lo mismo.
Cifras ofrecidas por la Fiscalía General registran cuando menos 3 mil 514 denuncias de personas desaparecidas durante 2018, cifra superior a los crímenes que sumaron 3 mil 340 durante el mismo periodo, de acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC). Al sumar las estadísticas resulta dantesco.
Las desapariciones de personas se dispararon durante el periodo de tregua del gobierno del presidente Mauricio Funes con las pandillas cuando se solaparon los crímenes para que artificialmente se mostrara una baja sensible de un promedio de unos 20 asesinatos a seis o cinco por día, situación que mientras no se conoció a fondo dio para proclamar un rotundo éxito en los planes de seguridad.
Desde esa fecha y, en coyunturas especiales como las electorales, las pandillas han tenido a bien utilizar sus estrategias a fin de sacar ventajas con funcionarios en ejercicio o políticos que buscan arribar a puestos de poder al grado que, por ejemplo, miembros de los principales partidos contendientes en los comicios de 2019, Arena, Fmln y Gana, han participado de negociaciones turbias.
De cara a las elecciones presidenciales de febrero próximo, los candidatos han coincidido en buscar alternativas que no sean “manoduristas”, utilizadas tanto por gobiernos de Arena como del Fmln, calificadas como fracasadas porque en lugar de resolver el grave problema de violencia social solo significaron echarle más leña al fuego.
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, recientemente señaló que no ve cambios sustanciales en las propuestas de los candidatos frente a los desafíos que representa la violencia social, más que todo buscan humanizar el tratamiento del caso y que en el actual gobierno ya han dado pasos concretos. El programa “Yo cambio”, según él, es prueba de ello.
Sin embargo, de los candidatos presidenciales no se ha escuchado nada sobre el desaparecimiento y menos del desplazamiento interno forzado por la violencia.
Una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) dada a conocer con Cristosal reveló que 8 de cada 10 salvadoreños considera que el Estado debe reconocer el desplazamiento interno forzado por la violencia.
Son al menos 235 mil compatriotas que se vieron obligados a dejar su lugar de residencia, por la violencia imperante, durante el año pasado.
Asimismo, el estudio concluyó que el 75.7 por ciento de los encuestados indicó que las medidas extraordinarias de seguridad había permitido al gobierno recuperar en poco o nada los territorios controlados por las pandillas, mientras que el 75.1 por ciento de los encuestados consideró que las restricciones habían reducido la delincuencia en poco o nada.
Los participantes también mostraron en un 65.5 por ciento su apoyo en mucho o algo la promulgación de una ley de rehabilitación de pandilleros como respuesta integral al problema.
El abogado de Cristosal, David Morales, dijo que “esta es la voz de la opinión pública que deben escuchar las candidaturas y los equipos que están trabajando por obtener la presidencia de la república y el futuro gobierno”. Como dicen, el vivo a señas y el tonto a palos.
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