El dolor y el sufrimiento humano como negocio mediático
Por Guillermo Mejía
El incendio que consumió parte de la granja-penal de Comayagua, Honduras, y que dejó al menos 361 reos muertos en días recientes ha sido motivo de controversia debido a que los medios de comunicación locales y extranjeros revivieron el dilema ético en torno al derecho a la información, el respeto a la dignidad de las personas y la mercantilización de las noticias.
El afán de la información como negocio hizo que la Agencia de Noticias Reuters enviara a sus clientes cinco fotografías que no correspondían al siniestro sino a otro incendio que se produjo en el año 2004, todo por la angustia de los foto-periodistas y editores de sacar la primicia a como diera lugar sin tomar en cuenta las normas éticas profesionales.
Según se conoció en círculos de prensa, un foto-periodista hondureño contratado por la agencia de noticias para retratar el incidente no estuvo en el tiempo preciso y decidió sin miramientos enviar a los editores las cinco fotografías del otro incendio con lo que abusó de la confianza de los editores a quienes también evidenció por su falta de rigor periodístico.
“Atención editores, Reuters ha tenido conocimiento de que estas fotografías no fueron tomadas en el incendio de la cárcel como así se afirmaba, ya que corresponden a un incidente anterior. Por favor, eliminen estas imágenes de sus sistemas. Lamentamos los inconvenientes”, comunicó la agencia de noticias posteriormente.
Sin embargo, el daño estaba hecho. Varios medios de comunicación publicaron en sus portadas –incluida la red de Internet- las fotografías.
Un foto-periodista salvadoreño que cubrió el incendio de la granja-penal para la prensa extranjera y que prefirió omitir su identidad, me comentó al respecto que si bien ese embuste es un caso sonado, también le causó mucha indignación y tristeza el evidente espectáculo mediático montado por la mercantilización periodística, en especial con el sufrimiento de los familiares de las víctimas.
Según el colega, los periodistas llegaron al extremo de sugerir a los familiares de las víctimas que “actuaran” a fin de lograr las mejores escenas, luego enviaron sus materiales y lograron impactar en los medios y, por supuesto, en los receptores. El denunciante dijo sentirse mal al ver cómo el interés comercial socava el deber ser del periodismo.
Todos sabemos que esa situación se repite a diario en la lógica mercantil de la información dentro de la sociedad de masas, que bajo el pretexto de informar espectaculariza los hechos cotidianos a fin de lograr mayores audiencias y ganancias. Estos casos se reproducen en especial en situaciones de dolor y sufrimiento, algo repudiable desde una perspectiva ético-moral.
En tal sentido, la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, reflexiona en torno al hecho de que si bien no se puede esconder la realidad “también es cierto que existe una tendencia generalizada por parte de los editores de los medios a considerar el drama humano intenso como un importante atributo o característica de las noticias”.
“A veces, los informadores seleccionan situaciones de sufrimiento y dolor, no por el interés informativo que tales noticias tienen para el público, sino porque son imágenes que provocan un fuerte impacto emocional, además de gozar de un poder extremo para atraer la atención de los receptores. Y eso para el medio de comunicación es económicamente rentable”, advierte.
La catedrática López Talavera nos recuerda la manera de informar en esos casos:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles las partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, asegura la profesora española.
Al final, muchos de los colegas que dieron cobertura al incendio de la granja-penal salieron con la suya, los editores dieron un respiro frente a la demanda informativa en tiempo real y los empresarios periodísticos continuaron el negocio. Como siempre, las víctimas y sus familiares volvieron a ser invisibles. Y el culpable del siniestro fue un cigarro encendido, ¿creen eso?
lunes, febrero 27, 2012
martes, febrero 14, 2012
La corrupción y los abusos: Riesgos de militarizar la seguridad pública
Por Guillermo Mejía
Los pasos acelerados del gobierno de Mauricio Funes en la militarización de la seguridad pública a fin de contrarrestar la escalada de violencia social derivada del accionar de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, puede desembocar en la corrupción y los abusos de poder por parte de los elementos de la Fuerza Armada.
La tesis se hizo pública en el reciente foro-debate “Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, auspiciado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, en el que participaron el experto estadounidense en el tema crimen organizado transnacional, Douglas Farah, y el analista salvadoreño Salvador Samayoa.
“Una de las razones por la que los militares fueron vistos con respeto después de los Acuerdos de Paz es porque simplemente no hacían nada”, dijo de forma contundente Farah, quien fuera corresponsal en tiempos de la guerra civil en el país. “Estaban acuartelados, se comportaban sin abusos y a todo el mundo le gustaba eso”, agregó.
“Pero el camino más rápido de destruir todo eso es ponerlos ahora en las calles a combatir a las pandillas y a los traficantes de droga. Eso es lo que estamos viendo en México… sin duda cuando se expone a este tipo de operaciones que, aunque sean unos pocos, se corrompen y cometen abusos, y la imagen de la institución comienza a deteriorarse”, advirtió Farah.
El primer gobierno de izquierda sigue los pasos de México y, junto a Honduras y Guatemala, le apuesta al accionar de los efectivos militares en contradicción con los Acuerdos de Paz y la Constitución, por cuanto la seguridad pública debe estar en manos de civiles. El ministro de Justicia y Seguridad, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) son militares de baja.
A la vez, los mandos de la PNC han sufrido cambios drásticos y, muy al contrario de lo esperado, han sido ocupados por antiguos jefes que tuvieron su participación en anteriores gobiernos que no dejaron ningún éxito en las estrategias antidelincuenciales, al contrario profundizaron aún más la espiral de violencia que deja, al menos, 13 muertes diarias.
Otro de los indicios del cambio de perspectiva fue la separación del anterior jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ex comandante rebelde Douglas Santamaría, a lo que se unió el desmantelamiento de la inteligencia policial donde fueron reubicados unos 18 agentes especiales a fin de dejar el terreno limpio.
Por su parte, el analista Salvador Samayoa, que integró las filas del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), afirmó que si bien pueden haber áreas donde coordinen la policía y la Fuerza Armada en el combate antidelincuencial “yo no creo que es sano, creo que no es eficiente tampoco, utilizar a los militares en la seguridad pública”.
Samayoa aclaró que si bien no compartió las denuncias del Fmln sobre la militarización de la seguridad, el caso es que desde un tiempo atrás “se han producido otros movimientos” que indican “que se piensa en el gobierno que se necesita imprimir al menos un estilo de trabajo, una disciplina y una mentalidad más parecida a lo militar para manejar la policía y la seguridad pública”.
En ese sentido, “con el paso del tiempo, si se les deja demasiado tiempo… los van a corromper de nuevo, van a tener que… van a matar gente. El primero que maten, aunque sea un delincuente odioso, pero va a haber una reacción muy grande política y creo que no es buena idea realmente”, advirtió el analista salvadoreño.
Desde su perspectiva como experto en el tema crimen organizado transnacional, Farah explicó que tras 20 años de la firma de la paz el crimen y los homicidios cotidianos deben comprenderse a partir de que tanto en algunos sectores de derecha como de izquierda quedaron algunas estructuras militares intactas que no olvidaron la violencia.
Si bien –teóricamente- la estructura de la PNC quedó bien instalada para asegurar su papel constitucional, en la realidad “las fuerzas de seguridad inmediatamente abrieron canales de comunicación e inteligencia con sus antiguos operativos de las fuerzas de seguridad de ultraderecha y algunos del Fmln hicieron lo mismo”, dijo Farah.
“Entonces, inmediatamente, habían estructuras paralelas de los dos grupos dentro de la policía y, ustedes lo ven ahora, estas estructuras privadas paralelas tenían más capacidad de inteligencia en las puntas de sus dedos que el mismo gobierno y entonces básicamente ese fue el primer set para el comienzo de la escalada de violencia”, agregó.
Con la violencia en los países del Triángulo Norte “tenemos así a los zetas metidos en Guatemala, tenemos al cartel de Sinaloa bien profundamente enraizado en Honduras, mientras que en El Salvador con su economía dolarizada le sirve a estos grupos para sus actividades de los carteles”, señaló el experto estadounidense, por lo que urgió de una estrategia de combate común.
Por lo tanto, se tiene un cóctel de criminales que se entienden más allá de diferencias ideológicas junto al crecimiento de las pandillas, que les sirven a los carteles, y “ahora traer a los militares a hacer un trabajo de seguridad para el que no están preparados como la policía creo que, hasta un punto particular, no le va a ser de gran beneficio al país”, enfatizó Farah.
Por Guillermo Mejía
Los pasos acelerados del gobierno de Mauricio Funes en la militarización de la seguridad pública a fin de contrarrestar la escalada de violencia social derivada del accionar de las pandillas, el crimen organizado y el narcotráfico, puede desembocar en la corrupción y los abusos de poder por parte de los elementos de la Fuerza Armada.
La tesis se hizo pública en el reciente foro-debate “Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador”, auspiciado por el Woodrow Wilson International Center for Scholars, en Washington, en el que participaron el experto estadounidense en el tema crimen organizado transnacional, Douglas Farah, y el analista salvadoreño Salvador Samayoa.
“Una de las razones por la que los militares fueron vistos con respeto después de los Acuerdos de Paz es porque simplemente no hacían nada”, dijo de forma contundente Farah, quien fuera corresponsal en tiempos de la guerra civil en el país. “Estaban acuartelados, se comportaban sin abusos y a todo el mundo le gustaba eso”, agregó.
“Pero el camino más rápido de destruir todo eso es ponerlos ahora en las calles a combatir a las pandillas y a los traficantes de droga. Eso es lo que estamos viendo en México… sin duda cuando se expone a este tipo de operaciones que, aunque sean unos pocos, se corrompen y cometen abusos, y la imagen de la institución comienza a deteriorarse”, advirtió Farah.
El primer gobierno de izquierda sigue los pasos de México y, junto a Honduras y Guatemala, le apuesta al accionar de los efectivos militares en contradicción con los Acuerdos de Paz y la Constitución, por cuanto la seguridad pública debe estar en manos de civiles. El ministro de Justicia y Seguridad, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC) son militares de baja.
A la vez, los mandos de la PNC han sufrido cambios drásticos y, muy al contrario de lo esperado, han sido ocupados por antiguos jefes que tuvieron su participación en anteriores gobiernos que no dejaron ningún éxito en las estrategias antidelincuenciales, al contrario profundizaron aún más la espiral de violencia que deja, al menos, 13 muertes diarias.
Otro de los indicios del cambio de perspectiva fue la separación del anterior jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), el ex comandante rebelde Douglas Santamaría, a lo que se unió el desmantelamiento de la inteligencia policial donde fueron reubicados unos 18 agentes especiales a fin de dejar el terreno limpio.
Por su parte, el analista Salvador Samayoa, que integró las filas del entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), afirmó que si bien pueden haber áreas donde coordinen la policía y la Fuerza Armada en el combate antidelincuencial “yo no creo que es sano, creo que no es eficiente tampoco, utilizar a los militares en la seguridad pública”.
Samayoa aclaró que si bien no compartió las denuncias del Fmln sobre la militarización de la seguridad, el caso es que desde un tiempo atrás “se han producido otros movimientos” que indican “que se piensa en el gobierno que se necesita imprimir al menos un estilo de trabajo, una disciplina y una mentalidad más parecida a lo militar para manejar la policía y la seguridad pública”.
En ese sentido, “con el paso del tiempo, si se les deja demasiado tiempo… los van a corromper de nuevo, van a tener que… van a matar gente. El primero que maten, aunque sea un delincuente odioso, pero va a haber una reacción muy grande política y creo que no es buena idea realmente”, advirtió el analista salvadoreño.
Desde su perspectiva como experto en el tema crimen organizado transnacional, Farah explicó que tras 20 años de la firma de la paz el crimen y los homicidios cotidianos deben comprenderse a partir de que tanto en algunos sectores de derecha como de izquierda quedaron algunas estructuras militares intactas que no olvidaron la violencia.
Si bien –teóricamente- la estructura de la PNC quedó bien instalada para asegurar su papel constitucional, en la realidad “las fuerzas de seguridad inmediatamente abrieron canales de comunicación e inteligencia con sus antiguos operativos de las fuerzas de seguridad de ultraderecha y algunos del Fmln hicieron lo mismo”, dijo Farah.
“Entonces, inmediatamente, habían estructuras paralelas de los dos grupos dentro de la policía y, ustedes lo ven ahora, estas estructuras privadas paralelas tenían más capacidad de inteligencia en las puntas de sus dedos que el mismo gobierno y entonces básicamente ese fue el primer set para el comienzo de la escalada de violencia”, agregó.
Con la violencia en los países del Triángulo Norte “tenemos así a los zetas metidos en Guatemala, tenemos al cartel de Sinaloa bien profundamente enraizado en Honduras, mientras que en El Salvador con su economía dolarizada le sirve a estos grupos para sus actividades de los carteles”, señaló el experto estadounidense, por lo que urgió de una estrategia de combate común.
Por lo tanto, se tiene un cóctel de criminales que se entienden más allá de diferencias ideológicas junto al crecimiento de las pandillas, que les sirven a los carteles, y “ahora traer a los militares a hacer un trabajo de seguridad para el que no están preparados como la policía creo que, hasta un punto particular, no le va a ser de gran beneficio al país”, enfatizó Farah.
lunes, febrero 06, 2012
La participación ciudadana como eje del proceso electoral
Por Guillermo Mejía
La participación ciudadana en el proceso electoral que vivimos de cara a los comicios de alcaldes y diputados del 11 de marzo próximo no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir al evento.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; sin embargo, solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Si bien no se pueden negar cambios en los procesos electorales desde el fin de la guerra civil –acordémonos de la cultura del fraude- aún falta una perspectiva cívica con esa participación que vaya más allá de los sondeos de opinión, de las decisiones verticales de las cúpulas partidarias y de la concentración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en manos de los mismos políticos.
Son tan precarias las condiciones para arribar a la democratización de las elecciones que hasta ahora se ensayará el voto residencial en una parte del territorio nacional, se contará con un insignificante número de candidatos independientes de los partidos políticos y aparecerá la fotografía de los candidatos, aunque también la bandera del partido -algo contradictorio.
Considerando que la política se observa y reconoce a través del sistema mediático, por eso es tan importante asumir los retos de la comunicación política, una forma conciente desde la comunicación colectiva conlleva una perspectiva ciudadana que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública.
La autora y catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano; es decir, adelantar estrategias de pedagogía política que si bien no pasan solamente por lo medios de comunicación, encuentran en ellos uno de sus principales escenarios”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente –como es la tradición- encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras realmente significa sentar las bases de un foro mediático.
“Es más que una técnica: encierra toda una filosofía que pretende recobrar el sentido del proceso electoral y de paso recordar que más que electores se debe hablar de ciudadanos que pueden construir una agenda temática alrededor de la cual los candidatos se pronuncien para conectarse con los intereses y necesidades” del pueblo y hacer sus propuestas, señala Miralles.
La acción política de los periodistas no significa que se está desplazando a los políticos de por sí, sino que se trata de hacer más viable la democracia en las actuales sociedades de masas, ya que se ponen a los medios de comunicación a disposición del diálogo social con la puesta en escena de tres agendas: la de los políticos, la de los medios y la de la ciudadanía.
Para aclarar el punto, la profesora colombiana explica que los sondeos de opinión –tan comunes en los procesos electorales- deben realmente servir, para la construcción de la agenda ciudadana, o sea ir más allá del enfoque tradicional que los utiliza sólo para medir los índices de popularidad de los candidatos. La agenda ciudadana debe servir para escoger a los candidatos.
“La campaña ocuparía solamente un espacio del espectro y probablemente podría ser entendido como mecanismo de difusión y no de construcción de ideas. Lo problemático de poner como centro del cubrimiento electoral los temas de campaña, es que la opinión pública está cediendo la iniciativa a quienes compiten por un puesto y con ello se les da el control del proceso”, advierte.
En resumen, el proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y también la de los medios de comunicación que no son simples testigos de dicho proceso electoral. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia.
Por Guillermo Mejía
La participación ciudadana en el proceso electoral que vivimos de cara a los comicios de alcaldes y diputados del 11 de marzo próximo no se puede conformar con tan sólo ser objeto de encuestas de opinión, información genérica sobre candidatos y partidos políticos, promesas de campaña y las condiciones de infraestructura básica para asistir al evento.
Quedarse ahí forma parte de la concepción tradicional sobre la participación de los ciudadanos en la elección de sus autoridades; sin embargo, solamente asegura que esos electores ejerzan su soberanía con tan sólo emitir su voto no así que se vean involucrados en el proceso desde su génesis, o sea en escoger candidatos y definir los temas de debate desde las bases.
Si bien no se pueden negar cambios en los procesos electorales desde el fin de la guerra civil –acordémonos de la cultura del fraude- aún falta una perspectiva cívica con esa participación que vaya más allá de los sondeos de opinión, de las decisiones verticales de las cúpulas partidarias y de la concentración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en manos de los mismos políticos.
Son tan precarias las condiciones para arribar a la democratización de las elecciones que hasta ahora se ensayará el voto residencial en una parte del territorio nacional, se contará con un insignificante número de candidatos independientes de los partidos políticos y aparecerá la fotografía de los candidatos, aunque también la bandera del partido -algo contradictorio.
Considerando que la política se observa y reconoce a través del sistema mediático, por eso es tan importante asumir los retos de la comunicación política, una forma conciente desde la comunicación colectiva conlleva una perspectiva ciudadana que privilegie la participación del conglomerado mediante prácticas deliberativas que impacten en la escena pública.
La autora y catedrática colombiana, Ana María Miralles, afirma que dar voz a la gente pasa “por procesos deliberativos de formación de opinión pública, que se constituyen en toda una práctica pedagógica, con un sentido renovado de la política que ya no estará exclusivamente en manos de los ‘políticos profesionales’ y que no necesariamente tiene que pasar por las instituciones”.
Al contrario, esa experiencia democrática “se mueve en espacios más abiertos y definidos desde un punto de vista predominantemente cultural, más cerca de los sistemas simbólicos de la gente”, agrega Miralles, “es un reto político y educativo frente al predominio del sistema de la representatividad que ha hecho del ciudadano un sujeto que delega en otros la iniciativa”.
En ese sentido, el periodismo ciudadano o cívico puede convertirse en una buena herramienta, para que ese ciudadano sea interpelado y de esa forma recupere el control de la agenda temática superando la idea tradicional de que lo público es sinónimo del Estado como si no fuese la persona el eje de la acción política.
“Construir o reconstruir un sentido de lo público como un sistema de comunicación democrática, con la presencia de diversos actores, discursos, opiniones y acciones para la vida colectiva, supone re-educar al ciudadano; es decir, adelantar estrategias de pedagogía política que si bien no pasan solamente por lo medios de comunicación, encuentran en ellos uno de sus principales escenarios”, explica la profesora colombiana.
Como práctica comprometida, los periodistas deben involucrar al ciudadano en el proceso y no solamente –como es la tradición- encantarlo para que emita el voto. Es preciso que el ciudadano se encuentre con los candidatos sobre temas de gobierno más allá de los temas de campaña, en otras palabras realmente significa sentar las bases de un foro mediático.
“Es más que una técnica: encierra toda una filosofía que pretende recobrar el sentido del proceso electoral y de paso recordar que más que electores se debe hablar de ciudadanos que pueden construir una agenda temática alrededor de la cual los candidatos se pronuncien para conectarse con los intereses y necesidades” del pueblo y hacer sus propuestas, señala Miralles.
La acción política de los periodistas no significa que se está desplazando a los políticos de por sí, sino que se trata de hacer más viable la democracia en las actuales sociedades de masas, ya que se ponen a los medios de comunicación a disposición del diálogo social con la puesta en escena de tres agendas: la de los políticos, la de los medios y la de la ciudadanía.
Para aclarar el punto, la profesora colombiana explica que los sondeos de opinión –tan comunes en los procesos electorales- deben realmente servir, para la construcción de la agenda ciudadana, o sea ir más allá del enfoque tradicional que los utiliza sólo para medir los índices de popularidad de los candidatos. La agenda ciudadana debe servir para escoger a los candidatos.
“La campaña ocuparía solamente un espacio del espectro y probablemente podría ser entendido como mecanismo de difusión y no de construcción de ideas. Lo problemático de poner como centro del cubrimiento electoral los temas de campaña, es que la opinión pública está cediendo la iniciativa a quienes compiten por un puesto y con ello se les da el control del proceso”, advierte.
En resumen, el proceso electoral debe “ciudadanizarse”, sacarlo del control de los partidos políticos, en un juego donde la agenda ciudadana necesariamente va a competir con la de los políticos y también la de los medios de comunicación que no son simples testigos de dicho proceso electoral. Una comunicación comprometida con la ciudadanía puede ser la diferencia.
lunes, enero 30, 2012
La carga de conciencia sobre la migración forzada
Por Guillermo Mejía
De las innumerables deudas de la clase política y de sectores de poder económico sobresale la migración forzada de miles de compatriotas en busca del “sueño americano” –más bien pesadilla-, por no encontrar en estas tierras lo que justamente les corresponde como ciudadanos, realidad desconcertante que con el paso de los años sigue invisibilizada.
De eso precisamente abundó la semana pasada el sacerdote y activista pro-emigrantes mexicano, Alejandro Solalinde, en una jornada de conciencia que lo llevó a exponer en un foro de radios comunitarias, reuniones con expertos y entrevistas periodísticas, en especial en medios alternativos más que en la prensa tradicional.
Solalinde, que tiene su centro de ayuda en el Estado mexicano de Oaxaca, explicó en el espacio de análisis y reflexión “Temas” de Radio Nacional que más que éxodo o migración a secas el fenómeno hay que llamarlo “migroma-humano”, porque “al verlos a ellos nos vemos a nosotros mismos” y, por ende, es urgente que veamos lo que debemos de ser, no lo que somos.
El martirio de la migración hacia el Norte representa una tragedia, tanto para las víctimas como para la sociedad en general: “Los responsables de los países de origen… cómo es posible que no hagan nada, para crear buenas condiciones y retener a su mejor gente… cómo es posible que en los países de tránsito tampoco se den cuenta de la tragedia, de esa muerte lenta”, denunció.
“Y cómo es posible también que a los Estados Unidos, el principal país de destino, se les haya olvidado que es un país de emigrantes, que llegaron allí, ya se les olvidó que fueron exterminando a la gente poco a poco para quedarse ellos… se les olvidó que Estados Unidos siempre se ha alimentado de nuevas migraciones”, agregó el sacerdote mexicano.
Solalinde lamentó que, además de la injusticia estructural y el sistema neoliberal, la evasión de los salvadoreños se da por no existir “una reconciliación nacional” luego de la guerra civil, a la vez de no tener de parte de los gobiernos de turno “una mayor honradez para aprovechar todos los medios que se tengan para invertir en las personas, para invertir en las nuevas generaciones”.
Tan grave la situación que los compatriotas asumen los riesgos, porque la violencia social acá también significa muerte: “La emigración es una respuesta inmediata a una descomposición estructural y sistémica y, por lo tanto, tenemos que hacer algo… no componer el sistema y darle vida artificial, porque tienen que venir otros sistemas menos abusivos y depredadores”, señaló.
El sacerdote y activista mexicano denunció lo que llama “una nueva esclavitud” que representa a la trata de personas sin que importe su dignidad, porque lo que interesa es el número y que sean “buenos para el mercado, para tráfico de órganos… a las mujeres que vienen con sus niños (las separan) porque también a los niños se pueden vender”.
“Y las mujeres igual y, me da pena decirlo, pero las mujeres que son más preciadas por su físico, por su color, son las salvadoreñas… y desgraciadamente son las primeras que llevan para la prostitución y la trata, y que finalmente muchas de ellas estoy seguro han desaparecido… todo esto es una tragedia y se ha llegado a lo más bajo de la humanidad”, agregó indignado.
Solalinde apeló al compromiso de la iglesia a fin de revertir el problema: “La iglesia lo primero que debe (hacer) es incidencia política para que el gobierno haga lo suyo, también hacer un llamado a la iniciativa privada, no sólo tomarse el cafecito y el chocolate con ellos, sino cuestionarlos, profetizarles, motivarlos para que inviertan en la sociedad”.
“Pero no que inviertan para sacar el doble o el triple, que inviertan con sentido social, con un sentido de dar no solamente un trabajo de subsistencia para que medio vivan y se mueran de hambre, sino un trabajo digno con una paga justa remunerada para que tengan una vida digna… la iglesia puede hacer maravillas si ella los convence”, añadió.
Solamente en Estados Unidos hay cerca de tres millones de compatriotas que se suman a los que se fueron para otras tierras cercanas o distantes. La ironía es que para los gobiernos de turno y los sectores de poder económico realmente su importancia radica en los más de tres mil millones de dólares anuales en remesas que sirven para el consumo. El país es prácticamente improductivo.
Las reflexiones del sacerdote mexicano cayeron en buen momento por la profundización de la crisis económica y la violencia delincuencial en esta sociedad que no encuentra rumbo, que está ensayando fórmulas que en el pasado generaron mayor desencuentro y nos llevaron a la vorágine. Es más, en un período electoral donde se construye más imagen que propuestas políticas serias.
Por Guillermo Mejía
De las innumerables deudas de la clase política y de sectores de poder económico sobresale la migración forzada de miles de compatriotas en busca del “sueño americano” –más bien pesadilla-, por no encontrar en estas tierras lo que justamente les corresponde como ciudadanos, realidad desconcertante que con el paso de los años sigue invisibilizada.
De eso precisamente abundó la semana pasada el sacerdote y activista pro-emigrantes mexicano, Alejandro Solalinde, en una jornada de conciencia que lo llevó a exponer en un foro de radios comunitarias, reuniones con expertos y entrevistas periodísticas, en especial en medios alternativos más que en la prensa tradicional.
Solalinde, que tiene su centro de ayuda en el Estado mexicano de Oaxaca, explicó en el espacio de análisis y reflexión “Temas” de Radio Nacional que más que éxodo o migración a secas el fenómeno hay que llamarlo “migroma-humano”, porque “al verlos a ellos nos vemos a nosotros mismos” y, por ende, es urgente que veamos lo que debemos de ser, no lo que somos.
El martirio de la migración hacia el Norte representa una tragedia, tanto para las víctimas como para la sociedad en general: “Los responsables de los países de origen… cómo es posible que no hagan nada, para crear buenas condiciones y retener a su mejor gente… cómo es posible que en los países de tránsito tampoco se den cuenta de la tragedia, de esa muerte lenta”, denunció.
“Y cómo es posible también que a los Estados Unidos, el principal país de destino, se les haya olvidado que es un país de emigrantes, que llegaron allí, ya se les olvidó que fueron exterminando a la gente poco a poco para quedarse ellos… se les olvidó que Estados Unidos siempre se ha alimentado de nuevas migraciones”, agregó el sacerdote mexicano.
Solalinde lamentó que, además de la injusticia estructural y el sistema neoliberal, la evasión de los salvadoreños se da por no existir “una reconciliación nacional” luego de la guerra civil, a la vez de no tener de parte de los gobiernos de turno “una mayor honradez para aprovechar todos los medios que se tengan para invertir en las personas, para invertir en las nuevas generaciones”.
Tan grave la situación que los compatriotas asumen los riesgos, porque la violencia social acá también significa muerte: “La emigración es una respuesta inmediata a una descomposición estructural y sistémica y, por lo tanto, tenemos que hacer algo… no componer el sistema y darle vida artificial, porque tienen que venir otros sistemas menos abusivos y depredadores”, señaló.
El sacerdote y activista mexicano denunció lo que llama “una nueva esclavitud” que representa a la trata de personas sin que importe su dignidad, porque lo que interesa es el número y que sean “buenos para el mercado, para tráfico de órganos… a las mujeres que vienen con sus niños (las separan) porque también a los niños se pueden vender”.
“Y las mujeres igual y, me da pena decirlo, pero las mujeres que son más preciadas por su físico, por su color, son las salvadoreñas… y desgraciadamente son las primeras que llevan para la prostitución y la trata, y que finalmente muchas de ellas estoy seguro han desaparecido… todo esto es una tragedia y se ha llegado a lo más bajo de la humanidad”, agregó indignado.
Solalinde apeló al compromiso de la iglesia a fin de revertir el problema: “La iglesia lo primero que debe (hacer) es incidencia política para que el gobierno haga lo suyo, también hacer un llamado a la iniciativa privada, no sólo tomarse el cafecito y el chocolate con ellos, sino cuestionarlos, profetizarles, motivarlos para que inviertan en la sociedad”.
“Pero no que inviertan para sacar el doble o el triple, que inviertan con sentido social, con un sentido de dar no solamente un trabajo de subsistencia para que medio vivan y se mueran de hambre, sino un trabajo digno con una paga justa remunerada para que tengan una vida digna… la iglesia puede hacer maravillas si ella los convence”, añadió.
Solamente en Estados Unidos hay cerca de tres millones de compatriotas que se suman a los que se fueron para otras tierras cercanas o distantes. La ironía es que para los gobiernos de turno y los sectores de poder económico realmente su importancia radica en los más de tres mil millones de dólares anuales en remesas que sirven para el consumo. El país es prácticamente improductivo.
Las reflexiones del sacerdote mexicano cayeron en buen momento por la profundización de la crisis económica y la violencia delincuencial en esta sociedad que no encuentra rumbo, que está ensayando fórmulas que en el pasado generaron mayor desencuentro y nos llevaron a la vorágine. Es más, en un período electoral donde se construye más imagen que propuestas políticas serias.
miércoles, enero 25, 2012
El ascenso de los militares en la seguridad pública
Por Guillermo Mejía
Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.
El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.
Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.
El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.
Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.
Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.
No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.
Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.
Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.
En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.
Por Guillermo Mejía
Los hechos demuestran que en el gobierno del presidente Mauricio Funes -como no había sucedido antes- los militares han tomado los puestos claves de la seguridad pública, ya que dos generales en retiro controlan el ministerio de Justicia y Seguridad, y la Policía Nacional Civil (PNC) en abierta violación a la Constitución de la República y los Acuerdos de Paz.
El mandatario salvadoreño nombró en un período corto de tiempo a David Munguía Payés, en el ministerio, y a Francisco Salinas en la policía luego que causaron baja de la Fuerza Armada donde fungieron como ministro y vice-ministro de Defensa, respectivamente, lo que ha dado paso a denuncias sobre la militarización de la sociedad.
Aunque Funes, del “gobierno del cambio” y que llegó con la bandera del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), diga lo contrario y considere que desde diversos sectores se ven “fantasmas” el punto es que cada vez más se siente la presencia de la milicia en las labores de seguridad pública.
El riesgo es que la errónea política de seguridad, copiada de México hacia los países del triángulo norte (El Salvador, Honduras y Guatemala), que privilegia la implementación de la represión militar sin tomar en cuenta, como se debe, una visión más integral del problema, puede desembocar en la instauración de Estados ingobernables.
Investigaciones periodísticas en proceso revelan que los pandilleros han tomado muy en serio el reto publicitario del gobierno de Mauricio Funes que insiste en desarticularlos con la utilización de efectivos militares en colonias y barrios pobres, lo que los mueve a no quedarse atrás en su preparación para tiempos peores.
Una visión holística de esa crisis social implica que, además del combate efectivo con el uso de las fuerzas de seguridad, se ejecuten programas sociales en serio que rompan con los vicios estructurales que eternizan la pobreza, la exclusión y que hagan creer perversamente a la mentalidad colectiva que la solución está en la militarización de la sociedad.
No se necesita ser especialista en estudios sociales para reconocer esa realidad. La lógica elemental nos orienta a pensar que una población pobre, excluida y amenazada busca la manera de solventar sus males a como de lugar, sin que se dejen por fuera actividades ilícitas, por lo que existe el caldo de cultivo para la delincuencia.
Si bien la gente demanda acciones concretas porque ya no soporta la situación, es urgente que las entidades respectivas cumplan su papel y atiendan a esa población excluida a fin de cerrar el círculo vicioso. Para eso se necesita salud, educación, democratización de la carga tributaria, entre otras cosas, no solamente garrote.
Qué contrastes se viven en esta sociedad maltrecha y violenta. Hace unos días el presidente Funes pidió perdón por la masacre de El Mozote, departamento de Morazán, donde efectivos militares asesinaron a 936 campesinos, entre ellos niños, mujeres, ancianos, en 1981. Y, a la par, da rienda suelta a los militares para que dirijan la seguridad pública.
En medio de esas ironías, también incorporó al ex coronel Sigifredo Ochoa Pérez a la Comisión de Límites de la Cancillería, un militar de la pasada guerra y candidato a diputado por el derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que ha mostrado su malestar por el nombramiento e incluso ha puesto un recurso en la Corte Suprema de Justicia. Ojala que no vengan cosas peores.
lunes, enero 16, 2012
La comunicación: Otra deuda de los Acuerdos de Paz
Por Guillermo Mejía
Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.
El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.
Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:
En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.
En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.
En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.
Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.
En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:
La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.
Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.
El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.
Por Guillermo Mejía
Uno de los derechos humanos ausentes de los Acuerdos de Paz firmados entre el gobierno de entonces y la izquierda guerrillera el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, es el de la comunicación entendiéndose éste como conjunto de facultades inherentes al ser humano como ser sociable, para intercambiar y poner en común diversas formas de mensajes.
Si bien en el discurso dominante se insiste en la evolución del sistema de comunicación colectiva como señal inequívoca de avance del proceso democrático, a partir del proceso de paz, no es tan cierta esa pretensión en cuanto muchas falencias del sistema –naturaleza del mismo- se mantienen invariables en la sociedad salvadoreña.
El riesgo de eternizar esas condiciones antidemocráticas de los que tienen en sus manos el sistema mediático persiste, porque por un lado no hay una atención como corresponde de parte del Estado en su obligación por el cumplimiento de ese derecho, mientras el poder económico excluye impunemente a amplios sectores y ejerce censura.
Hay que agregar a esa lamentable realidad, donde el avance tecnológico mediático se pretende vender como muestra de democracia comunicativa, la dispersión y sometimiento a intereses corporativos e ideológicos del cuerpo de prensa en general, que se ve preocupado más por aspectos tecnocráticos que por la reflexión y la lucha por los derechos ciudadanos.
Como antes del conflicto armado, se mantiene presente en la mentalidad de los empresarios y políticos tradicionales la idea perversa de que la lucha reivindicativa por el derecho a la comunicación y la información es subversiva, traída de otros mundos, con el agravante de que la ciudadanía tampoco ha sido educada en ese derecho humano.
Para ilustrar las preocupaciones que se desprenden de esa realidad comunicativa incuestionable tras el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz y encaminados en el Siglo XXI se pueden señalar algunos puntos críticos:
En primer lugar, la ausencia de información y opinión que realmente contribuya a la formación de opinión pública democrática. La apertura mediática es precaria, la presencia marginal de voces discordantes desdice de una verdadera agenda periodística que refleje compromiso con esa democracia que se propuso el proceso de paz.
En segundo lugar, hay concentración de medios de comunicación en las mismas manos que manejan las corporaciones y las agencias de publicidad con lo que otros medios quedan fuera del pastel, incluidos anuncios de las instituciones del Estado. Eso no posibilita sino ahoga las propuestas comunicativas alternativas que tienen derecho a existir en una sociedad democrática.
En tercer lugar, desde el Estado mismo aún no se avizora un compromiso real y sostenido en sus diversas esferas por enrumbar a la sociedad en general a la comprensión y lucha por el derecho a la comunicación y la información a fin de que se concrete esa comunicación democrática, crítica y horizontal desde la construcción de ciudadanía.
Ante esa situación, es menester que la sociedad en general y los periodistas en particular asumamos compromisos orientados a la consolidación y vigencia plena del derecho a la comunicación e información, sobre todo que desde el mismo gobierno de turno, considerado el primero de izquierda en el país, se pregona el ejercicio de las libertades.
En ese sentido, con otros colegas hemos advertido desde tiempo atrás –lo que comprueba que es una discusión constante- algunos puntos que vendrían a coadyuvar a esa lucha por el derecho a la comunicación y la información:
La apertura mediática a la pluralidad, para la construcción de una agenda ciudadana que posibilite la participación de todos en la diversidad de temas que nos incumben; la lucha por la integridad profesional para uno mismo y para los demás como comunicadores; la creación y fomento de los observatorios de medios de comunicación a fin constatar la práctica periodística; el compromiso de empresarios y políticos en particular en no entorpecer el trabajo periodístico digno.
Además, la promulgación de un estatuto profesional del periodista y una legislación moderna sobre comunicación; el fomento de la auto-crítica de los medios de comunicación y la crítica de la ciudadanía sobre dicha práctica; la construcción de ciudadanía como eje primordial de la práctica periodística; la observación de la ética como otro eje central del trabajo periodístico; la lucha por la dignificación del periodista.
El problema de la comunicación no es patrimonio exclusivo de sociedades como las nuestras, al contrario las sociedades post-industriales vienen experimentando una grave crisis de credibilidad y legitimidad desde tiempo atrás y, en ese caso, también sus propuestas comunicativas han sufrido las consecuencias. El aspecto tecnológico no lo es todo, urge el pensamiento y la reflexión.
lunes, enero 09, 2012
Sociedad violenta a veinte años de la paz
Por Guillermo Mejía
La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.
El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.
Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.
Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.
La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.
En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.
No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.
En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.
Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.
Por Guillermo Mejía
La destrucción del mural de Fernando Llort en la fachada de Catedral Metropolitana por órdenes de las autoridades eclesiásticas nos da la oportunidad, para reflexionar en torno al ambiente de intolerancia y violencia en que se ve envuelta la sociedad salvadoreña tras veinte años de la firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepec, México.
El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, pidió disculpas a medias que no han logrado apaciguar el malestar y denuncias de diversos sectores, como la protesta pública del mismo artista que exigió, entre otras cosas, que la iglesia le devuelva el ripio del mural para reutilizarlo en otra obra.
El jerarca católico ha pedido la integración de una comisión que cierre este bochornoso episodio donde, además de la iglesia, estén representantes de la familia Llort y de la Secretaría de la Cultura del gobierno. Uno de los frutos que esperan es que entre las tres partes acuerden la nueva obra que tendrá la fachada de Catedral Metropolitana.
Como hemos notado, mucho se ha hablado y se ha escrito sobre este atentado a la cultura, incluso expresiones de quienes no reconocen la obra de Llort, que con desprecio llaman “la toallona”, o resienten que se nombre a la catedral como patrimonio cultural. El papel aguanta con todo, pero la cuestión en juego es esta forma de violencia en pleno Siglo XXI.
Una de las formas de violencia, porque una visión crítica sobre el estado actual de la sociedad salvadoreña nos ilustra cómo hemos sucumbido en una situación en que existe menosprecio sistemático por la vida, de manera cotidiana, que en el pasado año nos ofreció la suma de más de cuatro mil muertes, con lo que tenemos ganado ser uno de los países más violentos del mundo.
La matanza sigue, no se puede ocultar, más allá de las promesas oficiales en palabras del ministro de Justicia y Seguridad, general David Munguía Payés, sobre la posibilidad de reducir a grandes pasos esa violencia donde se mezclan las acciones de las pandillas, el crimen organizado, el narcotráfico y los actos violentos de oportunistas.
En la destrucción del mural vale notar el carácter aldeano de la sociedad salvadoreña representado en los diversos sectores sociales, económicos y políticos; es decir, la Iglesia Católica en esta ocasión está mostrando parte de las atmósferas culturales donde, además del valeverguismo y la propensión a la violencia, existe insensibilidad ante las expresiones sublimes.
No se puede desperdiciar la ocasión para hablar en perspectiva sobre lo que heredamos luego del fin negociado de la guerra civil el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno de Alfredo Cristiani y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas.
En estas dos décadas de paz negociada se nota el déficit de cara a lo propuesto en los acuerdos, pero en eso también cuenta mucho lo que somos como sociedad, víctimas del temor y la incomprensión sobre el compromiso cívico. Por ejemplo, el partido político surgido de la ex guerrilla tendría que haber potenciado la construcción de ciudadanía, no hacer lo mismo que los demás.
Las condiciones de injusticia estructural se perpetúan, la partidocracia mantiene secuestrada la soberanía ciudadana, los ricos se hacen más ricos con la complicidad de los gobernantes de turno, en fin. Aunque a muchos les suena utopías –que también potencian las luchas- es urgente que asumamos el papel que nos corresponde. No nos conformemos con poco.
lunes, enero 02, 2012
Los Acuerdos de Paz en perspectiva
Por Guillermo Mejía
A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.
El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).
En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.
Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.
Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:
-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.
-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.
-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.
-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.
Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.
No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.
Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?
Por Guillermo Mejía
A las puertas del vigésimo aniversario de los históricos Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra interna el 16 de enero de 1992, es menester insistir en las carencias del proceso de consolidación democrática, la esclerótica clase política y la ausencia de la participación ciudadana en la construcción de su destino.
El proceso de paz, bajo la mediación de las Naciones Unidas, logró parar el conflicto fratricida con la rúbrica del documento entre representantes del gobierno del presidente Alfredo Cristiani y la comandancia general de la entonces guerrilla aglutinada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln).
En síntesis, partes importantes del pacto sellado en Chapultepec, México, allanaron la incorporación política de los ex rebeldes de izquierda, pasos en dirección a la desmilitarización de la sociedad, la depuración del sistema judicial y sentar las bases de la democratización del sistema de injusticia estructural que propició el conflicto armado en décadas anteriores.
Con el correr del tiempo, aquella ilusión que se vivió con el silencio de las armas se fue apagando en cuanto muchos de los presupuestos quedaron en el camino. Si bien los ex rebeldes ahora participan de cuotas respetables de poder formal aún esa injusticia estructural se mantiene y socava las aspiraciones de libertad y justicia de la sociedad salvadoreña.
Algunas cuestiones al respecto sirven para dibujar el panorama:
-En primer lugar, la apertura política realmente no transformó en esencia la forma de participación popular en la administración de la cosa pública, resulta deficitario para la sociedad que solo esa apertura haya servido para la conversión de la ex guerrilla en partido político. Es decir, la extensión del sistema tradicional.
-En segundo lugar, la necesaria y urgente democratización de las estructuras sociales y económicas injustas que propiciaron la insurrección armada se ahogó en el camino por el sabotaje de los sectores del poder económico que dieron al traste con los esfuerzos de concertación que heredaron los Acuerdos de Paz. El foro fue un fracaso.
-En tercer lugar, en realidad no hubo una transformación de la clase política que, al contrario, con la anuencia de la izquierda partidaria ha consolidado una partidocracia que atenta contra el derecho a la participación como quedó reflejado, por ejemplo, en el vergonzante decreto 743 y la imposición de la bandera en la papeleta de votación cuando la ley ordenó que fuese solo la foto del candidato.
-En cuarto lugar, los intentos fallidos porque la sociedad salvadoreña tenga acceso a un sistema judicial transparente y democrático debido a múltiples factores. En la actual coyuntura, se pueden mencionar, entre otros, la preocupante contaminación de estructuras de la policía, la fiscalía, los juzgados, etc., por el crimen organizado y el narcotráfico. No digamos la clase política.
Como corolario, es notable la ausencia de la gente que realmente representa a los sectores populares en la construcción de su destino. El sistema, como es lógico, nunca se iba a preocupar por la organización de base y quienes eran los portadores históricos de su bandera fueron cayendo en el acomodamiento y el goce del poder de turno, aunque digan lo contrario.
No está de más decir que el espíritu de los Acuerdos de Paz debe ser rescatado, hay muchas partes de su presupuesto que servirían para sentar las bases de otra sociedad más humana, solidaria, transparente, justa, en fin, donde la persona realmente sea el centro y atención de la razón del Estado.
Desde la parte oficial asistiremos a otro evento espectacular más, cuando se cumpla el vigésimo aniversario, al igual que ocurre en cada conmemoración de hechos históricos. Recordemos que en el Bicentenario del Primer Grito de Independencia Centroamericana, el 5 de noviembre pasado, lo más sonado fue el desfile militar. ¿Y la memoria histórica?
lunes, diciembre 19, 2011
La desilusión centroamericana
Por Guillermo Mejía
En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.
Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.
Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.
República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.
En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.
En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.
A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.
El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.
Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.
Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.
Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.
Los centroamericanos tenemos la palabra.
Por Guillermo Mejía
En días recientes se cumplieron 20 años del relanzamiento de la unidad regional, a la vez que los presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) realizaron un cónclave con modestos resultados frente a los estragos del cambio climático y los desafíos por la escalada del crimen organizado y el narcotráfico.
Pasaron más de dos décadas para que se firmara el Protocolo de Tegucigalpa, en diciembre de 1991, a fin de rescatar del golpe fatal que sufrió el esfuerzo integracionista, en 1969, en medio de la guerra inútil entre El Salvador y Honduras que hizo añicos el Mercado Común Centroamericano, entre otros males.
Resultado del encuentro de Tegucigalpa donde se suscribió el protocolo a la carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), firmada en 1962, nació el SICA que inició sus funciones en 1993 con la participación de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Panamá. Luego se integró Belice.
República Dominicana participa como Estado Asociado, mientras hay otras naciones, entre ellas, México, Argentina y Brasil como Observadores Regionales, así como Alemania, Italia y Japón como Observadores Extrarregionales, dentro de un esfuerzo que por lo visto ha sido más de palabras que de hechos.
En la actual coyuntura, es obvio que tras el desastre de la tormenta 12 E durante 10 días de octubre, que dejó 117 muertes, unos 2.5 millones de damnificados y pérdidas por casi 2 mil millones de dólares, la unidad de los países centroamericanos es urgente.
En El Salvador, en particular, las autoridades respectivas pusieron la nota de alerta a partir de que la forma y la intensidad de los eventos han dado un giro espectacular por el cambio climático, ya que antes se esperaban las tormentas sobre todo desde el Caribe mas ahora también se forman en el Pacífico.
A la par, esa unidad regional también es imprescindible por el significado que tiene Centroamérica en el azote del crimen organizado y el narcotráfico con sus dos vías de acción, en primer lugar como ruta de tránsito de la droga hacia Estados Unidos y, en segundo lugar, como mercado local.
El combate conjunto del flagelo es una necesidad, aunque no se puede desdeñar la discusión política sobre la forma de hacerlo, porque Estados Unidos presiona por integrarlo a su lógica, de ahí el peligro de la militarización de la sociedad centroamericana. Los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala son claves.
Punto importante es la justa y urgente presencia de la sociedad civil en la integración de Centroamérica con lo que se prevé mayor participación ciudadana y desburocratización de los esfuerzos que por el momento se agotan en las continuas reuniones donde hay mucho ruido pero pobres resultados.
Los centroamericanos con esa participación ciudadana deberíamos romper con esa desilusión regional que data desde tiempos de la Colonia, donde se instituyeron feudos y localismos que dieron al traste con los anhelos que provocaron la Independencia en 1821. Los pueblos llevaron la peor parte.
Vicios que también hicieron fracasar la República Federal de Centroamérica, en 1838, luego de lo que se fueron instaurando cada uno de los Estados con una mentalidad de liliputienses, amarrados a intereses oligárquicos que en pleno Siglo XXI siguen pesando en grande en la búsqueda de nuestro destino común.
Los centroamericanos tenemos la palabra.
lunes, diciembre 12, 2011
Necesidad de encontrar rumbo
Por Guillermo Mejía
Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.
Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.
Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.
Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.
Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.
Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.
De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.
“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.
En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.
Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.
Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.
Por Guillermo Mejía
Es fácil caer en la tentación del pesimismo al observar los acontecimientos que se dan en la sociedad salvadoreña, víctima de la crisis económica y la inseguridad, donde no se aclara el futuro en medio de la cerrazón mental y la ausencia de acuerdos concretos que viabilicen un desarrollo fincado en la humanidad.
Casi al terminar 2011 –buen momento por la Navidad y las fiestas de Año Nuevo- somos testigos de la falta de entendimientos políticos, para asegurar el rumbo porque se mantienen inalterables los sectores del poder económico que no asumen su compromiso con el pago de impuestos como se debe.
Al ser responsables y amplios de criterio también hay que decir que es necesario encontrar un pacto que, a la vez que asegure la democratización de los impuestos donde el que gana más pague más, con la mayor transparencia verifique la forma en que se dan los gastos del erario público. Es un derecho ciudadano.
Si bien los empresarios privados aseguran que cada vez se han ido recolectando más fondos en Hacienda, no está de más recalcar que El Salvador es uno de los países que cuentan con carga impositiva de menor cuantía que hace inviable la atención de amplios sectores desprotegidos.
Hay que quebrar la lógica de la máxima ganancia que hace ver a los poderosos económicamente como mezquinos a quienes se han referido personajes de la política internacional y la academia, entre ellos el politólogo Francis Fukuyama, que en su propia casa los llamó a invertir en la gente no sólo hacer negocio.
Por otro lado, tampoco es esperanzadora la opción que privilegió el gobierno de Mauricio Funes en cuanto al problema de la inseguridad pública –que nos da cuenta de al menos 12 muertos diarios- y que nos lleva a la tentación de militarizar la sociedad a partir de que la política descansa en un ex jefe castrense.
De inmediato, se notó que el general David Munguía Payés, ministro de Justicia y Seguridad, se decantó por la armadura de nuevos cuerpos elites antipandillas que vendrán a mostrar más de la misma opción represiva que no nos dejaron lecciones adecuadas con los planes de mano dura.
El Obispo Auxiliar de San Salvador, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, lamentó la opción de fuerza bruta para solventar la crisis de inseguridad pública: “No esperábamos eso como la primera medida: un nuevo ministro de Seguridad. Digo, nosotros, la sociedad civil esperábamos algo más creativo”.
“Entonces, la trampa está en el inmediatismo, al tener presiones muy fuertes de buscar resultados, caer en la trampa de algo espectacular, pero no resuelve nada”, recalcó el prelado católico que, junto a organismos de la sociedad civil, ha reivindicado una opción integral para atacar la violencia cotidiana.
En ese marco, presentó el fin de semana anterior las propuestas emanadas de una consulta nacional por una Educación para un país sin violencia que con el auspicio de la Iglesia Católica reunió a diversas organizaciones de la sociedad civil en un Consejo Nacional de Educación.
Entre las propuestas están que cualquier solución al problema debe pasar por una coordinación interinstitucional, el encuentro de un modelo que genere fuentes de empleo, en especial para los jóvenes, impulsar programas preventivos y la urgente revisión de la programación mediática para evitar la violencia.
Sería oportuno que los diversos sectores que componen la sociedad salvadoreña dispusieran de un tiempo propicio para repensar hacia dónde nos conducimos en medio de la crisis económica, la falta de entendimientos políticos y el drama de la violencia que nos hace ver como uno de los países más violento del globo.
lunes, diciembre 05, 2011
Demagogia y mezquindad
Por Guillermo Mejía
En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.
El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.
En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.
No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.
Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.
El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.
En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.
Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.
Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.
Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.
Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?
Por Guillermo Mejía
En el estire y afloja entre el presidente Mauricio Funes y la empresa privada frente a la tibia reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta sería oportuno que la ciudadanía vislumbrara su significado concreto de cara a la demagogia política y la mezquindad tan profundamente arraigadas en la sociedad salvadoreña.
El gobierno advirtió que no se trata de un nuevo impuesto, sino es “apenas una reforma que busca alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal, equilibrar las finanzas del Estado a las condiciones actuales de la economía, garantizar la estabilidad macroeconómica, promover la generación de empleo” e impulsar el crecimiento.
En definitiva, es la lógica del actual gobierno salvadoreño, ya que de todos es conocida la forma cuidadosa con que trata sus relaciones con la empresa privada, a la cual le ha dejado pasar cantidad de malas prácticas en su relación con sus empleados y consumidores, así como la infinidad de prebendas de las que goza.
No por gusto, desde sectores ciudadanos y organizados se han hecho sentir las denuncias y demandas sobre incumplimientos legales, arbitrariedades manifiestas y la escasa o nula respuesta de los grandes empresarios a mostrarse solidarios frente a la crisis económica mundial generada por la voracidad financiera.
Según la reforma propuesta a los diputados, los trabajadores con un salario hasta de $503 al mes quedan exentos de pagar renta, mientras los que ganan entre esa cantidad y $2,079 cancelarán lo mismo que hasta ahora. Del último monto a $6,200 pagarán $10.90 más por mes de lo que tributan.
El descontento está en los que ganan más de $6,200 mensuales –que suman 3,657 contribuyentes- que tendrán un incremento del 25 al 30 por ciento en el impuesto. Además, el 30 por ciento se aplicará a 15,797 empresas y alcanzará a unos 1,200 grandes contribuyentes con ganancias por arriba de los $2 millones.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se quejó de inmediato de “el excesivo uso del poder del Estado para confundir a la opinión pública” y, en particular, que el gobierno ha sido ineficiente en sus obligaciones en seguridad, educación y en salud, pese a la contratación de miles de empleados públicos.
En ese sentido, denunció que todas las empresas, hasta las más pequeñas, pagarán el aumento del 25 al 30 por ciento del impuesto “por lo que sí afecta a la clase media”, aunque el gobierno aduce lo contrario, además de que aseguró la ANEP que se tendrán dos nuevos impuestos.
Por último, advirtió que las disposiciones afectarán las fuentes de empleo, pues eso “quita liquidez a todas las empresas limitando la posibilidad de más desarrollo”, de ahí que pidió a los diputados que analicen la propuesta ante el impacto sobre “la calidad de vida y el empleo de los salvadoreños”.
Ante eso, encontramos los ciudadanos que se cumple el guión de ese estilo de política demagógica que –muy lamentablemente- ha entrado en el imaginario colectivo, así como la respuesta mezquina de quienes moral y legalmente tienen que contribuir como se debe por gozar de mayores privilegios.
Hasta la Iglesia Católica conservadora apeló el fin de semana a que los que “ganan más que paguen más” en esta sociedad sin control de parte del Estado sobre los niveles de enriquecimiento que se consideran lícitos, como tiene que ser en una sociedad democrática. La miseria no se puede esconder con discursos.
Como bien escribió el pensador brasileño Frei Betto en América Latina “la riqueza está demasiado concentrada en manos de una minoría de la población, los más ricos”. En especial, existe una “estructura fiscal injusta” donde “los más pobres pagan, proporcionalmente, más impuestos que los más ricos”. ¿Cuál control?
lunes, noviembre 28, 2011
La seguridad pública como estrategia mediática
Por Guillermo Mejía
Sintomático que el presidente Mauricio Funes antes de anunciar el cambio en la cartera de Justicia y Seguridad con el general en retiro David Munguía Payés por el ex comandante rebelde Manuel Melgar, se haya reunido con directores y editores de medios de comunicación social.
En la ocasión, el mandatario salvadoreño les expuso a los periodistas la nueva propuesta de seguridad pública en manos de un militar de carrera, algo que ha levantado polvo en sectores de izquierda, organismos de derechos humanos y académicos no así en el discurso mediático tradicional.
Funes no pudo dejar pasar la oportunidad, para pedir a los medios de comunicación social que hagan su parte ante la forma en que dieron cobertura al problema durante el período en que Melgar estuvo al frente de la institución. Ahora, la piedra en el zapato fue removida.
La oposición más contundente fue la de varios jefes y comisionados de la PNC que se reunieron con Funes para mostrar su preocupación y su disposición a renunciar si Munguía Payés era nombrado. La decisión estaba tomada y a los policías les dijeron que no iban a ser removidos, aunque podían irse.
Los entretelones del caso y los intereses que se juegan de cara al problema de la delincuencia y el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones que están ausentes de las agendas informativas y de opinión, porque el asunto siempre ha sido tratado como una guerra estadística.
Incluso Melgar y el mismo Presidente Funes pusieron el grito en el cielo cuando apareció el informe de las Naciones Unidas que establece que El Salvador se convirtió en años recientes en el país más violento del mundo, seguido de Honduras, señalamiento que sí fue utilizado en el discurso mediático tradicional.
Pero en la semana en que el gobierno inauguró el período de Munguía Payés siguió la danza macabra en el país. En cambio, en el discurso mediático tradicional la atención fue puesta en las expectativas del nombramiento, mientras los columnistas mostraron sus esperanzas.
Si se trata de ver el problema delincuencial desde una perspectiva más serena, reflexiva y de cara a la ciudadanía, habría que decir que la solución es sumamente compleja, dado los intereses en juego con un Estado permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. No hay sitio que no esté contaminado.
Resulta grave que ese discurso mediático tradicional soslaye esa realidad compleja, así como le hagan creer a la ciudadanía que volviendo a la tentación militarista se resolverá el problema, sin importar la experiencia bochornosa de la dictadura militar. Es más se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz.
Sin duda las opiniones de la ciudadanía que comparten su esperanza en que un militar haya llegado a Justicia y Seguridad, es lo menos que se puede esperar ante la ausencia de información en la sociedad y, por supuesto, el drama que se vive por la delincuencia sobre todo en los sectores más humildes.
Veremos el curso de los acontecimientos frente al cambio de estrategia mediática en este país que cada vez camina, al igual que otros, a convertirse en Estado gobernado por el crimen, mientras a muchos no les queda otra opción para sobrevivir que incorporarse. La injusticia estructural pesa así como el militarismo.
Por Guillermo Mejía
Sintomático que el presidente Mauricio Funes antes de anunciar el cambio en la cartera de Justicia y Seguridad con el general en retiro David Munguía Payés por el ex comandante rebelde Manuel Melgar, se haya reunido con directores y editores de medios de comunicación social.
En la ocasión, el mandatario salvadoreño les expuso a los periodistas la nueva propuesta de seguridad pública en manos de un militar de carrera, algo que ha levantado polvo en sectores de izquierda, organismos de derechos humanos y académicos no así en el discurso mediático tradicional.
Funes no pudo dejar pasar la oportunidad, para pedir a los medios de comunicación social que hagan su parte ante la forma en que dieron cobertura al problema durante el período en que Melgar estuvo al frente de la institución. Ahora, la piedra en el zapato fue removida.
La oposición más contundente fue la de varios jefes y comisionados de la PNC que se reunieron con Funes para mostrar su preocupación y su disposición a renunciar si Munguía Payés era nombrado. La decisión estaba tomada y a los policías les dijeron que no iban a ser removidos, aunque podían irse.
Los entretelones del caso y los intereses que se juegan de cara al problema de la delincuencia y el ascenso del narcotráfico y el crimen organizado son cuestiones que están ausentes de las agendas informativas y de opinión, porque el asunto siempre ha sido tratado como una guerra estadística.
Incluso Melgar y el mismo Presidente Funes pusieron el grito en el cielo cuando apareció el informe de las Naciones Unidas que establece que El Salvador se convirtió en años recientes en el país más violento del mundo, seguido de Honduras, señalamiento que sí fue utilizado en el discurso mediático tradicional.
Pero en la semana en que el gobierno inauguró el período de Munguía Payés siguió la danza macabra en el país. En cambio, en el discurso mediático tradicional la atención fue puesta en las expectativas del nombramiento, mientras los columnistas mostraron sus esperanzas.
Si se trata de ver el problema delincuencial desde una perspectiva más serena, reflexiva y de cara a la ciudadanía, habría que decir que la solución es sumamente compleja, dado los intereses en juego con un Estado permeado por el crimen organizado y el narcotráfico. No hay sitio que no esté contaminado.
Resulta grave que ese discurso mediático tradicional soslaye esa realidad compleja, así como le hagan creer a la ciudadanía que volviendo a la tentación militarista se resolverá el problema, sin importar la experiencia bochornosa de la dictadura militar. Es más se viola el espíritu de los Acuerdos de Paz.
Sin duda las opiniones de la ciudadanía que comparten su esperanza en que un militar haya llegado a Justicia y Seguridad, es lo menos que se puede esperar ante la ausencia de información en la sociedad y, por supuesto, el drama que se vive por la delincuencia sobre todo en los sectores más humildes.
Veremos el curso de los acontecimientos frente al cambio de estrategia mediática en este país que cada vez camina, al igual que otros, a convertirse en Estado gobernado por el crimen, mientras a muchos no les queda otra opción para sobrevivir que incorporarse. La injusticia estructural pesa así como el militarismo.
lunes, noviembre 21, 2011
La seguridad, víctima de la antidemocracia
Por Guillermo Mejía
La renuncia del ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y la obsesión del Presidente Mauricio Funes por sustituirlo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, es la manzana de la discordia donde se entrelazan intereses que no tienen nada que ver con la profundización democrática.
La primera amenaza que aparece es el peligro de caer en la tentación militarista frente al grave problema de seguridad que vive la sociedad salvadoreña como si no pesan sesenta años de régimen militar que imposibilitaron los anhelos de libertad y, al contrario, hundieron al país en el eterno conflicto.
La segunda amenaza deriva de la cada vez más obvia penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado que condiciona su accionar, principalmente en la obtención de resultados en seguridad pública y el sistema judicial por la contaminación de estructuras claves.
La tercera amenaza se encuentra en la compra-venta de voluntades entre funcionarios de turno, políticos inescrupulosos y sectores de poder que desde todo punto de vista se nota que perderían mucho si los esfuerzos de investigación y combate al crimen fueron acompañados de voluntad política.
Un factor visible, aunque lo nieguen en el gobierno y en la embajada, es la administración norteamericana que también insiste en hacer prevalecer su concepción de seguridad que supedita cualquier esfuerzo a la seguridad de Estados Unidos como eje central.
No por gusto asistimos al empeño publicitario del gobierno de turno sobre el asocio de El Salvador con Estados Unidos y la presencia de representantes oficiales, para hacer lobby con funcionarios y personas clave de aquella nación donde se intenta vender la figura del ministro Munguía Payés.
Algo pasa en el partido oficial Fmln que se manifiesta en un nudo de contradicciones frente al problema. El ultimátum al partido y al gobierno dado por oficiales descontentos dentro de la Policía Nacional Civil que amenazaron con renunciar si Munguía Payés es impuesto dice mucho al respecto.
En ese marco, valdría la pena aclarar si realmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, nunca aceptó ser el sustituto de Manuel Melgar en Seguridad, tal como lo han asegurado en el gobierno y en el Fmln, o si bien solamente sirvió de trámite para legitimar a Munguía Payés. La deuda existe.
Como sucede en los temas de interés público, lástima que seguimos atrapados en una sociedad en la que las elites políticas y económicas hacen el negocio a su antojo frente a la sociedad civil que, carente de información y reflexión, es víctima de la inmovilidad y de la venta de sueños baratos como el militarismo.
En ese panorama sórdido deja mucho que desear el papel del sistema mediático en cuyas agendas prevalecen los actores de siempre que, más que aclararle a las audiencias el quid del asunto, hacen malabares para justificar la antidemocracia que sepulta el goce de los derechos ciudadanos.
Hacer Patria no significa el espejismo del cambio de gobernantes de turno que tras la venta de ilusiones siguen alimentando prácticas políticas del pasado y solidificando estructuras económicas injustas por esa red de intereses particulares que someten a los postergados de siempre.
La seguridad tiene que ser materia de agenda abierta donde a los funcionarios de turno se unan los diversos sectores que integran la sociedad a fin de consolidar una estrategia común, porque el problema no es de patrimonio exclusivo sino que demanda el concurso de todos. Pero, lo más seguro es oídos sordos.
Por Guillermo Mejía
La renuncia del ex ministro de Seguridad, Manuel Melgar, y la obsesión del Presidente Mauricio Funes por sustituirlo con el ministro de Defensa, David Munguía Payés, es la manzana de la discordia donde se entrelazan intereses que no tienen nada que ver con la profundización democrática.
La primera amenaza que aparece es el peligro de caer en la tentación militarista frente al grave problema de seguridad que vive la sociedad salvadoreña como si no pesan sesenta años de régimen militar que imposibilitaron los anhelos de libertad y, al contrario, hundieron al país en el eterno conflicto.
La segunda amenaza deriva de la cada vez más obvia penetración del crimen organizado y el narcotráfico en las estructuras del Estado que condiciona su accionar, principalmente en la obtención de resultados en seguridad pública y el sistema judicial por la contaminación de estructuras claves.
La tercera amenaza se encuentra en la compra-venta de voluntades entre funcionarios de turno, políticos inescrupulosos y sectores de poder que desde todo punto de vista se nota que perderían mucho si los esfuerzos de investigación y combate al crimen fueron acompañados de voluntad política.
Un factor visible, aunque lo nieguen en el gobierno y en la embajada, es la administración norteamericana que también insiste en hacer prevalecer su concepción de seguridad que supedita cualquier esfuerzo a la seguridad de Estados Unidos como eje central.
No por gusto asistimos al empeño publicitario del gobierno de turno sobre el asocio de El Salvador con Estados Unidos y la presencia de representantes oficiales, para hacer lobby con funcionarios y personas clave de aquella nación donde se intenta vender la figura del ministro Munguía Payés.
Algo pasa en el partido oficial Fmln que se manifiesta en un nudo de contradicciones frente al problema. El ultimátum al partido y al gobierno dado por oficiales descontentos dentro de la Policía Nacional Civil que amenazaron con renunciar si Munguía Payés es impuesto dice mucho al respecto.
En ese marco, valdría la pena aclarar si realmente el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, nunca aceptó ser el sustituto de Manuel Melgar en Seguridad, tal como lo han asegurado en el gobierno y en el Fmln, o si bien solamente sirvió de trámite para legitimar a Munguía Payés. La deuda existe.
Como sucede en los temas de interés público, lástima que seguimos atrapados en una sociedad en la que las elites políticas y económicas hacen el negocio a su antojo frente a la sociedad civil que, carente de información y reflexión, es víctima de la inmovilidad y de la venta de sueños baratos como el militarismo.
En ese panorama sórdido deja mucho que desear el papel del sistema mediático en cuyas agendas prevalecen los actores de siempre que, más que aclararle a las audiencias el quid del asunto, hacen malabares para justificar la antidemocracia que sepulta el goce de los derechos ciudadanos.
Hacer Patria no significa el espejismo del cambio de gobernantes de turno que tras la venta de ilusiones siguen alimentando prácticas políticas del pasado y solidificando estructuras económicas injustas por esa red de intereses particulares que someten a los postergados de siempre.
La seguridad tiene que ser materia de agenda abierta donde a los funcionarios de turno se unan los diversos sectores que integran la sociedad a fin de consolidar una estrategia común, porque el problema no es de patrimonio exclusivo sino que demanda el concurso de todos. Pero, lo más seguro es oídos sordos.
lunes, noviembre 14, 2011
Los periodistas en la ofensiva guerrillera del 89
Por Guillermo Mejía
-A los periodistas con aprecio y esperanza-
Sin duda lo primero que viene a la mente son las víctimas que dejó la vorágine, entre ellos unos treinta colegas periodistas que ofrendaron su vida en la cobertura del conflicto armado de doce años que concluyó con los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, en 1992.
El 11 de noviembre de 1989, noche de sábado, iniciaron los choques armados con la incorporación de combatientes del entonces rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) desde las zonas rurales sobre todo en el Norte, Sur y Este de la Zona Metropolitana de San Salvador.
Otros puntos del país, en especial San Miguel, Usulután y Zacatecoluca, también fueron escenarios de combates.
Desde antes, los periodistas habíamos recibido informaciones sobre lo que vendría ese día 11. La seguridad, en medio del temor, y el abastecimiento para la casa eran prioritarios, mientras nos preparábamos para la cobertura de la ofensiva denominada “Hasta el tope… Febe Elizabeth Velásquez vive…”.
La campaña militar recibió el nombre de la dirigente sindical que junto a otros nueve de sus compañeros murieron durante un atentado dinamitero a la sede de la federación de trabajadores Fenastras, ocurrido el 31 de octubre de ese año, donde resultaron heridos otros 30 sindicalistas.
Ese antecedente marcaba la tensión en medio de rumores y otros hechos de violencia que también habían impactado a los periodistas, pues el 18 de marzo, un día antes de las elecciones presidenciales, murió el fotoperiodista Roberto Navas y resultó herido Luis Galdámez, otro fotoperiodista, ambos de la Agencia Reuters.
Efectivos militares abrieron fuego contra los compañeros que se dirigían en moto por el Boulevard del Ejército Nacional. Y, a la mañana siguiente, en plena jornada electoral, también militares acribillaron a Mauricio Pineda, de Canal 12, y al holandés Cornel Lagroux, de IKON-TV. Ambos en el Oriente del país.
Desde el inicio de la guerra, en 1980, los periodistas actuamos bajo condiciones extremas. La cobertura informativa del conflicto armado era muy restringida por el conservadurismo de sectores de poder y de los medios locales. El trabajo era menos agobiante en la prensa internacional, aunque la tildaban de “vendepatria”.
Los que compartíamos ambos espacios de prensa, con agencias de noticias, periódicos extranjeros, radios extranjeras, entre otros, y, a la vez, laborábamos en medios locales notábamos las diferencias. Es más, estar “protegido” para un periodista era tener una credencial de la prensa extranjera.
En ese sentido, la cobertura de la ofensiva final del 11 de noviembre no podía gozar de mayores garantías, dado el acoso militar y la desconfianza del gobierno de Alfredo Cristiani hacia los periodistas incómodos. Hubo despidos de medios locales y renuncias obligadas cuando llegó al poder en junio de 1989.
En esa oportunidad me encontraba en el Diario Latino –que luego se llamó Co-Latino- empresa que quedó bajo la conducción de los trabajadores en junio de 1989 y la dirección del colega Francisco Elías Valencia. Llegué expulsado de otros medios locales por la intolerancia reinante, aunque trabajaba también con la prensa extranjera.
Los temores en el cuerpo de prensa eran evidentes por las circunstancias especiales que pasaba la nación con el estallido armado en los alrededores de San Salvador, y para nosotros en el diario fue muy serio, ya que éramos un medio informativo que los militares y el gobierno ligaban con el Fmln.
El asesinato de los padres jesuitas y de sus dos colaboradoras el 16 de noviembre –en plena ofensiva- a manos de los militares es un recuerdo macabro de algo que no queremos volver a vivir. La noticia la recibimos con mucho pesar. Nadie estaba seguro, cualquier cosa podía suceder.
De esa forma, en esas situaciones límites profundamente difíciles, también recibimos la noticia del asesinato del colega Eloy Guevara, de la Agencia AFP, y del periodista inglés David Blundy, del Sunday Correspondent, en Soyapango y Mejicanos, respectivamente, víctimas de las balas en la cobertura noticiosa.
El secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, quedó atrapado junto a otras personas, incluidos un grupo de marines estadounidenses, cuando los guerrilleros se tomaron las instalaciones de la torre VIP del Hotel Sheraton, en la Colonia Escalón. Al final, se negoció la salida.
Una de las anécdotas que guardo es la decisión que tuvimos en el Latino con una foto de portada donde aparecía una tanqueta militar que había sido destrozada por el fuego rebelde en los altos de la Colonia Escalón. Los militares censuraron la foto, dijeron que no podía salir. Entonces, publicamos la portada con el lema “Censurada” en el espacio fotográfico en letras rojas. El impacto en los lectores fue inmediato, la prensa extranjera envió la noticia con la imagen de la portada. Un censor de los militares que veía lo que se iba a publicar jamás volvió a llegar.
La sociedad estaba bajo el Estado de Sitio y el Toque de Queda desde el 12 de noviembre en medio del combate y el Centro de Información Nacional (CIN) del gobierno nos advirtió a los periodistas que quedaba, por ende, suspendida la libertad de expresión y entregó una serie de “disposiciones”.
Entre los puntos estaba: “Consultar con la fuente oficial respectiva todo tipo de informaciones que se refiera a noticias sobre acciones de los grupos terroristas del FMLN y sus organizaciones de apoyo o cualquiera de índole político y militar”.
También: “No publicar comunicados del FMLN o cualquier otra organización de apoyo que pretenda divulgar sus actividades, ya que con ello se busca desorientar a la opinión pública, difundiendo informes alejados de la verdad”.
Y, a la vez: “Los medios de comunicación nacionales deberán abstenerse de publicar noticias o informaciones provenientes de agencias extranjeras o de países que mantienen una clara oposición al Gobierno y al pueblo salvadoreño”. Las disposiciones incluían la amenaza de usar la ley si se desobedecía.
El marco de libertad de prensa y de expresión condicionada por intereses políticos y corporativos es un mal crónico. Los esfuerzos de muchos periodistas desde finales de la década de los 70 y durante los 12 años de guerra civil fueron loables. La firma de la paz no significó del todo la superación de la intolerancia, falta mucho trabajo por hacer.
Desde esa perspectiva vemos el espejismo que se vivió durante el gobierno del Presidente Napoleón Duarte, entre 1984 y 1989, período en que se posibilitaron nuevos espacios de información y entrevistas que sirvieron a las empresas mediáticas para criticar al gobierno, pero nunca a los militares.
Los periodistas que aprovechamos espacios en radio, prensa escrita y televisión asumimos el compromiso de trabajar por mayor acceso a la información y difusión de las diversas formas de entender lo que sucedía en el país, pero a la llegada del Presidente Alfredo Cristiani muchos de esos espacios quedaron truncados.
Las amenazas en la sociedad salvadoreña del siglo XXI, al igual que en otros países de la región, incluyen ahora al crimen organizado y al narcotráfico. La guerra social que se vive, en especial en los sectores populares, en vez de solucionarse se profundiza.
Por eso, los nuevos periodistas y muchos de los que somos de la generación de la guerra debemos estar concientes del papel de los informadores y comunicadores en esa realidad compleja que requiere también de mucha reflexión y pensamiento. No podemos quedar deslumbrados solamente con la tecnología.
Hay que hacer un esfuerzo en seguir caracterizando ese período. Por ejemplo, la forma en que los periodistas respondimos ante la represión y las mentalidades obtusas, así como el impacto de los cambios tecnológicos y la relación de los periodistas con la política. Necesitamos cultivar la memoria histórica.
Por Guillermo Mejía
-A los periodistas con aprecio y esperanza-
Sin duda lo primero que viene a la mente son las víctimas que dejó la vorágine, entre ellos unos treinta colegas periodistas que ofrendaron su vida en la cobertura del conflicto armado de doce años que concluyó con los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, México, en 1992.
El 11 de noviembre de 1989, noche de sábado, iniciaron los choques armados con la incorporación de combatientes del entonces rebelde Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln) desde las zonas rurales sobre todo en el Norte, Sur y Este de la Zona Metropolitana de San Salvador.
Otros puntos del país, en especial San Miguel, Usulután y Zacatecoluca, también fueron escenarios de combates.
Desde antes, los periodistas habíamos recibido informaciones sobre lo que vendría ese día 11. La seguridad, en medio del temor, y el abastecimiento para la casa eran prioritarios, mientras nos preparábamos para la cobertura de la ofensiva denominada “Hasta el tope… Febe Elizabeth Velásquez vive…”.
La campaña militar recibió el nombre de la dirigente sindical que junto a otros nueve de sus compañeros murieron durante un atentado dinamitero a la sede de la federación de trabajadores Fenastras, ocurrido el 31 de octubre de ese año, donde resultaron heridos otros 30 sindicalistas.
Ese antecedente marcaba la tensión en medio de rumores y otros hechos de violencia que también habían impactado a los periodistas, pues el 18 de marzo, un día antes de las elecciones presidenciales, murió el fotoperiodista Roberto Navas y resultó herido Luis Galdámez, otro fotoperiodista, ambos de la Agencia Reuters.
Efectivos militares abrieron fuego contra los compañeros que se dirigían en moto por el Boulevard del Ejército Nacional. Y, a la mañana siguiente, en plena jornada electoral, también militares acribillaron a Mauricio Pineda, de Canal 12, y al holandés Cornel Lagroux, de IKON-TV. Ambos en el Oriente del país.
Desde el inicio de la guerra, en 1980, los periodistas actuamos bajo condiciones extremas. La cobertura informativa del conflicto armado era muy restringida por el conservadurismo de sectores de poder y de los medios locales. El trabajo era menos agobiante en la prensa internacional, aunque la tildaban de “vendepatria”.
Los que compartíamos ambos espacios de prensa, con agencias de noticias, periódicos extranjeros, radios extranjeras, entre otros, y, a la vez, laborábamos en medios locales notábamos las diferencias. Es más, estar “protegido” para un periodista era tener una credencial de la prensa extranjera.
En ese sentido, la cobertura de la ofensiva final del 11 de noviembre no podía gozar de mayores garantías, dado el acoso militar y la desconfianza del gobierno de Alfredo Cristiani hacia los periodistas incómodos. Hubo despidos de medios locales y renuncias obligadas cuando llegó al poder en junio de 1989.
En esa oportunidad me encontraba en el Diario Latino –que luego se llamó Co-Latino- empresa que quedó bajo la conducción de los trabajadores en junio de 1989 y la dirección del colega Francisco Elías Valencia. Llegué expulsado de otros medios locales por la intolerancia reinante, aunque trabajaba también con la prensa extranjera.
Los temores en el cuerpo de prensa eran evidentes por las circunstancias especiales que pasaba la nación con el estallido armado en los alrededores de San Salvador, y para nosotros en el diario fue muy serio, ya que éramos un medio informativo que los militares y el gobierno ligaban con el Fmln.
El asesinato de los padres jesuitas y de sus dos colaboradoras el 16 de noviembre –en plena ofensiva- a manos de los militares es un recuerdo macabro de algo que no queremos volver a vivir. La noticia la recibimos con mucho pesar. Nadie estaba seguro, cualquier cosa podía suceder.
De esa forma, en esas situaciones límites profundamente difíciles, también recibimos la noticia del asesinato del colega Eloy Guevara, de la Agencia AFP, y del periodista inglés David Blundy, del Sunday Correspondent, en Soyapango y Mejicanos, respectivamente, víctimas de las balas en la cobertura noticiosa.
El secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, quedó atrapado junto a otras personas, incluidos un grupo de marines estadounidenses, cuando los guerrilleros se tomaron las instalaciones de la torre VIP del Hotel Sheraton, en la Colonia Escalón. Al final, se negoció la salida.
Una de las anécdotas que guardo es la decisión que tuvimos en el Latino con una foto de portada donde aparecía una tanqueta militar que había sido destrozada por el fuego rebelde en los altos de la Colonia Escalón. Los militares censuraron la foto, dijeron que no podía salir. Entonces, publicamos la portada con el lema “Censurada” en el espacio fotográfico en letras rojas. El impacto en los lectores fue inmediato, la prensa extranjera envió la noticia con la imagen de la portada. Un censor de los militares que veía lo que se iba a publicar jamás volvió a llegar.
La sociedad estaba bajo el Estado de Sitio y el Toque de Queda desde el 12 de noviembre en medio del combate y el Centro de Información Nacional (CIN) del gobierno nos advirtió a los periodistas que quedaba, por ende, suspendida la libertad de expresión y entregó una serie de “disposiciones”.
Entre los puntos estaba: “Consultar con la fuente oficial respectiva todo tipo de informaciones que se refiera a noticias sobre acciones de los grupos terroristas del FMLN y sus organizaciones de apoyo o cualquiera de índole político y militar”.
También: “No publicar comunicados del FMLN o cualquier otra organización de apoyo que pretenda divulgar sus actividades, ya que con ello se busca desorientar a la opinión pública, difundiendo informes alejados de la verdad”.
Y, a la vez: “Los medios de comunicación nacionales deberán abstenerse de publicar noticias o informaciones provenientes de agencias extranjeras o de países que mantienen una clara oposición al Gobierno y al pueblo salvadoreño”. Las disposiciones incluían la amenaza de usar la ley si se desobedecía.
El marco de libertad de prensa y de expresión condicionada por intereses políticos y corporativos es un mal crónico. Los esfuerzos de muchos periodistas desde finales de la década de los 70 y durante los 12 años de guerra civil fueron loables. La firma de la paz no significó del todo la superación de la intolerancia, falta mucho trabajo por hacer.
Desde esa perspectiva vemos el espejismo que se vivió durante el gobierno del Presidente Napoleón Duarte, entre 1984 y 1989, período en que se posibilitaron nuevos espacios de información y entrevistas que sirvieron a las empresas mediáticas para criticar al gobierno, pero nunca a los militares.
Los periodistas que aprovechamos espacios en radio, prensa escrita y televisión asumimos el compromiso de trabajar por mayor acceso a la información y difusión de las diversas formas de entender lo que sucedía en el país, pero a la llegada del Presidente Alfredo Cristiani muchos de esos espacios quedaron truncados.
Las amenazas en la sociedad salvadoreña del siglo XXI, al igual que en otros países de la región, incluyen ahora al crimen organizado y al narcotráfico. La guerra social que se vive, en especial en los sectores populares, en vez de solucionarse se profundiza.
Por eso, los nuevos periodistas y muchos de los que somos de la generación de la guerra debemos estar concientes del papel de los informadores y comunicadores en esa realidad compleja que requiere también de mucha reflexión y pensamiento. No podemos quedar deslumbrados solamente con la tecnología.
Hay que hacer un esfuerzo en seguir caracterizando ese período. Por ejemplo, la forma en que los periodistas respondimos ante la represión y las mentalidades obtusas, así como el impacto de los cambios tecnológicos y la relación de los periodistas con la política. Necesitamos cultivar la memoria histórica.
martes, noviembre 08, 2011
El derecho a las nuevas tecnologías
Por Guillermo Mejía
Cuando nos referimos al derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) parece que hablamos de un mundo extraño, pues en la práctica se nos hace creer que ese derecho llega hasta la posibilidad que se tenga de consumo.
En conversaciones recientes con colegas periodistas se trajo a colación el tema precisamente en momentos en que se habla tanto del arribo –por supuesto, con desigualdades- de sociedades como la nuestra a la plataforma virtual donde se ejecutan y comparten una variedad de tareas.
La globalización implica esa necesidad operativa, aunque persisten las condiciones de falta de acceso, analfabetismo tecnológico y verticalidad de la información, entre otros problemas, con lo que cobran auge las críticas ante el evidente modelo injusto de información y comunicación en el mundo actual.
Al final, el problema recae en la forma en como está estructurada la sociedad, clasista y desigual, donde opera la lógica de que quien quiere prepararse para los “nuevos tiempos” tiene que hacer un sacrificio personal por educarse en el entorno, tener lo suficiente para comprar un ordenador y acceso a la red.
En ese contexto, se notan la ausencia de un verdadero Estado Social de Derecho que asuma la condición política de la ciudadanía y, a la vez, la ausencia de niveles de consciencia y organización de esa ciudadanía en la lucha por el derecho humano a la comunicación y a la información que es violado con suma frecuencia.
De antemano, por la misma falta de educación y asunción de responsabilidad, la discusión sobre el derecho a tener acceso a las TIC, en el marco de los derechos humanos, resulta un tema marginal en sociedades injustas y violentas donde la preocupación de la ciudadanía se centra en la crisis económica y la inseguridad.
Ahora bien, en la práctica de los individuos, así como la manera en que, por ejemplo, está configurada la rutina profesional del sistema mediático se ve como normal el simple acceso de las personas a la red, sin importar la manera en que la utilizan, o el hecho de que los medios se encuentran en la web.
Las nuevas tecnologías deben servir para crecer de forma integral, en educación, la comunicación con los demás, así como la integración de herramientas participativas que coadyuven al cambio social. No es la participación que pregona el sistema mediático y que llega hasta el hecho de que emitamos una opinión ante un producto periodístico o enviemos una imagen a la web.
El comunicólogo mexicano Javier Esteinou en un ensayo sobre la necesidad de que insistamos en un nuevo orden mundial de la información y la comunicación hace las siguientes propuestas:
Uno, que los países amplíen las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Se requiere emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información.
Dos, se debe abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales están justificadas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida a control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos humanos y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones.
Tres, los obstáculos y las restricciones que se deriven de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sean públicas o privadas, merecen analizarse con toda profundidad para encontrar sus vías democratizadoras.
Cuatro, se deben tomar medidas jurídicas eficaces para limitar la concentración y monopolización; conseguir que las empresas trasnacionales acaten los criterios y las condiciones específicas en la legislación y en las políticas de desarrollo nacional, entre otras medidas.
Es decir, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías va más allá del espejismo de “divertirnos” en la web, tener la mejor y veloz computadora o creer que todo lo resolvemos con el simple y vulgar consumo. Tendrá que llegar el momento en que la sociedad asuma con preocupación este tipo de temas de interés público.
Por Guillermo Mejía
Cuando nos referimos al derecho que tienen los ciudadanos a tener acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información (TIC) parece que hablamos de un mundo extraño, pues en la práctica se nos hace creer que ese derecho llega hasta la posibilidad que se tenga de consumo.
En conversaciones recientes con colegas periodistas se trajo a colación el tema precisamente en momentos en que se habla tanto del arribo –por supuesto, con desigualdades- de sociedades como la nuestra a la plataforma virtual donde se ejecutan y comparten una variedad de tareas.
La globalización implica esa necesidad operativa, aunque persisten las condiciones de falta de acceso, analfabetismo tecnológico y verticalidad de la información, entre otros problemas, con lo que cobran auge las críticas ante el evidente modelo injusto de información y comunicación en el mundo actual.
Al final, el problema recae en la forma en como está estructurada la sociedad, clasista y desigual, donde opera la lógica de que quien quiere prepararse para los “nuevos tiempos” tiene que hacer un sacrificio personal por educarse en el entorno, tener lo suficiente para comprar un ordenador y acceso a la red.
En ese contexto, se notan la ausencia de un verdadero Estado Social de Derecho que asuma la condición política de la ciudadanía y, a la vez, la ausencia de niveles de consciencia y organización de esa ciudadanía en la lucha por el derecho humano a la comunicación y a la información que es violado con suma frecuencia.
De antemano, por la misma falta de educación y asunción de responsabilidad, la discusión sobre el derecho a tener acceso a las TIC, en el marco de los derechos humanos, resulta un tema marginal en sociedades injustas y violentas donde la preocupación de la ciudadanía se centra en la crisis económica y la inseguridad.
Ahora bien, en la práctica de los individuos, así como la manera en que, por ejemplo, está configurada la rutina profesional del sistema mediático se ve como normal el simple acceso de las personas a la red, sin importar la manera en que la utilizan, o el hecho de que los medios se encuentran en la web.
Las nuevas tecnologías deben servir para crecer de forma integral, en educación, la comunicación con los demás, así como la integración de herramientas participativas que coadyuven al cambio social. No es la participación que pregona el sistema mediático y que llega hasta el hecho de que emitamos una opinión ante un producto periodístico o enviemos una imagen a la web.
El comunicólogo mexicano Javier Esteinou en un ensayo sobre la necesidad de que insistamos en un nuevo orden mundial de la información y la comunicación hace las siguientes propuestas:
Uno, que los países amplíen las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida cotidiana. Se requiere emprender un examen minucioso de las leyes y reglamentos vigentes para reducir las limitaciones, las cláusulas secretas y las restricciones de diversos tipos en las prácticas de información.
Dos, se debe abolir la censura o el control arbitrario de la información. En los sectores en los cuales están justificadas restricciones razonables, éstas deberían quedar definidas en una ley, su aplicación estar sometida a control judicial y ceñirse a los principios formulados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos humanos y en los demás instrumentos que adopte la comunidad de naciones.
Tres, los obstáculos y las restricciones que se deriven de la concentración de la propiedad de los órganos de información, independientemente de que sean públicas o privadas, merecen analizarse con toda profundidad para encontrar sus vías democratizadoras.
Cuatro, se deben tomar medidas jurídicas eficaces para limitar la concentración y monopolización; conseguir que las empresas trasnacionales acaten los criterios y las condiciones específicas en la legislación y en las políticas de desarrollo nacional, entre otras medidas.
Es decir, el derecho al acceso a las nuevas tecnologías va más allá del espejismo de “divertirnos” en la web, tener la mejor y veloz computadora o creer que todo lo resolvemos con el simple y vulgar consumo. Tendrá que llegar el momento en que la sociedad asuma con preocupación este tipo de temas de interés público.
martes, noviembre 01, 2011
Remembranzas del Bicentenario
Por Guillermo Mejía
-Con mi amor para mi familia afrodescendiente-
Una de las deudas que tenemos los centroamericanos al cumplirse el 5 de noviembre de 2011 los 200 años del grito de la libertad que nuestros ancestros hicieron público esa jornada no exenta de conflictos es que nuestra centroamericanidad quedó sepultada en el mar de intereses mezquinos.
Qué podemos pedir a estas alturas de la historia frente a la fractura de nuestras siete naciones centroamericanas, más el sur indio de México que nos pertenece –el Soconusco histórico- que apelan a la relación económica y política, aunque en la realidad cotidiana de los pueblos queda en el vacío.
Como reconocimiento al aporte intelectual de mi estimado amigo y compañero de viaje periodístico, el historiador salvadoreño Roberto Turcios, director de la Revista Tendencias, de la etapa de esperanza luego de nuestra guerra patria, dejo algunos fragmentos de su investigación contenida en “Los primeros patriotas: San Salvador 1811” (Ediciones Tendencias; 1995).
Nos cuenta Turcios: “San Salvador estaba agitado y revuelto. A las siete de la mañana, las calles de la ciudad eran recorridas por grupos populares que capturaban comerciantes y apedreaban las casas de los españoles. Los ánimos estaban indispuestos, el tumulto en movimiento, la potestad dudosa, nadie manda, nadie obedece y solo el desorden reinaba, dice el Acta-convocatoria”.
“El acorralamiento en que se encontraba el Intendente, las capturas de españoles y las requisas de armas ponían de manifiesto que la ciudad se encontraba bajo el domino de un nuevo poder. La organización del pueblo había dado una sorpresa a las autoridades; si éstas creyeron que era definitivo el sosiego que siguió el tumulto del lunes, cometieron un error de cálculo y deben haber contemplado con espanto a los destacamentos movilizándose por las calles como Pedro en su casa”.
Más adelante Turcios nos cuenta: “Las autoridades coloniales se encontraban prácticamente depuestas y sin nadie que pudiera defenderlas. Así ocurrió en la reunión celebrada el mediodía de aquel martes 5 de noviembre, en que se produjo un nuevo brote de cólera popular cuando los españoles y funcionarios se hicieron presentes”.
Y prosigue: “En cuestión de horas, la fuerza del gobierno quedó notablemente reducida y sin posibilidades de responder militarmente porque las jefaturas fueron abandonadas”.
“La jornada del martes 5 de noviembre concluyó con una victoria patriótica que había dislocado por completo la lentitud del sistema político. El triunfo había sido producto de una alianza entre la organización comunal de los barrios y sus líderes, con los dirigentes criollos productores de añil y con destacadas personalidades religiosas”.
Pero aún faltaba mucho tiempo, hasta 1821, en que nuestra patria centroamericana se librara del yugo español.
Qué bueno para nuestro mundo común que ahora se vuelquen los historiadores e investigadores sociales al encuentro del aporte afrodescendiente centroamericano a la lucha por la Independencia, esos negros y pardos nuestros, que pusieron su cuota de dignidad en esa lucha por la liberación.
Gloria a nuestros ascendientes negros y pardos que nos legaron nuestro color, nuestro pelo ensortijado, nuestros labios gruesos y el orgullo de descender de Africa, la cuna de la civilización, nuestro amor por la música y la acuarela de la vida en nuestra patria centroamericana. Somos uno desde Belice hasta Panamá.
¿Estamos satisfechos? Jamás de la vida. La lucha continúa en la historia contemporánea. Blancos, indios, negros –y las diferentes mezclas- tenemos una deuda pendiente en la conquista de una sociedad más humana, solidaria y sin que perdamos el horizonte de que somos centroamericanos. No perdamos la historia.
Por Guillermo Mejía
-Con mi amor para mi familia afrodescendiente-
Una de las deudas que tenemos los centroamericanos al cumplirse el 5 de noviembre de 2011 los 200 años del grito de la libertad que nuestros ancestros hicieron público esa jornada no exenta de conflictos es que nuestra centroamericanidad quedó sepultada en el mar de intereses mezquinos.
Qué podemos pedir a estas alturas de la historia frente a la fractura de nuestras siete naciones centroamericanas, más el sur indio de México que nos pertenece –el Soconusco histórico- que apelan a la relación económica y política, aunque en la realidad cotidiana de los pueblos queda en el vacío.
Como reconocimiento al aporte intelectual de mi estimado amigo y compañero de viaje periodístico, el historiador salvadoreño Roberto Turcios, director de la Revista Tendencias, de la etapa de esperanza luego de nuestra guerra patria, dejo algunos fragmentos de su investigación contenida en “Los primeros patriotas: San Salvador 1811” (Ediciones Tendencias; 1995).
Nos cuenta Turcios: “San Salvador estaba agitado y revuelto. A las siete de la mañana, las calles de la ciudad eran recorridas por grupos populares que capturaban comerciantes y apedreaban las casas de los españoles. Los ánimos estaban indispuestos, el tumulto en movimiento, la potestad dudosa, nadie manda, nadie obedece y solo el desorden reinaba, dice el Acta-convocatoria”.
“El acorralamiento en que se encontraba el Intendente, las capturas de españoles y las requisas de armas ponían de manifiesto que la ciudad se encontraba bajo el domino de un nuevo poder. La organización del pueblo había dado una sorpresa a las autoridades; si éstas creyeron que era definitivo el sosiego que siguió el tumulto del lunes, cometieron un error de cálculo y deben haber contemplado con espanto a los destacamentos movilizándose por las calles como Pedro en su casa”.
Más adelante Turcios nos cuenta: “Las autoridades coloniales se encontraban prácticamente depuestas y sin nadie que pudiera defenderlas. Así ocurrió en la reunión celebrada el mediodía de aquel martes 5 de noviembre, en que se produjo un nuevo brote de cólera popular cuando los españoles y funcionarios se hicieron presentes”.
Y prosigue: “En cuestión de horas, la fuerza del gobierno quedó notablemente reducida y sin posibilidades de responder militarmente porque las jefaturas fueron abandonadas”.
“La jornada del martes 5 de noviembre concluyó con una victoria patriótica que había dislocado por completo la lentitud del sistema político. El triunfo había sido producto de una alianza entre la organización comunal de los barrios y sus líderes, con los dirigentes criollos productores de añil y con destacadas personalidades religiosas”.
Pero aún faltaba mucho tiempo, hasta 1821, en que nuestra patria centroamericana se librara del yugo español.
Qué bueno para nuestro mundo común que ahora se vuelquen los historiadores e investigadores sociales al encuentro del aporte afrodescendiente centroamericano a la lucha por la Independencia, esos negros y pardos nuestros, que pusieron su cuota de dignidad en esa lucha por la liberación.
Gloria a nuestros ascendientes negros y pardos que nos legaron nuestro color, nuestro pelo ensortijado, nuestros labios gruesos y el orgullo de descender de Africa, la cuna de la civilización, nuestro amor por la música y la acuarela de la vida en nuestra patria centroamericana. Somos uno desde Belice hasta Panamá.
¿Estamos satisfechos? Jamás de la vida. La lucha continúa en la historia contemporánea. Blancos, indios, negros –y las diferentes mezclas- tenemos una deuda pendiente en la conquista de una sociedad más humana, solidaria y sin que perdamos el horizonte de que somos centroamericanos. No perdamos la historia.
lunes, octubre 24, 2011
La crisis demanda propuestas electorales serias
Por Guillermo Mejía
El luto y la destrucción que nos dejaron dos semanas de lluvia constante por efecto del cambio climático deben servir para demandar propuestas políticas de altura en el marco de las elecciones de alcaldes y diputados de 2012 y las presidenciales del 2014.
Nuestra región centroamericana sufrió 110 muertos, 34 solo en El Salvador, uno de los países más afectados, mientras miles de compatriotas resultaron damnificados y las pérdidas aún parciales ascienden a mil millones de dólares. Un 35 por ciento de la producción esperada en esta cosecha se perdió.
En una cita de la Asociación Médica Británica, que reunió a asesores militares, médicos, economistas y académicos, en días recientes en Londres concluyó que por el cambio climático el precio de los combustibles, la escasez de alimentos y las pérdidas humanas se incrementarán.
Los países tropicales pobres, donde aparecemos los centroamericanos y caribeños, serán los que tendrán los embates más severos como ya lo estamos sufriendo en la zona del Pacífico donde a partir del año 2000 han proliferado las tormentas y huracanes que antes se esperaban solo en el Caribe.
Ante esa situación tan grave, que algunas llaman apocalíptica como si fuera exageración, nos debemos preguntar cuáles son las propuestas de los políticos domésticos que esperan seguir en los cargos públicos o colarse como “nuevas figuras” si con poco que vivimos se notó su angustia o asquerosa manipulación.
Con lo que se espera de aquí en adelante –que ya estamos soportando- sabremos si el marketing de las libertades que pregona la derecha o el de la justicia social que vende la izquierda gobernante nos alcanza para enfrentar con medidas adecuadas la profundización de la crisis integral que se avecina.
Ni vale la pena mencionar lo que dicen otros traficantes y tinterillos que se escudan en otros “partidos políticos” hediondos a ciprés o puestos a la gana.
El punto es que vivimos en la zona más vulnerable y en uno de los países más violentos del mundo, con una población en carestía que subsiste en condiciones pésimas en medio de barrancos, paredones o en el delta del río Lempa que, como bien dice Dagoberto Gutiérrez, ni nace en El Salvador sino en otro país hermano.
Al final, solo el despertar de la ciudadanía podría propiciar el golpe de timón, porque de los políticos domésticos no se espera nada. Lo contrario fuera si desde hace tiempo el eje de acción política fuera la participación de la gente como condición elemental de ejercicio del poder.
Lástima que de quienes se esperaba una actuación más coherente con su discurso –la izquierda que se asume revolucionaria- no se haya tenido mayor compromiso político con las comunidades que urgen de educación política y organización. Hablar de la derecha sería perder el tiempo.
Por Guillermo Mejía
El luto y la destrucción que nos dejaron dos semanas de lluvia constante por efecto del cambio climático deben servir para demandar propuestas políticas de altura en el marco de las elecciones de alcaldes y diputados de 2012 y las presidenciales del 2014.
Nuestra región centroamericana sufrió 110 muertos, 34 solo en El Salvador, uno de los países más afectados, mientras miles de compatriotas resultaron damnificados y las pérdidas aún parciales ascienden a mil millones de dólares. Un 35 por ciento de la producción esperada en esta cosecha se perdió.
En una cita de la Asociación Médica Británica, que reunió a asesores militares, médicos, economistas y académicos, en días recientes en Londres concluyó que por el cambio climático el precio de los combustibles, la escasez de alimentos y las pérdidas humanas se incrementarán.
Los países tropicales pobres, donde aparecemos los centroamericanos y caribeños, serán los que tendrán los embates más severos como ya lo estamos sufriendo en la zona del Pacífico donde a partir del año 2000 han proliferado las tormentas y huracanes que antes se esperaban solo en el Caribe.
Ante esa situación tan grave, que algunas llaman apocalíptica como si fuera exageración, nos debemos preguntar cuáles son las propuestas de los políticos domésticos que esperan seguir en los cargos públicos o colarse como “nuevas figuras” si con poco que vivimos se notó su angustia o asquerosa manipulación.
Con lo que se espera de aquí en adelante –que ya estamos soportando- sabremos si el marketing de las libertades que pregona la derecha o el de la justicia social que vende la izquierda gobernante nos alcanza para enfrentar con medidas adecuadas la profundización de la crisis integral que se avecina.
Ni vale la pena mencionar lo que dicen otros traficantes y tinterillos que se escudan en otros “partidos políticos” hediondos a ciprés o puestos a la gana.
El punto es que vivimos en la zona más vulnerable y en uno de los países más violentos del mundo, con una población en carestía que subsiste en condiciones pésimas en medio de barrancos, paredones o en el delta del río Lempa que, como bien dice Dagoberto Gutiérrez, ni nace en El Salvador sino en otro país hermano.
Al final, solo el despertar de la ciudadanía podría propiciar el golpe de timón, porque de los políticos domésticos no se espera nada. Lo contrario fuera si desde hace tiempo el eje de acción política fuera la participación de la gente como condición elemental de ejercicio del poder.
Lástima que de quienes se esperaba una actuación más coherente con su discurso –la izquierda que se asume revolucionaria- no se haya tenido mayor compromiso político con las comunidades que urgen de educación política y organización. Hablar de la derecha sería perder el tiempo.
lunes, octubre 17, 2011
La cobertura mediática del desastre
Por Guillermo Mejía
Con mucha preocupación sobre el desastre que dejó más de 30 muertos, miles de damnificados y pérdidas millonarias, la ciudadanía en general siguió la cobertura de los medios de comunicación que en esta oportunidad hicieron uso combinado de su trabajo en el terreno con las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
También, hay que resaltar el valioso esfuerzo que constituye el que las autoridades respectivas hayan colocado al menos seis radares meteorológicos a lo largo del territorio salvadoreño, los cuales constituyen dos bases importantes, una en cuanto al conocimiento inmediato de las lluvias en el terreno para los expertos y otra para el conocimiento de la población.
En ese sentido, en radios, televisoras, páginas web, entre tantos, las audiencias tuvieron la posibilidad de enterarse de primera mano lo que los periodistas y reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos, en fin el contingente de colegas, enviaron a cada instante en una larga y triste jornada de trabajo acompañada de las nuevas tecnologías que rompieron barreras.
Esos recursos digitales promovieron, a la vez, que los espectadores de siempre –acostumbrados al verticalismo mediático- en esta ocasión también asumieran su papel protagónico con su participación en la cobertura tradicional de los medios de comunicación y entraran en escena por medio de las redes sociales que fueron una base sustentable de información para los periodistas.
Resultó muy significativo y loable esa actitud mostrada por muchos que asumieron su compromiso y probaron una muestra de las posibilidades que en momentos críticos -como el de las lluvias que se prolongaron por más de una semana- otorgan las nuevas tecnologías, acción que debería pasar a otros niveles en cuanto a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos.
Tal como han reseñado diversos organismos ecologistas, locales y extranjeros, ahora más que nunca hay que prestarle atención al territorio salvadoreño y centroamericano, por cuanto somos la parte más vulnerable del planeta, sujeta a modelos de desarrollos fincados en la explotación desmesurada de los recursos naturales y, por ende, condenada a su desgracia.
Los titulares de la cartera del Medio Ambiente han explicado con mucha propiedad sobre el antes y el ahora de los fenómenos que nos trae el invierno. Si antes la preocupación eran las tormentas y huracanes que llegaban del Caribe, ahora se suman las tormentas y huracanes que se forman en el Pacífico, y cada vez más cerca de las costas salvadoreñas –como en este octubre.
Por consiguiente, la vida ya no será igual, las lluvias llegadas desde el mar nos confirmaron que podemos ser víctimas de fenómenos prolongados en tiempo y espacio. De ahí la importancia que desde el Estado y la sociedad civil organizada –donde sería muy oportuna la labor de los medios de comunicación- se hiciera un esfuerzo integral para afrontar las circunstancias.
El gobierno debe asumir el papel que le corresponde ante la gravedad del asunto. Los ejemplos sobran, tenemos a miles de familias que habitan a la orilla de quebradas o a la sombra de paredones, así como los que subsisten en condiciones extremas en el Bajo Lempa que año con año son víctimas de las inundaciones. Hay que hacer algo, el tiempo apremia.
Hay que reconocer, pues, la labor de los colegas periodistas en su inmensa cobertura sobre el desastre dejado por las lluvias, la experimentación con las nuevas tecnologías y el arrojo de la ciudadanía que en esta vez se sumo mediante los recursos de la red de Internet para mantener y mantenerse al tanto de los acontecimientos. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas.
Por Guillermo Mejía
Con mucha preocupación sobre el desastre que dejó más de 30 muertos, miles de damnificados y pérdidas millonarias, la ciudadanía en general siguió la cobertura de los medios de comunicación que en esta oportunidad hicieron uso combinado de su trabajo en el terreno con las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
También, hay que resaltar el valioso esfuerzo que constituye el que las autoridades respectivas hayan colocado al menos seis radares meteorológicos a lo largo del territorio salvadoreño, los cuales constituyen dos bases importantes, una en cuanto al conocimiento inmediato de las lluvias en el terreno para los expertos y otra para el conocimiento de la población.
En ese sentido, en radios, televisoras, páginas web, entre tantos, las audiencias tuvieron la posibilidad de enterarse de primera mano lo que los periodistas y reporteros, fotoperiodistas, camarógrafos, en fin el contingente de colegas, enviaron a cada instante en una larga y triste jornada de trabajo acompañada de las nuevas tecnologías que rompieron barreras.
Esos recursos digitales promovieron, a la vez, que los espectadores de siempre –acostumbrados al verticalismo mediático- en esta ocasión también asumieran su papel protagónico con su participación en la cobertura tradicional de los medios de comunicación y entraran en escena por medio de las redes sociales que fueron una base sustentable de información para los periodistas.
Resultó muy significativo y loable esa actitud mostrada por muchos que asumieron su compromiso y probaron una muestra de las posibilidades que en momentos críticos -como el de las lluvias que se prolongaron por más de una semana- otorgan las nuevas tecnologías, acción que debería pasar a otros niveles en cuanto a la necesaria participación ciudadana en los asuntos públicos.
Tal como han reseñado diversos organismos ecologistas, locales y extranjeros, ahora más que nunca hay que prestarle atención al territorio salvadoreño y centroamericano, por cuanto somos la parte más vulnerable del planeta, sujeta a modelos de desarrollos fincados en la explotación desmesurada de los recursos naturales y, por ende, condenada a su desgracia.
Los titulares de la cartera del Medio Ambiente han explicado con mucha propiedad sobre el antes y el ahora de los fenómenos que nos trae el invierno. Si antes la preocupación eran las tormentas y huracanes que llegaban del Caribe, ahora se suman las tormentas y huracanes que se forman en el Pacífico, y cada vez más cerca de las costas salvadoreñas –como en este octubre.
Por consiguiente, la vida ya no será igual, las lluvias llegadas desde el mar nos confirmaron que podemos ser víctimas de fenómenos prolongados en tiempo y espacio. De ahí la importancia que desde el Estado y la sociedad civil organizada –donde sería muy oportuna la labor de los medios de comunicación- se hiciera un esfuerzo integral para afrontar las circunstancias.
El gobierno debe asumir el papel que le corresponde ante la gravedad del asunto. Los ejemplos sobran, tenemos a miles de familias que habitan a la orilla de quebradas o a la sombra de paredones, así como los que subsisten en condiciones extremas en el Bajo Lempa que año con año son víctimas de las inundaciones. Hay que hacer algo, el tiempo apremia.
Hay que reconocer, pues, la labor de los colegas periodistas en su inmensa cobertura sobre el desastre dejado por las lluvias, la experimentación con las nuevas tecnologías y el arrojo de la ciudadanía que en esta vez se sumo mediante los recursos de la red de Internet para mantener y mantenerse al tanto de los acontecimientos. Nuestras condolencias a las familias de las víctimas.
lunes, octubre 10, 2011
La tarea de democratizar los medios
Por Guillermo Mejía
En el reciente encuentro sobre la democratización de los medios de comunicación se puso otra vez en colación la tarea urgente de romper las barreras que impiden el acceso y producción comunicativa desde el derecho a la comunicación, que incluye el de información y el de la información, en una sociedad víctima del corporativismo y la instrumentalización de la conciencia.
Bajo la dirección de los colegas de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) expusieron el Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue; el Presidente del Consejo Federal de Comunicación de Argentina, Néstor Busso; el Secretario de Comunicaciones, David Rivas; y el académico José Luis Benítez, entre otros.
Más que consignar los valiosos aportes de los comunicadores, creo importante evidenciar la ardua campaña en busca de que los sujetos sociales sean partícipes y constructores de mensajes liberadores, críticos y propositivos en un contexto donde ese corporativismo, local y global, impide ese derecho ciudadano que tan solo nos convierte en consumidores.
En estas naciones inmersas en la exclusión, la violencia y la enajenación, que vulneran nuestros derechos sagrados, es una lástima que apenas se vislumbre el croquis del derecho a la comunicación, que se convierte necesariamente en una discusión marginal y aislada frente a otros temas que de repente entran en agenda ante necesidades insatisfechas.
De ahí la importancia de que en estas sociedades se construya ciudadanía, máxime en tiempos de globalización que impone cambios económicos y culturales, que confunde las fronteras que hasta hace poco reconocíamos, además del ir y venir de valores y antivalores que trascienden de lo local a lo global y viceversa.
Como bien dice el radioapasionado José Ignacio López Vigil, la labor invaluable de la “ciudadanización” debe comenzar por “ciudadanizar” nuestro cerebro: “La ciudadanización tiene que ver con las capas superiores donde residen las funciones cognoscitivas, las que nos permitieron trascender los impulso irracionales”. La fórmula, entonces, es la educación.
El mentor recuerda al filósofo Sócrates que en una labor educadora: “Se trataba de descubrir, a base de preguntas bien orientadas y ejerciendo el raciocinio propio, la verdad que está dormida en la mente de cada persona. Igual que la partera ‘educe’ y saca a la luz a la nueva criatura, el que educa ayuda a extraer las ideas más honestas, los mejores conceptos, de otras personas”.
Y agrega: “Cuando hablamos de democratizar la cabeza, nos referimos, claro está, a la educación en valores. En los tres valores fundacionales de la concepción ciudadana –libertad, igualdad y fraternidad- que nos permitirán asumir una actitud nueva ante la vida, una manera desprejuiciada de relacionarnos con los demás”.
De esa manera cobran vigencia los intentos que desde la década de los 70 buscaron la democratización de los medios y la posibilidad de encontrar un nuevo orden informativo dadas las prácticas antidemocráticas, excluyentes, consumistas e imperialistas de los centros de poder hegemónico. La sociedad merece también justicia informativa y comunicativa.
“Desde esta perspectiva, la tarea de los comunicadores, y en particular de los periodistas, se ubica en la comprensión de estos nuevos escenarios, en la necesidad de ayudar a formar conciencia política frente a ellos, y, especialmente, en una tarea de resguardo y construcción democrática donde el diálogo social y la vigencia de la palabra compartida se impone”, escribió en el primer lustro de los años 80 el especialista chileno, Fernando Reyes Matta.
Si bien desde el actual gobierno se propaga la idea de la construcción de medios públicos, con la Radio Nacional y el Canal 10, además de una agencia de noticias, no está fuera de contexto exigir desde la sociedad civil que el Estado haga un verdadero esfuerzo por el derecho a la comunicación, la eticidad en el periodismo y la posibilidad de medios ciudadanos.
En conclusión, falta mucho por hacer, apenas aparece un intento serio por debatir eso de la democratización de los medios. La única esperanza, al final, radica en los esfuerzos de lo que el periodista y maestro Ignacio Ramonet llamó el “quinto poder” ciudadano que combata ese corporativismo mediático que socava las aspiraciones de libertad y justicia en el mundo de hoy.
Por Guillermo Mejía
En el reciente encuentro sobre la democratización de los medios de comunicación se puso otra vez en colación la tarea urgente de romper las barreras que impiden el acceso y producción comunicativa desde el derecho a la comunicación, que incluye el de información y el de la información, en una sociedad víctima del corporativismo y la instrumentalización de la conciencia.
Bajo la dirección de los colegas de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS) expusieron el Relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, Frank La Rue; el Presidente del Consejo Federal de Comunicación de Argentina, Néstor Busso; el Secretario de Comunicaciones, David Rivas; y el académico José Luis Benítez, entre otros.
Más que consignar los valiosos aportes de los comunicadores, creo importante evidenciar la ardua campaña en busca de que los sujetos sociales sean partícipes y constructores de mensajes liberadores, críticos y propositivos en un contexto donde ese corporativismo, local y global, impide ese derecho ciudadano que tan solo nos convierte en consumidores.
En estas naciones inmersas en la exclusión, la violencia y la enajenación, que vulneran nuestros derechos sagrados, es una lástima que apenas se vislumbre el croquis del derecho a la comunicación, que se convierte necesariamente en una discusión marginal y aislada frente a otros temas que de repente entran en agenda ante necesidades insatisfechas.
De ahí la importancia de que en estas sociedades se construya ciudadanía, máxime en tiempos de globalización que impone cambios económicos y culturales, que confunde las fronteras que hasta hace poco reconocíamos, además del ir y venir de valores y antivalores que trascienden de lo local a lo global y viceversa.
Como bien dice el radioapasionado José Ignacio López Vigil, la labor invaluable de la “ciudadanización” debe comenzar por “ciudadanizar” nuestro cerebro: “La ciudadanización tiene que ver con las capas superiores donde residen las funciones cognoscitivas, las que nos permitieron trascender los impulso irracionales”. La fórmula, entonces, es la educación.
El mentor recuerda al filósofo Sócrates que en una labor educadora: “Se trataba de descubrir, a base de preguntas bien orientadas y ejerciendo el raciocinio propio, la verdad que está dormida en la mente de cada persona. Igual que la partera ‘educe’ y saca a la luz a la nueva criatura, el que educa ayuda a extraer las ideas más honestas, los mejores conceptos, de otras personas”.
Y agrega: “Cuando hablamos de democratizar la cabeza, nos referimos, claro está, a la educación en valores. En los tres valores fundacionales de la concepción ciudadana –libertad, igualdad y fraternidad- que nos permitirán asumir una actitud nueva ante la vida, una manera desprejuiciada de relacionarnos con los demás”.
De esa manera cobran vigencia los intentos que desde la década de los 70 buscaron la democratización de los medios y la posibilidad de encontrar un nuevo orden informativo dadas las prácticas antidemocráticas, excluyentes, consumistas e imperialistas de los centros de poder hegemónico. La sociedad merece también justicia informativa y comunicativa.
“Desde esta perspectiva, la tarea de los comunicadores, y en particular de los periodistas, se ubica en la comprensión de estos nuevos escenarios, en la necesidad de ayudar a formar conciencia política frente a ellos, y, especialmente, en una tarea de resguardo y construcción democrática donde el diálogo social y la vigencia de la palabra compartida se impone”, escribió en el primer lustro de los años 80 el especialista chileno, Fernando Reyes Matta.
Si bien desde el actual gobierno se propaga la idea de la construcción de medios públicos, con la Radio Nacional y el Canal 10, además de una agencia de noticias, no está fuera de contexto exigir desde la sociedad civil que el Estado haga un verdadero esfuerzo por el derecho a la comunicación, la eticidad en el periodismo y la posibilidad de medios ciudadanos.
En conclusión, falta mucho por hacer, apenas aparece un intento serio por debatir eso de la democratización de los medios. La única esperanza, al final, radica en los esfuerzos de lo que el periodista y maestro Ignacio Ramonet llamó el “quinto poder” ciudadano que combata ese corporativismo mediático que socava las aspiraciones de libertad y justicia en el mundo de hoy.
lunes, octubre 03, 2011
Hugo Chávez y el morbo mediático
Por Guillermo Mejía
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fue puesto al borde de la muerte por la seria enfermedad que padece, esta vez por un periódico estadounidense que no tentó tablitas al informar sobre este caso que desde la responsabilidad periodística tiene que ser abordado con el cuidado de no dañar la dignidad de la persona.
El Nuevo Herald, de Miami, se defendió considerando que tiene fuentes fidedignas, aunque anónimas, para haber lanzado su primicia, aunque Chávez desmintió la versión que consideró “mensajes de laboratorios de guerra sicológica dada la posición política que tenemos en Venezuela”. Dijo que sería el primero en informar si su estado de salud empeora.
El problema del asunto con Chávez, dado lo que representa él y su gobierno, se ha dado en infinidad de ocasiones en la historia contemporánea, si no hay que recordar la cantidad de veces, por ejemplo, que ha muerto –incluso por asesinato- el Comandante Fidel Castro de Cuba. Hay una alerta para no dejar escapar la “primicia” de la muerte de Chávez y Castro. ¡Vaya tarea!
Es ahí donde cabe la reflexión sobre este tipo de conductas periodísticas. Desde la profesión se asume que el dolor y el sufrimiento se tornan de interés informativo, máxime si la persona es de interés público, como en el caso de Chávez como presidente de Venezuela, aunque una cosa es informar con honestidad y otra actuar de forma irresponsable.
“El sufrimiento puede pasar a formar parte de la intimidad del sujeto, en mayor medida cuanto más considere que afecta a su identidad, a su yo”, dice la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid. Sobre Chávez el abuso ha sido tal que se ha llegado a informar que ya casi, casi se muere. O sea pasó a ser una obsesión.
La catedrática López Talavera nos da una guía de lo que sería una forma responsable de informar sobre el dolor y el sufrimiento:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles les partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, advierte la profesora López Talavera.
Tal como vemos el tratamiento de la seria enfermedad del presidente venezolano, Hugo Chávez, en el sistema mediático tradicional, muchos de los principios esgrimidos desde la academia les salen sobrando. Al menos, los motivos de esta reflexión intentan poner en situación una especie común de mala praxis que vulnera la dignidad de la persona.
Por Guillermo Mejía
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, fue puesto al borde de la muerte por la seria enfermedad que padece, esta vez por un periódico estadounidense que no tentó tablitas al informar sobre este caso que desde la responsabilidad periodística tiene que ser abordado con el cuidado de no dañar la dignidad de la persona.
El Nuevo Herald, de Miami, se defendió considerando que tiene fuentes fidedignas, aunque anónimas, para haber lanzado su primicia, aunque Chávez desmintió la versión que consideró “mensajes de laboratorios de guerra sicológica dada la posición política que tenemos en Venezuela”. Dijo que sería el primero en informar si su estado de salud empeora.
El problema del asunto con Chávez, dado lo que representa él y su gobierno, se ha dado en infinidad de ocasiones en la historia contemporánea, si no hay que recordar la cantidad de veces, por ejemplo, que ha muerto –incluso por asesinato- el Comandante Fidel Castro de Cuba. Hay una alerta para no dejar escapar la “primicia” de la muerte de Chávez y Castro. ¡Vaya tarea!
Es ahí donde cabe la reflexión sobre este tipo de conductas periodísticas. Desde la profesión se asume que el dolor y el sufrimiento se tornan de interés informativo, máxime si la persona es de interés público, como en el caso de Chávez como presidente de Venezuela, aunque una cosa es informar con honestidad y otra actuar de forma irresponsable.
“El sufrimiento puede pasar a formar parte de la intimidad del sujeto, en mayor medida cuanto más considere que afecta a su identidad, a su yo”, dice la profesora española María del Mar López Talavera, de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid. Sobre Chávez el abuso ha sido tal que se ha llegado a informar que ya casi, casi se muere. O sea pasó a ser una obsesión.
La catedrática López Talavera nos da una guía de lo que sería una forma responsable de informar sobre el dolor y el sufrimiento:
En primer lugar, además de las exigencias que afectan a cualquier profesional, el informador –ante el dolor- debe mostrar un escrupuloso sentido de discernimiento y discreción en la selección de sus mensajes. No debe olvidar el respeto a la persona que sufre, minimizando el daño de la información que ofrezca, mostrándose claramente humano en su espíritu de servicio.
En segundo lugar, el periodista ha de ser muy severo en el proceso de selección del material informativo que se haya recogido; para eso ha de tener muy claro qué es lo que pretende con su mensaje; cuál es la finalidad de la información y cuáles les partes que se pueden ver afectadas por su difusión.
En tercer lugar, el comunicador debe anteponerse a las consecuencias previsibles que sus decisiones tendrán en los ya debilitados dolientes. Resulta, por ello, muy útil intentar predecir algunas de las posibles reacciones de las víctimas, de modo que el informador sepa en todo momento cómo actuar en caso que se produzcan.
“Será la compasión, el sentido común y el buen hacer profesional del periodista lo que decidirá la conveniencia de difundir o no esa comunicación involuntaria del dolor. La meta del comunicador debería ser minimizar siempre el daño, nunca aumentarlo con su labor informativa, al tiempo que procure hacer todo el bien que le sea posible”, advierte la profesora López Talavera.
Tal como vemos el tratamiento de la seria enfermedad del presidente venezolano, Hugo Chávez, en el sistema mediático tradicional, muchos de los principios esgrimidos desde la academia les salen sobrando. Al menos, los motivos de esta reflexión intentan poner en situación una especie común de mala praxis que vulnera la dignidad de la persona.
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